En un fallo ya clásico en nuestro país, la INJUSTICIA Argentina reconoció días atrás a una subsidiaria local de la compañía textil italiana Benetton como la legítima propietaria de una finca en la provincia patagónica de Chubut, que era reclamada por indígenas mapuches.
Benetton, el color de la injusticia
En un fallo ya clásico en nuestro país, la INJUSTICIA Argentina reconoció días atrás a una subsidiaria local de la compañía textil italiana Benetton como la legítima propietaria de una finca en la provincia patagónica de Chubut, que era reclamada por indígenas mapuches.
El gran protagonista de este grotesco fallo se llama Jorge Eyo designado juez en la localidad de Esquel a unos 1.460 kilómetros al sur de Buenos Aires. Este vende patria desestimó un pedido de un matrimonio mapuche para que se les hiciera entrega de 500 hectáreas ubicadas en el predio Santa Rosa, ¨propiedad¨ de la compañía de Tierras del Sud Argentino S.A.
La empresa, dedicada a la cría de ovejas y el procesamiento de lana, es controlada por el Grupo Benetton, que durante la década de 1990 adquirió numerosas extensiones de tierra en el sur argentino.
Y aunque este caso ha tomado estado público, se trata de una seguidilla de desalojos e injusticias que vienen sucediendo desde hace mas de 100 años, y que la llegada de los nuevos reyes de La Patagonia no hizo mas que reavivar (Roca, Uriburo, Menem, Kirsner, etc)
La adquisición de tierras, que hacen casi una provincia entera, el desalojo de la familia Curiñanco hace un año, de la estación Mayoco antes, el cierre y desvío de ríos y caminos comunitarios, el alambrado de tierras fiscales y reservas indígenas, son los antecedentes de este caso de desalojos, quizás el más grande y más auspiciado por el estado en los últimos años.
Benetton se ha embarcado en la compra de latifundios y de "sociedades anónimas" que suman aproximadamente 900.000 hectáreas de tierras, ubicadas en varias provincias de la Patagonia. Una gran parte de estos terrenos se encuentran en disputa entre comunidades mapuches y los supuestos "propietarios". Tanto el estado como la empresa consideran imprescindible, para llevar adelante su proyecto de expansión económica mediante el turismo en la región, borrar del lugar a más de 50 personas humildes y desmantelar la Escuela No. 90 que educa y alimenta a 18 de esos chicos, algunos de ellos con problemas de desnutrición.
Las comunidades mapuches han reiterado que jamás han renunciado a la pertenencia de esos territorios; que seguirán exigiendo se les restituya y se han comprometido a no detener su lucha, hasta que el Estado Argentino les reconozca el derecho a vivir en las tierras de sus ancestros. Desde el Militante, nos solidarizamos con la lucha de los compañeros mapuches en el reclamo de las tierras que legítimamente les pertenecen y llamamos a repudiar el despojo que hace esta empresa avalada por la justicia de clase.
