“Me gustan los estudiantes/ Porque son la levadura/ Del pan que saldrá del horno/ Con toda su sabrosura// Para la boca del pobre/ Que come con amargura/.”
Violeta Parra
Javier Milei no es una casualidad en la vida de este país, de esta región, del mundo. Su patética figura, en la que lo humano queda absolutamente desdibujado, sintetiza la magnitud de la decadencia del capitalismo de esta era.
Una economía concentrada, manejada por un pequeño grupo de magnates que acumulan una riqueza gigantesca, un mundo desgarrado por el bestial extractivismo que sume a la tierra, al aire, al agua, a todo lo que respira o vive en el planeta, en un abismo de desaparición y de exterminio. Millones de personas sin acceso a las condiciones básicas de existencia, violentadas y excluidas por un sistema incapaz de dar ni perspectiva ni solución a las necesidades de las grandes mayorías trabajadoras, campesinas, indígenas, a la vida humana en sus extremos más vulnerables: la niñez y la ancianidad.
En este marco, y mientras la provincia de Córdoba, cuna de la Reforma universitaria de 1918, se consume por los fuegos de la avidez capitalista, se produce en nuestro país un ataque fenomenal y sin precedentes a la universidad pública y al sistema científico público, que supone en primer término un desfinanciamiento que impide el funcionamiento cotidiano en las aulas, en los laboratorios, en las bibliotecas, en los comedores, en cada palmo de territorio universitario que hoy meramente sobrevive, y en segundo término, y de manera medular, implica un brutal castigo salarial infligido a quienes trabajan en la universidad, docentes y no docentes, en el sistema científico público, en los institutos de investigación universitarios, en los que son cogestionados o pertenecen al CONICET.
Los y las trabajadoras de la universidad pública hemos sido de tal modo castigados en nuestros salarios, que estamos por debajo de los aumentos otorgados a los empleados públicos nacionales en torno a los 15 puntos de la recomposición nominal de los salarios, y más de un 30 % de pérdida del poder adquisitivo. sin garantía salarial para docentes y no docentes, lo que conlleva que quienes tienen cargos iniciales o de menor dedicación ni siquiera han podido percibir los magros aumentos impuestos por el gobierno nacional.
Al respecto cabe consultar los datos consignados aquí: https://www.pagina12.com.ar/759902-anatomia-del-derrumbe-de-los-salarios-de-las-universidades-n
Todos los indicadores generales que afectan al costo de vida, como el aumento de tarifas de servicios, así como los que están ligados a la actividad específica de la universidad han triplicado su precio en el mejor de los casos, por lo cual el acceso al material informático, a fondos para reuniones académicas, para publicaciones, los insumos para mantenimiento de laboratorios, para maquinaria de altísima precisión, se ha vuelto escaso y dificultoso Los montos de las becas estudiantiles se han hundido al mismo ritmo que ha aumentado el costo de vida, y se han acrecentado las dificultades para enfrentar las exigencias de la cursada, desde el costo del transporte, a la disponibilidad de tiempo para el estudio, ante el ahogo económico y la angustia cotidiana.
Entonces, hacia dónde caminamos…la primera cuestión a notar es que en los años 90 pudimos categorizar al plan menemista para la universidad y la ciencia como un proyecto de privatización, materializado en todas las transformaciones institucionales y educativas sancionadas en la Ley de Educación Superior de 1995, que además dejó abiertas múltiples brechas para orientar en las líneas maestras del capitalismo rapaz de ese período a las universidades públicas, como de hecho sucedió en los años siguientes. La perspectiva del macrismo, de la Alianza UCR- PRO, para la universidad y el desarrollo científico tenía un sesgo marcadamente mercantil y parasitario, es decir, y al mejor estilo de los grandes empresarios que se nutren del estado para existir y generar ganancias, aprovechaban los años de inversión estatal –que recortaban gravemente– para redirigirlas a un “enlatado” educativo de carreras cortas, al servicio del mercado, en nombre de una “democratización” de la educación superior que no es más que una enorme mentira y un fenomenal negocio mundial.
En esta etapa de la Libertad Avanza de Javier Milei las universidades públicas y el sistema científico público están en la mira, en el sentido que se busca su franca destrucción, para proceder a su reemplazo por alguna forma de institución universitaria privatizada, eliminando todo vestigio de gratuidad, de autonomía –es decir, de cogobierno y autogobierno–, de libertad de pensamiento y laicidad, y por supuesto, de carácter público, tanto respecto de su sostenimiento económico como de cultivo de la ciencia libre y el debate político. Desde nuestra perspectiva son justamente estos factores, brutalmente atacados, los que marcan la identidad de la universidad como institución pública, e incluso son indicativos de qué sea una ciencia pública, asunto que merecería una consideración aparte. En el miserable mundo “universitario” de Milei lo que hay es sumisión a la voz del amo, o “adoctrinamiento”.
La universidad pública argentina es un experimento político singular y progresivo, que, en sus aspectos más avanzados, en sus posibilidades emancipatorias, asocia indisolublemente a la universidad con la cuestión social, y esta es entendida como antagonismo entre trabajadores y patrones, como lo dijera Deodoro Roca, el gran referente de la Reforma de 1918, a comienzos de los años 30. Ella es hija de las grandes gestas populares, la gratuidad universitaria, el ingreso irrestricto, el conocimiento entendido como un bien social dirigido al desarrollo del país, la revolución social y su impacto en el modo de tramar los saberes y las prácticas educativas, la liberación de los pueblos de América y el aprendizaje de sus lenguas, de sus modos de existencia, de su historia de resistencias. Tales han sido las configuraciones histórico-sociales decisivas, a partir de la exigencia de autonomía respecto de los poderes fácticos, la democracia universitaria como experiencia de igualdad, y la idea de ciencia libre planteada por los reformistas cordobeses.
La cuestión del derecho a la educación superior dice mucho, pero no suficientemente. El mundo de las democracias liberales está lleno de derechos no reconocidos por nadie, especialmente por los Estados, personeros de los intereses del gran capital.
En la experiencia de 2003 a 2015, los gobiernos del Frente para la Victoria incrementaron en algunos períodos el presupuesto universitario en varios ítems, también el del sistema científico, pero, de una parte, no modificaron la Ley de Educación Superior dejando intactos sus aspectos más retardatarios –la creación de la CONEAU, la equiparación de las universidades privadas en el sistema universitario general, la consagración de un modo de mayoría docente en el cogobierno– y de otra, no plantearon, por una imposibilidad material, política e ideológica, a la universidad pública y al conocimiento que en ella se genera, como una instancia transformadora en términos sociales y políticos estructurales.
Entonces, la idea de la educación superior como derecho se transforma en un vector que debe aclararse y profundizarse para comprender cuáles son las condiciones de existencia y garantía de un derecho entendido como fundamental. La asociación entre la universidad pública como una realidad política con capacidad de llevar adelante una crítica radical de la vida social, y la idea del derecho a la universidad adquieren sentido si se las considera de conjunto, en sus proyecciones, en sus condiciones de mutua existencia.
Ahora bien, lo dicho nos resulta central para entender qué es lo que se quiere destruir en la universidad pública. El ahogo presupuestario es una parte sustantiva de un plexo de ataques que se articulan en la política general del actual gobierno, sus mandantes y cómplices, dirigida contra todas las instituciones públicas, en especial contra sus trabajadores, y contra el acceso público a la educación, entre otros.
Durante 2023 el gobierno de Fernández procuró a las universidades públicas un presupuesto ajustadísimo, que se fue desdibujando en el contexto inflacionario y que no tuvo actualización durante todo el año. La situación salarial nunca llegó a “ganarle a la inflación”, por lo que el advenimiento del gobierno de Milei encontró al sistema universitario sumamente vulnerable en términos presupuestarios, tanto en lo que concierne a los gastos de funcionamiento, como al salario.
Ahora bien, hoy, cuando las universidades públicas han tenido que sobrevivir con un presupuesto de 2023 reconducido, –sin actualización–, con aumentos impuestos por el gobierno totalmente insuficientes, un 70% en abril, luego de la multitudinaria marcha de ese mes, y luego un 270%, ambos porcentajes para gastos de funcionamiento, cuya primera cuota llegó en julio, y que de hecho pasó a cubrir la disminución sustantiva de ingresos propios de las casas de estudio. Otro asunto que merecería una larga consideración por separado, el de los “recursos propios” y su rol en el financiamiento universitario de los últimos años.
Entonces, mientras llegan algunos recursos para gastos de funcionamiento a cuentagotas, con los que se cubren los pisos mínimos que exigen universidades con diferentes complejidades, exigencias y posibilidades de sustentación, los salarios de los y las trabajadoras universitarias han tenido incrementos mínimos, impuestos por los funcionarios y sin acuerdos paritarios, con todo lo que ello significa.
Es importante mencionar la situación de los trabajadores y trabajadoras contratadas, con diversas formas de contratación, que efectúan tareas habituales, y cuyos ingresos dependen de los recursos propios de las Universidades Públicas (UUPP) y de lo destinado a gastos de funcionamiento. Algunos de esos contratos no han sido renovados, otros apenas han podido ser actualizados. Esta situación tiene un carácter endémico, pues hace más de una década que no hay aumentos en el llamado “Inciso 1” del presupuesto universitario, destinado a cargos docentes y no docentes, por lo cual la existencia de nuevos cargos depende de pequeños movimientos presupuestarios, y en especial, en el caso del personal no docente supone la contratación de servicios o de obras, y aún la tercerización de servicios básicos, como el mantenimiento o la limpieza. En menor medida, también se reportan casos de docentes contratados, en especial en las universidades de más reciente creación, y en las “entretelas”, esa suerte de lugares opacos, de las universidades de mayor tamaño y más prolongada tradición.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ha propuesto, sin que haya mediado diálogo con el gobierno nacional y por ausencia de vías de acuerdo planteadas por este mismo gobierno, un presupuesto para 2025 de 7,2 billones de pesos, el gobierno de Milei adjudica, en su presupuesto a medida de los intereses de la economía concentrada, 3,8 billones, algo más de la mitad. Mientras efectúa esta proyección a la baja de los recursos para las UUPP, se compromete a vetar la ley de financiamiento universitario votada en el Congreso Nacional, ciertamente insuficiente, pero cuya implementación es esperada por una comunidad universitaria en colapso.
Mientras tanto, el inefable Comité Radical que campea en las universidades públicas argentinas, en particular en las más grandes y antiguas, levanta la bandera legislativa del presupuesto universitario con una hipocresía sin fin, pues ha sido la UCR, en su versión universitaria o meramente partidaria, la que ha acompañado la sanción final de la Ley de Educación en los 90, fue miembro central de las adaptaciones de los estatutos de cada UUPP argentina a esta ley, impuesta por el orden capitalista del menemato, se encontró con su sino, en los días nefastos del gobierno de De la Rúa, cuando pretendió ajustar en 350 millones de pesos el presupuesto universitario en consonancia con lo pedido por el FMI, obteniendo una respuesta de rechazo universitaria y social gigantesca.
Huelgan las palabras sobre la alianza de la UCR y el PRO consumada en 2015, y los coqueteos libertarios del presente, para comprender que el radicalismo universitario no defiende a la universidad pública ni tiene respuestas para ella, simplemente se atrinchera en un enclave político, de negocios e influencias tradicional y central para su supervivencia. El giro a la derecha cada vez más intenso de los sectores mayoritarios de esa fuerza política resulta funcional a toda empresa ajustadora, más o menos aguda.
Por su parte el peronismo, en este caso en su vertiente K, reivindica el derecho a la educación superior y las mejoras producidas en sus gobiernos, pero sigue preso en su laberinto de cuáles son las condiciones materiales para que ese derecho se concrete, y no puede salir de la matriz productivista en relación al saber, y a su imposibilidad de pensar el lugar de la radicalidad y la auto organización en la democracia universitaria –asunto de gran importancia en su dimensión institucional y política–, que se concreta, en muchos casos, en el decidido alineamiento de muchos colectivos de diferentes procedencias disciplinares en contra de poderes que crecieron durante su gestión, asociados fundamentalmente al extractivismo en sus diversas versiones. Todos estos asuntos merecerían a su vez largas consideraciones, sobre todo si los vinculamos a los modos de conocer el desarrollo científico tecnológico que hoy entran en colisión con la desinversión completa del actual gobierno, pero no han logrado consolidar posiciones políticas y organizativas que puedan resistir estos embates.
La mención de estas dos orientaciones políticas solo pretende ilustrar, seleccionando dos sectores en un contexto mayor y más complejo, las trayectorias y alternativas de quienes han tenido un rol central en la conducción de las UUPP en los últimos 40 años.
La universidad como institución, como comunidad política y educativa, puede tener una fuerte tendencia inercial a la consagración del estado de cosas, o ser un laboratorio de las élites, o bien ser un espacio de experimentación política que logre vincularse histórica, material, social y políticamente con las causas de la clase obrera y las mayorías explotadas y oprimidas.
La tarea es entonces construir una perspectiva de clase sobre la universidad en el momento actual, para que sea conciencia colectiva, y se materialice en organización, en contenido político, y se encuentre en la articulación del poder transformador que surge de la lucha conjunta.
En el fenomenal ataque de Milei, sus mandantes y cómplices a las UUPP y al sistema científico público se apuesta a ahogar esa potencia política que ha aparecido con fuerza en muchos momentos de nuestra historia común, no sólo en Argentina, también en Chile, México, Perú y otros países hermanos. Las luchas que alcanzaron su punto axial en octubre de 2019 en Chile, tienen los ecos de las grandes movilizaciones de Tlatelolco en el México revuelto de 1968, de la resistencia y lucha contra la privatización de la universidad argentina en los 90, y más allá, también más acá, la Reforma del 18 con su deseo de una tierra liberada del poder monárquico y monástico, como reza el Manifiesto Liminar, y Mayo del 69, obreros y estudiantes, unidos y adelante…
Lo que nos muestra la historia nacional y continental es que las universidades públicas tienen una enorme capacidad de movilización, pero ella adquiere fuerza material y contenido político cuando se asocia a las luchas de los pueblos explotados, de trabajadores y trabajadoras de la ciudad y del campo, de comunidades indígenas, colectivos de mujeres trabajadoras, de la disidencia sexo genérica, que sufren en la vida cotidiana los más acervos rigores del capitalismo en esta etapa de desnuda crueldad.
En un momento que pretende destruir a las universidades públicas, a los saberes que en ella se desarrollan, a la experiencia política que ella habilita, a la ciencia pública que se construye en su seno, es preciso tomar este aprendizaje histórico, leerlo en las exigencias del presente, e ir construyendo organización y potencia política, teniendo como plataforma lo mejor de la historia colectiva, para edificar una universidad que sea de los y las explotadas de nuestro país y nuestro continente, para ser entonces una universidad de libres e iguales que procede de la transformación socialista de toda la sociedad.
Estas expresiones no deben entenderse como meras consignas, sino como un programa que debe excavar en la historia de las luchas y las ideas, y proyectar formas del saber, del enseñar y del aprender que aún no conocemos, pero que se anuncian en el movimiento de resistencia a este intento de destrucción.
Defender la Universidad implica derrotar a los capitalistas y su sistema. Este debe ser nuestro punto de partida.
¡No al veto de Milei!
¡Por la Autonomía Universitaria!
¡Por la unidad de la clase obrera, los estudiantes y los trabajadores universitarios!
¡Por la defensa de la educación pública gratuita y laica!
¡Paro y movilización!
¡Por mayor presupuesto para educación en todos sus niveles, discutido por el conjunto de la comunidad educativa!
¡Por escala móvil de salarios precios hoy $1.350.000- inicial!
¡Por una nueva universidad – sin las cadenas del capital!
¡Por una corriente en defensa de la educación que sea integrada por la comunidad educativa!
