La oligarquía juega al desgaste del gobierno de Morales y a desmoralizar a sus bases. De esta manera preparan las condiciones para nuevas ofensivas. A medio plazo, está planteada la posibilidad de un golpe militar si consiguen escindir el ejército para su causa; y como alternativa juegan también la carta secesionista, declarando la independencia del resto de Bolivia de los departamentos que controlan. Bolivia enfrenta momentos decisivos. La reacción está utilizando todas las armas a su alcance para doblegar al gobierno de Morales.
La oligarquía estaba derrotada y desmoralizada tras el levantamiento revolucionario de mayo-junio del 2005 y la victoria del MAS en las elecciones presidenciales a fines de ese año. Pero tras la disposición del gobierno de Morales a no traspasar los límites del capitalismo, la oligarquía pasó a la ofensiva. No temía tanto al gobierno del MAS como a las masas obreras y campesinas que estaban detrás suyo.
Cada mano tendida de Morales fue mordida por la oligarquía, lo que le permitió recomponer su base social de apoyo y extenderla a la pequeña burguesía y sectores políticamente atrasados de las masas en las zonas que controlan.
Desde la celebración de las elecciones a la Asamblea Constituyente (AC), hace año y medio, el gobierno de Morales no ha dejado de ceder a las presiones de la oligarquía. Aceptaron que cada artículo de la futura constitución fuera aprobado con, al menos, dos tercios de la Asamblea, lo que permitió a la oposición de derecha bloquear la discusión negándose a votar nada.
Aceptaron trasladar las sesiones de la AC a Sucre, lejos del alcance de La Paz y El Alto, el corazón de la revolución boliviana. La oligarquía aprovechó esta circunstancia para promover un conflicto político sobre la capitalidad del país. Pretendieron que Sucre, recuperara después de más de 100 años, la sede del parlamento y del gobierno. Utilizaron las bandas reaccionarias para sitiar la AC, en el transcurso de lo cual, dos manifestantes pro oligárquicos resultaron muertos por pistoleros desconocidos. La oligarquía necesitaba mártires para seguir enloqueciendo a su base social y culpar de ello a la policía y al gobierno de Morales.
Ante la amenaza de linchamiento, los diputados del MAS tuvieron que retirarse de Sucre y sesionar separadamente ante el boicot de la derecha. Aprobaron un proyecto de Constitución que la oposición oligárquica no reconoce, pese a que garantiza la propiedad privada y la declaración de autonomía para los departamentos, una demanda de la oligarquía con la que pretende asegurar su control sobre el petróleo y el gas en sus zonas para la libre disponibilidad de las multinacionales.
Declararon la guerra al decreto del gobierno que otorgaba un subsidio de 25 dólares mensual a los mayores de 60 años, financiado con los ingresos petroleros de cada departamento. La oligarquía denunció esto como un saqueo a sus arcas departamentales, y se niega a cumplimentar el decreto allá donde tienen el control.
Lanzaron varios paros regionales, a fines de agosto, en noviembre y diciembre, con marchas multitudinarias y huelgas de hambre.
Sin embargo, el gobierno de Morales insiste con llamar a la calma y la reconciliación, lo que extiende el desánimo en sus bases.
La oligarquía juega al desgaste del gobierno de Morales y a desmoralizar a sus bases. De esta manera preparan las condiciones para nuevas ofensivas. A medio plazo, está planteada la posibilidad de un golpe militar si consiguen escindir el ejército para su causa; y como alternativa juegan también la carta secesionista, declarando la independencia del resto de Bolivia de los departamentos que controlan.
Como afirman los compañeros de la Corriente El Militante de Bolivia (Ver: Bolivia: Hay que defender y profundizar la revolución): Esto es el resultado de dos años de errores y vacilaciones del gobierno del MAS hacia las transnacionales, el imperialismo, la oligarquía y una derecha que parecía callada y barrida con las elecciones del 2005. Esto es el efecto de haber abandonado las Tesis de Pulacayo, la enseñanza y el análisis de Marcelo Quiroga Santa Cruz y los demás grandes revolucionarios de la historia del país.
¿Qué hacer en esta situación? La alternativa es movilizar extensamente a las masas obreras y campesinas, no sólo con arengas sino también con medidas efectivas para romper el dominio económico de burguesía proimperialista. Como explican los compañeros bolivianos:
Contra la arremetida, el saboteo económico y político de la derecha el gobierno debe pasar a una contra ofensiva a todo campo apoyándose en la movilización de las masas: en primer lugar no volviendo a la concertación; derogando todos las leyes origen de la década de neoliberalismo desenfrenado que nos redujo a la miseria, nacionalizando los bancos, las empresas y las haciendas que están en la primera fila de la guerra económica de la derecha; centralizando los recursos económicos para promover planes de obras públicas que generen trabajo estable y desarrollo infraestructural.
Por otra parte llamamos la COB, las organizaciones fabriles, a la vanguardia minera, a las organizaciones sociales y a los mismos activistas del MAS a no quedarse con los brazos cruzados:
conformar brigadas de autodefensa frente a la inminente posibilidad de un actuar contrarrevolucionario;
convocar y preparar una huelga general nacional con marchas en todo el país para defender, reorientar y profundizar el rumbo del proceso revolucionario.
Un paro que sea:
contra la oligarquía, la derecha, el imperialismo y su saboteo, en defensa del proceso revolucionario;
por la derogatoria de todo los decretos fuentes de la política neoliberal y de desigualdad entre los trabajadores;
por una nueva seguridad social fundada en una ley de jubilación solidaria y en el seguro sanitario universal;
por la nacionalización total de nuestros recursos naturales bajo el control de los trabajadores mismos;
por la nacionalización de las grandes empresas de alimentos, de los latifundios y de los bancos, comenzando por aquellas que están protagonizando el saboteo y la guerra económica;
por la devolución al pueblo del proceso constituyente a través de las Asambleas Populares y Originarias.
