Pasado el primer impacto del terremoto y maremoto del 27 de febrero, quedan las secuelas que demorarán años en superarse. Sin embargo, por primera vez en más de setenta años una catástrofe de la magnitud y profundidad de la ocurrida será abordada solamente con criterios de mercado, en los que predomina como objetivo la ganancia capitalista
Pasado el primer impacto del terremoto y maremoto del 27 de febrero, quedan las secuelas que demorarán años en superarse. Sin embargo, por primera vez en más de setenta años una catástrofe de la magnitud y profundidad de la ocurrida será abordada solamente con criterios de mercado, en los que predomina como objetivo la ganancia capitalista.
Entretanto, todo marcha a tropezones, desmitificando la aureola eficientista y profesional de que intentaba revestirse el gobierno de la derecha. El presidente-empresario, en cambio, prefiere correr de un lado para otro, siempre rodeado de su equipo de prensa, convencido de que las imágenes valen más que la realidad. Esta última, sin embargo, está mostrando la pereza asombrosa del equipo de gobierno.
El apagón que el 14 de marzo afectó al Sistema Interconectado Central, desde Taltal hasta Puerto Montt en una extensión de dos mil kilómetros, dejó sin electricidad a casi el 90 por ciento de la población del país pero descolocó al gobierno. Pasaron horas antes de que las autoridades dieran la cara para explicar las causas de una falla que fue responsabilidad de las empresas privadas que generan, transportan y distribuyen la energía eléctrica.
El gobierno se empeña en construir imágenes que respalden sus llamamientos a la "unidad nacional". Este artilugio persigue debilitar a la oposición y hacer expedita la tramitación de proyectos de ley con los cuales tratará de imponer el peso de la reconstrucción a los propios afectados, es decir, a los sectores populares y a las clases medias bajas, facilitando a los grandes consorcios hacer fabulosas ganancias. Las vacilaciones de la oposición favorecen en este sentido los planes del gobierno. Todavía los sectores opositores -la Concertación y el Partido Comunista, hoy aliados en la Cámara de Diputados- no tienen un planteamiento claro que apunte a lo fundamental, es decir, a que no deben ser los pobres los que paguen los daños y que los recursos para la reconstrucción provengan de los que ganan enormes sumas, como las transnacionales del cobre y los consorcios nacionales, las grandes empresas del retail, las AFPs, los bancos, las empresas de seguros y sobre todo, la industria de la construcción y sus derivados. Ni siquiera se ha planteado por la oposición la disminución del gasto militar, uno de los más elevados del continente.
Hablar de "unidad nacional" es una burla en un país donde la desigualdad entre ricos y pobres es una de las mayores del mundo. Un país en que los ricos pagan menos impuestos que los pobres, donde una minoría vive como millonario texano y los pobres vegetan en medio de la precariedad, agobiados por las deudas y la incertidumbre del desempleo, las enfermedades y las catástrofes.
Miles de casas deben ahora ser demolidas por estar mal construidas; decenas de edificios se han derrumbado o tienen que ser demolidos. La electricidad, el agua potable y las telecomunicaciones, todas en manos privadas, se han revelado como fuentes de grave inseguridad y abuso para los usuarios. Caminos, puentes y autopistas concesionadas se han agrietado o derrumbado por responsabilidad de sus constructores.
La reconstrucción de hospitales, escuelas, caminos y puentes será el campo de prueba para el gobierno de la derecha. A los reclamos de las víctimas por viviendas, salud y educación, se sumarán las exigencias de miles de trabajadores que han quedado cesantes, o que estarán en esa situación a corto plazo. La temporada de lluvias acentuará el desamparo de miles de damnificados.
La acumulación de frustraciones y la rabia ante las promesas incumplidas de la Concertación y ahora de la derecha, conducirá a la necesaria organización y a la lucha popular. La protesta social amenaza convertirse pronto en una tormenta. Ni el toque de queda ni los militares en la calle podrán contenerla. En ese sentido, mal hacen aquellos sectores de Izquierda que demoran la construcción de una alternativa popular y democrática independiente. Navegar en la estela de la Concertación, desvencijada y aportillada nave política, resulta suicida en las condiciones de tempestad social que se acumula en el horizonte.
