El estallido social de octubre, marca un salto cualitativo desde los movimientos de masas y protestas que desde hace más de una década marcaron el paisaje del Chile post dictatorial. En una mirada global, es un punto de inflexión inscrito en el contexto de crisis mundial capitalista. Se trata de un levantamiento de masas, de carácter insurreccional, que desde el viernes 18 de octubre hasta fines de noviembre, involucró entre 5 y 6 millones de personas participando activamente.
El “Fuera Piñera”, sigue siendo desde el estallido una de las principales consignas, que expresa el ánimo generalizado contra el gobierno del empresario-presidente Sebastián Piñera. Pero el repudio general hacia todas las instituciones se arrastra desde antes. Con casos emblemáticos de corrupción en Carabineros y Ejército, la Iglesia, y el Congreso, por nombrar algunos.
El descontento se expresó en diversas luchas políticas. El movimiento estudiantil de 2006-2011. Revueltas regionales y ambientalistas. Los paros docentes. El mayo feminista y otras movilizaciones de mujeres. Las marchas por No Más AFP. Las protestas contra la privatización de recursos naturales en medio de la crisis hídrica que afecta a comunidades. La continua represión y resistencia en el Wallmapu, territorio ancestral mapuche. Las huelgas de subcontratados, en la minería, forestales, salmoneras y puertos. Además de conflictos laborales en retail, call center y otros.
La chispa de los secundarios encendió los ánimos y la solidaridad. En el octubre chileno todas las luchas convergieron. Todas las demandas se oyen en las calles y se ven en los muros. “No son 30 pesos, son 30 años” protesta contra todo el espectro político que administró la limitada transición democrática, sobre la base de la impunidad y continuidad del sistema capitalista, defendido por la constitución del 80. Entre las principales demandas del movimiento de masas encontramos Educación, Pensiones, Desigualdad, Salarios y Desempleo.
Después de una semana, el estado de emergencia y toque de queda fue derrotado por el ánimo combativo de las masas en las calles. Esto a pesar de la violencia ejercida por el Estado. El movimiento cuenta aún con una fuerza extraordinaria y un apoyo abrumador. Esto fue evidente en la convocatoria nacional a “la marcha más grande de Chile”, el 25 de octubre.
La Huelga General del 12 de noviembre, convocada por el Bloque Sindical de la Mesa de Unidad Social, fue la paralización más efectiva desde 1990. Esta entrada de la clase obrera como protagonista en el proceso, encendió las alarmas de la clase dominante, precipitando en 72 horas un acuerdo entre los partidos del régimen en crisis.
El clamor por una Asamblea Constituyente, para las masas en las calles, representa la aspiración a un cambio social fundamental y el repudio a todo el régimen existente. Incluso los partidos de derecha, ante el peligro de ser barridos por el levantamiento, se vieron obligados a forjar un acuerdo con la oposición, con el objetivo de desactivar el movimiento. El PS y el FA se prestaron vergonzosamente para esto. De aquí surge el llamado “Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución”. El régimen estaba contra las cuerdas, desbordado por la calle y los dirigentes de la izquierda parlamentaria vinieron a salvarlo sobre la base de la convocatoria de un proceso constituyente que no iba más allá de los límites del parlamentarismo burgués.
Cuando la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) convocó para el 11 de mayo de 1983 al primer paro en 10 años, se inició un proceso de radicalización política y movilización masiva contra la dictadura de Pinochet. Las jornadas de protestas tomaron matices insurreccionales. La transición democrática fue producto de un acuerdo por arriba, para evitar el desborde por abajo. Ese fue el rol jugado por la Concertación de Partidos por la Democracia. Las lecciones de este período evidencian que otro gesto en las urnas del régimen no es ninguna garantía para una transformación radical, que dentro de los límites del sistema capitalista no es posible.
Ya pasaron 30 años de “transición democrática” pactada sobre la base de la impunidad de los crímenes de la dictadura y la continuación del sistema económico capitalista. Y aún el reciente acuerdo del 15N busca canalizar las aspiraciones democráticas y de mejor calidad de vida, dentro de un marco institucional tutelado por el Congreso. Este acuerdo no toca los privilegios de la clase capitalista, no tocan las AFP, ni el negocio privado en la salud y la educación; no hablaba de justicia por las violaciones de DD.HH, ni de la liberación de los más de dos mil presos políticos.
La oligarquía empresarial chilena, componen una clase dominante ignorante y atrasada. Incapaz de desarrollar la economía por sus medios, débil frente a la inmensa clase obrera y los pobres, necesita someterse a la dominación imperialista. Las reivindicaciones democráticas chocan con las exigencias económicas del capitalismo en crisis, que impone la explotación rapaz de recursos naturales y trabajo humano. Las garantías democráticas para sostener todo aquello que es preciado para el desarrollo de las sociedades humanas, de salud, vivienda, educación, pensiones, etc., no vendrán por leyes firmadas sobre papel. Sino que están determinadas por la real correlación de fuerzas entre las clases en disputa. Una nueva constitución en los términos propuestos por el régimen es un engaño. Una nueva constitución que realmente sirva a los intereses de la mayoría oprimida sólo será posible cuando la clase trabajadora derroque el podrido régimen burgués y tome el poder, político y económico, en sus propias manos. Sólo expropiando a las multinacionales, podrán controlarse los recursos democráticamente al servicio de la mayoría.
La Unidad Social fue desdibujando cada vez más su rol en la oposición al gobierno, sin llegar nunca a plantearse de manera seria la demanda más popular de las protestas: “Fuera Piñera”. La CF8M y la ACES denunciaron el rol conciliador que algunos dirigentes del Bloque Sindical de Unidad Social adoptaban frente a un gobierno que literalmente declaró la guerra a los trabajadores y los pobres. Ni la represión ni falsas concesiones lograban aplacar la tremenda revolución que se desata en Chile. Pero las políticas de conciliación y colaboración con el empresariado de parte de los líderes sindicales y el papel de la izquierda con su política de cretinismo parlamentario dieron un respiro vital al régimen en crisis.
La economía se encontraba en una recesión severa y la pandemia precipitó la crisis mundial capitalista. El plebiscito por una nueva constitución ha sido aplazado hasta octubre. Mientras, se registran aún enfrentamientos callejeros y verdaderas protestas del hambre en varios puntos del país. Se destaca crudamente lo que el despertar chileno denuncia. La vulnerabilidad de amplios sectores de la población, la desigualdad, la precariedad de la salud pública, las pensiones y salarios que no alcanzan, la informalidad laboral y el desempleo. Los decretos laborales y medidas sanitarias, son una cuarentena hecha a la medida de la derecha y los empresarios, fiscalizada por los militares en las calles.
Sin “paz” ni “nueva constitución” a la vista, el acuerdo del 15N se encuentra desnudo de su predicado. Sólo expone la parte del “Acuerdo”. Es decir, como sostenimiento del régimen por el conjunto del sistema de partidos.
Hoy se fragua un nuevo “Acuerdo Nacional”, esta vez bajo los ropajes de la crisis sanitaria. En todo caso, esta situación no es nueva. Esta política de los acuerdos y las cocinas parlamentarias han sido la normalidad de los últimos 30 años.
Lo extraordinario del despertar chileno ha sido la energía de la juventud que ha mostrado que otra realidad es posible. Lo nuevo es la combatividad de las masas y las formas de autoorganización, que vimos en la Huelga General, en los Cabildos y Asambleas, en la Primera Línea y en las Brigadas de Salud. Estas son las formas organizativas que se ha dado la clase, y aunque quizás con otro nombre, muy probablemente volverá a agruparse de esta forma. Son formas embrionarias de poder dual, que levantan frente al poder oficial del estado burgués y sus instituciones, un poder potencial de la clase trabajadora.
Además de las poblaciones históricas de la izquierda y la lucha contra la dictadura, nuevos sectores de masas han tomado protagonismo, jóvenes y no tan jóvenes, de las poblaciones de Santiago y de regiones, barras bravas, etc. Particular importancia tiene el movimiento de mujeres, que batió todos los récords en la convocatoria del último 8 de marzo, pero que desde hace años viene construyéndose y denunciando la violencia machista y del Estado capitalista, además de levantar demandas por derechos sociales.
El levantamiento dio cuenta de su fuerza tremenda, pero evidentemente se alcanzaron ciertos límites. Las manifestaciones de masas son imprescindibles para crear la confianza de éstas en sus propias fuerzas. Pero no son suficientes para vencer al aparato estatal, los medios de comunicación de la burguesía, y el desgaste ocasionado por dirigentes conciliadores.
La Mesa de Unidad Social, presionada por las bases, por un tiempo fue virtualmente capaz de dar una dirección unificada por arriba. Pero carecía de mecanismos reales de democracia directa interna. Era una reunión por arriba de representantes de organizaciones y no una genuina asamblea de delegados electos en las fábricas, los puestos de trabajo, los barrios y las barricadas. Debido a esto, no expresaba hasta el final el ánimo combativo y las demandas de fondo de la clase trabajadora, como la salida de Piñera.
Ante la ausencia de una perspectiva clara de cómo avanzar, las huelgas generales por hito, parciales y limitadas en el tiempo, inevitablemente producen cansancio. Los límites fueron entonces dados por los dirigentes sindicales y de la izquierda reformista. O dicho de otra manera, el límite fue la ausencia de una dirección revolucionaria de la clase obrera.
Como quedó demostrado el 12 de noviembre, la clase trabajadora tiene la capacidad de paralizar el país y poner en jaque al gobierno patronal. El sujeto de la transformación revolucionaria necesaria es por lo tanto la clase trabajadora.
La crisis económica, ha puesto a la orden del día planes de intervención estatal en la economía. En particular, la aerolínea LATAM ha suscitado propuestas de representantes del empresariado para el rescate de empresas “estratégicas”. Estas propuestas revelan la hipocresía del capitalismo, que socializa las pérdidas pero privatiza las ganancias. Pero también Convergencia Social ha salido al paso, dando mayor énfasis a la participación estatal y la prohibición de los despidos. El PC habla de un fondo para el rescate de empresas esenciales, con carta dirigida al “Señor Presidente”. Se abre la puerta a un debate sobre el carácter socialista de esta política. De lo que se trata es de expropiar sin indemnización y bajo control de los trabajadores los sectores fundamentales de la economía, no de rescatar a los empresarios privados.
Si bien las medidas paliativas contra el desempleo y el hambre pueden en principio beneficiar a la clase trabajadora, este es dinero que debe ser pagado con impuestos y deuda pública. En última instancia, este dinero termina en manos de los bancos, de los dueños de los medios de producción. Se trata de medidas para salvar el capitalismo y evitar una explosión social. No serán decretos ni astucias parlamentarias que protegerán de los despidos. Sólo mediante la propiedad común de los medios de producción puede construirse un plan económico socialista. Sólo mediante la expropiación de los dueños de Chile pueden cumplirse todas nuestras demandas.
La clave será galvanizar la capacidad de movilización y organización de las millones de personas que han salido a luchar. Las demandas tienden a converger en un programa único. Por Salud y Educación Pública, Gratuita y de Calidad. Jornada laboral de 40 horas. Salario Mínimo de 700 mil pesos. No Más AFP, y por un sistema de reparto solidario y administración pública. Por la Nacionalización del Cobre, el Agua, el Litio y el Mar. Por la expulsión de las forestales y Fin a la Militarización del Wallmapu. Por el fin a la impunidad. Todas estas son demandas apoyadas por la gran mayoría del pueblo.
El programa mundial de la burguesía es salvar el capitalismo haciendo a los trabajadores pagar por la crisis. Asistimos a una etapa histórica de enfrentamientos agudos entre las clases. Durante el pasado Octubre Rojo Latinoamericano vimos órganos de lucha genuinamente emanados de la clase obrera y los oprimidos, con el potencial de ser órganos embrionarios de doble poder, como en Ecuador y en Chile. Vimos protestas masivas en Haití, Puerto Rico, Honduras y Colombia.
En Chile el pueblo trabajador desafió las fuerzas represivas, venciendo el estado de emergencia y toque de queda. Se asistió a una jornada histórica de protesta y Huelga General. Se organizaron Cabildos y Asambleas. Se organizó la Primera Línea contra la represión. Pero no se logró consolidar una coordinación regional y nacional de estos organismos. Para esto se necesitaba una tendencia política que luchara por profundizar el alcance de estos órganos emanados del octubre latinoamericano. Una tendencia que luchara dentro y fuera de los sindicatos, para generalizar las experiencias más avanzadas de la clase obrera. La construcción de una tendencia así es la tarea a la que nos abocamos en la Corriente Marxista Internacional, presente en más de 40 países. El desarrollo pleno de la inteligencia y fuerza creativa de la clase trabajadora, esta es la perspectiva por la que luchamos.
Para los marxistas resulta clave entender en qué medida y con qué medios la clase trabajadora puede ser capaz de colocarse al frente del movimiento y desarrollar organismos de poder propios, para derribar al gobierno de los empresarios, en la perspectiva de un gobierno de trabajadores. Para esto es importante además dialogar con las bases de los partidos de izquierda, como el PS, PC y el FA. Presentar una alternativa revolucionaria para todas aquellas personas que están desilusionadas en estas organizaciones.
El sistema capitalista enfrenta la más grave crisis de su historia. La propiedad privada y las fronteras nacionales son una barrera para la solución de los problemas fundamentales de la humanidad. La presente pandemia mundial así lo ha evidenciado. Los dueños de Chile no pueden hacer otra cosa que defender sus intereses capitalistas. Es hora de que los trabajadores defendamos también nuestros intereses. Las palancas fundamentales de la economía deben estar bajo control de los trabajadores y el pueblo. Una transformación socialista de la economía y la sociedad, dirigida democráticamente por la clase obrera, puede producir en beneficio de las necesidades del pueblo, y no para las ganancias de una minoría que amenaza la existencia de la humanidad y el planeta.
Una victoria revolucionaria en Chile, en el contexto actual de convulsión a nivel internacional, abriría las puertas a una oleada que barrería con los regímenes capitalistas podridos en todo el continente y más allá. Luchamos por un Chile socialista en el marco de una Federación Socialista de América Latina que sería un poderoso impulso para una Federación Socialista Mundial.
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