La provincia de Santiago del Estero desde el año 2016, más precisamente desde el 23 de agosto, el Estado bajo la dirección del gobernador Zamora y luego de tres gestiones del Frente Cívico, hasta la actualidad el Consejo General de Educación se encuentra intervenido. Ya son más de nueve años sin normalización democrática del organismo encargado de administrar la carrera docente en la provincia.
Para aquellos años el gremio docente de CISADEMS encabezó una lucha que quedará en la memoria de los santiagueños como una de las más prolongadas y con mayor acatamiento docente dentro del régimen zamorista. Se obtuvieron conquistas parciales como el blanqueo de algunas cifras en negro y una mejora salarial. Estas conquistas se dieron sobre la base de una amplia deliberación colectiva en las escuelas y cuerpos de delegados tanto dentro del gremio como de manera autoconvocada.
El gobierno estaba a punto de perder la dirección del CGE: Vocales Generales, Juntas de Calificaciones y Clasificaciones y el Tribunal de Disciplina. Las bases docentes comenzaban a discutir un planteo vigente hasta el día de hoy, la necesidad de la convocatoria a cubrir cargos directivos y horas cátedra. Las listas del gremio de CISADEMS tenían grandes posibilidades de tomar la mayoría del organismo y la primera minoría sería para el movimiento de autoconvocados docentes. Este contexto obligó al gobierno a tomar su intervención el 23 de agosto de 2016 por la Legislatura y fue aplicada en 24 hs.
El gobierno de Zamora con el CGE intervenido suspendió durante años los llamados y solo se realizan a cuentagotas cada vez que hay elecciones ya sean municipales, distritales o provinciales para poder acomodar a sus aliados en la administración estatal. Durante estos años los gremios docentes denunciaron la paralización de concursos para ascensos, traslados y cargos jerárquicos contemplados en el Estatuto Docente.
Esta práctica sigue vigente con agravantes como la intervención de las direcciones de escuelas por personas que no tienen práctica docente o formación docente/pedagógica. Esta intervención cumple la función de hacer prevalecer un ajuste educativo que promueve la reubicación docente dentro del circuito escolar para cubrir cargos vacantes con la excusa de “cambios curriculares”. Las reubicaciones compulsivas, la polifuncionalidad y la adaptación forzada a cambios curriculares funcionan como mecanismos de flexibilización laboral contra la carrera docente y el Estatuto. Algunos docentes se vieron obligados a tomar horas que no corresponden a su área, asumiendo gastos para hacer cursos para continuar en la carrera docente. Han tenido que incrementar sus gastos en transporte en casos en que no pudieron ser reubicados en el mismo establecimiento, la mayoría de los casos bajo acuerdos extorsivos por las autoridades impuestas como interventores por el gobierno. Todo esto se presenta bajo el discurso de la “modernización” educativa, mientras en realidad se degradan contenidos, condiciones laborales y derechos conquistados históricamente.
Las denuncias docentes señalan además cierres de aulas, cursos y profesorados completos, docentes puestos en disponibilidad y reemplazo de autoridades titulares por designaciones discrecionales. Según denuncias de CISADEMS, más de mil docentes se vieron afectados por medidas tomadas durante la intervención y más de 250 escuelas atravesaron situaciones de acefalía y falta de designaciones directivas.
Salta a la vista que la intervención del CGE es una variable del ajuste del régimen zamorista, achicando el Estado a lo Milei, ajustando el presupuesto contra los trabajadores. La intervención permanente del CGE también forma parte de una tendencia más general de destrucción de la educación pública, donde se centraliza el control político mientras se descargan sobre los docentes las consecuencias del ajuste, la precarización y la falta de presupuesto.
La mesa de diálogo del trabajo/docente/salario (la mesaza de Gerardo) donde conviven la burocracia autóctona de la provincia, convalida cada decreto del Ejecutivo que luego es refrendado por la Cámara de Diputados. En la provincia no hay paritarias, ni hay señales de que se pretenda levantar la intervención por parte del gobierno.
Las condiciones de vida de los trabajadores de Santiago del Estero cada vez están más al límite del abismo. Las masas laboriosas están en la marginalidad y a nadie de la administración pública le alcanza su sueldo para vivir, teniendo que conseguir trabajos complementarios en aplicaciones de servicio, ventas/reventas y la nueva moda del “emprendedurismo”, para la que también se abrió una línea de ferias desde los municipios y la provincia. Cada vez más trabajo, cada vez más pobres.
Los trabajadores de la educación debemos romper esta adaptación por abajo. La discusión con los docentes de nuestros establecimientos es un proceso que debe ser mantenido y llevar la discusión a organismos que nos permitan tomar acciones para superar las condiciones en las que trabajamos y vivimos. Una discusión paciente sobre la necesidad de tomar el control del organismo de administración docente como el Consejo General de Educación nos permitirá acabar con esta política perversa del Estado de liquidar nuestra carrera y la educación pública.
Defender el Estatuto Docente, los concursos y la democratización del CGE es también defender la educación pública frente a su vaciamiento y mercantilización. La pelea contra la intervención y el vaciamiento educativo no es solamente una lucha gremial. Es parte de la pelea por transformar de raíz un sistema educativo subordinado a las necesidades del capital, pensado para formar mano de obra barata y adaptable a la precarización laboral. Luchamos por una educación al servicio de las necesidades sociales y del desarrollo integral de las personas, no subordinada a los criterios del mercado y la lógica empresarial.
La lucha por nuestros derechos está planteada. Hay que hacerla carne, tomar la iniciativa y organizarnos.
