La Corriente Socialista Militante rechaza la nueva ley de “reparación de daños ocasionados por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”, impulsada por el gobierno nacional. Si bien la ley tiene aspectos positivos: se suben los pisos indemnizatorios entre un 20% y un 45%, se aumentan algo los resarcimientos, se establecen mecanismos de ajuste periódicos, y el gobierno se compromete a ampliar el listado de enfermedades laborales resistidas hasta ahora por las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART) como las hernias, lumbalgias y varices, se mantiene lo esencial de la aprobada en los 90, con lo que la seguridad en el trabajo continúa en manos de bancos y aseguradoras, a través de las ART.
Y encima se elimina la posibilidad de que el trabajador accidentado, o su familia, recurran a la justicia laboral si considera insuficiente el resarcimiento. Además, se apura a los trabajadores para que en 15 días acepten el ofrecimiento de la ART, especulando con su necesidad, y que desestime así la vía judicial. También se traslada la jurisdicción de la justicia laboral a la civil y comercial, lo que significa un retroceso para los derechos de los trabajadores y alarga los plazos indemnizatorios en muchos meses.
La situación anterior ¨preocupaba¨ a los empresarios que venían presionando, a través de la UIA, para que se sancione esta nueva ley, con el objetivo de bajar los costos laborales, en detrimento de la salud y la vida de los trabajadores.
Se han dejado de lado otros proyectos, consensuados con las organizaciones sindicales, como el presentado por el diputado Recalde o por las dos CTA, que ponían el centro en la prevención, con una fuerte presencia del estado en las inspecciones de las condiciones de trabajo en empresas, obras, oficinas, etc.
La nueva ley permite futuras ART Mutuas, sin fines de lucro, que serían asociaciones entre empresas y sindicatos, en teoría más justas que las dependientes de entidades financieras, aunque con la actual relación entre empresarios y burócratas sindicales como Zanola o Pedraza, nunca se sabe.
Este es un nuevo intento del gobierno de balancearse entre los intereses de los trabajadores y sectores populares y los de los empresarios. Así como favorece a los primeros (mediante paritarias, ampliación de derechos, recuperación de AFJP, de YPF, ley de medios, etc.), de vez en cuando toma medidas para complacer a los empresarios y mendigar inversiones, tratando de gestionar el capitalismo. Todo lo cual significa la perpetuación de la explotación de los trabajadores en manos de empresarios nacionales y extranjeros. Se suma así a la ley Antiterrorista, la ley de semillas, a los acuerdos con las transnacionales mineras, etc.
Con este tipo de medidas el gobierno favorece la demagogia opositora de la derecha y se enajena el apoyo de sectores de trabajadores.
Tampoco es aceptable que los sectores ubicados en el ala más a la izquierda del oficialismo, como los vinculados a los espacios Encuentro Nacional de la Militancia, Unidos y Organizados, Nuevo Encuentro, etc., con la excusa de no debilitar al gobierno y no hacerle el juego a la derecha, se hayan mandado a silencio o se autocensuren en sus críticas a determinadas políticas del gobierno. A la derecha se le hace el juego con políticas que van contra los intereses de los trabajadores.
También hay que decir que la respuesta sindical a este proyecto fue prácticamente inexistente. La CTA encabezada por Hugo Yasky, cercana al oficialismo, se limitó a oponerse de palabra, y los sectores de la CTA de Micheli y la CGT de Moyano, cuyos dirigentes están vinculados a la oposición de derecha, se limitaron a convocar una protesta el día de hoy cuando se votaba la ley, o diluyeron el reclamo el pasado 10 de octubre en el llamado “paro nacional” de la CTA opositora que enmascaraba una protesta política de la oposición. Pero en ningún caso organizaron una campaña seria en las empresas y lugares de trabajo en los meses y semanas previos a la aprobación de la ley.
Nuestra propuesta es que la seguridad laboral debe estar bajo el control de los propios trabajadores, organizados en comisiones por lugar de trabajo, y de los sindicatos. Para lograr esto y resistir todo retroceso (como los ajustes provinciales ocasionados por los problemas fiscales) es necesario avanzar en la lucha y la movilización. No podemos permitir que se hagan pagar, con la salud y la vida de los trabajadores, los problemas ocasionados por la crisis capitalista mundial.
