Las presiones internacionales y multinacionales se combaten con una política de masas como en Colquiri
Editorial del periódico El Militante 16 – Bolivia
Mientras cerramos esta edición de El Militante, la cancillería de Brasil acaba de reconocer el asilo político al senador de oposición Roger Pinto. Se trata de un duro golpe que viene, esta vez, no de una “conspiración” interna sino de un gobierno considerado “amigo”. Y que debe imponer una revisión total de las ilusiones de integración latinoamericana, desarrollo y continuidad del proceso sin una verdadera ruptura con los vínculos de un capitalismo cuya crisis llega a nuestro continente.
El asilo político se reconoce, en base a normas internacionales y del propio Brasil, a quienes sean perseguidos por delitos políticos y de opinión o en caso de violación de los derechos humanos. El senador Roger Pinto debe responder en Bolivia en 20 juicios por corrupción, desviación de fondos e incumplimiento de deberes que se remontan a su gestión como Prefecto de Pando. El gobierno brasilero ha dado crédito a la tesis de Roger Pinto de que estos procesos han sido armados en su contra por sus denuncias políticas de los vínculos entre funcionarios de gobierno y el narcotráfico y que estuviese en peligro su vida.
Mientras Bolivia peleaba en la OEA por la refundación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por el mar, la imagen del gobierno boliviano y de nuestro sistema judicial ha sido perjudicada en el exterior. La oposición canta victoria esperando que con esto se atenúe la presión judicial en su contra. No cabe duda que también en el MAS habrá quienes, desde una perspectiva moderada o porque involucrados ellos mismos en casos de corrupción, critiquen el “uso político de la justicia”, abogando por la concertación y el dialogo nacional.
En el anterior número de esta revista explicábamos cómo Bolivia ha importado la crisis mundial del capitalismo de la frontera con Brasil, por los vínculos y la dependencia que atan nuestra economía a la brasilera. El “caso Pinto” es una manifestación política de aquello.
El milagro económico brasilero se basa en una enorme riqueza en materias primas, un fuerte endeudamiento público y privado y sobre todo el papel del Estado en la atracción de inversiones extranjeras que juegan un papel dominante en la economía brasilera. En este marco es de vital importancia el apoyo del gobierno boliviano en mantener los flujos de gas que abastecen entre el 35 y el 40 por ciento del mercado brasilero y en garantizar los grandes proyectos infraestructurales que permitan a la economía brasilera el acceso a las corrientes de comercio del Océano Pacifico. Sobre todo ahora, cuando la producción industrial brasilera manifiesta índices de estancamiento.
El senador Roger Pinto ha dado la oportunidad al gobierno de Brasil de ejercer una presión diplomática contra decisiones del gobierno boliviano que afectaban a sus intereses: la rescisión del contrato con OAS, los tímidos intentos de industrialización del gas en Bolivia, el involucramiento de empresas brasileras en casos de corrupción (PAPELBOL).
En primer lugar esto demuestra que cualquier intento de integración latinoamericana sin romper los vínculos con el capitalismo mundial, es en vano. Quienes creyeron en aquello, deben ahora enfrentar la dura realidad de un capitalismo mundial en crisis que agudiza las contradicciones nacionales.
Esta no es ni será la única presión a la que la crisis someterá al gobierno en el próximo periodo. El fracaso de los intentos de industrialización de nuestros recursos en asociación con las multinacionales, demuestra lo que desde la columna de esta revista hemos siempre sostenido. En un contexto mundial de crisis las multinacionales no llegan a someterse a las reglas del gobierno boliviano, sino a dictar su regla del lucro. Los casos de JINDAL (el Mutún), de Karachipampa y el mismo gasolinazo, son pruebas de sobra. Las multinacionales ahora no están interesadas en la industrialización (menos que nunca en un país que ofrece pocas oportunidades de mercado como Bolivia), sino en el control de las materias primas esenciales a cualquier hipotética recuperación económica mundial.
Cuando defendimos la necesidad de completar la nacionalización de todos los recursos, expulsando las multinacionales, nuestras argumentaciones eran recibidas con suficiencia por parte de varios dirigentes y militantes de organizaciones sociales y el MAS, que las consideraban casi un ejercicio de radicalismo verbal sin programa, frente al “socialismo practico” implementado por el gobierno. Desde el gasolinazo en adelante se va demostrando que en realidad los verdaderos dogmaticos son quienes, prescindiendo de perspectivas reales, persiguen la utopía reformista de convertir a las multinacionales en socios o aliados: como intentar convertir al tigre en vegetariano.
El gobierno tiene una sola posibilidad de salir victoriosamente del conjunto de las presiones internacionales y de las multinacionales: el apoyo resuelto de las masas de trabajadores y campesinos que son el motor de la revolución. Los sondeos de opinión, que citamos en otras páginas de esta revista, demuestran que, a pesar de los conflictos, la revolución mantiene un margen todavía relativamente mayoritario de apoyo en la población. Sin embargo esto no puede hacernos descuidar las múltiples señales de alarma de estos meses.
Antes de la última oleada conflictiva hubo dos comicios que han arrojado datos preocupantes. El nivel de abstencionismo tanto en las elecciones judiciales como en los comicios en Sucre y Quillacollo, no tiene precedentes en la historia del proceso ni en la misma época neoliberal. Aun validando la tesis que reduce cualquier conflicto social a una “conspiración”, la misma secuencia temporal de los hechos demuestra que todas las evidentes maniobras de la derecha para capitalizar políticamente los conflictos sociales, pueden prosperar solo sobre la base de esta decepción y desafección, que son el verdadero peligro en acecho.
Una estrategia con base de masas de la derecha solo es posible si la izquierda y el gobierno abandonan este terreno. En el conflicto en salud, por ejemplo, el gobierno ha polarizado la atención alrededor de algunos dirigentes médicos, entregándoles así la dirección de un movimiento en que las bases de enfermeras y auxiliares declaraban su disponibilidad a las 8 horas a cambio de la inclusión en la Ley General del Trabajo. Como analizamos al interior de la revista, este es el resultado de una concepción que relega a la clase trabajadora a un papel auxiliar del proceso. Una concepción funcional a intereses de burócratas, corruptos y oportunistas que allana el camino al fracaso.
Las Cumbres concebidas como desfiles de dirigentes afines al oficialismo y sectores sociales, como los empresarios con su agenda antipopular, no sirven. Las “estrategias de poder” cooptando, comprando y tumbando a dirigentes para colocar banderines en el mapa de los movimientos sociales, solo educan al oportunismo y no resuelven el problema real de la adhesión de las masas al proceso. Peor aún cuando se sigue agitando el espectro de la derecha mientras se reciben a brazos abiertos a tránsfugas políticos de MNR, ADN, UJC, ofreciendo a asesores militares y jefes de inteligencia del banzerismo puestos claves en el aparato estatal.
Una lección verdadera de política de masas viene de Colquiri. En este centro minero los pobladores, frente a retrocesos del sindicato de trabajadores de Sinchi Wayra sobre el tema de la nacionalización, no encontraron otra alternativa que la toma violenta de la mina a través de una cooperativa. En un cabildo abierto, los trabajadores asalariados y la aplastante mayoría de los mil cooperativistas, junto al pueblo de Colquiri, acordaron exigir la nacionalización de la mina con la incorporación en su nomina de aquel 75% de los cooperativistas que apoyaron esta medida.
Se trata de la demostración evidente de que ni la retorica revolucionaria y antiimperialista ni los servicios de inteligencia pueden sustituir una política de masa basada en consignas en que se reconozcan los diferentes sectores y que permitan realmente avanzar. Y que es posible y necesario apoyarse en los verdaderos intereses de las bases movilizadas para hacer frente incluso al oportunismo de algunos dirigentes.
Pero incluso en un tema ya resuelto entre las bases, el gobierno media entre los trabajadores que marchan a La Paz exigiendo la nacionalización
de Colquiri y el convidado de piedra que está presente en cualquier conflicto. Este convidado de piedra que son las multinacionales y su codicia de incentivos y lucros que desvían recursos de la atención de las demandas sociales y el desarrollo; los bancos que siguen especulando con la inflación y frenando el desarrollo con tasas de interés usureras; los latifundistas que condicionan las políticas de soberanía alimentaria y apelan por una ampliación de la frontera agrícola en desmedro de la productividad, etc. Esta presencia inoportuna, exigente y no deseada es la “madre” de todos los problemas.
Colquiri evidencia también las características de la fase. Las oscilaciones del gobierno entre un gasolinazo y una nacionalización continuarán: el proceso sigue abierto. Sus variables no son solo los planes del gobierno, de las multinacionales, el contexto económico y político internacional o las presiones de una burocracia concentrada en la defensa de un poder que es fuente de toda corrupción. El factor realmente determinante será la capacidad de los trabajadores de ponerse al frente de este proceso para conducirlo al socialismo.
Para ello, como enseña el caso Colquiri, es necesario que los trabajadores sepan ofrecer una perspectiva real de superación de las contradicciones, utilizando las posiciones conquistadas, como en las empresas estatales o nacionalizadas, para profundizar el ataque al capitalismo y por el control obrero. Organizando y organizándose desde las bases con la vanguardia de los diferentes sectores para defender una correcta lectura de la coyuntura –lejos del oportunismo y del sectarismo– y las estrategias necesarias para avanzar.
