Republicamos un artículo que escribimos en junio del 2008 cuando se inició el debate sobre la futura Ley de Radiodifusión. Con la presentación del proyecto del gobierno consideramos que este artículo vuelve a tomar actualidad. En las próximas semanas presentaremos un análisis que responda puntualmente a la propuesta gubernamental y a la crítica que le hacen los grandes medios de comunicación vinculados a la burgueía y a la derecha.
Republicamos un artículo que escribimos en junio del 2008 cuando se inició el debate sobre la futura Ley de Radiodifusión. Con la presentación del proyecto del gobierno consideramos que este artículo vuelve a tomar actualidad. En las próximas semanas presentaremos un análisis que responda puntualmente a la propuesta gubernamental y a la crítica que le hacen los grandes medios de comunicación vinculados a la burgueía y a la derecha.
La mayoría de las más de 200 modificaciones realizadas en democracia al nefasto decreto-ley 22.285 de radiodifusión de la dictadura militar (de septiembre de 1980) promovieron una mayor concentración aún de los medios en unos pocos grupos empresarios y la exclusión de los diversos actores sociales sin fines de lucro (cooperativas, mutuales, sindicatos, asociaciones vecinales, etc.). Néstor Kirchner, además, extendió las licencias a los grandes grupos multimedia (como Clarín y el encabezado por Hadad) por varios años más. Ahora, en medio de una feroz pulseada mundial por el manejo de las nuevas tecnologías digitales entre los multimedios y las telefónicas, el gobierno parece decidido a hacer aprobar una nueva ley.
Para mediados de junio se espera la llegada al parlamento del proyecto del gobierno, único que tendrá posibilidades de ser aprobado dada la mayoría oficialista en ambas cámaras. Desde abril ha comenzado una ronda de consultas con distintos sectores sociales vinculados a la comunicación.
El carácter de clase de los medios
Las grandes empresas de comunicación, telefonía y electrónica que se mueven en el mercado mundial se escudan en la supuesta independencia respecto al poder y en la libertad de prensa, lo que en realidad esconde que sólo los adinerados puedan acceder a la difusión de sus mensajes. Ningún mensaje es imparcial en una sociedad dividida en clases, la desigualdad también tiene su correlato en las posibilidades de acceso a la comunicación. Además, como parte del proceso de concentración de las empresas capitalistas, los monopolios de los medios se han reducido a unos pocos en cada región del mundo. Otras corporaciones interesadas en el tema son las ligadas a la telefonía y a Internet, a partir del inminente cambio tecnológico que unificaría toda la transmisión y emisión de datos por vía digital.
Es probable que el gobierno haga aprobar una ley que ponga algunos límites a los monopolios y permita algún espacio a los medios comunitarios existentes, con legalizaciones y otorgamiento de licencias. Pero no tocará los beneficios de los grandes grupos a los que viene haciendo concesiones. Tal vez abra también la puerta a la participación de las empresas telefónicas en el negocio de las telecomunicaciones, a través de la digitalización.
En los casos de otras leyes reaccionarias aprobadas bajo la dictadura o el menemato (por ej. la ley federal de educación, o las contrarreformas a la jubilaciones), el kirchnerismo se opuso a ellas con un discurso ¨radicalizado¨ pero en la práctica las modificaciones que llevó adelante a las mismas ni siquiera volvían a la situación anterior, legitimando parte de los recortes a los recursos y a los derechos sociales.
Es verdad que el conflicto con los empresarios rurales creó, en un comienzo, una fuerte controversia entre el gobierno y el grupo Clarín, una de las mayores empresas periodísticas en habla hispana y principal beneficiario de la situación legal existente, que se opone a cualquier cambio reglamentario. Llevado por el duro cruce con Clarin, el gobierno llegó a condenar “los monopolios y oligopolios que atentan contra la libertad de expresión”. Y habló de impulsar el “Observatorio de Medios” para “evaluar la pluralidad de opiniones y el derecho a la información”. El gobierno llegó, incluso, a mostrarse (de palabra) cercano a las posiciones de la Coalición por una Comunicación Democrática, formada por un centenar de organizaciones sociales ligadas a la comunicación: FARCO (radios comunitarias), cooperativas, organismos de DDHH, académicos y miembros de los medios públicos, entre otros.
Estos sectores, luego de veinte años de resistencia al proceso privatizador, vienen presentando un proyecto de nueva ley desde 2004, sin obtener ningún eco oficial.
Sin embargo, en mayo, gobierno y Clarín parecieron haber llegado a un acuerdo: a cambio de cierto giro de este último en el tratamiento del conflicto agropecuario. Seguramente, las modificaciones a la ley de radiodifusión contemplarán los intereses del principal multimedio.
Existe también un proyecto de ley impulsado por los sindicatos ligados a la comunicación, agrupados en Cositmecos (prensa, televisión, gráficos, publicidad, locutores, músicos, actores, etc.) que dicen basarse sobre los ejes dispuestos por la Coalición. Seria interesante que se difunda este proyecto de ley ya que sólo trasciende el interés de la CGT por tener radios y un canal de TV, cosa con la cual podemos acordar esperando no sea solamente un vehículo para el uso de la burocracia.
Una propuesta socialista
Desde la Corriente Socialista El Militante saludamos todo avance en la democratización de los medios, contra la concentración y los monopolios informativos y empresariales. Pero queremos señalar cuál sería a nuestro entender el esquema que permitiría liberar a la comunicación social de su subordinación al gran capital nacional y transnacional.
Nuestra posición es que los medios de comunicación deben ser propiedad estatal bajo control de los trabajadores y de la comunidad involucrada donde funciona. Nos oponemos a que continúe siendo una mercancía en manos de grandes grupos que lucran con el monopolio de la información por intereses comerciales o políticos, como hacen los grupos Clarín o La Nación.
El Estado debe proveer gratuitamente de todos los medios materiales: imprentas, papel, equipos de emisión de radio y TV, etc. para que puedan acceder a los mismos las organizaciones y asociaciones populares sobre la base de su representatividad real en la sociedad, según su ámbito geográfico o sectorial de intervención. No puede ser que un puñado de empresarios privados, como los de Clarín o la Nación, que sólo se representan a sí mismos, dispongan de diarios, radios y TVs, para mentir al pueblo trabajador y calumniar las luchas de los trabajadores y oprimidos, mientras que organizaciones de masas, como los sindicatos y otras organizaciones populares, tengan vedado su acceso a los mismos.
Además, para asegurar el control democrático de los trabajadores y la comunidad hace falta una activa participación popular en el diseño comunicacional, en la expresión y en la generación de información. Este proceso de recuperación de los medios de comunicación se irá dando paralelamente a la recuperación de los principales medios de producción bajo control obrero con la consecuente democratización real de la sociedad.
