El martes 24 de agosto la Presidenta Cristina Fernández presentó el informe sobre la empresa Papel Prensa a partir de una investigación que denuncia la apropiación ilegal de la papelera, en 1976, por parte de accionistas privados de Clarín, La Nación y La Razón, en complicidad con los responsables de la última dictadura militar. Al tiempo que anunció el envío al Parlamento de un proyecto de ley para crear un nuevo marco regulatorio para la producción, distribución y comercialización del papel para diarios, y declarar la actividad como un servicio público.
El martes 24 de agosto la Presidenta Cristina Fernández presentó el informe sobre la empresa Papel Prensa a partir de una investigación que denuncia la apropiación ilegal de la papelera, en 1976, por parte de accionistas privados de Clarín, La Nación y La Razón, en complicidad con los responsables de la última dictadura militar. Al tiempo que anunció el envío al Parlamento de un proyecto de ley para crear un nuevo marco regulatorio para la producción, distribución y comercialización del papel para diarios, y declarar la actividad como un servicio público. También presentaría las demandas judiciales pertinentes en tribunales comerciales para dirimir la validez o nulidad de la venta, y en los penales por violaciones a los DDHH en el contexto de la supuesta negociación entre 1976 y 1977.
Unos días antes, el 19, el gobierno, a través del Ministro De Vido, declaraba la caducidad del servicio de Internet Fibertel, aduciendo que esta empresa había sido disuelta tras ser comprada por Cablevisión, también ligado al grupo Clarín.
Desde la Corriente Socialista El Militante saludamos estas medidas, ya que las entendemos como un paso para romper el monopolio mediático.
Queremos agregar que, en este contexto, nos parece importante señalar algunas cuestiones. Por un lado, tanto para Papel Prensa como Fibertel, consideramos que la forma más democrática de luchar contra los monopolios, garantizar las fuentes de trabajo y brindar el servicio de calidad que las mayorías deberían acceder, es a través de la estatización bajo control de los trabajadores, y en el caso de Fibertel también de los usuarios.
Por otro lado, la oposición al gobierno ha mostrado su inclaudicable capacidad de postrarse a los pies de los monopolios y los intereses más reaccionarios de la burguesía vernácula. La vehemencia con que discuten sobre la "libertad de expresión" se limita a su libertad, a su libertad de "libre" comercio. Con respecto al servicio de Internet, en vez de garantizar el acceso libre al mismo, entendido no como un servicio sino como un derecho a la comunicación, se rasgan las vestiduras sobre la eficiencia de un monopolio fuera de la legalidad que ellos mismos defienden.
Los trabajadores no debemos olvidar cuáles son nuestros intereses. El informe que la Presidenta leyó sobre el caso Papel Prensa fue preparado por Moreno y Paglieri, los jefes de la patota del INDEC, responsables del despido de decenas de trabajadores. Del otro lado, el monopolio Clarín, que prohíbe la organización sindical en sus diarios, canales o radios.
Por otro lado, las medidas que instruyó la Presidenta Cristina para que el Parlamento y la Justicia sean los que van a resguardar los intereses de los trabajadores, creemos que, en un sentido, puede estimular el debate y cierta participación de los sectores populares, pero estos espacios han demostrado su total incapacidad para que se implementen las verdaderas medidas que representen los intereses de los trabajadores.
La denuncia y las medidas contra un monopolio son, sin dudas, un avance. Pero a condición de que se profundice hacia todos los monopolios (petroleras, mineras, telefónicas, tierras, bancos, etc.) y se pongan las palancas fundamentales de la economía y la cultura bajo control de los trabajadores.
