Si alguien despide trabajadores, formula acusaciones falsas –que incluyen el secuestro de personas– y desoye las determinaciones judiciales, está protagonizando una serie de sucesos que deben ser conocidos por el público. Y si ese protagonista es muy poderoso y hace uso de su dinero e influencia para torcer el rumbo de las instituciones hasta el disparate, entonces estamos ante una noticia importante. Hay noticias que no aparecen en los medios. Pero son noticias, de todas formas. Si alguien despide trabajadores, formula acusaciones falsas –que incluyen el secuestro de personas– y desoye las determinaciones judiciales, está protagonizando una serie de sucesos que deben ser conocidos por el público. Y si ese protagonista es muy poderoso y hace uso de su dinero e influencia para torcer el rumbo de las instituciones hasta el disparate, entonces estamos ante una noticia importante.
En septiembre de 2004, los trabajadores de Artes Gráficas Rioplatenses (AGR) fueron protagonistas de un conflicto gremial que buscaron evitar. Pese a los reclamos previos, la empresa –perteneciente al Grupo Clarín— impuso una jornada laboral ilegal que incluye tareas los sábados por la tarde y domingos con el pago de horas simples.
Hubo advertencias infructuosas del Sindicato Federación Gráfica Bonaerense y la Comisión Interna ante el Ministerio de Trabajo, con la intención de resolver la situación a través del diálogo. Hubo negativas persistentes de la empresa, que se lanzó a aplicar su nuevo régimen, violatorio de las normas laborales. Y por lo tanto, hubo una asamblea general de trabajadores del taller que resolvió un paro total de actividades.
La medida culminó, luego de tres días de huelga –derecho inalienable de los asalariados– con un operativo policial del que participaron 500 efectivos uniformados y de civil, acompañados de dotaciones de bomberos y una descomunal infraestructura de apoyo que sólo puede explicarse por la influencia que los grandes grupos económicos, entre los que se destaca Clarín, ejercen sobre algunas áreas del Estado nacional.
En lugar de disponer la aplicación de las leyes laborales vigentes y de garantizar la libertad sindical, el Ministerio de Trabajo dispuso la conciliación obligatoria. Tras la misma, AGR despidió 62 trabajadores, incluídos todos los integrantes de la Comisión Interna.
Los delegados Luis Siri, Leonardo Alfonzo y Nicolás Rivero, con el respaldo de los trabajadores del taller y de la Federación Gráfica Bonaerense, decidieron exigir su reincorporación bajo el amparo de la garantía de estabilidad gremial que protege a los delegados.
Sin embargo, a más de tres años de aquellos acontecimientos, el Grupo Clarín utiliza su influencia para judicializar el conflicto gremial imputando falsamente a los representantes de los trabajadores, mientras sigue obstaculizando las actividades sindicales en la planta de AGR.
Pese a que la representatividad de los delegados Siri, Alfonzo y Rivero ha sido ratificada democráticamente por el voto de sus compañeros de trabajo en las elecciones de Comisión Interna en los años 2005, 2006 y 2007, en la práctica se ven impedidos de cumplir las funciones gremiales que les corresponden.
Además de imputarlos falsamente, AGR pretende asignar a los delegados un lugar en un sector de depósitos, alejados del área de producción y cerrado al ingreso de los trabajadores gráficos del taller, quienes los siguieron votando pese a la persecución empresarial y a quienes genuinamente representan.
Y pese a que los trabajadores de AGR, en septiembre de 2004, habían hecho uso de su derecho a reclamo, la empresa efectuó denuncias ante la Justicia Laboral y Penal tratando de demostrar que esa legítima huelga fue una usurpación del establecimiento y que fueron intimidados por los delegados para acatar una medida que en realidad había sido votada en asamblea general.
Este panorama, sobre el cual estamos informando con claridad y que merece una vasta difusión, ha derivado en importantes presentaciones de la Federación Gráfica Bonaerense y la Comisión Interna de AGR ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ante el Poder Judicial.
Y aunque las resoluciones iniciales favorecieron las demandas de los trabajadores, la presión del Grupo Clarín, canalizada especialmente a través de la Sala VIII de la Càmara del Trabajo, ha logrado prolongar los juicios y trabar con chicanas y falsas acusaciones los razonables planteos sindicales. En próximos materiales informaremos detalladamente sobre las presentaciones ante la OIT y acerca de los procesos en la Justicia.
