Hace 10 años que ETA abandonó las armas, y 3 desde que anunció su disolución. Los marxistas saludamos ese paso en su momento, un sentimiento compartido por millones de personas comunes en el Estado español. En cambio, la derecha, las asociaciones de víctimas del terrorismo vinculadas a ésta, y el aparato del Estado, nunca disimularon su decepción con este resultado.
ETA y los crímenes impunes del franquismo y de la Transición
Es llamativo que quienes se muestran más duros y vengativos en el tema de las víctimas de ETA, son los mismos que nunca condenaron el alzamiento fascista de Franco de 1936 ni el asesinato de las cientos de miles de personas causado por la represión posterior a lo largo de 40 años. No sólo no fueron juzgados ni purgaron por sus crímenes los representantes políticos de la dictadura ni su aparato de Estado, sino que notorios ministros de Franco –como Fraga, Fernando Suárez, o Antonio Carro– fueron diputados del PP en la “democracia”, pese a tener las manos manchadas de sangre por firmar penas de muerte en los gobiernos del dictador,
No fue casualidad que ETA naciera en plena dictadura franquista y que se nutriera en su primera década y media de existencia de los crímenes sangrientos del franquismo y de la represión practicada contra el pueblo vasco en los estertores de la dictadura y en los primeros años de la Transición, y que continuó posteriormente.
Mientras los medios de comunicación destacan la cifra de las 829 víctimas causadas por ETA, olvidan de mencionar convenientemente los 188 asesinados durante la Transición –obreros, estudiantes, nacionalistas vascos de izquierdas, y miembros de ETA– en lo que fue una práctica de terrorismo de Estado a manos de la policía, la Guardia Civil y los pistoleros fascistas. Muy pocos de estos asesinos fueron juzgados y condenados, casi todos a penas irrisorias. Otro tanto pasó con el terrorismo de Estado practicado por los GAL, bajo los gobiernos de Felipe González, que cometieron 24 asesinatos entre 1983 y 1987; por no hablar de los miles casos de tortura a los detenidos del entorno de la izquierda abertzale, incluyendo violaciones y abusos sexuales a detenidas.
¿Por qué no está feliz la derecha franquista?
ETA no consiguió ninguno de sus objetivos políticos. Hace 10 años dejó de cometer atentados y entregó todo su arsenal de armas. En sus dos últimos comunicados ETA pidió disculpas “por el sufrimiento provocado”, y terminó disolviéndose. Sin embargo, la reacción sigue proclamando: ¡Venganza! ¡Venganza! ¿Por qué?
La explicación es que la derecha española –PP, Ciudadanos, Vox– no tiene el más mínimo interés en la resolución del llamado “conflicto vasco” y espera seguir sacando réditos políticos de la actividad etarra del pasado con varios fines. El primero, es desviar la atención de la población de los verdaderos problemas sociales provocados por la crisis del capitalismo y para desgatar al gobierno PSOE-UP. El segundo fin es extender el estigma de terrorista a toda acción que desafíe el status quo y al régimen, como vemos en el conflicto catalán. En tercer lugar, mantener un código penal altamente represivo que le sirve para reprimir las luchas sociales y la libertad de expresión en un contexto de deslegitimación popular de todo el régimen del 78. En cuarto lugar, el miedo a que, como pasó en Catalunya, se desate a un potente movimiento de masas en Euskadi que abra un “segundo frente” en el desafío al régimen. Y en quinto lugar, para mantener movilizada su base electoral de apoyo entre las capas más atrasadas de la población, explotando y exacerbando demagógicamente el tema de las víctimas de ETA.
En esta estrategia de mantener “viva” a ETA también colaboran sectores importantes del aparato del Estado. La actividad etarra siempre fue utilizada, no sólo para incrementar la represión general y endurecer el código penal, sino para justificar la impunidad policial, los privilegios especiales para los altos mandos policiales y militares, y la existencia de fondos reservados que escapan a todo control y con los que se han lucrado en oscuros negocios durante décadas numerosos mandos de la policía y la guardia civil.
La derechista Asociación de Víctimas del Terrorismo ha recibido ingentes subsidios del Estado, se opone a cualquier reforma progresista en el código penal, y ha estado salpicada por algunos escándalos de corrupción, como pretender hacer pasar como víctimas de ETA a directivos que no lo eran, para que percibieran ayudas económicas. Asociaciones similares, como la Fundación Miguel Angel Blanco, apareció vinculada a la trama de corrupción Gürtel, con la utilización de facturas falsas para pagar actos del PP. Por supuesto, ningún fiscal inició acciones penales contra ambas asociaciones por estos hechos.
El marxismo y el terrorismo individual – Un balance de ETA
Nosotros situamos la responsabilidad principal por la actividad etarra durante décadas en el Estado español y sus gobiernos. Como lo prueba hoy el caso catalán, la burguesía española no puede permitirse la celebración de referéndums democráticos de autodeterminación en Euskadi ni en Catalunya, lo que considera tabú. Y sin embargo, si se hubiera permitido hacerlo, no por exigencia de ETA sino como un derecho democrático básico, ETA habría carecido de motivaciones políticas para seguir actuando y, con bastante probabilidad, se hubiera visto obligada a dejar de actuar 30 o 40 años atrás. Por lo tanto, el Estado español tiene tanta responsabilidad en la continuidad de ETA en la “etapa democrática”, como en la que tuvo en el franquismo.
Ahora, cuando se cumple el 10º aniversario del cese de la actividad armada de ETA, el Estado español celebra su “victoria” sobre la banda. Pero no fue en sí misma la represión estatal (plagada de acciones criminales y de terrorismo de Estado que fueron, incluso, más allá del ámbito etarra) la que condujo al fin de ETA; sino el creciente aislamiento social de la organización producto de la política falsa y errónea del terrorismo individual practicado durante décadas.
Fue así que en 2011, ETA declaró su tregua permanente, pocos días antes de las elecciones del 20 de noviembre de 2011. Finalmente, en abril de 2017 entregó su arsenal y, un año más tarde, el 3 de mayo de 2018, decretó su disolución.
Su moral y la nuestra
Sí, nos alegramos del final de ETA; pero nuestra alegría y razones no tienen nada que ver con las de nuestros enemigos de clase ni con las de sus agentes en la izquierda española, fundamentalmente en la dirección del PSOE.
No tenemos nada en común con los herederos de quienes masacraron a nuestros hermanos, padres, abuelos y bisabuelos en la Guerra Civil, la dictadura franquista y los años de la Transición, con quienes promovieron el terrorismo de Estado y la “guerra sucia” en los gobiernos de Felipe González, con la derecha neofranquista que en los últimos años ha cercenado nuestros derechos democráticos duramente conquistados, con la criminalización generalizada de todos aquellos que deciden luchar contra las lacras de este sistema, ya sea desde la actividad política, las redes sociales o el mundo artístico.
No tenemos nada que ver con la clase capitalista ni con sus marionetas políticas, responsables de otro terrorismo, el terrorismo patronal, que pasa desapercibido en sus escrúpulos morales, como son las muertes por accidentes laborales, consecuencia de la explotación de la clase trabajadora para engordar su afán de lucro. Han sido miles de trabajadores muertos a pie de tajo, que multiplican por 30 o 40 las víctimas de ETA. Sólo el año pasado fallecieron 780 trabajadores por esta causa, casi tantos como en 50 años de actividad armada de ETA.
Qué decir del terror diario que sufren miles de familias obreras que son desahuciadas de sus viviendas, despedidas de sus puestos de trabajo, condenadas a la precariedad laboral de por vida, o empujadas al exilio económico y, en los casos extremos, al suicidio.
Y ya que les preocupa tanto la vida humana y la muerte de gente inocente, qué decir de los criminales de guerra en los gobiernos españoles que apoyaron y nos implicaron en las guerras imperialistas en Irak (en 1991 y 2003) que segaron la vida de cientos de miles de personas, conduciendo a la región a la barbarie. Precisamente, los 200 muertos del atentado del 11-M de 2004 en Madrid, como reacción del terrorismo islamista a la implicación de nuestro país en la guerra de Irak impulsada por Aznar, deben ser también colocados en la cuenta del PP y del capitalismo español.
Esta gente jamás resolverá ni uno sólo de nuestros problemas sociales y mucho menos las cuestiones democráticas pendientes que quedan en el Estado español, como la cuestión nacional vasca y catalana; porque la resolución de todas ellas está vinculada a la superación del régimen monárquico del 78 y del propio sistema capitalista.
Frente a la derecha española y los reaccionarios, defendemos y exigimos, como medidas inmediatas, el reagrupamiento de los presos de ETA en cárceles de Euskadi y Navarra, y que se les apliquen los mismos derechos que al resto de presos comunes –aplicación del 2º y 3º grado, rebajas legales de condena que correspondan, fin de la política de aislamiento, salidas por motivos familiares y de salud, etc.– la liberación de los presos vascos por motivos políticos y el retorno de los exiliados sin cargos, el levantamiento de la prohibición de los partidos y asociaciones civiles abertzales ilegalizadas, así como de sus medios de comunicación cerrados.
El fracaso político de ETA
La disolución de ETA fue también la constatación final del fracaso de los métodos de la llamada “lucha armada”, practicada durante 50 años por esta organización, sin haber conseguido ni uno solo de sus objetivos: la liberación nacional de Euskal Herria y el socialismo. Es más, los métodos de ETA se demostraron totalmente contraproducentes ya que han sido utilizados por los sucesivos gobiernos y el aparato del Estado para fortalecer ese mismo aparato del Estado, endurecer la represión y restringir los derechos democráticos contra todos. Ha malgastado y desperdiciado las vidas y las iniciativas revolucionarias de dos generaciones de luchadores vascos. La actividad armada de ETA jugó durante décadas un papel pernicioso en mellar las extraordinarias luchas del pueblo vasco por sus derechos democrático-nacionales, favoreciendo la estrategia de la reacción de introducir todo tipo de prejuicios nacionales y moralistas para aislar la lucha del pueblo vasco de sus hermanos de clase en el resto del Estado. Hablemos claro, el pueblo catalán en 5 años de incesantes luchas de masas llegó más lejos en la lucha por sus derechos democrático-nacionales, y en su desafío al Estado español, que lo que la izquierda abertzale jamás soñó para Euskal Herria.
Celebramos que con su disolución, ETA y el conjunto de la izquierda abertzale apostasen por la vía política para luchar por sus objetivos. Desde nuestro punto de vista, esa vía política debía estar basada en los métodos de la lucha y la agitación política de masas, las manifestaciones, las huelgas y, en un punto más elevado, a través de un movimiento revolucionario de masas. En su lugar, la dirección abertzale encauzó la acción política, con gran malestar interno, a través de los métodos reformistas clásicos del cretinismo parlamentario, enclaustrando el programa político dentro de los límites del capitalismo, o mendigando un frente común con la burguesía vasca y el PNV, siempre dispuestos a traicionar el movimiento ante la burguesía española para defender sus negocios e intereses de clase.
Vincular la lucha por los derechos democrático-nacionales con el socialismo
Pese a todo, es llamativo el cambio de posición de la dirección de EH Bildu respecto a la lucha por la independencia de Euskal Herria. En una entrevista con Pablo Iglesias el 18 de octubre, aparecida en ctxt.es, Arnaldo Otegi, afirmaba:
“Nuestra actual propuesta apuesta por una Confederación Vasco-Navarra confederada con el Estado Español. Para nosotros ese escenario es un escenario de suficiencia política en este contexto histórico. Esa Confederación delimitaría amplias soberanías propias, las soberanías compartidas, los mecanismos para el ejercicio del derecho a decidir, un marco competencial amplio y la aceptación del carácter nacional del pueblo vasco, amén de una regulación extensiva de todos los derechos sociales y económicos de nuestro pueblo”.
Este es un cambio de calado, y contiene consecuencias muy positivas. Primero, porque la idea de la confederación de los pueblos que conforman el Estado español puede encontrar una audiencia y simpatía fuera de Euskal Herria. Pero, además, obliga a extender alianzas y vínculos con las fuerzas rupturistas con el régimen del 78 en todo el Estado, y favorece políticas de frente único entre la clase obrera vasca y sus hermanos de clase del resto del Estado español.
Nuestra única matización a la propuesta de EH Bildu es que tal confederación debe ser republicana y tener un carácter socialista, debe vincular la liberación nacional con la liberación social de la clase trabajadora. Y esto es así porque la lucha por los derechos democrático-nacionales es inseparable de la lucha por el socialismo. Sólo la clase obrera está en condiciones de llevar hasta el final la lucha contra todo tipo de explotación y opresión, y en asegurar la plena satisfacción de los derechos democráticos más avanzados, comenzando por el derecho del pueblo vasco a decidir por sí mismo qué relación quiere mantener con los demás pueblos del Estado español, incluido el derecho a formar un estado independiente, si esa fuera la voluntad de la mayoría.
