Cuando Kirchner decidió la intervención de Santiago del Estero se generó cierta expectativa positiva en la provincia. Se pensaba que con la gestión de Lanusse se limpiarían las instituciones, se castigaría a los criminales y corruptos, se desmantelaría el caudillismo juarista, se avanzaría en el combate de la desigualdad y en el reparto de la tierra, etc. Cuando Kirchner decidió la intervención de Santiago del Estero se generó cierta expectativa positiva en la provincia. Se pensaba que con la gestión de Lanusse se limpiarían las instituciones, se castigaría a los criminales y corruptos, se desmantelaría el caudillismo juarista, se avanzaría en el combate de la desigualdad y en el reparto de la tierra, etc.
Pero el principal objetivo del gobierno era evitar un santiagazo, que amenazaba con volverse incontrolable y que podía extenderse a otras provincias y hasta al gran Buenos Aires. Por eso, calmados un poco los ánimos, las demandas populares fueron dejadas de lado y la intervención se limita ahora a una retirada lo más prolija posible y rosqueando para no desequilibrar el acuerdo entre el duhaldismo y el kirchnerismo.
La intervención sólo puede mostrar como acciones positivas la remoción de unos pocos funcionarios judiciales y policiales, alguna legislación de control de jueces y policías, además de alguna tibia reforma política (voto electrónico en algún pueblo del interior provincial) y la revisión de algunos contratos entre el juarismo y empresarios. Tal vez lo más ruidoso sean los planes sociales que se distribuyen y el anuncio de inversión en obras públicas.
Los Juárez aún están sin castigo e incluso fueron dejados libres en septiembre, lo que reavivó la protesta y obligó a la intervención a presionar a la justicia para que los vuelva a investigar. Los crímenes más sonoros y que provocaron la movilización popular (como los asesinatos de la dársena) continúan sin resolverse. Nada asegura que haya desaparecido la corrupción del aparato represivo. Y el problema de la tierra mantiene en la miseria a cientos de campesinos desalojados por terratenientes y multinacionales.
La intervención pretendió lavarle la cara al sistema que viene rigiendo en la provincia. Pero no podrá contar para eso con su principal iniciativa, la Asamblea Constituyente, que fue desestimada por la Corte. Parece limitarse entonces a tratar de solucionar su sucesión. Por eso se prorrogó el periodo de normalización.
En el verano habrá elecciones (a fines de marzo debería asumir el nuevo gobernador). Pero aún en esto el gobierno tiene problemas. El duhaldismo sigue sosteniendo a sus socios históricos del juarismo. Los radicales, divididos como en todo el país, parecen encolumnarse con el intendente de la capital, nuevo socio del empresario Néstor Carlos Ick, que ha vaciado la provincia como beneficiario del gobierno de Juárez. El kirchnerismo, que se presentaba como el abanderado de la lucha contra la mafia política juarista, por ahora no ha logrado construir una opción propia. Y apoyaría al candidato radical. Las discrepancias dentro de la intervención por la sucesión ya provocó una grave crisis de gabinete, con renuncias incluidas.
La movilización popular sigue latente, a pesar de la tregua declarada y de las concesiones hechas a los reclamos. Si no se ven cambios reales en la situación se volverán a poblar las calles profundizando la crisis política y social de Santiago del Estero, como en otras provincias del interior.
