El pasado 5 de octubre, entre las 10:00 y las 11:00 a.m., unidades de la Policía Nacional de Colombia movilizadas a la vereda el Tandil de Tumaco, un municipio portuario limítrofe con Ecuador, abrieron fuego contra un grupo de campesinos cultivadores de coca procedentes de diferentes veredas. Los campesinos inermes adelantaban una protesta pacífica en oposición a la erradicación forzada de los cultivos de coca como parte de una serie de acciones políticas que adelantaban desde el 28 de septiembre.
El Gobierno colombiano en cabeza de Juan Manuel Santos, como parte del Acuerdo firmado con las FARC-EP se comprometió, entre otras cosas a “(…) encauzar por los canales de la democracia la resolución de las diferencias y los conflictos, contribuyendo de manera decisiva a la creación de un clima de convivencia y reconciliación.” (2.1.2), a dar “Garantías para la movilización y la protesta social, (…)” (2.1.2.2.) y a poner “(…) en marcha un nuevo Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).” (4.1) Éste debería tener entre sus principios la sustitución voluntaria y contribuiría a “(…) la generación de condiciones que les permita a las comunidades que habitan las zonas afectadas por cultivos de uso ilícito gozar de condiciones de bienestar y buen vivir, y a las personas directamente vinculadas con los cultivos de uso ilícito oportunidades para desvincularse definitivamente de esa actividad.”Nada de esto ha ocurrido.
Pocas horas después del ataque, el Ejército y la Policía emitieron un comunicado en el que responsabilizaban de la acción armada que dejó un luctuoso saldo de seis muertos (tal vez más, de acuerdo a reportes recientes) y más de cuarenta heridos, a una disidencia de las FARC que atacó a los campesinos con cilindros bomba. Alrededor de las 4:00 p.m. diversas organizaciones campesinas que hacen presencia en la región denunciaron la acción armada y responsabilizaron a las autoridades del hecho. Asimismo, negaron que se empleasen cilindros bomba. En un principio, el Gobierno apoyó la tesis de las Fuerzas Militares la cual fue replicada por los medios de comunicación de la burguesía.
Las FARC-EP, como organización armada, hicieron presencia en este territorio mucho tiempo y en 2011 adelantaron diversas acciones en el mismo. Actualmente, los ex-guerrilleros, constituidos en partido político con el nombre Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, se encuentran en la Zona Veredal Transitoria de Normalización Ariel Aldana. Desde allí han denunciado crímenes contra sus camaradas por parte de organizaciones narcoparamilitares y los incumplimientos del Gobierno al Acuerdo Final firmado en el Teatro Colón hace un año.
El 8 de octubre la Policía Nacional atacó a una misión internacional que se dirigía a investigar la masacre. Esta incluía funcionarios de la ONU que se identificaron como tales y periodistas. Ese día se sugirió que la cifra de muertos podía ser mayor ya que algunos campesinos no habían podido recoger los cuerpos de sus compañeros debido a que la Fuerza Pública se encontraba ocultando pruebas. Este exceso de la Policía que puso en riesgo los intereses de ciertas organizaciones al servicio del imperialismo, se tradujeron en presión al Gobierno para tomar medidas ante lo ocurrido. El 11 de octubre el Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas pidió al director nacional de la Policía, general Jorge Hernando Nieto, retirar de su cargo a ochenta agentes, dos oficiales y veinte oficiales de nivel ejecutivo.
Desde que se hizo de conocimiento público la práctica criminal conocida como “falsos positivos” que consistía en asesinar jóvenes trabajadores para hacerlos pasar como guerrilleros caídos en combate, la estrategia de extirpar “unas manzanas podridas” ha sido empleada por el Estado como estrategia política ante la comunidad internacional. De hecho, el actual presidente era ministro de Defensa cuando algunas madres de los jóvenes asesinados denunciaron estos hechos. Estas “purgas” no garantizan que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional pongan fin a sus agresiones contra los trabajadores y los campesinos como lo demuestra el asesinato de la periodista indígena Efigenia Vásquez Astudillo por parte del ESMAD (Escuadrón Móvil Anti-Disturbios) el 8 de octubre. Simplemente lavan la imagen del Gobierno ante el imperialismo y sus organizaciones afines.
El campesinado nariñense y las organizaciones indígenas ya se habían referido el 8 de septiembre a “(…) las denuncias en relación con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – PNIS, contemplado en el punto 4 y las actuaciones de mala fé en Tumaco (…)”Como siempre, la respuesta del Estado no fue otra que la fuerza bruta.
Túmaco está ubicado en una región rica en recursos naturales (cuerpos de agua, biodiversidad, etc.), cuenta con 35.000 hectáreas cultivadas de palma africana y siete plantas extractoras de aceite, es el principal puerto petrolero del Pacífico, y además, su posición fronteriza es estratégica en lo político, militar y comercial. Así que, además, Tumaco es un importante corredor para los narcotraficantes. No es de extrañar la fuerte presencia del imperialismo a traves de USAID que tiene como fachada estimular el cultivo de camarón.
Esta extrema riqueza se queda en los bolsillos de burgueses y narcotraficantes, mientras, los trabajadores y campesinos de Tumaco viven en condiciones de pobreza, atraso y violencia. La movilización de los campesinos cocaleros no tiene otra causa que el hambre. Hace años que las actividades agrícolas dejaron de ser rentables en Colombia para los pequeños y medianos productores. El campo está en manos de compañías multinacionales y de grandes hacendados. El cultivo de coca en pequeñas parcelas es el único medio que encuentran los campesinos de esta y muchas regiones del país para proveer algún sustento a sus familias y, si alcanza, alguna educación a los hijos. La erradicación forzada los condena a la muerte por inanición o por la respuesta violenta de los narcotraficantes. Por ello, no sólo apoyan el “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” sino que además están dispuestos a movilizarse para exigir su cumplimiento. Sin embargo, fiel a su tradición, la oligarquía colombiana no parece estar dispuesta a respetar el acuerdo.
Desde los primeros meses del año organizaciones de todo tipo, incluyendo la ONU, han denunciado el incumplimiento del Acuerdo por parte del Gobierno. A pesar de esto, las FARC cumplieron con la dejación de armas y el pasado 1o de septiembre en un multitudinario acto público, se presentaron ante los colombianos como un partido político que buscaba construir “Un país en el que la tolerancia y el respeto por la diferencia sean la norma, en el que el diálogo y la concertación sean la forma de solucionar los problemas.”
A pesar del blindaje jurídico al Acuerdo avalado por la Corte Constitucional, sabemos que ni el Gobierno, ni la clase que representa, tiene interés alguno en cumplir con lo pactado, mucho menos en acabar con el narcotráfico, única industria que les ha resultado rentable y sostenible desde que disolvieron la Colombia que fundó Bolívar. Desde entonces, sabemos que no tienen ningún interés en hacer concesiones al pueblo, así estas respondan a los mínimos criterios de la democracia burguesa. El auténtico objetivo de la burguesía es sacar a las guerrillas de los territorios donde operan para poder explotarlos de acuerdo a sus intereses y los del imperialismo. Colombia es un país que guarda enormes riquezas en cada rincón y bajo un capitalismo en crisis esto significa nuevos mercados para explotar. Cada tanto habrá uno que otro gesto amable del Gobierno para complecer a “la comunidad internacional”, pero se mantendrá la violencia contra el pueblo.
Hace treinta y cuatro años, en mayo de 1983, el historiador liberal Otto Morales Benítez renunció a su cargo como presidente de la Comisión Nacional de Paz nombrada por el entonces presidente de la República Belisario Betancur. En su misiva, Morales se refería a que “(…) los enemigos de la paz están agazapados por dentro y por fuera del Gobierno (…)” Estos enemigos han cambiado muy poco y expresan en todos los medios su desacuerdo con el fin a las acciones armadas contra la población y con cualquier conseción política que se haga al pueblo. El expresidente y senador Álvaro Uribe y su Centro Democrático, el nieto del expresidente Carlos Lleras, Germán Vargas Lleras que aspira a la Presidencia de la República, los militares retirados organizados en ACORE, las tendencias más reaccionarias del cristianismo y organizaciones narcoparamilitares como las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia que en la tarde del 12 de octubre enviaron una carta con amenazas de muerte a la Unión Patriótica, un partido que enfrentó a “los enemigos de la paz” con más de 3.000 víctimas.
Hoy la actitud del pueblo empieza a ser otra. Los campesinos de Colombia no retroceden ante las acciones violentas del Estado y claman justicia. Los trabajadores de Bogotá han optado por expresar su descontento con el Gobierno de la ciudad en cabeza de Enrique Peñalosa, uno de los consentidos de Vargas Lleras y Uribe, los pilotos de Avianca se declaran en huelga y cada día ganan más apoyo popular. Las condiciones objetivas están dadas para que se dé un cambio revolucionario en Colombia. Sin embargo, como lo demuestran las candidaturas a las elecciones a realizarse el año próximo, el factor subjetivo se encuentra en un momento crítico. Las fuerzas de la izquierda se encuentran atomizadas en diferentes partidos reformistas y las FARC, a pesar de llamarse revolucionarias, han dicho que “Habrá que ir por etapas”.
Las movilizaciones que se promueven día a día son importantes y necesarias. Ya en junio, a propósito de la huelga de los trabajadores de Buenaventura, pronostícabamos “otras expresiones del descontento popular”. Cada una de estas acciones es también una jornada de aprendizaje. El fantasma del socialismo venezolano con el que amenaza la extrema derecha a aquellos que defienden la paz terminará por descubrir su verdadero rostro: Sólo el socialismo internacional es garantía de una paz estable y duradera.
Desde aquí hacemos nuestro aporte a la lucha invitando a los estudiantes y trabajadores a que se unan a la Corriente Marxista Internacional y nos escriban a colombiamarxista@gmail.com
¡Justicia para los campesinos de Tumaco!
