Carlos Reutemann era el gobernador santafesino en aquel diciembre de 2001 y dice, en las raras ocasiones en que dice, dice "yo no fui". "Yo no di la orden". No dice que instaló la represión con balas a la protesta social. Ese señor que no habla, que quiere ser presidente, pasa por las muertes, las inundaciones, las miserias y hace como que no se mancha.
Todo está guardado en la memoria
Al conocer la noticia de que el Juez Bonadío dictó su sobreseimiento, De la Rúa se quejó porque "llegó tarde" y lamentó las muertes que hubo en las últimas horas de su Gobierno.
Con la mayor hipocresía que caracteriza a una clase política caduca y miserable, De la Rúa aprovechó para reclamarle a la Justicia que investigue "quiénes fueron los autores". El ex presidente estaba acusado de cinco casos de homicidios: Alberto Márquez, Gastón Riva, Diego Lamagna, Carlos Almirón y Gustavo Benedetto y de 117 lesiones culposas.
Pero la Justicia tampoco se queda atrás y muestra su complicidad con la clase a la que representa: Bonadío consideró no estaba probado que De la Rúa haya formado parte de la "cadena de mando que dispuso el procedimiento" de represión, y a su vez que no estaba determinado quién había dado la orden concreta a los efectivos policiales.
Los querellantes en la causa por las cinco muertes también apelaron el sobreseimiento del ex-Jefe del Estado, tal como lo había hecho días atrás el fiscal Luis Comparatore.
A 24 horas del sobreseimiento de De la Rúa, la Justicia de Santa Fe archivó una causa que debía investigar al ex gobernador Carlos Reutemann y funcionarios de su gabinete -al ex ministro de Gobierno, Lorenzo Domínguez, y al ex subsecretario de Seguridad Pública y agente de la SIDE, Enrique Álvarez.-, precisamente por su responsabilidad política durante aquellos trágicos hechos; es decir si estaban incursos en los presuntos delitos de homicidio culposo, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
El juez Saurín firmó la resolución por la cual archivó la causa el pasado 30 de marzo, y uno de los argumentos usados por el magistrado fue que "no existen elementos que incriminen a los tres imputados y que si existió un actuar imprudente para resguardar los bienes y las personas, eso no puede ser achacado a la cabeza del Poder Ejecutivo". Desde que se presentó la denuncia -hace más de año- hasta ahora, el gobierno de Hermes Binner no aportó ninguna prueba que involucre al ex gobernador y a su ex subsecretario de Seguridad Pública, Enrique Alvarez, en los crímenes de Diciembre Trágico.
Durante los días 19 y 20 de diciembre de 2001 la represión policial asesinó a siete personas en Rosario: Graciela Acosta, Yanina García, Pocho Lepratti, Walter Campos, Ricardo Villalba, Rubén Pereyra y Juan Delgado cayeron bajo las postas de plomo de la policía que conducía el entonces gobernador Carlos Reutemann.
Carlos Reutemann era el gobernador santafesino en aquel diciembre de 2001 y dice, en las raras ocasiones en que dice, dice "yo no fui". "Yo no di la orden". No dice que instaló la represión con balas a la protesta social. Ese señor que no habla, que quiere ser presidente, pasa por las muertes, las inundaciones, las miserias y hace como que no se mancha.
