La idea predominante sobre el “abandono del campo mexicano” es sin duda cierta. Sin embargo, sólo lo es de manera parcial. Particularmente lo que la afirmación anterior oculta (o ignora) es el hecho de que el apoyo al campo por parte del Estado mexicano lejos de volverse cada vez más precario y marginal ha ido aumentando año con año. Sin embargo, esto no se ha transformado en aumentos sustantivos de la producción como tampoco en mejoras sustanciales en la calidad de vida del campesinado pequeño y pobre de México.
Por el contrario, los subsidios que se otorgan año con año a un número determinado de productores realmente refuerzan una estructura de grandes sumas de dinero al servicio de unos cuantos terratenientes que han capturado dichos apoyos.
El artículo presentará en primera instancia la modificación en la política agraria por parte del Estado mexicano posterior a la apertura comercial y sobre todo ante la firma del Tratado de Libre Comercio (TLCAN). En segundo lugar mostrará la estructura actual de subsidios agrícolas, mostrando específicamente a qué sectores de los productores agrícolas se apoya mayoritariamente. Y finalmente, se presentarán las consecuencias de la fallida estrategia (para un sector del campesinado) en materia agrícola del Estado mexicano, que ha tenido como última consecuencia el fortalecimiento de una serie de monopolios ubicados sobre todo en el norte del país y el abandono generalizado de los pequeños productores, sobre todo aquellos que se encuentran en el sur de México.
El origen del Problema
Una de las grandes conquistas del campesinado mexicano posterior a la Revolución fue la obtención de tierras y apoyo por parte del Estado para que este sector fuera preponderante en el desarrollo nacional. Sin embargo, lejos de que lo anterior resultara en una política planificada de desarrollo del campo más bien resultó en la solidificación de la estructura corporativa vinculada al PRI por medio de la Confederación Nacional Campesina, organización jerárquica que se volvió en un medio de control del campesinado por medio de ser la intermediaria entre los subsidios del gobierno y los productores.
Adicionalmente, la concentración de apoyos se hizo en los estados del norte del país, desarrollando mayormente, comparativamente hablando, las fuerzas productivas agrícolas en esos estados y abandonando casi por completo a los estados del sur. Mecanismos de protección a los productores fueron implementados con el objetivo de garantizar su productividad, altos aranceles y controles de precios fueron los instrumentos idóneos para garantizar la producción nacional y evitar que productos extranjeros inundaran el mercado mexicano.
Pero todo el despilfarro (mayoritariamente proveniente de recursos petroleros y deuda externa) llegó a su límite y, con la crisis del modelo de sustitución de importaciones y la debacle del Estado como rector de la economía en los 80’s, también el campo sufrió los efectos adversos de la crisis generalizada de la economía nacional. La lógica prevaleciente de las relaciones entre el campesinado y el campo fue modificada abruptamente. Ahora, en lugar de que el Estado se convirtiera en protector (por lo menos de la estructura corporativa que lo apoyaba) dejó en manos de la dinámica económica la sobrevivencia del campo mexicano, evitando lo más posible intervenir aunque si realizando una modificación trascendente: la reforma de 1992 de Salinas que significó la posibilidad de la venta de las tierras ejidales y con ello su consecuente privatización. (Mackinlay Grohmann, 1993)
Otros cambios importantes que tienen gran significación en la problemática agrícola son en primer lugar el cambio del patrón poblacional que pasó de ser ampliamente agrario, como se muestra en el siguiente cuadro (SEMARNAT, 2010):
En segundo lugar, la modificación de la estructura económica tuvo también un alto impacto, pasando de ser mayoritariamente agraria a industrial, factor que tuvo incidencia en el cambio poblacional anteriormente mostrado.
En tercer lugar, las organizaciones corporativas campesinas que vieron la debacle del Estado no cesaron en presionar al aparato burocrático para que no disminuyera la cantidad de dinero entregado, incluso ante la llegada del PAN al gobierno federal que no supo cómo contrarrestar a dichas organizaciones y más bien se mantuvo como rehén de las mismas, eso sí, dejando en el desamparo a quienes no pertenecían al aparato de la mafia tradicional priísta.
Actualidad del campo en México
De acuerdo con datos del INEGI (INEGI, 2011) para el año 2010 la composición de la población del país se estructura en un 77.8% que habita en entornos urbanos y un 22.2% habita en entornos rurales.
En términos de ocupación en actividades agropecuarias apenas el 13.1% de la población total ocupada se encuentra en el sector, y sólo produce el 9.3% del PIB nacional. (CEPAL, 2011) La pobreza en entornos rurales es más persistente que en los entornos urbanos (CONEVAL, 2011):
A pesar de lo anterior, los montos asignados al sector agropecuario no han caído sino aumentado progresivamente, pero sin modificar la estructura de empobrecimiento del campesinado mexicano. En síntesis, el Estado no abandonó a todo el campo sino a una parte. De ser cierta esta tesis, ¿quiénes han sido los perjudicados de la política agraria actual? (Fox & Haight, 2010):
La respuesta reside en a qué sectores del campesinado se han entregado la mayor cantidad de subsidios y con ello, qué estructura de producción agrícola se ha reforzado y que tienen capturados los subsidios agrícolas. La siguiente tabla muestra claramente que los grandes productores (aquellos que poseen más allá de 5 hectáreas) son aquellos que reciben el más alto porcentaje de recursos. Sin embargo, los pequeños productores, que en número son la mayoría, solo reciben una pequeña parte de los apoyos gubernamentales:
Resulta increíble que, para un sector donde la pobreza (según las mediciones de las instituciones del Estado) es de casi el 65%, sólo el 22.5% de aquellos que poseen tierras (el 67.5% de superficie), acaparen más de la mitad de los subsidios otorgados (53.3%). Lo anterior no es producto de la casualidad, sino de una estrategia consciente de transferencias de recursos a quienes realmente no lo necesitan. Podemos observar con mayor claridad a qué segmentos de la población se otorgan los apoyos si verificamos la distribución de subsidios en cada decil poblacional (un decil es una subdivisión creada para segmentar a la población de acuerdo al ingreso promedio anual que percibe), es paradójico como el decil 1, el de menores ingresos, recibe muchos menos recursos a pesar de concentrar a la mayoría de los potenciales beneficiarios, mientras el decil 10, es decir, aquél de mayores ingresos, es el que concentra la mayor cantidad de recursos aunque la minoría de beneficiarios potenciales se encuentra en ese segmento (Merino, 2009):
En términos de distribución geográfica de los subsidios se puede observar claramente a qué estados se les otorgan una mayor cantidad de recursos y con ello, determinar en donde se encuentran los monopolios agrícolas en el país:
Es posible observar cómo los subsidios, a excepción de Chiapas, se concentran en Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas y Jalisco, estados del norte y occidente del país y con largas tradiciones de gobiernos priístas y panistas. Estados con altos índices de pobreza como Oaxaca y Guerrero se encuentran en la parte media de apropiación de recursos, siendo superiores en número de beneficiarios, pero con asignaciones presupuestales muy por debajo de los estados que captan una mayor cantidad de recursos:
Con la evidencia anterior es posible afirmar que la distribución asimétrica de recursos federales para el campo está focalizada en unos cuantos estados y específicamente se otorga a grandes productores agrícolas en detrimento de los pequeños productores que, a pesar de ser mayoritarios, no logran acceder al mismo nivel de subsidios que los productores monopólicos.
Consecuencias de la protección de los monopolios agrícolas
La ideología predominante en los tecnócratas herederos de las teorías neoliberales capitalistas en cuanto al campo es que, si los campesinos no son capaces de “innovar” ni ser “competitivos”, entonces no merecen sino perecer a la competencia predadora. Esta ideología tiene su perfecto reflejo en la política agraria actual, aunque con el matiz de que, aquellos que tienen la capacidad de generar presión política a las burocracias si acceden a recursos y mantienen monopolios a expensas de la desaparición de la pequeña propiedad agrícola.
Específicamente la política agrícola ha tenido resultados nefastos (además de los ya mostrados en términos de la continuidad y reforzamiento de la pobreza en el medio rural) en cuanto a la migración, mayoritariamente hacia Estados Unidos, y, más recientemente, la captura del narcotráfico de aquellos productores empobrecidos que, sin la posibilidad de escapar del entorno de marginación en el que viven, son “empleados” por los narcotraficantes como mano de obra barata siempre bajo amenaza de ejercer violencia contra ellos o sus familias.
En términos de la migración puede observarse un incremento importante en el flujo migratorio hacia Estados Unidos, particularmente de los estados del sur, donde sirven de mano de obra barata, sin posibilidad de tener derechos laborales y que en términos de rentabilidad resultan indispensables ante la capacidad de ser empleados en largas jornadas laborales (Arrazola Ovando & López Arevalo):
Es también paradójico que, estados que concentran grandes cantidades de subsidios sean también aquellos donde la migración es más numerosa, como el caso de Zacatecas (CONAPO, 2011):
En términos de la captura de campesinos por parte del narcotráfico, ésta se ha dado ante las condiciones de pobreza y abandono por parte de autoridades que en la mayoría de los casos se encuentran en complicidad. El principal incentivo económico para que los pequeños agricultores dejen sus tierras y se inserten en el narcotráfico son las ganancias que pueden obtenerse y es que, por ejemplo, mientras en el cultivo de maíz un kilogramo tiene un valor equivalente a $4.00 pesos, un kilogramo de opio puede cotizarse en promedio en $10,000.00. Mientras el salario de un campesino depende de la venta de su cosecha a precios ínfimos, el narcotráfico paga en promedio $300.00 pesos diarios a aquellos que colaboran en el cultivo (Ríos, 2008).
Es importante hacer notar que, cuando eventos como la carestía alimentaria y la dependencia también de alimentos son comentados en los medios burgueses, en pocas ocasiones se hace referencia al estado actual de los apoyos gubernamentales. Adicionalmente año con año los diputados que están bajo las órdenes de las organizaciones campesinas se rasgan las vestiduras porque al campo mexicano se lo aniquila, la mayoría de las veces están defendiendo los recursos capturados no para beneficio del pueblo ni del país, sino para los terratenientes y monopolios que los pusieron en el poder.
Si la autosuficiencia alimentaria es uno de los objetivos de la política socialista, en México las peculiaridades aquí mostradas deben ser tomadas en consideración, pues en realidad la unión entre trabajadores y campesinos debe observar las condiciones de mayor pobreza y marginación del campesino mexicano, la necesidad de luchar también contra los monopolios agrícolas y de generar una política de planificación de la industria agrícola que permita incluir al campesinado pero además, a diferencia de lo sucedido posteriormente a la Revolución Mexicana, orientar la producción y potenciarla rompiendo el corporativismo prevaleciente.
Referencias:
Arrazola Ovando, E., & López Arevalo, J. (s.f.). Crisis en el sector rural y migración mexicana. Recuperado el 2012, de http://xivrem.ujaen.es/wp-content/uploads/2011/11/85-R-066M607.pdf
CEPAL. (2011). Subregión norte de América Latina y el Caribe: información del sector agropecuario. Las tendencias alimentarias 2000-2010. Recuperado el 2012, de http://www.eclac.org/publicaciones/xml/6/44886/2011-060-Inf.sect.agrop.2…
CONAPO. (2011). Índices de intensidad migratoria México-Estados Unidos 2010. Recuperado el 2012, dehttp://www.conapo.gob.mx/swb/CONAPO/Indices_de_intensidad_migratoria_Mex…
CONEVAL. (2011). Pobreza en México y en las Entidades Federativas: 2008-2010. Recuperado el 2012, dehttp://web.coneval.gob.mx/Informes/Interactivo/Medicion_pobreza_2010.pdf
Fox, J., & Haight, L. (2010). Subsidios para la desigualdad. Las políticas públicas del maíz en México a partir del libre comercio. Recuperado el 2012, de http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Subsidios%20Para%20La%20…
INEGI. (2011). Población rural y urbana. Recuperado el 2012, de http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/rur_urb.aspx?tema=P
Mackinlay Grohmann, H. (1993). Las reformas de 1992 a la legislación agraria. El fin de la Reforma Agraria mexicana y la privatización del ejido. Polis. Investigación y Análisis Sociopolítico y Psicosocial, 99-127.
Merino, M. (2009). Los Programas de Subsidio al Campo. Las razones y las sinrazones de una política mal diseñada. Recuperado el 2012, de http://www.inforural.com.mx/IMG/pdf/CIDE_PROCAMPO.pdf
Ríos, V. (2008). Evaluating the economic impact of Mexico’s drug trafficking industry. Recuperado el 2012, dehttp://www.gov.harvard.edu/files/Rios2008_MexicanDrugMarket.pdf
