La piedra angular de la libertad establecida hace casi ochocientos años ahora está amenazada por el gobierno laborista. La última ley reaccionaria entrega el poder a la Secretaría de Interior para que aquellos sospechosos de terroristas puedan ser condenados indefinidamente a arresto domiciliario.
GRAN BRETAÑA
La piedra angular de la libertad establecida hace casi ochocientos años ahora está amenazada por el gobierno laborista. La última ley reaccionaria entrega el poder a la Secretaría de Interior para que aquellos sospechosos de terroristas puedan ser condenados indefinidamente a arresto domiciliario.
Bush y Blair han intentando presentar la farsa electoral de Iraq y Afganistán como grandes victorias para su versión de la libertad y la democracia. Mientras tanto, en casa intentan acabar con los derechos democráticos básicos conseguidos durante generaciones a través de la lucha. En EEUU ha adoptado la forma de Acta Patriótica. El Acta de Prevención del Terrorismo de 2001 y las actuales propuestas tienen el mismo efecto aquí. En realidad, en muchos países se están planificando leyes similares. Esto no es casualidad.
Una vez más, bajo la máscara de la guerra contra el terrorismo, nos enfrentamos a medidas que constituyen un ataque sin paralelos contra nuestras libertades civiles. La amenaza que representan estas medidas draconianas para nuestros derechos democráticos, tan duramente conquistados, debe encender las luces de alarma en todo el movimiento obrero. La Secretaría de Interior también tiene derecho a prohibir reuniones, manifestaciones y organizaciones, puede quitarles sus propiedades en caso de amenaza terrorista o cualquier otro disturbio civil, esto supone una revisión de la Ley de Poderes de Emergencia.
Los peligros que en el futuro estas propuestas implican para las luchas del movimiento son más que evidentes.
El año pasado, el gobierno de Blair aprobó con carácter de urgencia una ley que permitía a la futura Secretaría de Interior detener a extranjeros sospechosos de ser terroristas sin tener que llevarlos a juicio. Sin embargo, la cámara de los lores finalmente determinó que esta ley era discriminatoria contra los extranjeros. Ahora el nuevo ministro de interior, Charles Clarke, ha cuadrado este círculo con mucha facilidad. ¡Simplemente volvió a redactar la ley para que se aplique también a los ciudadanos británicos!
Resulta irónico que se pueda condenar a alguien indefinidamente a arresto domiciliario por orden de un político. Mientras tanto, el Lord Cancíller, utiliza la Ley de Derechos Humanos para defender el derecho del príncipe Carlos a casarse de nuevo. Siempre hemos sabido que hay una ley para los ricos y otra para el resto de nosotros. Ahora, aparentemente, los ricos tienen derecho a disfrutar de los derechos humanos mientras que el resto estamos exentos.
Blair, Clarke y compañía, piensan que ocultarse detrás de sus pretensiones de una amenaza inminente a la seguridad nacional, les permite socavar nuestros derechos democráticos más básicos. Clarke incluso ha tenido el descaro de utilizar el ejemplo de los atentados de Madrid como una amenaza: La atrocidad de Madrid ocurrió durante unas elecciones generales… Estas cosas también pueden ocurrir aquí. Que la población británica se enfrenta al peligro de atentados terroristas es principalmente debido a la política exterior del gobierno británico que se ha subordinado servilmente a los intereses del imperialismo estadounidense. La invasión criminal de Iraq, que supuestamente formaba parte de la guerra contra el terrorismo, ha servido para multiplicar por mil la amenaza terrorista.
De la misma forma que el gobierno reaccionario de Aznar hizo con la población española, lo que llevó a los atentados suicidas que hace un año devastaron cruelmente Madrid. Muchos hombres, mujeres y niños inocentes murieron antes de que el recién elegido gobierno del Partido Socialista sacara a las tropas españolas de Iraq. Vergonzosamente, Tony Blair realmente intentó presionar al gobierno socialista de Madrid para que no retirara sus tropas.
Tarde o temprano, la realidad será algo evidente incluso para los más testarudos. El Partido Popular de Aznar fue echado por el pueblo español. La causa de su derrota fue el vergonzoso apoyo a la guerra de George Bush en Iraq. Tony Blair puede correr la misma suerte. Pero lo que hace falta aquí no es sustituir a Blair con los tories (conservadores pro imperialistas), sino que la base del Partido Laborista y los sindicatos deben echarlo del partido, sustituirlo a él y a sus socios del Nuevo Laborismo por una dirección verdaderamente socialista, dispuesta a desafiar los dictados de las grandes empresas y Washington, dispuesta a poner en práctica una política que corresponda con los intereses de la clase obrera.
Hay síntomas claros de una creciente rebelión contra Blair, incluso dentro del grupo parlamentario laborista. En la segunda votación de esta ley en el parlamento, la mayoría de 159 del gobierno quedó reducida a la mitad. La ley fue aprobada por una mayoría de 76, pero dos tercios de los parlamentarios laboristas votaron en contra y algunos oradores la calificaron de infracciones draconianas de la libertad personal.
Durante toda la historia, la clase obrera ha luchado por sus derechos democráticos, mientras que la clase dominante siempre ha intentado restringirlos. Aquellos que hablan tanto de llevar la democracia a la población de Iraq deberían mirar la situación real que hay en la Gran Bretaña democrática, donde todos los derechos democráticos conquistados por la clase obrera a lo largo de generaciones poco a poco están desapareciendo. El derecho a huelga fue duramente restringido hasta el punto que las leyes británicas infringen las normas de la OIT.
Nosotros no tenemos ilusiones en los jueces, en los tribunales ni en el parlamento, precisamente por la forma en que están constituidos actualmente. Nuestros derechos democráticos están siendo duramente restringidos, no tenemos control sobre los jueces o sobre quién dirige el Banco de Inglaterra, ni sobre la policía, ni sobre aquellas personas que tienen un impacto decisivo en nuestras vidas. En realidad, los bancos y los grandes monopolios toman todas las decisiones serias en nuestra sociedad. Incluso la posibilidad democrática limitada de elegir parlamentarios también está bajo ataque. Desde hace tiempo el poder ha estado pasando del parlamento al gabinete, y más recientemente del gabinete a los primeros ministros y sus asesores a los que nadie elige.
Sin embargo, a pesar de las libertades y derechos limitados que tenemos en este sistema, tuvimos que luchar mucho para conseguirlos y tendremos que luchar para defenderlos. Es evidente que la clase obrera necesita el máximo nivel de democracia para poder llevar adelante su lucha contra los empresarios y su sistema.
Esta no es una cuestión secundaria. Lo que han propuesto aquí es un ataque fundamental a nuestros derechos. Estas medidas van acompañadas de la abolición del derecho a juicio con jurado; la introducción de los carnés de identidad y todas las leyes antisindicales aprobadas durante los ocho años de gobierno laborista. De la misma manera que todas las reformas conquistas con la lucha de la clase obrera relacionadas con la jornada laboral, la sanidad o educación gratuitas están siendo atacadas, también lo están siendo nuestros derechos y libertades democráticas. Estos cambios no se restringen sólo a Gran Bretaña, ni son monopolio de un gobierno, sino que representan un proceso a través del cual el sistema capitalista está redefiniendo políticamente (y económicamente) los instrumentos del estado para que éstos se adecuen mejor a sus necesidades en esta nueva situación. Están preparándose para la crisis que se está desarrollando en su propio sistema.
Las medidas propuestas por el gobierno laborista no tienen precedentes en tiempos de paz. Gran Bretaña no está en guerra. La clase dominante se está preparando para la batalla en casa, contra la clase obrera, batallas que han comenzado con ataques al empleo, las pensiones, la sanidad, la educación y la vivienda.
Todo el movimiento obrero debe tener esto en mente. Ya sabemos que el capitalismo no puede garantizarnos un empleo, hospitales ni escuelas. Ahora está demostrando que incluso no puede garantizar bajo este sistema la democracia. De la misma forma que la lucha por la educación y la sanidad gratuitas es una parte fundamental de la lucha por el socialismo, también la única forma de poder defender los derechos y libertades limitadas que ganamos en el pasado, es extendiendo la lucha para conseguir el verdadero control democrático sobre todos los aspectos de nuestra vida, a través de la lucha por el futuro socialista de la sociedad.
