El Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad de los artículos de la Ley Marco de Autonomías en base a los cuales fueron suspendidos de sus funciones Alcaldes, parlamentarios y gobernadores, casi totalmente de la oposición. Con este fallo las autoridades suspendidas se preparan a reasumir su cargo como ya hizo el burgomaestre potosino Joaquino. La lucha ante la corrupción y los feudos locales de poder político de la oposición debe ahora salir del ámbito judicial y volver a las calles, a la militancia activa y de base.
La oposición ha saludado el fallo del Tribunal Constitucional como el fin de los abusos del gobierno en su uso político de la justicia. Ante esta hipócrita defensa de la democracia conviene hacer un poco de memoria. La suspensión temporal de autoridades electas sobre las cuales gravasen procesos o denuncias formales, fue introducida en la Ley de Municipalidades aprobada en 1999 por una megacoalición de partidos (ADN, MIR, NFR, UCS, PDC, CONDEPA, FRI, FSB y KND) que sostenían el gobierno de Banzer. Por ejemplo, el ex alcalde de Sucre Jaime Barrón, fue suspendido en base al artículo 48 de la Ley de Municipalidades y no por la Ley Macro de Autonomías, aprobadas meses después por la mayoría parlamentaria del MAS.
Para los “demócratas” de la oposición era justo entonces expulsar del parlamento a un diputado cocalero (elegido con el 70% de los votos) porque denunciaba las masacres cometidas contra campesinos del Chapare, mientras sería antidemocrático suspender autoridades involucradas en hechos de corrupción, abusos de poder y violación de derechos humanos. Vale además recordar que el fallo del TCP determina que la suspensión de autoridades electas es inconstitucional hasta sentencia definitiva, pero no absuelve a nadie de los suspendidos.
Los trabajadores y el pueblo no tienen ninguna razón para sumarse a este hipócrita coro de júbilo de la derecha. La democracia del fallo del TCP es la misma que en otras resoluciones de este órgano judicial que ratifica la penalización de protestas sociales, los abusos patronales, la concentración y la acumulación de tierras etc. Más por el contrario este fallo debe ser ocasión para replantear la necesidad de construir oposición social a la derecha, su poderío económico entrelazado con la corrupción y sus potentados políticos locales.
De hecho el fallo del TCP debe ser visto en el marco de una coyuntura general e interpretado junto a las leyes que, bajo el argumento de apoyar la producción, estabilizan el latifundio, provocando conflictos en la frontera agrícola de la soya entre los departamentos de Santa Cruz y Beni, o el anteproyecto de Ley de Inversiones que ya obtuvo un visto bueno de la Confederación de Empresarios Privados. Los trabajadores, los campesinos, el pueblo pobre en su conjunto y el mismo proceso no avanzan con estos intentos de normalización de las relaciones políticas y sociales. Al contrario, avanzan los conflictos entre las bases, la desafección y la pasividad que, como nuevamente han demostrado las elecciones del Beni, son el mejor aliado de la derecha y de la quinta columna derechista infiltrada en el propio MAS.
El haber delegado a los órganos judiciales batallas que son políticas y sociales ha dejado totalmente desprevenida a la militancia del proceso. Esto ha quedado en claro en modo particular en el primer caso de autoridad que reasuma su cargo tras el fallo del TCP, el Alcalde de Potosí René Joaquino. Mientras los concejales del MAS tartamudeaban sobre la necesidad de consultar al TCP para avalar “jurídicamente” el retorno de Joaquino, el mismo era llevado a hombros hacia su despacho, poniendo por lo menos temporalmente fin a una grave crisis institucional en la Alcaldía de Potosí y compactando las filas de su partido (el AS) que estaba muy dividido. Así se pone fin también a los intentos de desplazar el AS, partido mayoritario en la Villa Imperial y posible referente a futuro de un frente de las oposiciones en esta ciudad capital, cooptando a sus representantes.
En Potosí, como en todas las demás ciudades y departamentos donde autoridades antes suspendidas volverían a asumir su cargo, no queda otra que volver a la batalla política en las organizaciones sociales y sindicales, algo a lo que mucha militancia (o supuesta tal) se ha desacostumbrado. Para ello no se necesitan oportunistas y llunkus que funjan de “operadores” para copar espacios y vaciarlos con maniobras burocráticas, sino militantes que sepan intervenir en las organizaciones sociales, expresar las intimas exigencias de las masas vinculándolas a la lucha por las transformaciones sociales. Y un partido que sepa reflejar este trabajo, abierto y permeable a las críticas de las bases, donde aquellos contra los cuales combatimos no sean recibidos con honores porque, supuestamente, permiten atajos hacia el poder.
