A un año de haberse aprobado la Ley de Financiamiento Universitario (LFU), el 2 de octubre de 2025, continúa sin aplicarse debido al incumplimiento sostenido por parte del Poder Ejecutivo, y a pesar de las medidas de lucha adoptadas durante el primer y el comienzo del segundo cuatrimestre, expresándose en paros intermitentes de 24 a 48 horas y clases públicas por parte del sector docente. En algunas ocasiones, en particular en la Universidad Nacional de Luján (UNLu), tales medidas fueron acompañadas por la acción del sector no docente que implicó el cierre total del establecimiento. No obstante, hasta el momento, tales medidas han resultado estériles para torcer el incumplimiento de la LFU.
El pasado 1/9, la reunión paritaria entre, por un lado, la burocracia universitaria que incluye al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente sindical (FATUN, FEDUN, CONADU, etc.), y por el otro, el Poder Ejecutivo terminó en un fracaso anunciado. Lejos de contemplar la recomposición salarial que contempla un 33,4% de retraso acumulado más la actualización por Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Poder Ejecutivo ratificó una provocadora cifra que reconoce un pobre aumento del 3% para la remuneración del mes de septiembre solamente, ratificando el incremento del 3% pautado para octubre, propuesto en junio en el acuerdo firmado por el CIN y algunos frentes sindicales (FEDUN, FATUN y CONADU) por una recomposición incluso menor (21.7%) a la que exige la LFU. En consecuencia, el Frente Sindical resolvió “profundizar” el plan de lucha mediante las siguientes medidas:
- Martes 8 de septiembre: Paro nacional en las universidades.
- Martes 15 de septiembre: Jornada nacional de clases públicas: la Universidad en la calle.
- Jueves 17 de septiembre: Acto en Palacio Pizzurno, en el marco de la convocatoria a la paritaria docente y nodocente.
- 18 y 22 de septiembre: paro de 48 horas, luego de que el gobierno ratificara el incremento del 3% en una nueva reunión llevada a cabo el 17/9
- 30 de septiembre al 2 de octubre: paro de 72 horas, coincidente de manera intencional con el vencimiento del plazo judicial propuesto por el juez Martín Cornik, que intimaba al Gobierno a pagar lo dispuesto por la LFU en un plazo de 5 días hábiles.
Cabe destacar que, solo las asociaciones docentes se adhirieron de forma parcial a la medida de fuerza, mientras que el gremio no docente se adhirió de forma parcial en las distintas universidades del país. El día 30 de septiembre, cumplido el plazo, la justicia volvió a intimar al Gobierno Nacional, otorgándole otros 5 días hábiles para cumplir de forma total con la LFU.
Además de la construcción de una nueva Marcha Federal Universitaria (prevista para el 15/10) entre el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el CIN, constituyendo la quinta movilización desde el 12 de mayo de 2026. En un comienzo, se había mencionado como fecha probable de la Quinta Marcha el 1/10. Estos retrasos innecesarios por parte de la burocracia universitaria solo perjudican y dilatan la lucha, la cual urge que se profundice.
A este escenario se suma la reciente derrota para la base de los trabajadores y trabajadoras del Sistema Científico Nacional, becarios y becarias posdoctorales. A quienes se les ha cortado el financiamiento (i.e. estipendio) y acceso a obra social esperando resultados para ingresar finalmente a planta luego de haber transcurrido entre 8 y 10 años en condiciones de precarización e informalidad laboral. Por otro lado, la falta de organización política del sector es evidente dada la incapacidad para efectivizar medidas de lucha como lo fue la toma del Polo Científico el pasado 17 de junio (https://www.pagina12.com.ar/2026/06/17/investigadores-del-conicet-realizaron-una-toma-pacifica-del-edificio/). Esta derrota significó la pérdida de alrededor de 400 trabajadores y trabajadoras instantáneamente.
Tales situaciones en los sectores de educación superior y científico-tecnológico presentan paralelismos en cuanto a la falta de una dirección capaz de llevar adelante medidas de fuerza efectivas que permitan doblegar inmediatamente el desfinanciamiento y desmantelamiento de tales sectores. Esta política se refleja en el papel que cumplen la burocracia sindical y universitaria y las direcciones de las instituciones científicas, que solamente buscan elevar reclamos y medidas cautelares de la Justicia que, como hemos mencionado anteriormente, pueden ser ignorados completamente.
Es necesario llevar a cabo medidas de cese de actividades por tiempo indeterminado con la toma de los lugares de trabajo, movilizaciones y cortes de calle que permitan extender y fortalecer la lucha. Así como también es necesario aunar las luchas de todos los claustros universitarios junto con los trabajadores y trabajadoras del sistema científico y con el conjunto de los trabajadores. La historia de la lucha universitaria demuestra que su fuerza material y su contenido político crecen cuando se vincula con las luchas de los trabajadores y los sectores explotados, como ocurrió con la Reforma Universitaria de 1918 y, de manera aún más evidente, con el Cordobazo de 1969. Es necesario recuperar esas experiencias, extendiendo la huelga y la movilización a otros lugares de trabajo y puntos de la actividad económica. Solo mediante la unidad y la extensión de estas luchas podremos intervenir directamente sobre los intereses de la clase dominante, enfrentando el desfinanciamiento de la educación pública y una orientación de la ciencia y la tecnología puesta al servicio de las ganancias capitalistas.
¡En defensa de la Educación Pública y el desarrollo científico-tecnológico soberano!
¡Por la organización política de los claustros universitarios!
¡Ninguna confianza en la burocracia, el poder está en nuestras manos!
¡Contra el ajuste de Milei, el FMI y los capitalistas!
¡Por un gobierno de los trabajadores y trabajadoras!
