En la última semana se desarrollaron cinco días de huelga en el gremio de transporte de larga distancia, en la que los jefes sindicales liderados por Roberto Carlos Fernández tuvieron una posición de connivencia con las patronales del sector.
Este hecho político que dejó durante ese lapso de tiempo a más de trescientas mil personas varadas, sin la posibilidad de trasladarse a sus hogares, y por ende a sus lugares de trabajo, generó sin duda alguna un malestar social enorme.
Queremos con este breve balance brindar nuestro aporte a lo que consideramos una posición equivocada hacia un gobierno que viene siendo asediado por la oposición con el fin último de lastimarlo, en definitiva voltearlo.
El conflicto
La huelga de los choferes de colectivos de larga distancia comenzó el jueves 2 de mayo, con el reclamo de un 23 por ciento de aumento salarial retroactivo al 1º de abril. Sin lograr un acuerdo en la paritaria, el 3 de mayo desde el Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Transporte dictaron una resolución con la que homologaron la suba que pedía el sindicato y también, la conciliación obligatoria. Sin embargo, algunas empresas anticiparon que no estaban en condiciones de pagarlo y los choferes continuaron la huelga.
Se estima que más de 300 mil pasajeros fueron afectados por la huelga que duró 5 días.
Desde el Estado se sostuvo que se labraron actas, multas y pedidos de suspensión de licencias. Por ahora, sin ninguna noticia cierta de alguna sanción ejemplificadora.
Los actores
El dirigente de la Cámara de Empresarios de Transporte de Larga Distancia, Mario Verdaguer, dejó en claro que el motivo de la prolongación del conflicto ya no es la negociación paritaria con la UTA, sino el reclamo empresarial de 100 millones de pesos. “Llámenlo subsidio o como quieran”, dijo.
El argumento es que las compañías no pueden absorber los costos del aumento y se verían obligadas” a despedir entre cinco y seis mil trabajadores si no son “auxiliadas” económicamente por el Estado. Por otro lado los empresarios se quejan de los subsidios al transporte aéreo, que se ha convertido en una competencia para el sector, ya que viajar a algunos destinos cuesta prácticamente igual en un vuelo que en ómnibus.
La posición de la patronal se cierra en que no están en condiciones de pagar los salarios con el 23% de aumento y esto llevó a que el conflicto no tenga solución desde su perspectiva. Es más, el representante de Vía Bariloche sostuvo que “con la tarifa actual, el sector no tiene rentabilidad”.
Desde los trabajadores, el sindicato UTA -Unión Tranviario Automotor- (un gremio con una dirigencia muy cuestionada por sus bases, el ejemplo más conocido es el del subte), continuaron el paro, a pesar de que a las 24 hs. de haberse iniciado el conflicto se había firmado el aumento solicitado. Pero, como los empresarios sostenían que era de “imposible cumplimiento”, la dirigencia continuó con la medida. A esto hay que sumarle la alianza de los dirigentes del sindicato con la cámara empresaria en el reclamo de los subsidios.
Para muestra basta un botón. En declaraciones periodísticas, el titular de la UTA, Roberto Fernández, sostuvo que “no se puede pretender que el empresario pierda plata”: “No estoy en contra del Gobierno, pero al empresario lo defiendo porque me da trabajo”. A lo cual, Verdaguer, representante de la cámara patronal apoyó diciendo “están protegiendo sus puestos de trabajo, ya que de aplicarse el aumento del 23 por ciento, las empresas deberían despedir unos 5 mil trabajadores”.
Balance del conflicto
El aumento solicitado por el gremio se encuadra en los porcentajes que están discutiendo en paritarias, la mayoría de los gremios y que también el gobierno viene pautando como previsible.
Pero una huelga total de estas características que deja a más de 300.000 usuarios, en general trabajadores y obreros, varados en las terminales de colectivo por cinco días, es una irresponsabilidad primero, de los empresarios, segundo de Estado y tercero del gremio.
El paro no tenía proporción con el reclamo y el estado de la negociación, la virulencia de la medida habla a las claras de un gremio asociado al moyanismo y por lo tanto opositor al gobierno.
La actitud, clara de la patronal de escudarse en el paro para solicitar subsidios, es evidente. Si no hay subsidios, hay aumento con miles de despidos y flexibilización del trabajo. Es la acostumbrada mediocre actitud del empresariado argentino, que oscila entre la crítica histérica al Estado y su injerencia, con su pervivencia a costa de los subsidios y de todos los beneficios que puedan arrancarle a ese mismo Estado para mantener y agigantar sus ganancias.
El papel del sindicato, muestra las limitaciones históricas de los Jefes Sindicales por lo menos desde la dictadura a hoy. Son esos mismos Jefes Sindicales que no permiten la democracia y la libertad dentro de los sindicatos, los que juegan como correa de transmisión de la ideología patronal al interior del gremio, defendiendo los intereses de la clase enemiga. No podemos creer en la “inocencia” de Fernández al sostener que los empresarios “son los que le dan trabajo”. Parece ser que más de 30 años en el sindicalismo no le han hecho mella a este Jefe, que confunde la clase que produce la riqueza con la minoritaria clase parásita que se la apropia.
El Estado Nacional intentó, a las 24 hs de iniciado el conflicto, poner blanco sobre negro en las intenciones de la patronal, que ocultaban tras su inflexibilidad. De hecho, las declaraciones amenazando con caducidad de las concesiones, sólo quedó en eso. El límite del gobierno se muestra en el ministro de Trabajo, Tomada, en sus declaraciones de que sería empezar de cero si suspende a las empresas del transporte, que a pesar de la experiencia, cree que puede condicionar sectores del empresariado a que produzcan con menor rentabilidad y que sean una clase pujante.
La historia de la conformación de la burguesía nacional es la historia de su condena. El carácter rentista, intrínseco de esta clase, refleja su carácter parasitario.
Nuestra Posición
Desde la Corriente Socialista Militante, sostenemos que este paro tuvo un claro carácter de lock out patronal, a partir de que el gobierno otorgara el 23%. Por ello, y entendiendo que el transporte de carga y de pasajeros, terrestre, fluvial y aéreo es un derecho y un servicio público, éste debe estar en la órbita estatal, lo que garantizaría que el servicio sea de calidad y a bajo costo, justamente utilizando la rentabilidad que hoy se apropian los patrones.
Por supuesto que estamos a favor de la lucha obrera por mejores condiciones de trabajo, salubridad y salario. En el caso particular de este conflicto también estuvimos y estamos de acuerdo en lo que hace al reclamo salarial. Pero es de una claridad supina, que a nadie se le escapa, que su dirección -el Sr Fernández y cía.- y sus móviles subjetivos fueron hacer jugar a los trabajadores como fuerza de choque contra el gobierno. No importaba si lograban el 23% de aumento salarial.
El activismo sindical en general, los partidos que se reclaman representantes de la clase obrera, deberían haber apelado a la conciencia de clase de los trabajadores del transporte, para romper el seguidismo de los jefes sindicales y dejarlos como furgón de cola a la inmensa mayoría de colectiveros atándolos a un reclamo patronal.
La UTA se ubicó de manera clara en la trinchera patronal, ya que la actitud de ésta fue y es reclamar subsidios por la falta de rentabilidad y para otorgar el aumento salarial.
La UTA tendría que haber exigido al gobierno nacional la estatización del servicio de transporte de pasajeros, bajo control de los trabajadores, Reclamar una política de transporte desde una perspectiva social, con un ferrocarril digno y a precios asequibles, que elimine el monopolio de los micros en el transporte de pasajeros.
Es un error del gobierno de Cristina Kirchner sostener alianzas con esa burocracia corrupta, como es el caso de la UTA, o como la ferroviaria que costó la vida al militante del PO, Mariano Ferreyra.
Apelamos a la formación de corrientes antiburocráticas desde la propia base que sostengan su autonomía del gobierno y que deslinde expresamente con los patrones y la oposición de derecha.
