Argentina: Los marxistas y el movimiento kirchnerista

Un balance de la ofensiva reaccionaria contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner

 La situación argentina ha captado desde hace meses la atención de la opinión pública latinoamericana e internacional por la seguidilla de acontecimientos acaecida en ese tiempo, y que los medios masivos de comunicación de la burguesía han tratado de utilizar para mostrar un país al borde del caos, a cuyo frente se encontraría un gobierno inoperante, perdiendo toda base social de apoyo.

Estos acontecimientos incluyeron cacerolazos de protesta de sectores reaccionarios de las capas medias, huelgas por salario de un sector de las fuerzas de seguridad, paros y movilizaciones sindicales, embargo de una fragata de guerra a requerimiento de los fondos buitres que reclaman el pago de una parte de la deuda externa en litigio, cortes sorpresivos de luz, saqueos de supermercados, etc. Y en el centro de todo ello, una dura batalla político-judicial del principal monopolio de medios privados de comunicación del país, el grupo Clarín, contra la llamada Ley de Medios. Esta ley, en los papeles, obliga a las grandes empresas del sector a desprenderse de una parte de sus inversiones en radio y TV para “desmonopolizar” el negocio audiovisual.

Esta situación de inestabilidad no es una novedad. Entre 2008 y 2010, durante el primer mandato presidencial de Cristina Kirchner, el país vivió una situación similar. Y, en rigor, aunque con acritud variable, ha sido una constante desde el inicio de la etapa kirchnerista, en mayo de 2003.

¿Cuál es la raíz de fondo de esto? Como expondremos con más detalle, lo que hay aquí es un intento de los sectores más relevantes de la clase dominante argentina, con la simpatía activa del imperialismo –particularmente del español y de otros países europeos con intereses económicos en el país– de desestabilizar al gobierno de Cristina Fernández y propiciar su caída. No es casual que el gobierno argentino comparta con los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Bolivia arremetidas reaccionarias de naturaleza similar. Y es porque en estos países ha sido donde las reformas progresistas, a favor de las masas trabajadoras y la independencia relativa de los gobiernos respecto a la burguesía nacional y al imperialismo, han llegado más lejos en el conjunto de América Latina.

Consideraciones previas sobre el kirchnerismo        

Para comprender la situación concreta que atraviesa Argentina, debemos partir de la caracterización política del kirchnerismo y de la identificación de su base social de apoyo.

Este movimiento político peculiar no cayó del cielo, hunde sus raíces en la historia argentina de los últimos 70 años, es una continuación directa del movimiento peronista e incorpora la impronta del último gran acontecimiento político de masas del país como fue el Argentinazo de  2001-2002, enriquecido con los desarrollos políticos y sociales de estos diez años.

El kirchnerismo es un movimiento político nacionalista con una base obrera y popular pero con una dirección no proletaria y un programa burgués al que denomina “capitalismo en serio” o “capitalismo nacional”. En rigor, lo que pretenden los dirigentes kirchneristas es, por un lado, desarrollar su acción de gobierno dentro de los marcos del sistema capitalista y regularlo, sostener su base de funcionamiento que es la propiedad de los grandes medios de producción en manos de los capitalistas y el acrecentamiento de sus ganancias. Y por el otro, atender los intereses de la clase social sobre la que se apoyan y cuya presión sienten permanentemente, a través del aparato sindical, en los barrios, en las agrupaciones de base y movimiento sociales, y en la acción directa en las calles.

Por ende, el kirchnerismo es un movimiento contradictorio en su raíz: se asienta predominantemente en clases sociales cuyos intereses son antagónicos a los intereses de la clase capitalista que la acción del gobierno trata de preservar.

A cada paso, la realidad desmiente los presupuestos ideológicos de la dirección kirchnerista. Aunque niegan la lucha de clases, cada intento de imponer un “capitalismo serio” y de aplicar reformas progresistas es resistido con uñas y dientes por los grandes empresarios, y el gobierno sólo puede avanzar apoyándose en los trabajadores y demás sectores populares para golpear y disciplinar a los primeros.

El kirchnerismo tuvo la suerte de que su acción de gobierno coincidiera con uno de los períodos de mayor crecimiento y estabilidad económica habidos en el país, favorecido por las condiciones excepcionales de la economía mundial en años pasados y la demanda enorme de materias primas que empujó hacia arriba sus precios en el mercado mundial, y que constituyen un pilar básico de la economía argentina.

 

Pero eso no explica todo. Hubo decisiones políticas audaces que limitaron las tendencias más depredadoras del Capital y contuvieron su sed insaciable por las ganancias; y también hubo avances indudables en la democratización de la vida social y en reducir sensiblemente la actividad de la mafia del aparato represivo-estatal que durante 25 años había desarrollado una conciencia de intangibilidad, fundada en la cobardía de los gobiernos burgueses que se sucedieron desde la recuperación democrática, de 1983 en adelante.

 

Pero, igualmente, debemos señalar que sin el ímpetu de la gesta popular del “Argentinazo”, del miedo profundo que provocó en la clase dominante, los Kirchner no hubieran sacado la voluntad ni la audacia que desplegaron para implementar ese tipo de políticas.

 

Fue el Argentinazo, empapado en la sangre generosa derramada por la juventud y los trabajadores en las jornadas heroicas del 19 y 20 de diciembre de 2001, y las incesantes movilizaciones de masas que siguieron durante semanas y meses, los que demolieron el viejo estado de cosas decrépito y transformaron de arriba hasta abajo la conciencia colectiva y, por lo tanto, posibilitaron el advenimiento de una política diferente. No fueron los Kirchner, sino las masas trabajadoras las verdaderas responsables del punto de inflexión histórico de la Argentina desde el 2003 en adelante. Como suele ocurrir, las reformas progresistas y los avances sociales son un subproducto de una situación revolucionaria o de un proceso revolucionario desviado con éxito hacia los canales seguros del parlamentarismo burgués.

El modelo kirchnerista

Para la gran mayoría de los trabajadores y jóvenes más conscientes los gobiernos kirchneristas han sido los más progresistas que se recuerdan en décadas.

La lista de avances y logros bajo el kirchnerismo es extensa, tanto en medidas democráticas como sociales. Se anularon las leyes de impunidad y los indultos que protegían a los milicos genocidas y represores de la última dictadura militar, y se reabrieron los juicios contra estos asesinos y criminales, resultando en decenas de condenas a cadena perpetua y a largos años de cárcel, inclusive a integrantes de los grupos parapoliciales de la infame Triple A y de la llamada “trama civil” del golpe. Se expropiaron al Ejército y a la policía todos los centros clandestinos de tortura que funcionaron en la dictadura de 1976-1983 y algunos se convirtieron en Museos de la Memoria. Se purgó a la mayoría de los altos oficiales del ejército y de la policía, junto a varios miles de integrantes de las fuerzas represivas corruptos y delincuentes, y a los integrantes de la anterior Corte Suprema de Justicia, venal y corrupta. Se prohibió a la policía federal (dependiente del gobierno nacional) portar armas en su accionar durante marchas y movilizaciones populares. Se anuló la pena de muerte en el Código Militar durante el Estado de Guerra, se disolvieron los tribunales militares y se cambió el código militar. La represión policial de la protesta popular, en lo que depende del gobierno nacional, se redujo a niveles ínfimos. Se legalizó el matrimonio igualitario y se introdujo el derecho de voto a partir de los 16 años y para los inmigrantes a partir de dos años de residencia en el país. Se instituyó la publicidad electoral única, pública, e igualitaria para todos los partidos y coaliciones electorales, independientemente de su peso parlamentario y militancia. También se aprobaron una ley de muerte asistida y otra dura ley contra la trata de personas.

En lo que a medidas económicas y sociales se refiere, hay que destacar la reactivación de las negociaciones colectivas de trabajo, que prácticamente dejaron de existir durante los gobiernos de Menem y De la Rúa, la derogación de gran parte de la contrarreforma laboral menemista, el incremento en un 900% de la jubilación mínima que afecta al 70% de los jubilados, muy por encima de la elevada suba de precios habida estos años, y de más de un 1.000% del salario mínimo oficial, el más elevado de América Latina; se reestatizaron las jubilaciones privadas, se incrementó hasta el 6% del PBI el presupuesto de educación y se abrieron cientos de escuelas y muchas universidades nuevas, se entregaron gratuitamente varios millones de pequeñas computadoras (netbooks) para uso escolar a todos los estudiantes secundarios, se repatriaron cientos de científicos de primer nivel que trabajaban en el extranjero, y se instituyó la atención gratuita integral a los enfermos de Sida y asistencia gratuita a la reproducción asistida. Se reestatizó parte de las empresas estatales privatizadas (Correo, Aerolíneas, gran parte del suministro de agua, el 51% la mayor empresa de hidrocarburos YPF, fábrica de aviones militares, entre otras), y se insinúa la reestatización inminente del degradado sistema ferroviario. También se creó una empresa estatal de telefonía celular (móvil). Otra medida de impacto fue la extensión del salario familiar (Asignación Universal por Hijo) a las familias compuestas por trabajadores informales y desocupados. Se avanzó en la democratización del acceso a la producción audiovisual (Ley de Medios) que está siendo fuertemente resistida por los grandes monopolios privados, fundamentalmente por Clarín, como señalamos al principio.

Para enfrentar la espectacular fuga de divisas que alcanzó los 22.000 millones de dólares en 2011, el gobierno dispuso de un fuerte control de cambios que hizo casi imposible la salida de dólares del país e impuso condiciones muy severas a la adquisición de dólares por la población.

Por otro lado, el carácter burgués del gobierno se ha manifestado en la aplicación de medidas y aprobación de leyes que expresan concesiones a los grandes empresarios y, en menor medida, al imperialismo. Por ejemplo, la última ley de accidentes laborales, o la llamada Ley Antiterrorista –una concesión al imperialismo de EEUU que chantajeó al gobierno argentino con sacarlo del grupo de países denominado G-20– y que plantea, entre otras medidas, la duplicación de penas en los casos supuestos de terrorismo o de acciones que tiendan a forzar cambios en la política del gobierno. Aunque en los hechos no está aplicándose, es un peligro a futuro en manos de gobiernos reaccionarios. El gobierno también bloqueó diversas iniciativas parlamentarias de diputados de la CGT que tendían a ampliar derechos laborales a trabajadores tercerizados, a repartir ganancias empresariales entre los empleados, o a suprimir el llamado Impuesto a las Ganancias a los trabajadores asalariados. También se opone a restituir la jubilación con el 82% del salario indexada automáticamente con la inflación (móvil), que fue derogada en los años 80, con el argumento de que tal medida haría quebrar al Estado. También se resiste a la reestatización del resto de las empresas privatizadas por el menemismo (telefónicas, eléctricas, entre otras). La política de transporte terrestre –sosteniendo hasta ahora la privatización del sistema ferroviario y del Subterráneo de Buenos Aires– quizás sea uno de los aspectos más deficitarios en los 10 años de acción de gobierno, como amargamente demostró el terrible accidente ferroviario en la Estación de Plaza Once de Buenos Aires hace un año, que dejó 51 muertos. En materia impositiva se mantienen privilegios intolerables para diversos monopolios; por ejemplo no están gravadas las rentas financieras (compra-venta de acciones, cuentas a plazo fijo, fondos de inversión, etc.), las empresas mineras pagan impuestos ridículos y, lo mismo que las petroleras, no hay control oficial alguno sobre sus verdaderas exportaciones, limitándose a notificarlas en declaraciones juradas. También se mantiene una obsoleta ley del aborto que niega el derecho al aborto libre y gratuito, aunque hay sectores dentro del kirchnerismo que tratan de impulsar una ley de plazos moderna y avanzada.

Todas estas contradicciones han acompañado la acción de gobierno del kirchnerismo durante estos años, pero han sido amortiguadas por el largo boom económico de la última década.

Sin embargo, en los últimos años, particularmente desde el 2007, la mayoría de la clase obrera vio un estancamiento en sus condiciones de vida, debido a la suba de precios galopante que sufre el país. Lo que mitiga esta situación es el mayor volumen de empleo y al avance importante del gasto social. Y, pese a todo, la participación de los trabajadores en la riqueza nacional, (42,9%) no pudo alcanzar el nivel de 20 años atrás (44,7% en 1993).

No obstante todo lo anterior, la percepción general del gobierno “nacional y popular” entre la clase trabajadora y demás sectores populares es que este es un gobierno suyo, y no un gobierno enemigo; a diferencia de la consideración que le merece a la casi totalidad de los grandes empresarios y a los sectores altos de la clase media.

Un movimiento político nuevo

Los dirigentes kirchneristas se han propuesto dotar al país de un “capitalismo en serio”, de ahí sus intentos de regimentar la vida económica y sus tentativas de obligar a la burguesía a que atienda sus obligaciones “nacionales” para que invierta y desarrolle la economía. Por otro lado, el “núcleo duro” del kirchnerismo siente que necesita un aparato propio comprometido sin fisuras con su proyecto político. El viejo y podrido aparato del Partido Justicialista no le sirve para esa tarea, ya que necesita un instrumento que muestre relativa independencia de las fuerzas sociales que se oponen a su política. Los caudillos del PJ mantienen mil y un vínculos con la clase dominante, son demasiado venales y corruptos como para resistir la presión implacable de los grandes empresarios y de las mafias del aparato del Estado. El nuevo aparato se nutre de los movimientos políticos y sociales que constituyen el abigarrado universo del kirchnerismo, grupos como “La Cámpora”, Evita, Descamisados, Kolina, Nuevo Encuentro, Miles y otros.

 

Pero incluso este aparato es débil, y está siendo construido aceleradamente. Su debilidad se complementa con un fuerte verticalismo en el interior del movimiento donde cada cargo público o responsable político es elegido a dedo desde arriba. El carácter amorfo y desorganizado del movimiento, sin estructuras, impide el más mínimo control desde abajo. Sin embargo, es solo una cuestión de tiempo que se abra el debate sobre la introducción de elementos de control y democracia interna entre una militancia joven y vitalista que está enfrentando cotidianamente a la reacción y que exigirá su derecho a tener una opinión y a decidir sobre el destino del movimiento.

Pese a todo, el kirchnerismo es un movimiento popular genuino donde existen decenas de miles de jóvenes, trabajadores y militantes populares, y tiene la ventaja sobre el peronismo tradicional de que es más abarcador política e ideológicamente, ya que incluye a militantes y grupos de izquierda y de otras tendencias.

El otro avance político sobre el peronismo tradicional es que en éste convivieron durante décadas alas de derecha y de izquierda, de diferente gradación; mientras que el kirchnerismo ha purgado a la derecha peronista de su interior, y aquellos sectores escorados más a la derecha (la mayoría de los gobernadores provinciales peronistas y de los caciques del PJ del Gran Buenos Aires) son vistos con desconfianza profunda y carecen de una verdadera base social de apoyo. En realidad, un sector de la dirección ve necesario mantener estos sectores dentro del movimiento para escapar a la presión hegemónica de su ala izquierda.

La reforma constitucional

Si hay algo que espanta a los sectores decisivos de la burguesía es la perspectiva de que una mayoría calificada del kirchnerismo en el Congreso tras las elecciones de octubre del 2013 promueva una reforma constitucional que habilite a Cristina a presentarse a la reelección presidencial en el 2015, ya que la Constitución actual impide aspirar a un tercer mandato presidencial consecutivo. Por eso, en 2012 recrudeció la ofensiva de la burguesía contra el kirchnerismo, liderada por los medios masivos de comunicación burgueses.

Como en el período de 2008 al 2010, tras el llamado “conflicto del campo”, la burguesía está utilizando todos los medios a su alcance –parlamentarios y extraparlamentarios, legales e ilegales– para tratar de desestabilizar al gobierno y sacárselo de encima. Pretende reducir a niveles mínimos su victoria previsible en las elecciones legislativas del 2013, que prepare una victoria de la derecha en las elecciones presidenciales de 2015. La clase dominante tiene entre sus peones no sólo al partido radical (UCR), a la derecha peronista y a la derecha neoliberal del PRO (Propuesta Republicana), sino también a la débil derecha kirchnerista. Tampoco cabe duda de que un sector de la burocracia corrupta de la CGT oficialista romperá con el gobierno en un momento dado y se pasará con armas y bagajes a la oposición.

En caso de plantearse dicha reforma constitucional, nuestra posición será apoyarla por una cuestión elemental de democracia. El pueblo tiene derecho a votar como presidente a quien desee, lo que es antidemocrático es impedirle que lo haga. Nadie duda de que Cristina sea la que tendría más posibilidades de ganar, haciendo abstracción claro está de la situación económica y social que exista dentro de 2 años. Pero en circunstancias como las actuales, la victoria de Cristina estaría asegurada. Frustraría una victoria de la derecha, impediría una derrota política de los trabajadores y, dada la debilidad actual de una alternativa política de izquierda dentro del kirchnerismo, proporcionaría un tiempo valiosísimo para organizarla en las mejores condiciones.

La oposición de derecha

La situación de la oposición de derecha es penosa. La UCR está fracturada por la mitad, con un sector mirando hacia la derecha al PRO y otro hacia el Frente Amplio Progresista (FAP), socialdemócratas de derecha.

La derecha peronista está completamente aislada socialmente y sólo ahora trata de revivir a través de un sector de la burocracia sindical. Macri, dirigente del PRO, trata de provocar constantemente al gobierno nacional para instalarse en los medios de comunicación pero, salvo en la Capital, carece de una base social relevante en el país y en la sociedad.

El FAP, de Hermes Binner, está a kilómetros de las preocupaciones populares, solapado con el resto de la oposición derechista.

No es la iniciativa política de estos partidos y de sus dirigentes, sino el punzón venenoso de los medios de comunicación burgueses quien organiza toda labor de oposición en Argentina, incluidas sus protestas en las calles, desde los cacerolazos hasta los “paros” y marchas de la burocracia sindical opositora.

La izquierda

La llamada “oposición de izquierda” -en realidad, sectas de izquierda– enfrenta su mayor aislamiento desde la recuperación democrática de 1983; ya sean los grupos organizados alrededor del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (conformado por el Partido Obrero (PO), el Partido de los Trabajadores Socialistas e Izquierda Socialista), o la autodenominada izquierda “independiente” (Frente Darío Santillán, Corriente Rompiendo Cadenas, Marea Popular, etc.). En rigor, estos sectores nutren lo fundamental de su militancia de la pequeña burguesía “radical”: juventud pequeñoburguesa de las universidades y escuelas, profesionales independientes, etc. y de sectores periféricos de la clase obrera: docentes, profesionales asalariados y empleados públicos. Y la mayoría de ellos comparten con la pequeña burguesía reaccionaria su histerismo antikirchnerista.

Desde el 2002 en adelante, sectores de vanguardia importantes de la clase obrera y de la juventud han hecho su experiencia con estos grupos que despiertan aborrecimiento por su incapacidad orgánica de conectar con el estado de ánimo de las masas en los momentos decisivos, apareciendo al lado del enemigo por su ultraizquierdismo congénito. Hacen de la política una cuestión de moralidad, blanco o negro, lo cual los incapacita para políticas amplias de frente único fuera de su entorno, de manera que nunca podrán probar ante las amplias masas la utilidad de sus políticas y de sus programas.

Para peor, todos ellos sin excepción se embarraron en las maniobras desestabilizadoras de la derecha en estos meses. Apoyaron o mostraron “compresión” hacia los cacerolazos reaccionarios de la clase media; lo mismo que a los paros y movilizaciones sindicales, no menos reaccionarios, de la burocracia sindical opositora los pasados 10 de octubre, 20 de noviembre y 19 de diciembre. En el colmo de su histerismo, hasta trataron de justificar los saqueos vandálicos de supermercados del 20 y 21 de diciembre, a manos de sectores lumpenizados, culpando por ello al gobierno debido a la existencia de pobreza, cuando fueron organizados por la mafia del peronismo de derecha y sus apoyos en las fuerzas policiales, algo que hasta un sector de la oposición de derecha tuvo que reconocer.

La “vitalidad” aparente de las sectas “trotskistas” en particular, no es mérito suyo ni de la corrección de su línea política o táctica, sino de la ausencia de una organización reformista de izquierda de masas como existe en países de nuestro entorno y en Europa, lo que les permite ocupar un hueco en la vida política argentina. Por sus posiciones lunáticas durante décadas, pero particularmente durante el período kirchnerista donde se han opuesto con estridencia a todas las reformas progresistas llevadas a cabo, han desprestigiado ante las amplias masas el término “izquierda” y han hecho aborrecible el término “trotskismo”. Ambas cosas imperdonables.

La economía bajo el kirchnerismo

La economía argentina, que creció en promedio un 8%-9% durante una década –con la excepción del año recesivo 2009–, ha sufrido un cambio importante respecto a un año atrás, conforme los efectos de la crisis económica internacional van haciéndose más patentes en el país. Entre enero y noviembre de 2012 la producción industrial cayó un 0,9%. Las exportaciones e importaciones cayeron en ese lapso un 3% y un 7%, respectivamente, con respecto al mismo período de 2011. No está claro siquiera que el crecimiento del PBI alcance el 3% en 2012 (un 9,2% en 2011).

Como consecuencia, se estancó la generación de empleo y aumentó ligeramente el empleo informal en un año, del 34% al 35,5%.

Si bien la industria se ha fortalecido (la fuerza de trabajo industrial pasó de 800.000 a 1,3 millones en 10 años), ésta parece haber tocado techo.

El gobierno fomenta industrias de consumo: automóvil, línea blanca, etc. Pero no hay avances significativos en la industria de base. El 67% de las exportaciones lo constituyen materias primas o productos manufacturados de origen agropecuario, combustibles y energía.

Sin industrias estatales de consideración, el importante superávit fiscal que el Estado acumuló en estos años no pudo orientarse hacia la inversión productiva sino al pago de la deuda, a suplir la insuficiencia de la productividad del sector privado con subsidios crecientes (tarifas de los servicios públicos y al combustible, productos agropecuarios e industriales, etc.), a obras de infraestructura y al gasto social, que permitió una expansión importante del mercado interno.

Hubo un alivio temporal en el peso de la deuda externa pública sobre la economía, que pasó de representar el 151% del PBI en 2002 al 40% actual, debido a la quita introducida en 2005 (una reducción real del 48%) y al importante aumento del PBI en estos años, pese al incremento de la deuda externa que pasó de 102.000 en 2005 a 141.000 millones de dólares actualmente.

Sin embargo, la desaparición del amplio superávit fiscal que disponía el gobierno hasta el 2010 resta cada vez más recursos al Estado para honrar los pagos de la deuda. En 2012 el gobierno tuvo que maniobrar duro para conseguir los dólares que necesitaba. Y aunque los vencimientos en los años inmediatos son menores, y cerca de la mitad están en títulos de organismos públicos (Seguridad Social, bancos estatales, etc.), los menores ingresos fiscales por el decrecimiento económico y el impacto creciente la crisis internacional en los próximos años, podrían colocar el peso de la deuda de vuelta en el primer plano de las preocupaciones generales.

Inflación y keynesianismo

El problema de la inflación se ha convertido en una enfermedad endémica de la economía argentina. La causa fundamental es la escasa inversión privada en el contexto de un incremento importante del consumo por la expansión del mercado interno. A esto se suma el tirón alcista de los precios internacionales de los productos de consumo básicos en un país exportador de los mismos (carnes, lácteos, trigo, girasol, cítricos, etc.) y al auge de los biocombustibles (Argentina es el tercer país productor del mundo) fabricados también a partir de productos de consumo básico (caña de azúcar, girasol, maíz). Todos estos factores explican la enorme escalada inflacionaria con aumento de precios del 20%-30% en los últimos 7 años.

A esto debe añadirse el boom inmobiliario especulativo que se ha volcado a la adquisición de inmuebles para vivienda y para la especulación de sectores minoritarios.

A falta de una burguesía nacional que invierta de manera consistente, el gobierno profundizó sus relaciones con las multinacionales depredadoras que sólo están interesadas en negocios fáciles de bajo costo y grandes ganancias, como la megaminería, los hidrocarburos o los agronegocios. Un aspecto vinculado a esto es que el gobierno realmente no quiere indisponerse con la burguesía ni con las multinacionales, y sólo avanza sobre ellas cuando no le queda otra opción para mantener la estabilidad del sistema, como por ejemplo cuando expropió el 51% de YPF pero mantuvo el 49% en manos privadas, como señal conciliadora a la burguesía.

El gobierno cree que puede conjurar la crisis con una política keynesiana (expansión del gasto público y social), pero el problema no viene de la falta de demanda –que es el presupuesto fundamental del análisis keynesiano– sino de la oferta, de la producción. Una producción estancada con una mayor demanda de bienes disparará aún más la inflación, la suba de los precios.

Esto es lo que enfrenta al gobierno con el sector más importante de la burguesía argentina y con la derecha. Este sector plantea que hay que reducir la inflación reduciendo el consumo de la sociedad, con políticas de ajuste como en los años 90.

Desde luego, no somos neutrales en esta disputa, y señalamos como enemigos a la derecha y a sus políticas de ajuste y de pérdida de derechos sociales. Pero debemos alertar contra las ilusiones keynesianas, que son pan para hoy y hambre para mañana, más en un contexto como el actual donde la perspectiva es de un agravamiento de los efectos de la crisis económica internacional en el país y en la región.

Por eso, como socialistas, insistimos en la necesidad de una economía planificada sustentada en la propiedad estatal de los grandes medios de producción, bajo el control y la participación democrática de los trabajadores, que elimine el afán de lucro privado de un puñado de magnates y dé un golpe definitivo a la inflación, a la escasa inversión y a la depredación de los recursos naturales, para orientar la economía a satisfacer de manera armónica las necesidades de la mayoría del pueblo.

La CGT

En un principio, la mayoría de la burocracia de la CGT se alineó con el gobierno de Kirchner. Sólo quedó como opositor el sector más abiertamente vinculado a la burguesía y a la derecha peronista, la CGT Azul y Blanca liderada por Luis Barrionuevo, que agrupa a gremios poco relevantes. A la cabeza de la CGT se situó el camionero Hugo Moyano, opositor al menemismo e investido con una aureola de “combativo”.

Con el mandato presidencial de Cristina Kirchner surgieron suspicacias hacia Moyano ya que el dirigente cegetista, sintiéndose fuerte, trató de hacer valer una agenda propia para reforzar el peso gremial en las empresas y en el propio aparato kirchnerista, al mismo tiempo que trataba de hacer avanzar algunos derechos para los trabajadores (tercerizadas, reparto de ganancias, derogar el impuesto a las ganancias a los asalariados) que chocaban fuertemente contra los intereses de los empresarios e incomodaban al gobierno. Moyano, empecinado en mantener cierto grado de independencia, era un aliado molesto del gobierno. El oficialismo, por su parte, también quería tener atado en corto al sindicalismo para poder ejercer el papel de árbitro entre las clases. Por eso, el gobierno marginó completamente a los partidarios de Moyano de las listas electorales en las elecciones de octubre de 2011, lo que provocó una ruptura entre ambos.

Al comienzo del segundo mandato de Cristina Kirchner, ya en 2012, el gobierno, con presión y prebendas, consiguió escindir al moyanismo para asegurarse el control de la mayoría de la CGT. Moyano respondió de manera histérica y pasó a una posición frontal al gobierno, en el mayor momento de popularidad de Cristina Kirchner, al punto de convocar a una huelga general el 27 de junio de 2012 que tuvo un eco muy limitado.

El moyanismo quedó muy debilitado en su pelea contra el gobierno. Moyano, en lugar de apelar a las bases kirchneristas y prepararse para pasar a la oposición “de izquierda” dentro de la CGT y del propio kirchnerismo, buscó apoyos en la derecha kirchnerista y sobre todo en sus antiguos enemigos del peronismo de derecha, lo que reveló su perfil de burócrata sindical acostumbrado a las maniobras de aparato.

Si bien Moyano perdió gran parte de su prestigio anterior al correrse hacia la derecha, la realidad es que la consideración que tienen la mayoría de los trabajadores hacia el sector oficialista de la CGT es igualmente mala, asociado a lo más repudiable del pasado del sindicalismo burocrático. Realmente, no existe un solo dirigente sindical con autoridad en las masas y cuesta trabajo discernir en sus peleas y querellas entre su interés de aparato y sus negocios privados que los convierten en millonarios con ingresos “oficialmente” declarados de 10.000 dólares al mes.

La CTA

La CTA, que tiene su peso casi exclusivamente en los trabajadores públicos (administración y empresas estatales, judiciales y docentes) ha quedado reducida a una situación lamentable, completamente escindida. La responsabilidad principal recae en el sector Micheli-De Gennaro que ha destruido de manera irresponsable el capital acumulado por 20 años de esta importante experiencia político-sindical del sindicalismo argentino.

Desde el 2001, la CTA tuvo en sus manos la posibilidad de jugar un papel clave en la recomposición sindical del país y en alumbrar una organización política de la clase obrera con una base de masas. No sólo fue el papel de aplanadora que ha ejercido el kirchnerismo sobre la izquierda y la centroizquierda lo que explica este fracaso; más importante aún fue la cobardía, miopía y falta de voluntad de su dirección.

Concretamente, entre el 2006 y el 2009 cuando el kirchnerismo no había acumulado el entusiasmo de masas hacia su proyecto político que conocemos hoy –por no hablar del período 2001-2003 cuando ni siquiera existía como movimiento político– la CTA pudo haber puesto en pie un movimiento político de clase, ciertamente reformista de izquierda, pero con una base potencial de masas indudable, que podría haber jugado un papel muy relevante a la izquierda al kirchnerismo, con un promisorio potencial de desarrollo.

Los dirigentes de la CTA frustraron esta interesante experiencia, a la que denominaron Constituyente Social, y la marginaron políticamente a favor de proyectos políticos nacionalistas (Proyecto Sur) y socialdemócratas de derecha (Frente Amplio Progresista).

La CTA de Micheli-De Gennaro ha degenerado en una organización sectaria que combina el ultraizquierdismo estridente típico de los grupos de izquierda con el oportunismo más inimaginable y, en rigor, quedó reducida a un solo sindicato de relevancia, los estatales de ATE, al que ni siquiera controla completamente.

El otro sector de la CTA, la oficialista de Yasky, como reacción, aparece muy adaptado a la dirección kirchnerista. No obstante, este sector sostiene posiciones políticas que conectan mejor con la base kirchnerista y los trabajadores en general. Pese a ser una central minoritaria dentro del movimiento sindical, agrupa a un universo de sectores y ramas más amplio que el ala de Micheli. En la escisión mantuvo casi todos los sectores industriales y privados de la vieja CTA: neumáticos, Subterráneo, aerolíneas, metalúrgicos de Villa Constitución, núcleos de ferroviarios, etc., aparte de su gremio central, el docente (la CTERA), donde el activismo de izquierda tiene un peso importante.

Perspectivas sindicales

La enorme dispersión del movimiento sindical plantea dificultades para propiciar políticas de unidad en el seno de la clase, pero tarde o temprano, cuando el viento de la lucha de clases vuelva a arreciar con fuerza, la necesidad de estrechar filas comenzará a abrirse paso.

De lo que se trata en esta etapa es de ayudar a formar corrientes antiburocráticas en el seno de las organizaciones gremiales y combatir la división entre trabajadores kirchneristas y antikirchneristas. También existen experiencias interesantes a considerar, como la del sindicato del Subterráneo (la AGTSyP), que barrió al viejo sindicato hiperburocratizado (UTA) y tiene el apoyo de la inmensa mayoría de los trabajadores.

En el marco de una caída de la actividad económica en un entorno altamente inflacionario, los intentos de establecer un techo salarial que sea visto como injusto por la mayoría de los trabajadores provocará un gran malestar y fermento en las empresas y en la base de los sindicatos. Pero, incluso en esa circunstancia la mayoría de los trabajadores no pasará a la oposición política al gobierno –como imaginan Moyano, Micheli y la mayoría de la izquierda sectaria– que basan su política en ubicar al gobierno como el enemigo. Es más probable que tiendan a surgir sectores de delegados y comisiones internas que enfrenten estas políticas en oposición a sus dirigentes sindicales y que exijan un cambio en la actitud del gobierno sin romper con él. El gobierno acumuló un gran apoyo social en la clase trabajadora que no va a diluirse rápidamente. De ahí que esta oposición sindical honesta por la base enfrentará un proceso contradictorio que podría empalmar en determinada etapa con la cristalización de un ala izquierda clara en el movimiento kirchnerista.

La ofensiva reaccionaria de la primavera

Los meses de septiembre a diciembre fueron el escenario elegido por las fuerzas reaccionarias para poner en práctica un plan minucioso de desestabilización, para acelerar la caída del gobierno. Ya en el mes de agosto Clarín y demás medios de derecha se lanzaron a una campaña infame de mentiras y calumnias, explotando las debilidades de la política gubernamental, para enloquecer y movilizar a la clase media con las consignas demagógicas clásicas: “independencia” de la justicia, autoritarismo, corrupción, inseguridad, inflación, no al control de cambios, etc. La idea era ganar la calle, como en el conflicto del campo en 2008, para acorralar al gobierno.

Un elemento capital en toda esta campaña capitaneada por el grupo Clarín, era bloquear la plena aplicación de la Ley de Medios, que afecta al corazón de sus negocios y al control de la información y al monopolio ideológico de masas, presionando al límite al gobierno y a los jueces. Pero el asunto no se reducía a una lucha de Clarín contra el gobierno por ese objetivo, sino que los sectores dominantes de la burguesía, con Clarín a la cabeza, utilizaron la lucha contra la Ley de Medios como banderín de enganche para desestabilizar al gobierno.

Dentro de esta campaña se destacan los cacelorazos y movilizaciones reaccionarias del 13 de septiembre y del 8 de noviembre –este último sacó a las calles del país a más de medio millón de personas, la mitad en la Capital Federal– la campaña histérica contra la presidenta Cristina con insultos y descalificaciones, o la manipulación y utilización del conflicto surgido en las fuerzas de la Prefectura y la Gendarmería sobre sueldos mal liquidados. En todos ellos se demostró la participación de personeros del PRO, de la UCR, y de la derecha peronista. A esto se añadieron el secuestro durante 24 horas de Alfonso Severo, simpatizante kirchnerista y testigo en el juicio que se sigue contra la cúpula del sindicato ferroviario por el asesinato del militante del PO, Mariano Ferreyra; cortes sorpresivos de luz de gran amplitud, y el oscuro episodio de la retención durante tres meses de la Fragata Libertad en Ghana, África, ante el reclamo judicial de fondos buitres por el 7% de la deuda externa impaga perteneciente a los especuladores que se negaron a participar en la quita de la deuda en 2005 y que el gobierno argentino no reconoce. Sólo unas semanas más tarde, un juez federal norteamericano, Thomas Griesa, fallaba a favor de estos mismos fondos buitres ordenando al gobierno argentino que atendiera sus reclamos con prioridad sobre los acreedores que aceptaron la quita del año 2005.

En paralelo, Clarín y la oposición de derecha movieron sus peones y pusieron en juego a la burocracia sindical opositora. Como resultado, todos los sectores sindicales opositores (peronismo de derecha, moyanismo, CTA de Micheli y, lamentablemente, activistas de izquierda) se unificaron en la acción.

Moyano y Micheli apoyaron los cacelorazos y movilizaciones reaccionarias del 13 de septiembre y del 8 de noviembre. El 10 de octubre la CTA de Micheli lanzó un paro general que tuvo un impacto limitado a sectores de empleados estatales, completado con una movilización a Plaza de Mayo apoyada por la CGT de Moyano, con 30.000 personas, la mitad afiliados al sindicato de camioneros.

A esto le siguió el paro general del 20 de noviembre, mejor preparado y organizado, y que fue convocado por todas las fuerzas sindicales opositoras. Este último sí paralizó gran parte de la actividad productiva, pero no por la libre adhesión de los trabajadores, sino por los cientos de cortes de ruta –que el gobierno no reprimió– y que impidieron materialmente el acceso a las grandes ciudades y polígonos industriales durante toda la mañana, lo que exageró el impacto real de un paro digitado burocráticamente desde arriba sin apenas participación de las bases, y sin una sola movilización de masas.

La “valentía” de Moyano, Micheli y Barrionuevo se asentaba en el aliento que les dieron las patronales, sus medios de comunicación, la pequeña burguesía reaccionaria y el arco parlamentario a la derecha del kirchnerismo (desde Macri hasta Proyecto Sur, con el aplauso de la “izquierda” sectaria).

En realidad, utilizaron reclamos legítimos de la clase trabajadora, aunque menores –centralmente, el rechazo al impuesto a las ganancias a los asalariados que sólo afecta al 20% de los trabajadores; y el reclamo de la jubilación con el 82% del salario móvil– para maniobras políticas no confesadas que iban contra los intereses de la misma, en alianza con sectores patronales y políticos reaccionarios. Por eso, desde la Corriente Socialista Militante hicimos una denuncia vigorosa de estos paros y movilizaciones, y los rechazamos de plano.

No decimos que no haya que luchar contra aspectos de la política del gobierno nacional; por supuesto que sí. Pero la lucha debe ser convocada de manera honesta, deslindando de las maniobras políticas de la oposición de derecha, y tratando de sumar y unir a la mayor cantidad posible de trabajadores,  y no dividiéndolos entre kirchneristas y antikirchneristas,  como lo plantearon desde el principio Micheli y Moyano. Pero lo más llamativo de todo es que en ninguna de estas movilizaciones depositaron un solo reclamo en la patronal privada. Este solo dato desnuda las intenciones de esta gente.

La última acción del año del sindicalismo opositor fue la marcha a Plaza de Mayo en Buenos Aires el 19 de diciembre, que tenía el objetivo de llevar a 200.000 trabajadores. Pero fracasaron en esto, pese al derroche de medios que emplearon, y los propios convocantes reconocieron la presencia de 50.000 personas.

Lo más escandaloso de todo es que estos paros y movilizaciones fueron apoyados públicamente por los terratenientes de la Sociedad Rural, la patronal agropecuaria de Federación Agraria, partidos de derecha como la UCR y el PRO, hasta el punto que algunos políticos de la UCR y el FAP fueron invitados a participar desde el escenario. ¡Y la izquierda partidaria e “independiente” justificó orgullosamente su presencia y el agitar de sus banderas en estos actos reaccionarios como aplicación de una táctica genuina de “frente único”! Como en la mitología griega, los dioses primero enloquecen a quienes desean destruir.

En su desesperación, días antes, Micheli hizo un llamado agónico desvergonzado a la clase media porteña reaccionaria para que participara en la marcha. Pero este llamado, reproducido ampliamente por los medios burgueses, no encontró eco en un sector que rápidamente entró en desmoralización tras recibir varios golpes que socavaron su confianza en sí misma. Estos fueron: la impresionante movilización popular de apoyo al gobierno del domingo 9 de diciembre que colmó la Plaza de Mayo y sus alrededores con más de 200.000 personas, el fallo en primera instancia de un juez federal que reconocía la constitucionalidad de la Ley de Medios, la orden del Tribunal internacional del Mar que ordenaba al gobierno de Ghana la liberación inmediata de la Fragata Libertad, y la decisión de la Corte de Justicia de EEUU de dejar sin efecto la orden del Juez Griesa de abonar la deuda en litigio a los fondos buitres.

La derecha y el sindicalismo opositor

La oposición política no tiene una alternativa a los problemas de los trabajadores y demás sectores populares explotados. Tampoco los dirigentes sindicales opositores. Moyano y Micheli sólo hacen exigencias al Estado: hay que derogar el impuesto a las ganancias sobre los asalariados, hay que subir las jubilaciones hasta el 82% móvil, hay que bajar el IVA de los alimentos. Muy bien ¿Y de dónde saldrá el dinero para esto? Nada responden. Ni siquiera defienden aumentar los impuestos a los ricos. Esto demuestra que son unos demagogos y carecen de un programa alternativo. La verdad es que trabajan para otros y para sus intereses burocráticos particulares.

Todos los que convocaron el paro del 20 de noviembre y la movilización del 19 de diciembre tienen en su agenda la caída del gobierno, cada uno por sus intereses propios. Los reclamos sólo son una excusa. Para el sector de la izquierda que apoyó el paro, el gobierno de Cristina es un gobierno enemigo, tan malvado como Macri o Menem. Su meta es un nuevo Argentinazo que, mágicamente, los pondrá al frente del pueblo movilizado. Los dirigentes de la CTA de Micheli desean la caída del gobierno por sus intereses burocráticos particulares con la mente puesta en un gobierno FAP-UCR, claramente patronal y a la derecha del kirchnerismo, que les dé por fin el status legal que los equipare en derechos a la burocracia de la CGT ¿Qué quiere Moyano? Un gobierno débil (preferiblemente de la derecha peronista) sin la base de apoyo popular y militante del kirchnerismo, para condicionarlo y así preservar sus intereses de aparato, y con tropa propia en diputados, gobernadores, etc. Barrionuevo y Venegas, vinculados más directamente a la burguesía, quieren un gobierno del PRO o de la derecha peronista. Sin las pretensiones políticas de Moyano, sólo quieren asegurarse sus negocios empresariales y mantener su mano firme sobre el movimiento obrero.

No dejarse ganar la calle, impulsar la movilización popular

La actuación del gobierno de Cristina Fernández durante los tres meses precedentes fue completamente irresponsable. Su negativa a convocar movilizaciones populares para enfrentar el desafío de la reacción, le entregó la calle a ésta, inflando desproporcionadamente su influencia real en la sociedad. El ambiente generado por las movilizaciones reaccionarias fue aprovechado por los jueces corruptos de la Cámara Civil y Comercial Nº1 de la Capital Federal para prorrogar el 6 de diciembre la orden cautelar que impide la plena aplicación de la Ley de Medios hasta que un fallo firme avale la constitucionalidad plena de la ley. Aunque se consiguió posteriormente un fallo en primera instancia de un juez federal a favor de la constitucionalidad de la ley, esto deberá ser confirmado todavía por un tribunal superior, seguramente la Corte Suprema de Justicia.

Afortunadamente, la movilización popular del 9 de diciembre puso las cosas en su sitio, y junto al fracaso de las movilizaciones sindicales opositoras que no hicieron mella en la mayoría de los trabajadores, revelaron la verdadera correlación de fuerzas de clase, y es que el gobierno de Cristina sigue contando con el apoyo mayoritario de los trabajadores y demás sectores populares, y de la juventud.

Un último intento reaccionario desestabilizador fue puesto en práctica los días 20 y 21 de diciembre, para tratar de recrear los saqueos masivos a supermercados en la etapa de hiperinflación de 1989 y en las jornadas del Argentinazo en diciembre del 2001. Decenas de supermercados fueron asaltados por sectores lumpenizados de las villas miseria en diferentes zonas del país (fundamentalmente en Rosario, Bariloche, y zona norte del Gran Buenos Aires) con gran profusión mediática, con el resultado de 4 muertos, con la idea lunática de reproducir la caída del expresidente De la Rúa. Bastó la denuncia firme del gobierno de que todo fue armado por la oposición –sobre todo después de revelarse de que una parte de los detenidos en los desmanes pertenecían al sindicato de camioneros de Moyano– para que estos saqueos cesaran por completo.

Lo que se necesita es impulsar la movilización popular y sostenerla en el tiempo, cuya iniciativa debe partir de las organizaciones de base del kirchnerismo. De lo que se trata es de recuperar la calle y escindir de la oposición de derecha a las capas bajas de la pequeña burguesía y a los trabajadores políticamente más atrasados. Al mismo tiempo, hay que romper las ilusiones en el “capitalismo nacional”, abandonar cualquier medida conciliadora con los grandes empresarios que solo contribuyen a debilitar al gobierno y a crear dudas y vacilaciones en la base del movimiento, y dar un giro decidido hacia la izquierda profundizando las medidas que ya se han tomado

Nuestra posición hacia el gobierno kirchnerista