Es necesario seguir profundizando los cambios para no sufrir la crisis capitalista mundial ni los embates de la derecha
Desde hace unos meses el gobierno toma medidas destinadas a reactivar la economía, frenada como parte de la crisis global del capitalismo. Demuestra así que mantiene la iniciativa frente a la impotencia e incapacidad de la oposición derechista, que insiste en propuestas fracasadas de liberalismo pro mercado. Se destacan las últimas propuestas de lanzamiento de bonos para atraer inversiones, los acuerdos de precios, los incrementos en las asignaciones familiares y el control social de las cadenas de comercialización. Pero ¿son suficientes para que la economía salga del estancamiento?
La década económica
Después de crecer a tasas de hasta el 9% desde 2002 (con la excepción del freno de 2008-2009) un nuevo período de estancamiento sobrevino desde fines de 2011. Si se creció a tasas ¨chinas¨ por las políticas adoptadas y la coyuntura internacional favorable (tipo de cambio competitivo, reestructuración de la deuda, precios altos de exportaciones, decidida intervención estatal, acento en mercado interno: recuperación salarial, etc.) fue necesario profundizar las medidas ante la coyuntura de 2008. Sequía, boicots de las patronales agropecuarias y coletazo de las finanzas internacionales no acobardaron al gobierno que redobló la apuesta: AUH, recuperación de Aerolíneas, nacionalización de las AFJPs, ley de medios audiovisuales, entre otras, a la vez que comenzaba a deshacerse de su ala pejotista.
El gran triunfo electoral de 2011 marcó que ese era el rumbo que las masas estaban dispuestas a apoyar.
Bonos para atraer inversiones en energía y viviendas
Pero desde hace año y medio un nuevo freno de la economía se presenta como el principal desafío para la administración nacional. La disminución de la demanda externa (exportaciones), la falta de inversión privada, sobre todo en energía (lo que fue respondido por el gobierno con la recuperación parcial de YPF), y cierto desajuste fiscal (crecimiento del gasto y la emisión monetaria, sin el correspondiente crecimiento de la producción) complican los números de estos meses.
A la vez, se acentuaba desde 2007 la histórica fuga de divisas de la economía nacional. Se calcula que existen hasta 175 mil millones de dólares de argentinos fuera del circuito de la producción, de los cuales unos 60 mil millones estarían dentro del país. En respuesta a esto el gobierno restringió la venta de dólares y limitó el giro de utilidades al exterior de las empresas con casa matriz extranjera, lo que generó reinversiones de cierta importancia: la IDE (inversión directa externa) creció un 27% durante 2012.
Y ahora propone al congreso el lanzamiento de dos bonos que buscan atraer los capitales fugados, mediante grandes beneficios impositivos, el llamado ¨blanqueo de capitales¨. Uno de los bonos estaría destinado a inversiones en el área energética, que ya mencionamos como uno de los sectores más críticos (se lleva casi un 20% de los fondos que se destinan a importaciones). El otro, se utilizaría para la construcción de viviendas o para la adquisición de inmuebles usados, otro de los sectores muy afectados por la escasez de dólares en el último año. Los ataques especulativos contra el peso, parte de una campaña devaluacionista de los empresarios que buscan licuar salarios y gastos, están en primera línea en este nuevo auge de reticencias a invertir.
En 2009, con el ¨blanqueo¨ anterior, se consiguió el ingreso de unos 4.000 millones de dólares. Es difícil anticipar el resultado de esta nueva iniciativa, que aún se encuentra en tratamiento legislativo. Si bien el atractivo parece mayor (por perdón impositivo) la tensión preelectoral y el boicot de inversiones de los devaluacionistas conspiran contra su éxito. En los próximos meses se podrán medir los resultados de este lanzamiento de bonos.
Mejores datos en marzo y abril
Después de más de un año con crecimiento del PBI cercano a cero, que se refleja en el bajísimo crecimiento del empleo (por debajo del crecimiento de la demanda, lo que llevó la tasa de desempleo oficial del 7,1 al 7,9%) aparecen algunos datos mejores, referidos a marzo y abril de 2013.
Según el Indec la industria dejó de caer, crece 0,1% respecto a febrero y 1,4% contra marzo de 2012. La capacidad instalada utilizada pasa de 73 a 76%. El sector que encabeza la recuperación es el automotriz (38,8% anual) y luego el minero no metalífero (7,5%). El sector energético continúa cayendo (8,2% la refinación de petróleo).
Un informe privado, de Orlando Ferreres, da un crecimiento de la economía de 3,2% anual en abril (1,2% en el primer cuatrimestre). Atribuye la recuperación al buen resultado de la cosecha (16,2% crece el sector agropecuario, 20% la soja con altos precios de exportación) y a la expansión de la intermediación financiera (19,6% anual, en base a ganancias obtenidas por intereses y acciones bursátiles). También señala una recuperación industrial (1,9%) basada en la producción automotriz, que estaría cerca del tope de su capacidad productiva, lo que le exigiría importantes inversiones para continuar creciendo. También destaca Ferreres una demanda sostenida en base a los incrementos salariales en paritarias. Pero alerta sobre el parate del sector inmobiliario, la falta de crecimiento en industria pesada, la estacionalidad de la cosecha, y el crecimiento en sectores volátiles (y parasitarios, agregamos) como el financiero, lo que le restaría impulso duradero a esta recuperación.
Con estos datos oficiales y privados, se pueden esperar un par de meses más de bajo y muy desigual crecimiento. Para más adelante nadie se atreve a arriesgar.
Incrementos en las asignaciones familiares y control social de precios
El gobierno de Cristina Fernández tampoco se queda tranquilo con estos números y continúa tomando medidas. La semana pasada anunció el incremento de las distintas asignaciones familiares, lo que significa volcar para la satisfacción de necesidades básicas unos 16.800 millones de pesos más al año (se pasa de 24 a 41 mil millones) ya que están destinados a los trabajadores y sectores más desprotegidos de la población. Se espera que esta demanda agregada pueda ayudar además al sostenimiento de la economía.
A mediano y largo plazo se lanzaría un plan de obras públicas en las provincias, aunque los fondos que se destinarían a las mismas no parecen representar, hasta ahora, un volumen importante.
También anunció la campaña ¨Mirar para cuidar¨, protagonizada por movimientos sociales, para evitar que la demanda de asalariados y beneficiarios de asignaciones sea la excusa para aumentos de precios. Consistiría en la vigilancia popular a las cadenas de comercialización para frenar la inflación. El tema específico de la inflación lo trataremos en un artículo aparte, pero sí queremos destacar aquí que el control social de precios puede servir para fortalecer la autorganización de los sectores populares (si se organizan comités populares en todos los barrios y ciudades), lo que puede extenderse también a otros temas importantes como seguridad, alquileres, servicios públicos, etc.
Profundizar el rumbo para neutralizar la crisis y a la oposición de derecha
Para evitar la dependencia de la llegada de dólares, y de la inversión privada en general, en manos siempre de capitalistas que pretenden imponer sus condiciones a la economía del país y hasta en las políticas de estado, se debe seguir profundizando el rumbo. Es necesario recuperar las palancas fundamentales de la economía, nacionalizando totalmente YPF y las mineras, expropiar las grandes extensiones de tierra, establecer el monopolio estatal del comercio exterior y estatizar la banca, centralizando la política financiera y el crédito. Se podría entonces desarrollar la industria pesada y las ramas necesarias para satisfacer las necesidades sociales: vivienda, obra pública, redes de agua y cloacas, etc.
Sólo con la nacionalización de los sectores más importantes de la economía, y su puesta bajo control obrero y popular (para evitar burocratismos y negociados) se pueden asegurar las importantes conquistas de esta década y avanzar en lo que falta: trabajo bajo convenio para todos, jubilaciones al 100% móvil, salud y educación públicas y de calidad, vivienda, etc. Además, quitándole la base material a los sectores privilegiados, perderían su capacidad de daño político, su influencia social desaparecería y la reacción política dejaría de ser una amenaza para el proceso de transformaciones en marcha.
