Aportes de El Militante a propósito del artículo de Eduardo Lucita: Qué hacer frente a la inflación estructural. Un problema político II
La inflación es el principal problema que enfrentan las familias trabajadoras de nuestro país. Por eso damos la bienvenida a todas las contribuciones políticas y teóricas que tratan de arrojar luz sobre este asunto tan candente, desde el punto de vista de los trabajadores y demás sectores populares. Esta es la razón de que publiquemos el interesante artículo del compañero Eduardo Lucita “Qué hacer frente a la inflación estructural. Un problema político II”, que ha tenido una amplia difusión en medios como Página 12 y la web Rebelión. Al artículo de Lucita le sumamos algunos comentarios, en términos de crítica constructiva, de la Corriente Socialista El Militante
La inflación es el principal problema que enfrentan las familias trabajadoras de nuestro país. Por eso damos la bienvenida a todas las contribuciones políticas y teóricas que tratan de arrojar luz sobre este asunto tan candente, desde el punto de vista de los trabajadores y demás sectores populares. Esta es la razón de que publiquemos el interesante artículo del compañero Eduardo Lucita “Qué hacer frente a la inflación estructural. Un problema político II”, que ha tenido una amplia difusión en medios como Página 12 y la web Rebelión. Al artículo de Lucita le sumamos algunos comentarios, en términos de crítica constructiva, de la Corriente Socialista El Militante
Qué hacer frente a la inflación estructural. Un problema político II
Eduardo Lucita *
En el suplemento Cash del 10 de abril pasado afirmábamos que en el país hay inflación, no sólo reacomodamiento o dispersión de precios; también se decía que no es un proceso desbordado como lo fuera en los ’80 y ’90.
Se señalaba que ninguna de las variables económicas sobre las que cualquier gobierno puede operar -tipo de cambio, tarifas de servicios públicos, gasto público, emisión descontrolada, incluso la deuda- están influyendo decididamente en la coyuntura. Por el contrario, las causas hay que buscarlas en las contradicciones al interior del sistema del capital y, más allá de errores de diagnóstico y controles fallidos del gobierno nacional, son los capitalistas y no otros quienes remarcan los precios. La lupa entonces debe enfocarse en la concentración económica, en el selecto grupo de empresas y corporaciones que controlan los mercados y son formadoras de precios. En las altas tasas de ganancias de que gozan en todo este período las diversas ramas de la economía. En el déficit de oferta por la escasa inversión reproductiva y en la presión del mercado mundial, particularmente por el alza de materias primas y productos energéticos.
Si el diagnóstico es correcto, sobre estas variables debe operar el necesario programa antiinflacionario, que debe combinar una fuerte presencia del Estado con un también fuerte protagonismo social. Un programa que contemple una primera etapa destinada a frenar abruptamente el alza de precios, luego una segunda que impulse transformaciones de fondo para sostenerla.
Las políticas de intervención inmediata serían las siguientes:
– Plena vigencia de la Ley de Abastecimiento de 1974. Reponer la vigencia de esta ley es central, ya que habilita al Estado a desenvolver políticas activas de intervención en los mercados.
– Eliminación del IVA a los artículos de primera necesidad, lo que debe constituir una rebaja efectiva e inmediata de los precios de esos productos al consumidor. La pérdida de ingresos fiscales puede ser compensada revisando las políticas de subsidios y de exenciones impositivas que en conjunto más que duplican los pagos de la deuda.
– Establecimiento de precios máximos a los productos que componen la canasta familiar.
– Centros Populares de Distribución en barrios y poblaciones carecientes.
– Control de la estructura de costos, en las empresas formadoras de precios, tanto en la producción como en la distribución y comercialización. Este conocimiento permitirá al Estado transparentar las ganancias empresarias y fijar criterios de razonabilidad en los márgenes de rentabilidad, tal como lo prevé la Ley de Abastecimiento.
Estas medidas deben ir acompañadas por el impulso estatal a la participación de los ciudadanos, tanto en su carácter de productores como de consumidores. En las empresas formadoras de precios, creando Comisiones de Trabajadores que colaboren en el control de costos y márgenes de beneficio. En los barrios, Comisiones de Consumidores que garanticen que los productos lleguen a los Centros de Distribución en cantidad, calidad y a los precios establecidos.
Las Políticas de implementación gradual serían las siguientes:
– Avances en la desvinculación de los precios locales de los internacionales. Las retenciones juegan un papel pero resultan insuficientes, dada la situación de la demanda mundial y el alza del precio de los alimentos. Se trata de recuperar funciones reguladoras del Estado en el Comercio Exterior.
– Implementar una reforma tributaria que rompa con la regresividad actual. También que tienda a la eliminación o reducción gradual del IVA, que ponga el acento en las alícuotas de Ganancias; en el impuesto a los Bienes Personales, que muy pocos pagan; en las rentas financieras hoy exentas; en reponer el impuesto a la herencia; en reducir la evasión y las actividades en negro.
– Orientar la acumulación de capitales hacia el sector productivo y áreas estratégicas. Si el capital privado no proyecta grandes inversiones reproductivas, sólo acompaña tardíamente la demanda, y el sector público no radica inversión en sectores estratégicos, el desarrollo del país queda estrangulado, seguirá el crecimiento por estimulación al consumo y por exportaciones y la inflación resurgirá una y otra vez por restricción de oferta.
– Una nueva Ley de Entidades Financieras y la demorada reforma de la Carta Orgánica del BCRA son instrumentos necesarios para movilizar fondos ociosos en poder de los bancos y orientarlos a inversiones en los sectores productivos. El Estado finalmente deberá tomar en sus manos sectores estratégicos como energía y ferrocarriles, para brindar un servicio eficiente y abaratar efectivamente los costos de producción y transporte.
La inflación es un problema político y como tal debe ser enfrentado.
* Integrante del colectivo EDI – Economistas de Izquierda.
Aportes al artículo de Eduardo Lucita: “Qué hacer frente a la inflación estructural”. Respuesta de El Militante
La inflación es el principal problema que enfrentan las familias trabajadoras de nuestro país. Por eso damos la bienvenida a todas las contribuciones políticas y teóricas que tratan de arrojar luz, desde el punto de vista de los trabajadores y demás sectores populares, sobre este asunto tan candente.
Este es el caso del artículo precedente de Eduardo Lucita, cuyo análisis va directamente al meollo del problema al identificar en los grandes empresarios y en la especulación capitalista internacional las causas de la suba de precios desbocada que hemos visto desarrollarse en los alimentos y demás productos de consumo básicos en nuestro país.
Lucita enumera una serie de medidas desde el Estado que divide entre políticas de intervención inmediata y otras de intervención gradual.
Las primeras tratan, en lo fundamental, de establecer un control estatal de precios (“precios máximos”), limitar ciertas exportaciones (“Plena vigencia de la Ley de Abastecimiento de 1974”), “control de la estructura de costos” de las empresas para “fijar criterios de razonabilidad en los márgenes de rentabilidad”, “Comisiones de Trabajadores que colaboren en el control de costos y márgenes de beneficio” y “Comisiones de Consumidores que garanticen que los productos lleguen a los Centros de Distribución en cantidad, calidad y a los precios establecidos”.
Entre las segundas, destaca concretamente como una de las causas principales de la suba de precios la falta de inversiones empresarias que restringe la oferta de estos productos, y propone “Orientar la acumulación de capitales hacia el sector productivo y áreas estratégicas” y la movilización de los “fondos ociosos en poder de los bancos y orientarlos a inversiones en los sectores productivos”. También propone la eliminación del IVA a los artículos de primera necesidad. Y concluye que “El Estado finalmente deberá tomar en sus manos sectores estratégicos como energía y ferrocarriles, para brindar un servicio eficiente y abaratar efectivamente los costos de producción y transporte”. Se plantean, además, medidas impositivas a favor de aumentar los impuestos a los grandes empresarios.
Demás está decir que estamos completamente de acuerdo con la implementación de todas estas medidas y que, de poderse llevar a cabo, resultarían muy beneficiosas para las familias trabajadoras.
Sin embargo, inmediatamente surge una pregunta elemental ¿Cómo llevar estas medidas a la práctica? Los capitalistas son ultrasensibles a que se toque un solo centavo de sus ganancias. Basta escuchar los gritos histéricos de indignación de los capitalistas contra el proyecto de ley presentado por el diputado kirchnerista Héctor Recalde, que responde a la CGT, y que reclama la distribución entre los trabajadores del 10% de las ganancias de las grandes empresas con más de 300 trabajadores. Y qué decir de la actitud de esta misma gente hacia un mayor control estatal de sus negocios, como se está viendo con la pretensión legítima del gobierno de incrementar su presencia en los directorios de algunas grandes empresas, en proporción al capital que el ANSES posee en las mismas. El grupo TECHINT, en concreto, ha boicoteado esta acción del gobierno en su empresa Siderar y ha llevado el tema a los tribunales donde confía que sus amigos y agentes en el aparato judicial terminarán dándole la razón. Más aún, en una actitud desafiante y chantajista que expresa un boicot descarado al desarrollo del país, ha decidido congelar una serie de inversiones y destinar a reparto de dividendos entre sus accionistas más de 1.500 millones de pesos de las ganancias de la empresa, una cantidad de dinero fabulosa.
Uno de los puntos más sobresalientes que propone Lucita para combatir la inflación es el establecimiento de “precios máximos” para determinados productos básicos. En realidad, la aplicación de “precios máximos” a los productos de primera necesidad no es nueva. Concretamente, los gobiernos de Kirchner y Cristina lo intentaron repetidas veces, a través de la Secretaría de Comercio que dirige el conocido funcionario Guillermo Moreno. Y fracasaron siempre.
Hasta ahora, todo intento de avanzar en la reglamentación estatal de las ganancias empresarias y en la introducción de “precios máximos” a los productos, enfrentó un boicot empresarial a la producción y a la inversión, hasta el punto de causar desabastecimiento. Es lo que hemos visto estos años con la carne, la leche, el azúcar o la nafta, por ejemplo; cuando el gobierno intentó llevar a cabo algunas de las medidas planteadas por Eduardo Lucita y, finalmente, tuvo que bajar los brazos y dejar hacer a los empresarios.
Pese al ruido causado por algunas de las medidas ordenadas por Guillermo Moreno, en tres años la carne triplicó su precio y la leche lo duplicó, y el azúcar lo duplicó en un solo año. Lo mismo puede decirse de la nafta. Al gobierno sólo le queda como herramienta para contener los precios de algunos productos y servicios básicos la vía de los subsidios a las empresas, a costa de un enorme gasto estatal.
La conclusión es clara, en la medida que las grandes empresas sean privadas, nada puede impedirles a sus dueños detener la producción o trasladar inversiones a otros sectores de la producción no regulados, o transferirlas a otros países, para crear desabastecimiento y poner al país de rodillas hasta doblarle el brazo al gobierno de turno. Algo de eso también vimos en la reaccionaria y mal llamada “huelga del campo”.
Lucita señala correctamente que uno de los problemas principales que agudiza la inflación es la falta de inversiones y el exceso de exportaciones de materias primas y alimentos, estimulado por el alza especulativa de los precios internacionales. Y propone concretamente “Orientar la acumulación de capitales hacia el sector productivo”. Eso estaría muy bien, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo se podría obligar a las empresas a invertir más y en la proporción que necesita el desarrollo del país? Como lo demuestra el caso de Siderar, está muy claro que la falta de inversiones no se debe a la falta de ganancias. Los empresarios encuentran condiciones muy fáciles para producir lo estrictamente necesario que les garantice ganancias fabulosas, así sea con un aumento continuado de los precios; y también para volcar la oferta de mercaderías en el exterior aprovechando la espiral alcista de los precios internacionales, aunque eso provoque restricciones de oferta en casa. Pero, ¿acaso no se podría obligarlos a invertir por ley una parte más considerable de sus ganancias dentro del país? Volvemos a encontrarnos con el mismo escollo. Si no logran tumbar la ley con la ayuda de sus agentes en el aparato judicial –como lo están intentando repetidamente en el caso de la Ley de Medios, y en otras – a los grandes empresarios siempre les quedará el recurso de boicotear la economía hasta forzar al gobierno de turno a que se pliegue a sus intereses.
La propuesta de eliminar o reducir el IVA de los productos básicos no es nueva. Incluso, hace algunos años, el gobierno kirchnerista especuló con la posibilidad de hacerlo. En aquel momento no avanzó con esta medida con el argumento de que los comerciantes aprovecharían este hecho para subir los precios, ante el incremento de la demanda de productos rebajados. Puede discutirse la seriedad de este argumento, pero también queda claro que el Gobierno no quiere resignar dinero para la caja estatal, donde la recaudación por IVA juega un papel muy destacado.
Bajo el capitalismo, de acuerdo a sus leyes inherentes y en una etapa normal de auge económico, la única manera efectiva de contener o rebajar los precios es con un incremento sostenido de la inversión productiva, de manera que la oferta siempre supere a la demanda; o, al menos, la acompañe. Pero este es uno de los males principales de la economía argentina, la falta continuada de inversiones. Este hecho ha merecido, incluso, continuos reproches de Kirchner y Cristina a los grandes empresarios, apremiándolos a que apuesten por un capitalismo “en serio”. Pero sus ruegos siempre cayeron en un saco roto.
Concretamente, el gobierno ha hecho esfuerzos continuados para convencer a los bancos de que movilicen sus fondos enormes para que otorguen préstamos baratos a las empresas y particulares, y así ayuden a la inversión. Pero no lo hacen. Los banqueros han demostrado estar interesados solamente en hacer negocios seguros y de rentabilidad elevada, no en el bienestar del pueblo ni en impulsar hacia adelante el desarrollo de la sociedad. El único esfuerzo en este sentido lo están haciendo los bancos públicos, particularmente el Banco Nación, que dispone de fondos limitados.
La burguesía argentina es débil y parásita y su mentalidad, durante décadas, ha desarrollado una lógica particular, vivir del Estado y orientar gran parte de sus inversiones a los negocios fáciles y especulativos, a la economía financiera y rentista: especular con las divisas, compra-venta de inmuebles, expatriar la plata a paraísos fiscales, etc. Los monopolios extranjeros que operan en el país no le van a la zaga, envían todas las utilidades que pueden a sus casas matrices en el extranjero. De esta manera, la mayor parte del esfuerzo y de la explotación de los trabajadores van a alimentar el tren de vida de estos holgazanes a costa de empobrecerlos a ellos y al país.
Se mire por donde se mire, el problema es el mismo: la propiedad privada de los grandes medios de producción y de cambio (en la industria, el comercio, la tierra y los bancos). Mientras que el destino de millones de personas dependa de la voluntad de una pequeñísima minoría (no más de 700 familias) que controlan los resortes principales de la economía argentina, y esa gran propiedad esté santificada por la ley, nadie puede impedirles a esta gente –legalmente–hacer lo que quiera con sus propiedades, pese a que el 100% de sus ganancias proviene del trabajo no pagado al obrero; es decir, del robo, como bien explica el marxismo.
Sólo con la expropiación de la propiedad de los grandes capitalistas, sin indemnización – salvo a pequeños accionistas con escasos recursos – y bajo el control democrático de los trabajadores podrían movilizarse los vastos recursos de que dispone el país para planificar la economía en base a las necesidades sociales para multiplicar la producción y, como bien dice Eduardo Lucita “en cantidad, calidad y a los precios establecidos”.
¿Es que entonces nada puede hacerse hasta que no se expropie a los grandes empresarios? Nada de eso, Lucita propone dos medidas absolutamente correctas que apoyamos completamente y que podrían empezar a organizarse hoy mismo. Nos referimos a la introducción del control obrero en las grandes y medianas empresas, y al establecimiento de comités vecinales o barriales que implementen un sistema de vigilancia para controlar y denunciar públicamente las subas abusivas de los precios.
Pero la experiencia demuestra que este tipo de organismos no pueden establecerse por decreto, y menos cuando hay funcionarios que no quieren confrontar hasta el final con los grandes empresarios. Deben ser creados desde abajo sin esperar ninguna sanción oficial, deben ser organizados por los sindicatos, las comisiones internas y cuerpos de delegados, y por las organizaciones populares. La mejor herramienta para llevarlo a cabo es con la movilización de masas, dentro de las empresas y fuera de las mismas. Sólo el miedo a la acción independiente de los trabajadores y de los vecinos de los barrios, con la amenaza de la ocupación de establecimientos y el boicot a sus productos, y la participación efectiva de los trabajadores en movilizaciones masivas, puede obligar a los grandes empresarios y comerciantes a dar marcha atrás en sus pretensiones de aumentos continuos en los precios.
Seguramente, las cúpulas sindicales no serán en un primer momento quienes tomen la tarea de organizar esto, pero es tarea del activismo clasista y antiburocrático, y de las organizaciones barriales en estrecha conexión con sindicatos de su zona, agitar por esta idea y, allá donde haya posibilidades reales de hacer algo, tomar la iniciativa
Los grandes empresarios pueden sortear con relativo éxito las batallas legales con los gobiernos que les salen al frente cuando aquéllas transcurren en la atmósferas tranquilas y relajadas de los despachos de abogados y de los salones del parlamento; pero otra cosa es lidiar con los trabajadores y ciudadanos pobres en las calles que se movilizan de manera consciente y decidida contra los abusos de los ricos. Ante la amenaza de perderlo todo, los empresarios siempre estarán dispuestos a ceder, aunque sólo lo contemplen de manera temporal. Dicho esto, también nos parece importante que cualquier iniciativa parlamentaria que se proponga para llevar algunas de estas medidas adelante deberían acompañarse con movilizaciones de masas en la calle, rodeando el Congreso, y en las principales ciudades de la nación.
Resumimos. Estamos de acuerdo con las medidas propuestas por el compañero Eduardo Lucita para combatir la inflación, pero consideramos que – para una solución real y efectiva del problema – deben ser completadas con un programa de medidas transicionales de carácter socialista que desemboquen en la expropiación de los grandes empresarios y en el establecimiento de un control obrero y popular efectivo sobre la economía y el conjunto de la sociedad, en el caso más que probable de que estos ricachones, que lucran con el hambre del pueblo, no acepten estas medidas, las boicoteen, o traten de tomar de rehén al conjunto de la sociedad introduciendo el desabastecimiento para seguir dándose la gran vida a costa de los trabajadores y del pueblo explotado.
