Editorial de Militante nro. 73
El Gobierno salió relativamente indemne de la ofensiva lanzada en los últimos meses del año pasado por las fuerzas combinadas de la reacción.
Pese a los incontables millones de pesos gastados por los grandes empresarios y monopolios, los cientos de títulos de tapa, los cacelorazos de la clase media reaccionaria, los paros y marchas de la burocracia sindical opositora, los fallos judiciales, y los saqueos de supermercados organizados, no consiguieron el objetivo de acorralar al gobierno y acelerar su caída.
Las encuestas siguen dándole a Cristina más de 20 puntos por encima de su inmediato perseguidor, Hermes Binner del FAP. La realidad es que la mayoría de los trabajadores y demás sectores populares, independientemente de que cuestionen tal o cual política parcial del gobierno, sienten instintivamente que cualquiera de las alternativas de la oposición de derecha es mil veces peor y prefieren defender lo conquistado en estos 10 años, que no es poco.
Esta ofensiva se dio en un año complicado económicamente. Por los efectos de la crisis internacional, la economía creció apenas un 1,9% (9,2% en 2011), con una reducción de la producción industrial del 1%. Sin embargo, la inflación siguió en niveles muy altos, un 23%, carcomiendo los salarios. Una inflación imposible de erradicar mientras las palancas fundamentales de la producción y comercialización de bienes de consumo básico estén en manos de un puñado de monopolios y grandes empresarios que lucran con las necesidades populares. Es hora de que los dirigentes sindicales, además del reclamo salarial, levanten la demanda de control obrero y ciudadano en las empresas y comercios para denunciar las subas de precios y movilizar a la población en su contra.
Nueva ofensiva desestabilizadora
Este año habrá un desempeño similar de la economía y de los precios, lo que será utilizado por los enemigos del pueblo trabajador para relanzar su campaña contra el gobierno; es decir, una campaña a favor de otro gobierno completamente adicto a sus intereses.
Como aperitivo para esta campaña, lanzaron a la bufonada farandulera (Del Sel, Pinti, y otros) a decir sandeces e insultar a la presidenta Cristina. Luego, llegó el primer plato con el FMI, que amonestó públicamente la política económica del gobierno, con la excusa de la manipulación oficial de la cifra de la inflación.
Hay otros platos menores, como los planes movilizadores de Moyano y Micheli, que tratarán de utilizar los reclamos de los trabajadores a favor de sus amos en la oposición de derecha., aunque despiertan tanta desconfianza en los trabajadores que probablemente estos planes quedarán lejos del alcance, ya limitado, que tuvieron el año pasado.
Los casos AMIA y accidente de Once
Con el mismo espíritu de campaña están utilizando, la derecha y los medios privados, los casos AMIA y el aniversario del accidente ferroviario de Once.
En el primero, los gobiernos argentino e iraní acordaron un acuerdo (Memorándum) por el cual una delegación de jueces argentinos visitará Irán para interrogar a varios acusados implicados en el atentado, que no pueden salir de Irán por tener orden de captura internacional de la Interpol. Luego darán un informe de sus pesquisas para que se incorporen a la causa. En realidad, nunca hubo pruebas concluyentes de la participación iraní en el atentado, y sí muchas sospechas de tramas mafiosas del aparato del Estado, negocios sucios y hasta se habló de una “pista siria”, vinculada a una venganza por oscuros negociados del expresidente Carlos Menem. En verdad, todo el escándalo que está organizando la oposición de derecha contra este acuerdo Argentina-Irán tiene que ver con que el imperialismo y sus marionetas de la oposición de derecha y de la dirigencia de la AMIA llevan años utilizando el tema del atentado a la AMIA para demonizar y aislar a Irán. No les preocupa el carácter reaccionario de su régimen, sino el no poder controlarlo y que desafíe la posición dominante del imperialismo israelí en Medio Oriente.
En relación al terrible accidente en la Estación Once de Capital, con 51 muertos, vemos la misma actitud pérfida. Es obligatorio exigirle al gobierno y a los funcionarios del área de transporte responsabilidades por este hecho tan doloroso, como nuestra Corriente les ha exigido por su negativa reiterada a reestatizar, con un verdadero plan de inversiones, un servicio muy deteriorado. Pero es una hipocresía total que esta exigencia de responsabilidades venga de Clarín y de la derecha, personeros principales de los negociados privados, que se han opuesto enfáticamente a cualquier avance del Estado sobre otras privatizadas (Aerolíneas, AFJP, YPF, etc.) y a quienes durante años no les preocupó lo más mínimo la situación del sistema ferroviario nacional.
Democratización de la Justicia
La batalla en torno a la Ley de Medios bajó de intensidad a la espera de un fallo firme de la Corte Suprema de Justicia. Si bien los golpes bajos continúan, como la decisión del gobernador de Córdoba, De la Sota, de impedir la recepción de la TV digital abierta estatal en la provincia, una vulneración arbitraria de la ley que, como dijo muy bien la presidenta, no ha encontrado ningún fiscal o juez que la enfrente.
Justamente, el debate en torno a la corrupción del aparato judicial y la necesidad de su democratización, está adquiriendo una relevancia cada día mayor. Fue un acierto de la presidenta denunciar esto que todo el campo popular viene señalando desde hace añares. Aunque es imposible esperar que bajo el capitalismo pueda realizarse plenamente esta limpieza y democratización del aparato judicial, ya que los jueces se reclutan fundamentalmente de la clase alta y responden generalmente a sus intereses, la movilización popular masiva para forzar la expulsión de los jueces más corruptos y reaccionarios, e impedir la emisión de fallos y resoluciones que atenten gravemente contra los intereses populares, sí es un arma poderosa que debe reforzarse y extenderse, más allá de los avances progresistas formales que pueda impulsar el gobierno en la Justicia.
La burguesía agropecuaria declara la guerra al pueblo
Pero el plato fuerte que nos prepara la reacción es un nuevo paro patronal del campo. La “protesta” consistirá en negarse a vender la cosecha de soja (unos 50 millones de toneladas), que impedirá el ingreso al país de 25.000 millones de dólares y miles de millones al Estado en impuestos, poniendo en peligro importantes gastos.
¿Qué piden los “ruralistas”? ¡Una devaluación del peso con el dólar que les haga ingresar un 20% o 30% más al cambiar sus dólares a pesos! cuando la soja sigue en precios internacionales muy elevados por encima de los 500 dólares. Pero tal devaluación haría disparar la inflación todavía más, ya que las importaciones se encarecerán en ese mismo porcentaje. Lo relevante de la “protesta” es que van a utilizarla para desgastar al gobierno en los meses previos a las elecciones de octubre y tratar de disminuir las chances de una victoria kirchnerista clara. El carácter extremadamente reaccionario de esta protesta queda claramente expuesto.
Este paro patronal es una declaración de guerra a la clase trabajadora y demás sectores populares, no sólo al gobierno. Hay que responder, por lo tanto, a la gran burguesía agropecuaria con la misma audacia y energía que ella emplea para defender sus intereses.
Golpear a la reacción donde más duele
El gobierno y los dirigentes kirchneristas deben diseñar una respuesta contundente que contemple, entre otras, las siguientes medidas:
a) Dar máxima publicidad de los nombres de los propietarios y empresas agropecuarios más relevantes en cada provincia, incluyendo sus propiedades empresariales y personales, y las ganancias de los últimos años. Cada familia trabajadora debe conocer en detalle quiénes son y cómo viven quienes lucran con sus necesidades.
b) Cortar todas las ayudas y subsidios estatales a las empresas y productores que adhieran a la protesta.
c) Nacionalización del comercio de granos, haciendo del Estado el único comprador, y así romper el negocio especulativo de las grandes exportadoras, que también fogonean la protesta.
d) Amenazar con la expropiación sin compensación de los 1.000 mayores propietarios agropecuarios del país en caso de desabastecimiento, y llevarlo a la práctica si eso ocurre.
Sobre todo, este plan debe ir acompañado de movilizaciones masivas a lo largo y ancho del país, sin esperar a que se inicie el paro patronal para llevarlas a cabo. El pistoletazo de salida de la movilización popular debe ser la jornada del 24 de marzo y continuar con un plan sostenido en el tiempo.
Hay que sacar lecciones de la arremetida reaccionaria de septiembre a diciembre y no cometer el error de regalarle la calle a la reacción. La clase trabajadora y el pueblo pobre deben tomar ya la iniciativa, que será la mejor garantía de frustrar y desarmar los planes que diseñan nuestros enemigos para los próximos meses.
