La explosión el 30 de diciembre en Madrid de un coche bomba cargado con cientos de kilos de explosivos en el estacionamiento de la Terminal 4 del Aeropuerto de Barajas, ha acabado con la vida de dos trabajadores inmigrantes ecuatorianos, Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio Sivisapa. El atentado, reivindicado por ETA, ha supuesto un golpe en la línea de flotación del llamado proceso de paz, facilitando al Gobierno de Zapatero la suspensión de cualquier diálogo con ETA.
La ruptura del alto el fuego permanente es un regalo para el Partido Popular
La explosión el 30 de diciembre en Madrid de un coche bomba cargado con cientos de kilos de explosivos en el estacionamiento de la Terminal 4 del Aeropuerto de Barajas, ha acabado con la vida de dos trabajadores inmigrantes ecuatorianos, Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio Sivisapa. El atentado, reivindicado por ETA, ha supuesto un golpe en la línea de flotación del llamado proceso de paz, facilitando al Gobierno de Zapatero la suspensión de cualquier diálogo con ETA.
La muerte de dos trabajadores inmigrantes ecuatorianos no ha sido un accidente sino la consecuencia de una decisión absolutamente equivocada. Como los marxistas siempre hemos insistido, la utilización de métodos de terrorismo individual, aunque se presente como lucha armada ante la base militante de la izquierda abertzale, siempre consigue lo contrario de lo que pretenden lograr. En este caso, la pretensión de llevar a cabo una demostración de fuerza por parte de la dirección de ETA ante la parálisis de la negociación y la escalada represiva contra la izquierda abertzale de los últimos meses, solo conseguirá envalentonar aún más al Partido Popular en sus exigencias de más medidas represivas, al aparato del Estado que verá justificada su actuación, y aquellos sectores que dentro del PSOE sueñan con revivir el bloque con el PP para negar los derechos democráticos de Euskal Herria.
Paradójicamente, la muerte en el atentado de dos trabajadores inmigrantes latinoamericanos debería hacer reflexionar a la dirección de la izquierda abertzale y de la propia ETA. ¿Acaso no es en Latinoamérica donde las masas oprimidas están demostrando que es posible transformar la sociedad en base a la lucha de masas, la huelga general, las ocupaciones de empresa y la insurrección? ¿Acaso no son los emigrantes latinos en EEUU los que están a la vanguardia de la lucha contra el Gobierno de Bush cuando protagonizaron la huelga general del pasado 1º de mayo? Es la movilización de masas de los trabajadores y oprimidos de Latinoamérica la que esta abriendo el camino a un cambio socialista de la sociedad. ¿No deberíamos aprender de ellos?
Toda la experiencia histórica demuestra que los derechos democráticos de Euskal Herria, empezando por el derecho de autodeterminación, solo se alcanzarán en base a un movimiento de masas que unifique a los trabajadores y la juventud vasca con sus hermanos de clase en el Estado español y francés. De la misma manera, toda la historia de la cuestión nacional en Euskal Herria ha puesto de manifiesto que solo con el socialismo será posible ejercer estos derechos de una forma real.
El PP sale fortalecido con el atentado
La clase trabajadora, que es la mayoría de la sociedad, tiene en sus manos la solución de la cuestión nacional en Euskal Herria y en el resto de las nacionalidades oprimidas. Fueron los trabajadores y la juventud quienes abrieron las puertas del llamado proceso de paz al derrotar al Partido Popular el 14 de marzo de 2004, tras años de grandes movilizaciones de masas. Pero no es posible ganar el apoyo de la clase trabajadora y de la juventud en Madrid, en el resto del Estado español e internacionalmente, mediante explosiones de bombas en lugares públicos y tremendamente concurridos como un aeropuerto en las fiestas de fin de año. Con estos métodos lo único que se logrará es que toda la demagogia reaccionaria y españolista del PP y la derecha, penetren en nuevas capas de la población haciendo más difícil la lucha por los derechos democráticos de Euskal Herria.
El principal beneficiario del atentado del pasado 30 de diciembre es el Partido Popular junto a aquellos sectores en el aparato del Estado que durante los últimos nueve meses han hecho todo lo posible por dinamitar cualquier avance en dicho proceso.
Como era previsible la postura de Rajoy, líder del PP, se ha endurecido tras el atentado exigiendo al Gobierno la derrota de ETA. Todos los medios de comunicación afines ya han puesto en movimiento su aparato de propaganda para clamar por la vuelta a la política antiterrorista del pasado y aumentar la represión. Y, obviamente, el gobierno de Zapatero ha asumido rápidamente la crítica declarando la ruptura del proceso de negociación. Es evidente que en estos momentos la posición del PP, como de los sectores que dentro del PSOE siempre se han manifestado contra cualquier solución política al problema nacional en Euskal Herria, ha salido reforzada tras el atentado.
La responsabilidad del gobierno del PSOE
La rápida iniciativa de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) promoviendo movilizaciones de carácter reaccionario contrasta con la parálisis y la miopía de los dirigentes del PSOE e IU, que no comprenden que lo determinante para que haya una solución a la cuestión nacional es movilizar a la clase trabajadora y la juventud en defensa de los derechos democráticos alejándose de las posiciones represivas del PP.
Más allá de lo que es doctrina oficial para muchos políticos de izquierda o derecha, lo que ha demostrado este atentado es la incapacidad del Estado de vencer a ETA por la vía de la represión y la impotencia de ETA para derrotar al Estado con sus métodos. El llamado proceso de paz o de resolución del conflicto estaba en crisis desde hace meses por la política de acoso del PP y el giro a la derecha del Gobierno del PSOE y lo único que lo mantenía en pie era el hecho objetivo de que ETA no había llevado a cabo un atentado con víctimas desde el 30 de mayo del 2003. Esa situación ha cambiado ahora.
Es cierto que desde la declaración de alto el fuego permanente por parte de ETA el 22 de marzo de 2006, la represión de los derechos democráticos y el acoso contra la izquierda abertzale lejos de ceder ha sido utilizada como un elemento de presión por parte del Gobierno del PSOE para forzar el abandono de la lucha armada sin concesiones en el terreno político. Como ha quedado sobradamente demostrado, todas las declaraciones del PP, la AVT y la COPE en el sentido de que el Gobierno se estaba rindiendo eran absolutamente falsas.
La estrategia de quienes apoyan el llamado proceso de paz en el parlamento español y europeo ha sido dilatar en el tiempo, los contactos y la negociación, mientras a través de la represión pretendían probar la determinación de ETA de abandonar las armas y su solidez interna. Su objetivo no es el reconocimiento de los derechos democráticos sino, siguiendo el modelo de Irlanda del Norte y el camino emprendido por el Sinn Fein y el IRA, llevar a la izquierda abertzale al terreno de la lucha institucional con la esperanza de convertirla en una opción política que no represente ninguna amenaza para el sistema. Sin embargo, por la vía de la represión jamás se logrará solucionar un problema de naturaleza política como es la cuestión nacional vasca. Lo único que se logra es dar cuerda a la ruleta de la acción-represión-acción que lleva girando cuatro décadas.
Tras nueve meses de alto el fuego, el gobierno no ha tomado ninguna iniciativa de acercamiento de presos a Euskal Herria o de puesta en libertad de aquellos que habían cumplido condena o estaban gravemente enfermos. Por el contrario, ha continuado con la política de dispersión y ha promovido el encadenamiento de condenas por parte del aparato judicial contra presos a punto de ser excarcelados, como en el caso de Juana Chaos. ¿Es así como se promueve el abandono de las armas?
La dirección del PSOE en lugar de actuar consecuentemente y adoptar medidas a favor de los derechos democráticos, ha ido cediendo a las presiones del Partido Popular que desde el primer momento ha buscado rematar la destrucción de un proceso que de prosperar acabaría beneficiando electoralmente al PSOE y a la izquierda abertzale.
Los dirigentes del PSOE pensaban que emplazando al PP al consenso y evitando medidas que provocasen a la derecha iban a consolidar sus mayorías electorales. Pero los dirigentes socialdemócratas han calculado mal. Girando a la derecha en el terreno de los derechos democráticos como en el resto de su política, ya sea en materia de educación, sanidad, economía, o intervenciones militares pro imperialistas en el exterior, solo fortalecen a la derecha. Como ya ocurrió en el pasado, los dirigentes del PSOE son incapaces de romper con la burguesía, mostrándose respetuosos con los límites del capitalismo y haciendo una política en beneficio de los de siempre, asfaltan el camino para que la reacción avance.
Respecto a Izquierda Unida la situación no es mucho mejor. Desde hace dos años y medio sus dirigentes han actuado como ministros sin cartera del gobierno de Zapatero, aceptando todas sus decisiones regresivas y dándole un barniz de izquierda a la acción del gobierno. Ahora se desmarcan en los medios de comunicación, pero eso es totalmente insuficiente. Lo que los trabajadores y la juventud necesitan es una alternativa auténticamente socialista y de lucha, tanto para resolver los derechos democráticos de Euskal Herria, como para hacer frente a la ofensiva de la burguesía contra los salarios, el empleo y conquistar el derecho a vivienda, educación, y sanidad públicas y de calidad.
¿Y ahora qué?
La comparación entre el proceso de Irlanda y el que se vive en Euskal Herria ha sido recurrente en estos últimos años. En el caso de Irlanda, como muy bien se ha cuidado de mostrar el diario El País, el IRA rompió en dos ocasiones su alto el fuego, una de ellas el 10 de febrero de 1996 con una bomba de 500 kilos colocada en el barrio londinense de Canary Warf que causó dos muertos. A pesar de ello el IRA firmó los acuerdos de Stormond en 1998. ¿Cuáles son las perspectivas para el llamado proceso de paz después del atentado?
El Gobierno vasco, la patronal y un sector de la iglesia vasca están insistiendo en la necesidad de mantener vivo el proceso, poner en marcha la mesa de negociación de los partidos políticos y que el gobierno central realice gestos en la cuestión de los presos. Pero el PNV no muestra ni un gramo de sinceridad en sus palabras. El discurso de fin de año de Ibarretxe es similar al de un comediante de feria que interpreta un papel en el que no cree. Dicen que apuestan por el diálogo, pero no han dudado en implicarse con todos sus medios en la represión de los actos de la izquierda abertzale. En realidad la burguesía vasca no descarta ni mucho menos una ruptura definitiva del proceso, pensando como buenos contables en volver a capturar un aluvión de votos de la ilegalizada Batasuna tal como sucedió cuando se rompió la anterior tregua.
Por su parte, la dirección de la izquierda abertzale, que en las semanas anteriores insistía en las perspectivas más sombrías, ha manifestado públicamente después del atentado su apuesta a que el proceso siga hacia delante.
Pero para ser realistas, la posición de la dirección de la izquierda abertzale se encuentra suspendida en el aire. Carece de credibilidad frente al Gobierno del PSOE y para volver a cualquier mesa tendrá que elevar el listón de sus concesiones tal como éste último le ha exigido. Si nueve meses sin avances parecían a Batasuna mucho tiempo ¿Qué puede hacer pensar que tras la explosión de Barajas el proceso se vaya a acelerar? ¿Acaso ahora es más previsible que se derogue la Ley de Partidos para facilitar la presencia de Batasuna en las próximas elecciones municipales? Por el contrario, este atentado dificultará la participación de la izquierda abertzale en las próximas elecciones. El preso Iñaki De Juana puede morir en cualquier momento y en enero se espera la sentencia del sumario 18/98 que decidirá si las organizaciones juveniles Segi, Haika y Jarrai son organizaciones terroristas. En caso afirmativo, y el atentado obra a favor de un fallo en este sentido, la persecución a la juventud se incrementará en los próximos meses afectando principalmente a la izquierda abertzale, pero teniendo consecuencias sobre la izquierda en general. En otras palabras el atentado de ETA ha sido una muy mala noticia para la clase trabajadora.
Por su parte el PP continuará con su campaña histérica a favor de la ruptura definitiva de cualquier dialogo con ETA, y contará con apoyos sólidos en el seno del PSOE. En el caso del gobierno de Zapatero y de la dirección del PSOE, después de negarse a tomar medidas a favor de los derechos democráticos, el atentado de ETA también los coloca en una mala situación. Pero una cosa esta clara, si la represión aumenta, si las medidas políticas del gobierno lo acercan al PP, el único beneficiario será Rajoy, las huestes del nacionalismo españolista y los sectores más reaccionarios del aparato del Estado.
¡Por la Federación Socialista de Nacionalidades Ibéricas! ¡Por el derecho de autodeterminación!
La clase trabajadora y la juventud, tanto en Euskal Herria como en el resto del Estado español no pueden permanecer indiferentes ante esta situación. La defensa de los derechos democráticos, tanto el derecho de autodeterminación como el de manifestación, reunión y organización, son vitales para nuestra causa. Son palancas que fortalecen la lucha por el socialismo, y cualquier restricción a los mismos beneficia a nuestros opresores para perpetuar nuestra explotación.
Los derechos democráticos, amenazados por la burguesía y por sus representantes, no pueden ser defendidos consecuentemente con los métodos del terrorismo individual. Esta forma absolutamente contraproducente de combatir al Estado, fortalece a la burguesía, amplifica su propaganda reaccionaria y refuerza las medidas represivas. La propia Ley de Partidos, aprobada con la excusa de combatir al terrorismo, es en realidad una amenaza contra todas las organizaciones del movimiento obrero, especialmente contra aquellas que luchan por el socialismo con métodos revolucionarios.
Si el gobierno de Zapatero fuera realmente un gobierno socialista, rompería con el Partido Popular, con CIU y el PNV y movilizaría a la clase trabajadora y la juventud en defensa de los derechos democráticos de las nacionalidades históricas, al tiempo que aplicaría una política en beneficio de la mayoría de la población. Pero evidentemente todos los hechos demuestran que el gobierno del PSOE no quiere romper con la lógica del capitalismo: la banca, los grandes monopolios y los especuladores inmobiliarios obtienen beneficios multimillonarios, mientras los salarios de los trabajadores se congelan, el empleo precario se convierte en la norma, los accidentes laborales se extienden como una plaga y el acceso a la vivienda está vetado para millones de familias trabajadoras. Otro tanto ocurre con la decisión del gobierno de enviar miles de soldados a combatir por los intereses del imperialismo norteamericano en Afganistán o en el Líbano. Una vez que se han visto liberados de la presión de la movilización de las masas, que fue la causa de la retirada de las tropas de Iraq, el gobierno del PSOE retoma una política exterior que no tiene nada de socialista, incluso piensan eliminar las restricciones legales que existen al incremento de contingentes militares españoles en acciones militares en el extranjero. En última instancia, el gobierno del PSOE está aplicando una política que solo favorece a la clase dominante, frustrando poco a poco las esperanzas que millones de trabajadores habían depositado en él. Por eso, la acción del gobierno respecto a la cuestión nacional no es más que una continuación de la política que adopta en todos los demás terrenos.
Los trabajadores y jóvenes marxistas de El Militante llamamos a la juventud y a la clase trabajadora de Euskal Herria y del resto del Estado a luchar por una alternativa socialista revolucionaria para resolver el problema nacional. Una alternativa que pasa por derogar todas las leyes y medidas antidemocráticas, la Ley de Partidos y la legislación que ha permitido endurecer el código penal, como la doctrina Parot que establece, de hecho, la cadena perpetua. Reclamamos el acercamiento de los presos a Euskal Herria y el fin de la política de dispersión, una losa sobre las espaldas de miles de familiares que de esta manera también se convierten en victimas de la política penitenciaria.
Los marxistas rechazamos los métodos del terrorismo individual porque actúan como un muro que le impide avanzar a la conciencia de la clase obrera, divide a los trabajadores y favorece a la reacción y sus medidas represivas. Los marxistas nos basamos en la fuerza de la clase obrera y en sus métodos de lucha para transformar la sociedad: las manifestaciones de masas, la huelga general, la ocupación de fábricas y la insurrección. Buscar la solución al problema nacional vasco en el marco del capitalismo y el acuerdo con la burguesía, sea vasca, española o francesa, es un callejón sin salida.
Como revolucionarios estamos en contra de todo tipo de opresión, de clase, nacional o racial. Defendemos el derecho a la autodeterminación de Euskal Herria, y de las nacionalidades históricas, pero este derecho solo se podrá alcanzar defendiendo una política internacionalista. Bajo el capitalismo, las masas de la clase obrera y la juventud no podrán ser nunca libres. Una Euskal Herria independiente en el marco del capitalismo, no ofrece ninguna salida para la mayoría de la población que estaría sometida a la explotación más feroz por parte de la burguesía vasca aunque esta se envolviese en los colores de la ikurriña. Defendemos la necesidad de la unidad de los trabajadores y de la juventud vasca, por encima de fronteras nacionales, con sus hermanos de clase del Estado español y francés para luchar por el derrocamiento del capitalismo. Solo acabando con el poder de la burguesía, la causa real de la opresión nacional, solo con la Federación Socialista de Nacionalidades Ibéricas y el socialismo, Euskal Herria podrá ser libre.
Gasteiz, 2 de enero de 2007
