Desde la Corriente Marxista Internacional apoyamos la nacionalización de la Transportadora de Electricidad decretada en ocasión del Día Internacional de los Trabajadores por el presidente Evo Morales. Las nacionalizaciones son la mejor respuesta a los conflictos sociales que vive el país y marcan la diferencia entre el gobierno de Evo Morales y los neoliberales. Convocamos a la clase trabajadora, nacional e internacional, a defenderlas luchando para completarlas y ponerlas al servicio de la construcción de una sociedad con igualdad y justicia social: el socialismo.
Reacciones a la nacionalización
La Transportadora de Electricidad S.A. (TDE) fue adquirida en 2002 por la sociedad española Red Eléctrica Internacional SAU, participada al 20% por el Estado español. La empresa controla el 73% de las líneas que transportan la energía eléctrica de las centrales hasta las sociedades de distribución y atiende el 85% de la demanda. Tras la nacionalización de las centrales Guarachi, Valle Hermoso y Corani en 2010 y la nacionalización de la Transportadora de Electricidad S.A. de ayer, el Estado boliviano se convierte en el principal productor y transportador de energía eléctrica en el país.
La prensa y los gremios empresariales del Estado español han reaccionado a la nacionalización de TDE de manera histérica y arrogante. Un artículo de El País considera que la falta de inversiones con que Evo Morales ha justificado la nacionalización sería una “coletilla retórica” a una “expoliación”. Desde las columnas del periódico español El Mundo, el vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, tachaba de “impresentable” la nacionalización y animaba el gobierno español a tomar medidas drásticas para defender inversiones españolas que habrían “arreglado problemas económicos” de Bolivia.
Como nos “arreglaron los problemas”
TDE fue privatizada, como todas nuestras empresas y recursos, a precio de gallina muerta (39 millones de dólares) y con la falsa promesa de que la inyección de capitales extranjeros habría de mejorar nuestras capacidades productivas y ampliar la cobertura de servicios básicos. Para entender lo que representó realmente la privatización del sector energético y cómo las inversiones, en este caso de empresarios españoles, nos habrían “mejorado” la vida, es necesario citar algunos datos.
Cuando en 2002 la Red Eléctrica Internacional SAU adquirió la Transportadora de Electricidad S.A., esta empresa tenía 620,5 kilómetros de línea a baja tensión, apta para el consumo final, y 1.572 kilómetros de línea a altísima tensión. En 2010 en cambio las líneas de altísima tensión controladas por TDE había crecido hasta 2.023,35 kilómetros y la línea de baja tensión para el consumo final se habían reducido a 241,60 kilómetros. La longitud total de las líneas eléctricas controladas por la empresa ha crecido en 10 años en sólo 72 kilómetros.
La estrategia de la empresa ha sido la de concentrarse exclusivamente en la transmisión, potenciando las líneas de alta tensión hacia los departamentos de mayor consumo, donde la electricidad es comprada por cooperativas o sociedades distribuidoras. Así, para llevar energía eléctrica a 25 mil familias bolivianas en el Beni, el gobierno ha tenido que construir una línea de transmisión de 370 kilómetros entre Caranavi y Trinidad. Mientras el 13% de los hogares bolivianos, particularmente en el área rural, siguen sin energía eléctrica (Fuente: INE), la empresa maximizaba sus ganancias, llevándose fuera del país utilidades por 38 millones de dólares y con mínimas o nulas inversiones. Así nos arreglan nuestros problemas económicos.
Trabajadores bolivianos y españoles
Frente a las beligerantes declaraciones del gobierno español contra la nacionalización de Repsol YPF en la Argentina, el diputado de Izquierda Unida Alberto Garzón dijo muy correctamente que “esta no es la guerra de los trabajadores españoles”. La guerra del reaccionario gobierno español contra el derecho de Bolivia o Argentina a ser autosuficientes energéticamente y permitir que todos nuestros hogares cuenten con los servicios básicos, no es la guerra de los trabajadores españoles. Pero la guerra en defensa de estas nacionalizaciones es la guerra que une a la clase trabajadora de España, Bolivia y Argentina.
Compañero trabajador español: la única forma para evitar que el Estado Español de banqueros y empresarios carguen sobre tus hombros los efectos de las nacionalizaciones en Bolivia y Argentina, así como cargan sobre los hombros de toda la clase trabajadora mundial los efectos de una crisis que no quisimos ni provocamos, es luchar a tu vez por la nacionalización de bancos y empresas de España, que explotan tu trabajo y consideran los derechos tuyos y los nuestros una “coletilla retórica”.
Indemnizaciones vs. control obrero
El ministro de economía del gobierno español, Luis de Guindos, se ha declarado seguro que el gobierno boliviano indemnizará con un precio justo a la Red Eléctrica Internacional SAU. Por todo lo anteriormente dicho consideramos que no debe haber ninguna indemnización. Lo de indemnizar a las multinacionales debía ser una manera de implementar las nacionalizaciones sin aislar a Bolivia en el contexto internacional y mantener un clima de seguridad jurídica para los inversionistas. Inevitablemente se ha convertido sólo en una forma para distraer importantes recursos de la satisfacción de demandas sociales, como el salario, hacia la compensación de abusivos especuladores.
Los tribunales internacionales, como el de La Haya, donde Bolivia ha sido citada en juicio por indemnizaciones, han fallado siempre a favor de las multinacionales. Es el caso escandaloso de ENTEL, TRANSREDES y de la Empresa Guarachi S.A., la principal generadora de energía eléctrica en Bolivia. La multinacional británica RURELEC, que era propietaria del 50% de Guarachi, exige ahora una indemnización de 142 millones de dólares, tras haber dejado a Guarachi con deudas por 240 millones de dólares, un monto que equivale al 71% de todo el patrimonio de la empresa. Los tribunales internacionales siempre fallarán a favor del “sagrado derecho a la ganancia”. El solo hecho de nacionalizar, comprando o expropiando, aleja a los inversionistas extranjeros. La plata de las indemnizaciones debe gastarse en salario, vivienda, salud y educación, además del fortalecimiento de las empresas nacionalizadas.
En 2011 la empresa Guarachi sufrió un daño a una turbina generadora de electricidad, que causó una serie de apagones en el país, particularmente en el eje troncal. La causa de este accidente no fue solo porque las multinacionales antes propietarias no habían invertido en renovar la maquinaria, sino porque un pico no planificado en la demanda de energía afectó a la empresa –la principal generadora de electricidad estatal– sin que las empresas privadas que todavía generan un 30% de la energía del país pudiesen atenderlo. Y porque los trabajadores de Guarachi, que son los directamente involucrados en el conocimiento de la empresa, no tienen ningún poder de control y participación en la dirección de la misma. Este ejemplo por sí solo explica la necesidad de completar las nacionalizaciones y ponerlas bajo control obrero.
La clase obrera y las nacionalizaciones
Los representantes de la clase trabajadora boliviana han saludado y apoyado públicamente la nacionalización de Transportadora de Electricidad S.A. Así lo expresaron el ejecutivo de la COB Trujillo y el representante de los trabajadores de YPFB Mario Loza. Sin embargo la nacionalización decretada ayer no ha aplacado la ola de protestas de los trabajadores bolivianos, movilizados en rechazo al aumento salarial ofrecido por el gobierno y el decreto que repone las 8 horas en el sector salud.
El apoyo a medidas como la nacionalización no es un momento distinto al de la lucha de la clase trabajadora por sus reivindicaciones, sino que en la lucha por su reivindicaciones la clase obrera debe apoyar activamente a las nacionalizaciones y en el apoyo a las nacionalizaciones los trabajadores debemos hallar el camino para “conducir por un sendero verdaderamente revolucionario” el proceso y empujarlo hacia adelante, como plantea el documento político del último congreso de la COB.
Sin hacer esto se cae fácilmente en la adaptación oportunista al gobierno siendo incapaces de señalar realmente sus errores, o en el estéril izquierdismo sindical. Y no se educa a los trabajadores de base en su verdadero papel en el proceso y la sociedad. Frente a la nacionalización de Transportadora de Electricidad S.A., los trabajadores deben exigir que se completen las nacionalizaciones y que se implemente el control de obreros y campesinos en la producción y la planificación de nuestra economía.
Este es también el camino más certero para el gobierno para apagar la ola de protestas en el país. Decir en cambio que con irresponsables pretensiones salariales los trabajadores están queriendo acaparar dinero destinado a inversiones sociales y productivas para ponerlos en contra del resto de la población, sirve en las actuales condiciones sólo para defender las espectaculares ganancias que bancos privados, empresas nacionales y multinacionales están recibiendo en la forma de indemnizaciones, intereses sobre la deuda, especulación y contrabando, y permite a ellos hacerse con la cuota más grande de riqueza en el país. Y provoca peligrosas escisiones en el movimiento de masas, que es y sigue siendo el verdadero motor del proceso y la única fuerza del gobierno, incluso para enfrentar las reacciones internacionales a nuestras nacionalizaciones.
