A fines de octubre el gobierno tomó una serie de medidas que intentan frenar la salida de dólares al exterior impulsada por los grandes bancos y empresas nacionales y extranjeras. Las disposiciones abarcan desde presiones a pequeños ahorristas hasta controles sobre grandes inversores y empresas exportadoras. Se abre una buena oportunidad para discutir los gigantescos negocios de las exportadoras, bancos y grandes empresas, y el poder que ejercen sobre la economía nacional.
La fuga de dólares
A la tradicional tendencia a fugar capitales al exterior por parte de los empresarios y banqueros argentinos (se estima que mantienen 150 mil millones de dólares en el extranjero) vienen a sumárseles, en los últimos meses, algunos factores que aceleraron la salida y amenazan con una corrida contra la moneda nacional. Lo que provocaría una devaluación y tendría serias consecuencias para el poder adquisitivo del salario y, por lo tanto, para la calidad de vida de los trabajadores y sectores populares.
Si es una característica histórica de los empresarios argentinos el parasitismo, el rentismo, los gastos suntuarios y la salida de capitales de los circuitos productivos, esa tendencia se acentúa en determinadas coyunturas. Como se aprecia en el cuadro, la salida de capitales se venía desacelerando desde el conflicto del campo y el anterior pico de la crisis capitalista mundial en 2008. Incluso en julio había bajado a 240 millones de dólares. Pero en los últimos meses se retomó el ritmo de aquellos días. En septiembre salieron 1.500 y en octubre 2.000 millones. Se calcula que fugarán 21.000 millones de dólares este año, por lo que a fines del 2011 la fuga total de divisas producida desde el 2007 será cercana a 80.000 millones de dólares.
Indudablemente, influyeron la nueva recaída de la economía capitalista mundial (que incrementa la voracidad de las empresas transnacionales por extraer divisas de sus filiales en el país) y sus coletazos en la región, con la devaluación del real en Brasil de 1,65 a 1,90 por dólar. Sin embargo en las últimas semanas el real se recuperó (a fin de octubre cotizó a 1,70) y el dólar en Argentina acompañó, aunque suavemente, estas presiones pasando de $3,96 a $4,26 por dólar en lo que va del año.
Creemos que, fundamentalmente, la aceleración de la fuga se debe a una maniobra política de los empresarios extranjeros y nacionales a propósito de las elecciones presidenciales. El “voto de los mercados” esta vez se extiende más allá de las elecciones, ya que sus candidatos predilectos fueron ampliamente derrotados (Alfonsín-González Fraga y Duhalde-Das Neves), y la naturaleza política del kirchnerismo no es su preferida. Pretenden entonces condicionar la nueva etapa de gobierno, forzando una devaluación que rebaje el “costo argentino” de la producción frente a la paulatina recuperación de los salarios en los últimos años. Y arrastran, mediante una feroz campaña mediática, a pequeños ahorristas temerosos de perder el valor de sus ahorros frente a la elevada inflación. El gobierno denunció a las cerealeras por retener exportaciones, reduciendo el ingreso de dólares al país (liquidaron un 40% menos que en igual período del año anterior) y el ministro Boudou reconoció (en entrevista de Ámbito Financiero publicada el 31/10) que “son cuatro empresas las que explican el 80% de las ventas de dólares que efectúa el Banco Central”.
Medidas de control
Al incremento del control de los datos de los compradores minoristas que se había implementado en casas de cambio y bancos, se le añadieron otras disposiciones más serias, como el decreto 1722. Por éste, se obliga a las empresas petroleras y mineras a vender en la plaza local la totalidad de los dólares provenientes de las exportaciones, con lo cual se esperan que ingresen unos 4.000 millones de dólares adicionales al año. Con esto se igualan los requerimientos a estos sectores privilegiados a los de las exportadoras de productos agropecuarios. Lo que se busca, además, es preservar las reservas de dólares del Banco Central para que no se gasten innecesariamente en atender la demanda.
Horas después se agregó la exigencia a las aseguradoras de repatriar unos 1.600 millones de dólares (15% del total) depositados en el exterior. Y a los inversores extranjeros que compren empresas y propiedades, que ingresen los dólares a través del sistema financiero, para autorizarlos posteriormente a retirar utilidades y remitirlas al exterior. A propósito, las sucesivas resoluciones continúan garantizando los fabulosos envíos de remesas a las casas matrices en países centrales.
En los días sucesivos fueron incrementándose los controles y requisitos a los compradores de dólares que apuntan fundamentalmente a los “coleros” que trabajan para grandes capitalistas (como testaferros) ampliando sus límites de compra de dólares. Y se muestra también celo fiscal mediante la autorización previa de la AFIP de toda operación.
Una gran oportunidad
La puesta en primera plana de estos temas significa una gran oportunidad para discutir y tomar medidas más de fondo, necesarias para evitar los ataques del mercado. Consideramos indispensable que el Estado ejerza el monopolio del comercio exterior para evitar situaciones como la actual donde, por ejemplo, las mineras apenas pagan ridículas retenciones en base a simples declaraciones juradas sin mayor control estatal. También es necesaria la recuperación del petróleo y de las explotaciones mineras que se consideren estratégicas, además de la planificación del uso de la tierra y la producción agropecuaria (que analizamos en un artículo anterior: http://argentina.elmilitante.org/argentina-othermenu-26/argentina-othermenu-27/5498-leydetierras.html).
Existieron en el pasado restricciones a los envíos de remesas al exterior por parte de empresas extranjeras en sectores considerados estratégicos. Para que vuelvan a regir habría que revisar los tratados bilaterales de inversión.
También existen varios proyectos para reformular el sistema financiero, donde son posibles estas maniobras de fuga de divisas, y donde se privilegia la especulación y el parasitismo y se postergan los créditos a la producción (que son menos del 15% del PBI). Saludamos en este sentido el retiro de los fondos del ANSES de la banca privada para que la banca pública pueda otorgar créditos a la producción. Recordemos que esos fondos deberían garantizar prioritariamente el 82% de las jubilaciones. Nosotros nos pronunciamos por un sistema bancario centralizado estatal que financie una economía planificada,
Por último, pensamos que si una empresa o entidad financiera evade impuestos y divisas, empobreciendo al país y a los trabajadores, debe ser nacionalizada automáticamente sin indemnización, bajo el control de los trabajadores.
