Hay que socializar los medios de comunicación y ponerlos al servicio de los trabajadores
Los grandes multimedios han reaccionado histéricamente sosteniendo que el gobierno, a través de este ¨proyecto K¨, pretende controlar toda la prensa. Este veneno no puede ocultar que lo que les importa es defender las fabulosas ganancias que les confiere este negocio y su grado de concentración. Si bien el peligro de abuso por parte del gobierno existe siempre a los oligopolios lo único que les interesa es la libertad de empresa.
Hay que socializar los medios de comunicación y ponerlos al servicio de los trabajadores
El pasado jueves 27 de agosto fue presentado ante la cámara de diputados el proyecto de ley que reemplazaría a la ley de radiodifusión heredada de la dictadura. La Coalición por una radiodifusión democrática, que viene impulsando la reforma, propone seguir movilizados y alertas para contrarrestar las presiones de los grandes medios comerciales. Se espera que se pueda aprobar en ambas cámaras antes del recambio de legisladores del 10 de diciembre, ya que con la asunción de los representantes electos el 28 de junio se dificultaría su tratamiento. Pero ahí no termina todo ya que luego habrá que dar la lucha durante la reglamentación y la implementación de la nueva ley.
La vieja ley considera a la comunicación desde el punto de vista comercial e incluso muchas de las modificaciones realizadas desde 1983 profundizaron la concentración de los medios y la mercantilización de la información. Hoy, un puñado de medios (grupo Clarín, grupo UNO, Prisa y alguno más) generan más de cuatro quintos de los contenidos a través de sus cadenas de TV, radio, cable, diarios, agencias de noticias, sitios Web, etc. que poseen en casi todas las provincias del país. Además configuran también oligopolios desde el punto de vista empresarial, ya que controlan casi el 85% del negocio.
La nueva ley parte de considerar el derecho a la información (a producirla y recibirla) y de que no es una mercancía, sino un bien público. Pone un tope al capital transnacional (no más de un 30% en cada medio privado). Además busca asegurar la pluralidad, limitando al sector privado (al que se le licenciaría un tercio del total y baja el máximo de licencias por operador de 25 a 10). Reserva otro tercio para medios estatales y el último tercio para que se otorguen licencias a medios no comerciales, comunitarios, sindicales, cooperativos, de pueblos originarios, etc. A estos porcentajes se llegaría a medida que venzan las licencias vigentes o que se expandan las posibilidades por medio de las innovaciones tecnológicas.
El gobierno ha presentado este proyecto basado en los 21 puntos que desde hace 5 años viene planteando la Coalición, y se muestra dispuesto a aceptar algunas de las críticas que se han hecho al proyecto. Claro que hubo idas y vueltas en el impulso a esta nueva ley por parte del kirchnerismo, envalentonado por el éxito de la televisación del fútbol por parte de los medios estatales, pero preocupado por la movilización de la Coalición que amenazaba con presentar por su cuenta el proyecto el mismo 27 y poner entre la espada y la pared al gobierno.
Los grandes multimedios han reaccionado histéricamente sosteniendo que el gobierno, a través de este ¨proyecto K¨, pretende controlar toda la prensa. Este veneno no puede ocultar que lo que les importa es defender las fabulosas ganancias que les confiere este negocio y su grado de concentración. Si bien el peligro de abuso por parte del gobierno existe siempre a los oligopolios lo único que les interesa es la libertad de empresa.
También han presionado a sus lacayos de la oposición de derecha para que ataquen el proyecto. Han cuestionado que se trate ahora y no cuando el gobierno pierda la mayoría parlamentaria en diciembre. Y además la falta de ¨discusión democrática¨ a través de los legisladores. Pero lo cierto es que esta ley es una de las más debatidas y con mayor participación popular de la historia. Las radios comunitarias han venido resistiendo la represión desde la dictadura, las propuestas parten de esa larga experiencia que se formalizó hace 5 años en los 21 puntos que fundamentan el proyecto. Fue en ese momento que se constituyó la Coalición integrada por esas radios comunitarias y otros medios populares, trabajadores de prensa, gráficos, televisión, locutores, canillitas, publicidad, actores, músicos, cine, cooperativas, los organismos de derechos humanos, las universidades nacionales y las centrales sindicales CGT y CTA. Y por si esto fuera poco se han realizado decenas de encuentros para discutir estas propuestas durante estos años, además de las decenas de foros impulsados por el gobierno desde marzo de este año. Una muestra de democracia más legítima que las roscas y lobbies que tanto conocemos en el congreso nacional.
Hay algunos aspectos que aún faltan determinar con claridad. Por ejemplo la conformación del organismo de control de las licencias, que estaría compuesto por el ejecutivo y la oposición parlamentaria, mientras la Coalición solicitaba la participación de representantes de los trabajadores de los medios, y la derecha que no exista control a los propietarios.
La nueva ley también contempla la nueva tecnología digital, que multiplicará la cantidad de medios y el llamado ¨triple play¨: la posibilidad de que un mismo operador brinde Internet, teléfono y TV por cable en un mismo soporte. Así se permitiría el ingreso de las grandes empresas telefónicas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual.
No está descartado que el gobierno vuelva a negociar con los multimedios (atenuando el proyecto) como lo hizo durante el conflicto agropecuario o con la prórroga por diez años más de las licencias, en 2005 y por decreto. Hace algunas semanas además otorgó al grupo Clarín la posibilidad de extender su incumbencia a Internet y telefonía.
La Corriente Socialista El Militante apoyo toda limitación a los monopolios y todo avance en la democratización de la comunicación. Por lo tanto apoyamos los pasos que en ese sentido se dan con este proyecto.
Nuestro objetivo es que los medios de comunicación dejen de estar al servicio de los negocios privados, que pasen a propiedad estatal para garantizar su funcionamiento adecuado, y que sean puestos bajo control de los trabajadores y de la comunidad para garantizar su democratización y que no sean simples voceros de los gobiernos de turno.
El Estado debe proveer gratuitamente de todos los medios materiales: imprentas, papel, equipos de emisión de radio y TV, etc. para que puedan acceder a los mismos las organizaciones y asociaciones populares sobre la base de su representatividad real en la sociedad. No puede ser que un puñado de empresarios privados que sólo se representan a sí mismos, dispongan de diarios, radios y TVs, para mentir al pueblo trabajador y calumniar las luchas de los trabajadores y oprimidos, mientras que organizaciones de masas, como los sindicatos y otras organizaciones populares, tengan vedado su acceso a los mismos
Pero sabemos que esta recuperación de la comunicación será paralela a la socialización de las palancas fundamentales de la economía y de la democratización de toda la sociedad. En ese camino debemos favorecer todo lo que fortalezca al movimiento que protagonizará esa transformación.
