El final del año 2011 está siendo una carrera al sprint para discutir y aprobar en el Parlamento toda una serie de proyectos de ley elaborados por el gobierno y la bancada oficialista. La mayoría de ellos se encontraban demorados desde hace meses porque el gobierno no tenía garantizada una mayoría para su aprobación, antes de las elecciones del 23 de octubre.
De los proyectos tratados queremos destacar los siguientes: Papel Prensa, Ley de Tierras, Estatuto del Peón Rural, y el nuevo proyecto de Ley Antiterrorista, que modifica la aprobada en 2007.
Todos estos proyectos de ley ya fueron aprobados en la cámara de diputados y esta semana se prevé que se aprueben todos, o casi todos, en el Senado.
Proyecto de ley sobre Papel Prensa y Estatuto del Peón Rural: dos pasos adelante
En primer lugar, queremos saludar y dar nuestro completo apoyo a la aprobación del proyecto de ley que arrebata el control del papel prensa a las empresas de los grupos monopólicos Clarín y La Nación. La ley pasa a considerar de “interés público” la producción y comercialización del papel para diarios y revistas. Da prioridad al abastecimiento del mercado interno y capacita al Estado para que ingrese al capital accionario de la empresa.
Esta ley tiene gran importancia política. Los grupos Clarín y La Nación, los principales voceros de la reacción en Argentina, están acusados de comprar esta empresa a muy bajo precio, después del golpe militar de marzo de 1976, tras haber forzado a sus expropietarios, la familia Graiver, con amenazas.
Al ser la empresa Papel Prensa un monopolio, Clarín y La Nación eran hasta el presente los dueños y señores de este insumo básico, imponían precios abusivos y lo distribuían discrecional y arbitrariamente según sus intereses de negocio o lineamientos políticos. Es, por lo tanto, una broma de verdadero mal gusto que estas damas y caballeros acusen ahora al gobierno de amenazar la libertad de prensa con la medida aprobada por la Cámara de Diputados.
El paso que debe darse ahora – y es la pelea que deben impulsar las organizaciones de base del kirchnerismo y afines, la CGT, la CTA y el conjunto de organizaciones populares y de izquierda, es que el Estado decrete la expropiación sin pago de la empresa Papel Prensa y que sea estatizada bajo el control de sus trabajadores.
Rechazamos cualquier participación de empresas privadas de medios en la nueva Papel Prensa, ya que el interés privado capitalista choca directamente con el interés público de la producción, distribución y comercialización del papel para diarios y demás medios gráficos.
Una empresa pública abastecería el insumo de papel prensa a precios baratos y lo haría accesible, no sólo a los grandes medios privados, sino precisamente a los periódicos y revistas de las organizaciones obreras y populares que verían abaratarse sus costos de producción y de difusión.
Es lamentable, aunque esperable, el papel de furgones de cola de la burguesía jugado por el Frente Amplio Progresista (FAP) de Binner en la Cámara de Diputados, al votar con la derecha una parte de sus diputados para oponerse a este proyecto de ley.
Tampoco es aceptable que los diputados de Proyecto Sur y los 5 diputados de la CTA que integran el FAP de Binner, entre ellos Víctor de Gennaro y Claudio Lozano, se abstuvieran, negándose a apoyar explícitamente una ley de indudable cariz progresista, por su miedo vergonzante de aparecer votando junto al oficialismo, manteniendo así el antikirchnerismo como el eje de su política.
Igualmente, damos apoyo al nuevo Estatuto del Peón Rural, aprobado en primera instancia en la cámara de diputados, y que viene a derogar el anterior Estatuto que data de la última dictadura militar.
El avance en los derechos de los trabajadores rurales es innegable, y destacan los siguientes:
– Las remuneraciones mínimas no podrán ser menores al salario mínimo vital y móvil, y fija períodos y lugares de pago.
– Prohibición del pago en moneda distinta a la de curso legal;
– Bonificación por antigüedad;
– Prohibición de deducción del salario del valor de mercaderías provistas por el establecimiento
– Prohibición de que la jornada de trabajo exceda las ocho horas diarias y las 44 semanales (de lunes a sábado hasta las 13).
– Reconocimiento de horas extras y descanso semanal;
– Se fijan condiciones adecuadas de higiene y seguridad; la provisión de ropa de trabajo por parte del empleador y el otorgamiento de licencias de la ley de Contrato de Trabajo y licencias especiales.
– La propuesta también incluye la prohibición del trabajo de menores de 16 años bajo cualquier modalidad; la regulación del trabajo adolescente y las condiciones de vivienda digna.
– Además, los empresarios deberán garantizar una alimentación de los trabajadores rurales “sana, suficiente, adecuada y variada, según el área geográfica y la actividad que desarrollen” y tendrán asimismo que “suministrar agua apta para consumo humano, en cantidad y calidad suficiente; y proveer el traslado de los trabajadores contratados desde su alojamiento hasta el establecimiento”, entre otros derechos reconocidos.
Uno de los puntos que más polémicas causó fue la disolución del RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Rurales) que es un ente autárquico no estatal gestionado por el sindicato UATRE y las patronales rurales, y financiado por estas últimas, al que aportan $ 800 millones anuales. Es el organismo encargado de llevar el registro de los trabajadores y empresarios rurales y, supuestamente, fiscalizar el cumplimiento de las leyes vigentes que afectan a los obreros del campo. Será sustituido por el RENATEA (Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios) que tendrá las mismas atribuciones del RENATRE, pero sin la participación de la UATRE ni de las patronales rurales y que será dependiente del Ministerio de Trabajo de la Nación.
El actual Presidente del Directorio del RENATRE es Alfonso Máculus, dirigente de la patronal reaccionaria Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). El RENATRE es, por lo tanto, un órgano de conciliación de clases; que en la práctica, y agravado por el carácter burocrático y propatronal de la dirección de la UATRE, viene a sancionar la política que mejor conviene a la patronal en el sector rural, y que se caracteriza por un nivel de informalidad laboral (70%, según el Ministerio de Trabajo) que duplica los registros de los demás sectores laborales. La realidad es que el RENATRE no denunció ni descubrió ninguno de los casos de “trabajo esclavo” aparecidos en los últimos tiempos, ni dio ningún paso efectivo para reducir significativamente el empleo en negro del sector rural.
Hay que hacer notar que los dos diputados de la CGT, Facundo Moyano y Omar Plaini, se abstuvieron con la excusa de que con la disolución del RENATRE atacaba atribuciones del sindicato, UATRE. El tercer diputado de la CGT, Héctor Recalde, autor de la mayor parte del proyecto estuvo ausente por enfermedad. Esta posición podría haber tenido un sentido, como ser la reivindicación de la continuidad del RENATRE, si hubieran rechazado la participación patronal en ese órgano, pero no lo hicieron.
En el fondo, ninguna ley por muy justa que sea puede avanzar realmente en solucionar los problemas de los trabajadores por sí misma. Es necesaria la organización sindical de los trabajadores, el control y la lucha obrera que exija el cumplimiento íntegro de las leyes laborales y que pelee contra el empleo en negro. Por lo tanto, la sanción del nuevo Estatuto del Peón Rural debe servir de acicate para extender la organización gremial de los trabajadores rurales y organizar corrientes antiburocráticas en el UATRE en cada lugar de trabajo para que puedan proponerse a futuro como una alternativa de dirección sindical a las actuales direcciones corruptas y propatronales, como la representada por Gerónimo “Momo” Venegas.
La media sanción de la Ley de Tierras
Otro de los proyectos que recibió la media sanción en Diputados fue la llamada Ley de Tierras que, sobre el papel, limita la posesión de la misma en manos extranjeras. El único cambio significativo en la tramitación de esta ley fue que se redujo el porcentaje de posesión de la tierra permitido a propietarios extranjeros, a nivel nacional, que pasaría del 20% de la propiedad del territorio nacional, contemplado en el proyecto original, al 15% finalmente aprobado en la Cámara de Diputados.
Como ya explicamos en nuestro artículo Proyecto de Ley de Tierras: Una oportunidad para discutir la propiedad y la utilización de un recurso fundamental, damos apoyo crítico a este proyecto de ley que limita la extranjerización de la tierra y el ingreso de capitales especulativos que saqueen este recurso básico, pero creemos que se pudo avanzar muchísimo más para que pudiera representar un cambio fundamental.
Aunque el proyecto limita a 1.000 hectáreas la superficie máxima en nombre de un propietario extranjero, esto no tiene carácter retroactivo, de manera que grandes propietarios como Benetton, Lewis, y otros mantendrán la posesión de decenas y cientos de miles de hectáreas. Por otro lado, no ataca el latifundismo porque los grandes propietarios nacionales mantendrán su monopolio de la posesión de la tierra y de la producción agropecuaria, imponiendo precios, cultivos y alteraciones graves medioambientales; a expensas de los intereses del pueblo trabajador que somos la inmensa mayoría.
Como dice este proyecto de ley, estamos a favor de limitar a 1.000 hectáreas la posesión máxima de tierra pero para todos los propietarios, sean nacionales o extranjeros, y que las superficies por encima de esa cifra sean expropiadas, sin indemnización salvo en casos de necesidad comprobada. De esta manera, podría organizarse una gran producción estatal agropecuaria planificada, bajo el control y con la participación de los trabajadores rurales y sus organizaciones, y las cooperativas de pequeños campesinos, que atienda las verdaderas necesidades sociales, alimenticias y productivas de la sociedad.
Nueva Ley Antiterrorista: Un paso atrás
Aparte de algunos cambios que endurecen la penalización de la evasión fiscal y del lavado de dinero, que apoyamos, el otro proyecto de ley significativo aprobado por la Cámara de Diputados, es el que introduce cambios en la anterior Ley Antiterrorista cuya redacción original ya fue aprobada por el Congreso en el gobierno de Néstor Kirchner a comienzos del 2007.
Hay que decir que estos cambios son el resultado de la presión y el chantaje intolerable de organismos imperialistas dependientes de los Estados Unidos, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que con la excusa de combatir el financiamiento “del terrorismo” impone cambios normativos en la inmensa mayoría de los países que violan la soberanía nacional con la amenaza y el chantaje, como el sufrido por Argentina, de negarle el acceso internacional a préstamos, financiamientos y actividades comerciales varias. Si estos cambios legislativos colman las expectativas del GAFI, Argentina recibiría un certificado de “país confiable” para recibir inversiones extranjeras.
Si bien el gobierno trató de resistirse a estas presiones, y durante ese tiempo sufrió amonestaciones y amenazas de represalias comerciales y financieras por parte del GAFI; lamentablemente, al final cedió a las mismas y acordó tramitar en el Congreso esta nueva Ley Antiterrorista que supone un endurecimiento reaccionario e intolerable en el código penal, que mañana podría ser usado contra los trabajadores y los movimientos sociales por gobiernos reaccionarios y antipopulares.
Concretamente, el proyecto duplicaría las penas para cualquier delito contenido en el Código Penal si es cometido por una organización o individuo con la finalidad de generar terror en la población o de “obligar a un gobierno nacional o extranjero a adoptar una decisión o abstenerse de tomarla”.
Pero, ¿no es acaso la finalidad de cualquier organización obrera y popular movilizar a sus bases para obligar a los patrones y a los gobiernos cambiar sus políticas y que acepten sus reclamos? ¿Qué es si no la lucha popular? ¿Y no es acaso verdad que los empresarios y gobiernos reaccionarios califican de “terrorismo” toda lucha de los oprimidos contra la explotación capitalista e imperialista? ¿no podrían decir que genera terror un simple “escrache” popular?
Es cierto que, en el trámite, el oficialismo incluyó algunas cláusulas de salvaguardia que aparentemente dejan al margen de la aplicación de la ley las acciones resultantes de los reclamos sociales: “quedan terminantemente excluidos de cualquier posible interpretación criminalizante, los hechos de protesta colectivos y, en el supuesto que pudieran transgredir la ley penal” pero constituyan el ejercicio de un derecho constitucional. Y circunscribe la competencia de estos delitos al marco federal, lo que impediría la implicación en los mismos de jueces provinciales, más venales y con vínculos más directos con el poder político local y los empresarios y multinacionales asentados en sus provincias.
Pero, igualmente, la interpretación de lo que representa terrorismo queda al arbitrio y a la interpretación personal de jueces, fiscales y gobiernos nacionales que podrían utilizarlo en determinadas circunstancias contra el reclamo social. No dudamos, por ejemplo, de la tentación que tendría un gobierno de la derecha, tipo Macri, de utilizar esta arma legal contra las organizaciones y los reclamos populares. Por eso rechazamos los cambios introducidos y lo consideramos reaccionario y un paso atrás.
Para enfrentar las pretensiones del GAFI, el gobierno debería haber aprovechado su participación en foros internacionales tan relevantes como el G20 o la ONU para denunciar estas presiones y generar, junto a los gobiernos latinoamericanos afines y de otros continentes, un movimiento internacional de repulsa, acompañándolo de movilizaciones populares. Esta era la manera de enfrentar y desacreditar públicamente estas presiones imperialistas, y no lamentarse y aceptarlo como una suerte de fatalismo.
Por otro lado, el oficialismo, para equilibrar, también introdujo cambios en sentido opuesto incorporando “delitos contra el orden económico y financiero”, citando expresamente la manipulación del mercado financiero, lo que provocó aullidos de furia en las bancadas de la derecha.
Hay que organizar a la base del movimiento
Además de lo anterior, nos seguimos posicionando a favor de que la bancada kirchnerista retome los proyectos presentados por diputados de la CGT hace más de un año a favor del reparto del 10% de las ganancias de las empresas de más de 300 trabajadores, y del proyecto de ley de las empresas tercerizadas que plantea el reconocimiento de los mismos derechos y condiciones a los trabajadores de las empresas tercerizadas que los trabajadores de la empresa matriz.
La experiencia parlamentaria de estas semanas confirma nuestra caracterización de la acción del gobierno que hicimos antes y después de las elecciones, en el sentido de que trata de conciliar los intereses de los trabajadores y sectores populares explotados, con los del enemigo de clase.
Mientras que debemos dar apoyo a todo aquellos que represente un paso adelante para los intereses populares, también debemos oponernos, al punto de llamar a movilizar cuando sea necesario, a cualquier reforma regresiva contra esos intereses, como es el caso de la nueva Ley Antiterrorista. Saludamos que sectores cercanos al kirchnerismo, como el Centro de Estudios Legales y Sociales, de Horacio Verbitsky, y otros, se hayan opuesto públicamente a estos cambios, pero se echó en falta que organizaciones obreras y populares principales, como la CGT y el sector de la CTA dirigido por Hugo Yasky, entre otras, también lo hicieran y llamaran a movilizar contra esta reforma.
Más allá de las coyunturas, es importante ir generando un polo de organizaciones y activistas populares de la base kirchnerista y de afuera de este movimiento, cada vez más extenso, que se plantee la tarea de agitar permanentemente por lo que se entiende “la profundización del modelo” y que llame al debate, a la organización y a la movilización para resistir los intentos que se den, dentro del gobierno y del oficialismo, de “transar” con el enemigo de clase y de ceder a sus presiones en aras de un supuesto “pragmatismo” y “realismo” que pueda frustrar las aspiraciones obreras y populares por la transformación social.
