El gobierno de Mesa propone un pacto social para que la crisis la paguen los trabajadores

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Las protestas obreras enfrentan a un gobierno débil y en bancarrota económica. El gobierno de Carlos Mesa que llegó al poder como producto secundario de la insurrección de Octubre (en la que las dirigencias obreras desaprovecharon la oportunidad de tomar al poder) ha tratado de lograr la cuadratura del círculo para llenar las vacías arcas del Estado.

Bolivia

Miles de trabajadores marcharon por las calles de la capital boliviana La Paz, en la noche del 25 de Marzo en una impresionante marcha de teas contra la política del gobierno Mesa. Econoticiasbolivia.com reportaba como “A diferencia de lo que ocurrió hace una semana, la masiva marcha de antorchas se realizó sin incidentes, preservando los obreros, fabriles, maestros, universitarios, mineros, jubilados y otros sectores laborales su derecho a protestar en las calles, lo que intentaba ser desconocido por grupos de civiles aleccionados desde el Ministerio de Gobierno, activistas progubernamentales y segmentos conservadores de las clases medias.” (25/3/04).

Las protestas obreras enfrentan a un gobierno débil y en bancarrota económica. El gobierno de Carlos Mesa que llegó al poder como producto secundario de la insurrección de Octubre (en la que las dirigencias obreras desaprovecharon la oportunidad de tomar al poder) ha tratado de lograr la cuadratura del círculo para llenar las vacías arcas del Estado. En el mes de febrero, ante la amenaza de la COB de una huelga general indefinida y el cierre del parlamento, Mesa anunció un plan económico que trataba de aumentar en parte la presión fiscal sobre los empresarios y las multinacionales, y el previsto aumento de los precios del combustible y el gas se quedaba en una liberalización y aumento progresivo.

Así, el gobierno pretendía recaudar 100 millones de dólares con el impuesto a las transacciones financieras, 35 millones con la creación de un impuesto al patrimonio neto, 50 millones de dólares adicionales de las empresas petroleras mediante la reforma de la ley de hidrocarburos y otros 35 millones mediante una política de austeridad presupuestaria. Pero como ya informábamos en un artículo anterior (Bolivia: hace falta una organización de cuadros marxistas, 22 de marzo, 2004) la oligarquía y las multinacionales se negaron a pagar ni un boliviano de más para rescatar al estado de la bancarrota. La presión de las multinacionales forzó la dimisión del ministro de minas, la retirada del impuesto al patrimonio neto y la reforma del propuesto impuesto a las transacciones financieras. De esta manera, los 220 millones de dólares que el gobierno tenía previsto recaudar se quedaron en apenas 70 millones.

En estas condiciones, el denominado Grupo de Amigos de Bolivia (en realidad una coalición de aves de rapiña imperialistas cuyas políticas económicas fueron responsables del colapso de la economía boliviana en primer lugar), se negó a entregar los 150 millones de dólares que el gobierno pedía, y se quedó en una mera promesa de 54 millones de ayuda.

Las concesiones, o mejor dicho la capitulación total, del gobierno de Mesa a los intereses de las multinacionales y la oligarquía local, tuvieron como consecuencia la reorganización del apoyo parlamentario al gobierno. Los partidos del gobierno de Sánchez de Lozada, el odiado gringo Goni responsable de la muerte de más de 80 personas en el levantamiento de octubre, ofrecieron su apoyo al gobierno de Mesa.

Esta componenda fue cocinada en la embajada de Estados Unidos, cuyo embajador viene actuando como un auténtico virrey colonial. Según el diaro La Razón: "los líderes del MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario, del ex presidente Sánchez de Lozada), MIR (Movimiento de la Izquierda Revolucionaria, del ex presidente Jaime Paz Zamora), NFR (Nueva Fuerza Republicana, del ex capitán Manfred Reyes Villa) y ADN (Acción Democrática Nacionalista, del ex presidente Jorge Quiroga) habrían participado en un desayuno trabajo con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos y del Palacio de Gobierno para tratar la situación política del Presidente. … Según fuentes políticas, los funcionarios estadounidenses habrían explicado a los políticos que el Gobierno debe ir a la reunión del Grupo de Apoyo para Bolivia -que se realiza hoy en Washington- por lo menos con respaldo político. Los asistentes a la reunión habrían criticado la falta de un plan y habrían aceptado apoyar a Mesa". (citado por Econoticiasbolivia.com, 19/03/04)

Pero incluso esta nueva mayoría parlamentaria para Mesa nació en crisis por las declaraciones del ministro de economía Xavier Nogales, que denunció que en las conversaciones con los diferentes partidos estos habían pedido cargos en el estado a cambio de su apoyo (en el más rancio estilo del cuoteo político del gobierno de Lozada). ¡Quizás Nogales en su candor pensaba que el MNR, MIR, NFR y ADN iban a apoyar a su gobierno simplemente por “amor a la pátria”!

En la reunión del grupo (compuesto por los EEUU, Japón, la UE, el FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros buitres imperialistas), se solicitó “a todos los sectores de la sociedad boliviana que trabajen con el Presidente Mesa para poner en práctica las medidas económicas necesarias para asegurar la estabilidad fiscal” (Econoticiasbolivia.com, 19/03/04).

Ni corto ni perezoso el servil lacayo del imperialismo, Mesa, se aprestó a pedir a todos los sectores un gran pacto social “como la única salida a la crisis que vive el país”. Es en momentos de crisis extrema, pero también de débilidad de la burguesía, cuando ésta se lanza a proponer un pacto social, que básicamente significa obtener el apoyo de los dirigentes obreros para aprobar un programa de austeridad dirigido contra trabajadores y campesinos. Si el gobierno de Mesa se sintiera fuerte, simplemente anunciaría un plan de austeridad sin esperar a negociarlo con nadie.

Provocaciones contra la COB

Dentro de la campaña para presionar a los dirigentes obreros a firmar el pacto social, la clase dominante boliviana utiliza todos sus peones. Así, la Asamblea de Derechos Humanos llamó a la COB a “a suspender sus demandas sociolaborales hasta la realización de la Asamblea Constituyente, prevista para mediados del 2005”, y el Secretario adjunto de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica boliviana, Francisco Flores, llamó a la "concertación entre empresarios, políticos, sindicalistas y gobierno para evitar peligros como golpes de Estado, ruptura democrática y desintegración regional" (Econoticiasbolivia.com, 19/03/04).

Rechazando esta campaña de presiones, la COB siguió adelante con la marcha de teas del 25 de marzo. “"No puede existir un pacto fiscal con el Gobierno cuando Mesa sólo ve su entorno y obedece ciegamente al gobierno norteamericano, estableciendo medidas que en su contenido afectan más a los pobres que a los ricos. Perdonó impuestos a los grandes industriales agropecuarios y para el campesino que mantiene los mercados locales no hay nada", afirmó el dirigente de los campesinos de Cochabamba, Eugenio Zárate.” (ibid.)

El secretario ejecutivo de la COB, Jaime Solares, rechazó las insinuaciones de la Iglesia Católica respecto a un posible golpe de estado: "La advertencia que lanzó la Iglesia Católica de un posible golpe de Estado es tan sólo una estrategia que utiliza el Gobierno para obligar a los sectores sociales a que aprueben la política económica de Carlos Mesa" (ibid)

Sin embargo, lo más grave es que las presiones contra la COB y las movilizaciones obreras previstas vinieron también del Movimiento Al Socialismo (MAS) del dirigente cocalero Evo Morales. El mismo día de la marcha, el diputado del MAS Gustavo Torrico “denunció que la marcha laboral sería aprovechada por grupos militares para dar un golpe de Estado”. El diputado del MAS añadió: "Iban a infiltrar gente para provocar un caos total en la ciudad, sacar las tropas militares a la calle y consolidar un golpe que hubiese sido muy bien recibido por la clase media y alta", y explicó que en la tentativa "estaban metidos militares y dirigentes sindicales y los partidarios de Gonzalo Sánchez de Lozada" (Econoticiasbolivia.com, 25/3/04).

Esto es claramente una provocación y un intento descarado de vincular a los dirigentes de la COB con los partidarios de Sánchez de Lozada, responsables de la muerte de 80 personas por la represión contra la huelga general de octubre convocada por la COB. Esta intento de amalgama no se sostiene por ninguna parte, y el único objetivo de estas acusaciones sin base es el de tratar de detener las protestas obreras contra Mesa y su gobierno. Como ya hemos denunciado repetidamente, los dirigentes del MAS se han puesto claramente del lado del gobierno de Mesa, un gobierno sometido a los dictados del imperialismo y la oligarquía boliviana. Inevitablemente esto va a causar serías divisiones dentro del MAS y particularmente en su base social entre los cocaleros que se van a ver atacados directamente por Mesa que ha prometido continuar la política de erradicación dictada por Washington. Una campaña seria de explicación entre las bases del MAS, podría hacerles romper con su dirigencia y unirse a las movilizaciones bajo las banderas de la COB. De esta manera el gobierno de Mesa perdería su "pata izquierda" y quedaría desenmascarado ante el las masas obreras y campesinas como el gobierno abiretamente burgués que es.

No es descartable que un sector del ejército y de la clase dominante estén pensando en organizar un golpe de estado. Pero el sector más consciente de la oligarquía boliviana y Washington son conscientes de su debilidad y de que un intento de golpe de estado en estos momentos, podría provocar una respuesta contundente por parte de la clase obrera que desbordase los límites del capitalismo. En la historia del movimiento obrero boliviano hay muchos ejemplos de cómo un golpe de estado fallido ha radicalizado aún más la lucha y la conciencia de la clase. Por eso, por el momento, prefieren utilizar los métodos parlamentarios, del pacto social y la colaboración de clases para imponer sus planes de austeridad.

Contra la democracia de los ricos

En la marcha del 25 de marzo la Federación de Maestros Urbanos de La Paz, dio una respuesta contundente a la propuesta de pacto social: "No puede haber pacto social con nuestros verdugos, con los que protegen y favorecen los intereses de las transnacionales saqueadoras y con los explotadores que pretenden descargar la crisis económica sobre las espaldas de los trabajadores

"Con nuestros enemigos de clase sólo caben luchas sin tregua hasta imponer la expulsión de las transnacionales, la recuperación de las empresas capitalizadas bajo control obrero colectivo, un salario igual a la canasta familiar con escala móvil, la defensa de la educación con mayor presupuesto económico".

"El Pacto social, la Constituyente y el Referéndum son medidas distraccionistas para frenar el accionar independiente de los trabajadores que se orientan a retornar el hilo conductor de las jornadas de octubre; es decir, acabar con la clase dominante en su conjunto, su propiedad privada y su democracia de ricos". (ibid).

Estas declaraciones son totalmente justas y reflejan el sentimiento de un sector cada vez mayor de obreros y campesinos en Bolivia que entienden que no se trata solamente de sustituir un gobierno por otro, sino de poner fin de una vez por todas al sistema de explotación capitalista.

La situación en Bolivia se encamina inexorablemente hacia una nueva insurrección. El estado se encuentra en bancarrota técnica, y el gobierno es incapaz de extraer los fondos necesarios para financiarse de las multinacionales y los empresarios locales. Sólo le queda una opción: hacer pagar la crisis a los trabajadores. En las condiciones actuales de radicalización de las bases obreras y campesinas, es improbable que el gobierno pueda llegar a un pacto social con los dirigentes de la COB, o incluso en el caso de que llegaran a un acuerdo con un sector de ellos, este sería un acuerdo inestable y poco duradero.

Pero ante la perspectiva de una nueva insurrección es necesario aprender las lecciones de las dos anteriores. La primera, en febrero del año pasado, fue en gran medida espontánea y en ella los dirigentes obreros no jugaron ningún papel decisivo. Como consecuéncia, la dirigencia de la COB fue cambiada por otra que respondiera más a las presiones de la base. Ésta nueva dirigencia, encabezada por Jaime Solares, de la Federación Minera, con un lenguaje mucho más radical, e incluso anti-capitalista, convocó la huelga general indefinida con bloqueos de camino junto con las organizaciones campesinas, en setiembre/octubre del año pasado. Sin embargo llegado el momento decisivo, en las jornadas del 12 al 17 de octubre, cuando hubo la oportunidad de la toma del poder por parte de obreros y campesinos, la dirigencia de la COB no estuvo a la altura de las circunstancias y permitió que la burguesía encontrara un recambio al gobierno de Sánchez de Lozada. Muchas de estas lecciones se discutieron en el Ampliado Nacional de la COB después de la insurrección.

En aquella reunión se sacó la conclusión de que las bases habían rebasado a las dirigencias y que si no se había tomado el poder había sido solamente porque la dirección no se había planteado la tarea y faltaba un partido revolucionario. Por lo tanto, para que la tercera insurrección no se quede de nuevo a medio camino, es necesario construir una dirección revolucionaria, compuesta por los cuadros más avanzados del movimiento sindical, vecinal, campesino y estudiantil, que armados con el programa revolucionario del marxismo puedan llevar a la heroica clase trabajadora del altiplano a la toma del poder.