En Argentina, la extranjerización de tierras rurales se encuentra regulada por la Ley 26.737, sancionada en 2011. Esta normativa fija topes estrictos a la titularidad y posesión de campos y recursos naturales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras.
El día 6 de agosto de 2026, el Congreso Nacional Argentino discutió un cambio, impulsado por el gobierno de Javier Milei, dentro de la llamada “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, que busca eliminar o flexibilizar estos topes con el argumento de fomentar la inversión privada.
La ley actual define un límite máximo del 15% de las tierras rurales en todo el territorio nacional, que también se aplica a nivel provincial, municipal o entidad equivalente. Además, dentro de ese 15%, ninguna nacionalidad extranjera puede concentrar más del 30%, lo que equivale al 4,5% del territorio total. También prohíbe que un mismo titular extranjero posea más de 1.000 hectáreas en la Zona Núcleo, una de las regiones agropecuarias más fértiles del país, y restringe la adquisición de tierras que contengan o limiten con cuerpos de agua permanentes y de gran extensión, como lagos y ríos. Finalmente, exige obtener previamente un certificado de habilitación ante el Registro Nacional de Tierras Rurales para cualquier operación de compraventa a extranjeros.
La versión original del proyecto propuesto por el gobierno buscaba eliminar el límite nacional para la propiedad extranjera. De aprobarse, ya no habría un techo general que impidiera que los extranjeros llegarán a poseer, en conjunto, más del 15% de las tierras rurales argentinas.
Además, se modificaban sustancialmente las restricciones vinculadas a los cuerpos de agua, zonas de seguridad de frontera, el límite de superficie por titular y los mecanismos mediante los cuales se controlaba la acumulación de tierras por extranjeros.
Un cambio particularmente importante estaba en el artículo referido al límite de 1.000 hectáreas: el proyecto eliminaba varias de las condiciones que actualmente permiten determinar cuánto puede adquirir un extranjero según la ubicación y las características productivas de la tierra. También eliminaba las prohibiciones específicas sobre tierras con cuerpos de agua y determinadas zonas fronterizas.
Ante la falta de votos suficientes en el Senado, el oficialismo modificó el proyecto. En la versión negociada, en lugar de eliminar completamente el límite del 15%, se propuso elevarlo al 25%. Pero el 5 de agosto, el oficialismo decidió retirar del proyecto el capítulo referido a la venta de tierras rurales a capitales extranjeros, precisamente para evitar que ese punto hiciera fracasar la sesión del Senado.
El 6 de agosto de 2026, día de la votación, se movilizaron multitudinariamente jóvenes y trabajadores convocados de agrupaciones políticas varias, pero también y de enorme significancia por su gran concurrencia, personas autoconvocadas, en medio de la lluvia y la represión policial.
La movilización terminó en un operativo de dispersión policial que incluyó gases irritantes, balas de goma e hidrantes, lo cual produjo numerosos heridos y detenidos. La magnitud exacta de las lesiones y detenciones sigue siendo objeto de discrepancias entre las fuentes. Sin embargo, resulta significativo mencionar que frente a la creciente represión del gobierno se observan síntomas – ya vista en otras protestas e incluso durante las conmemoraciones del Mundial – de un cambio en el estado de ánimo de las masas, que no retrocedieron ni abandonaron la movilización.
Podemos observar, en ese sentido, un crecimiento de la participación de las masas en torno a proyectos de ley, expresado en movilizaciones autoconvocadas, junto con cierto rechazo a llamados de algunas organizaciones políticas y sindicales tradicionales. Analizando a Gramsci, podemos observar elementos de una crisis en la capacidad de las organizaciones tradicionales para representar y dirigir a determinados sectores populares, visibles cuando estos comienzan a organizarse por fuera de los canales habituales. Esto plantea una disputa por su dirección política y, en última instancia, la cuestión de qué programa puede ganar a estos sectores para una lucha común contra el capitalismo.
En este momento resulta importante la construcción de una vanguardia revolucionaria organizada, como propone Lenin en su libro, ¿Qué hacer?, pero sin perder de vista la idea de Marx de que “La emancipación de la clase obrera debe ser obra de la clase obrera misma”.
Así es el proletariado la clase revolucionaria por excelencia, no porque tenga una virtud moral particular, sino por la posición objetiva que ocupa dentro del capitalismo. La burguesía fue “revolucionaria” frente al feudalismo, pero su función histórica cambia una vez que se convierte en clase dominante: necesita preservar la propiedad privada y por tanto no puede llevar a cabo una revolución que suprima el capitalismo. La pequeña burguesía ocupa una posición intermedia y contradictoria: puede radicalizarse y participar activamente en procesos revolucionarios, pero su situación económica tiende a empujarla hacia proyectos de propiedad individual, conciliación entre clases o vacilación entre la burguesía y el proletariado.
El campesinado, la pequeña burguesía rural, tampoco constituye una clase homogénea: existen campesinos pobres, medios y ricos, con intereses económicos diferentes; además, aunque su relación con la tierra y la propiedad varía entre estas distintas capas, el campesinado como conjunto se encuentra disperso y, en amplios sectores, ligado a la propiedad parcelaria, es decir, a la pequeña propiedad individual de la tierra, lo que dificulta que, por sí mismo, formule un proyecto coherente de abolición de las relaciones capitalistas.
Esto no significa que la pequeña burguesía u otras capas populares no puedan desempeñar un papel revolucionario y constituir fuerzas decisivas de una revolución y, en determinadas condiciones históricas, convertirse en aliados fundamentales del proletariado. La cuestión es quién puede proporcionar el núcleo dirigente y el horizonte político del proceso. El proletariado posee esa capacidad porque su emancipación exige superar la relación capital-trabajo y, por tanto, puede desarrollar un proyecto que no consista en sustituir una clase explotadora por otra, sino en abolir las relaciones de clase mismas. También hay que considerar que es el proletariado quien posee la capacidad de interrumpir la producción capitalista. El capital controla los medios de producción, pero depende de una clase que colectivamente puede retirar su fuerza de trabajo de esos medios, como vimos en las grandes huelgas de los metalúrgicos del ABC paulista entre 1978 y 1980, que paralizaron importantes centros industriales y terminaron convirtiéndose en un desafío político a la dictadura brasileña y muchos otros ejemplos.
De ahí la importancia de una vanguardia proletaria: no se trata de que un grupo de intelectuales o dirigentes se coloque exteriormente por encima de las masas, ni de negar el papel revolucionario que pueden desempeñar otras clases o sectores, sino de que la clase que posee el interés histórico más consecuente en la transformación socialista alcance la organización, conciencia y dirección política suficientes para articular a las demás clases explotadas y oprimidas alrededor de un proyecto común
Vale destacar que las decisiones fueron tomadas por el Gobierno y procesadas a través de las instituciones del Estado do directamente al Senado, sin participación por parte de la clase obrera, demostrando, una vez más, la tesis de que “el gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa” (Manifiesto comunista) y aquella “organización especial de una fuerza, es una organización de la violencia para una represión de una clase cualquiera” (El Estado y La Revolución). Observamos que el Estado es un instrumento de opresión, un síntoma de las contradicciones irreconciliables entre las clases, pero no la enfermedad que las produce, evidente en la capacidad de éste para ejercer directamente la violencia sobre la población, como vimos en la represión del gobierno de Javier Milei contra las manifestaciones. Mientras “la burguesía se ve obligada a falsificar la verdad y a presentar el Estado como un órgano de conciliación de clases” (El Estado y La Revolución), el Estado constituye un aparato de dominación burguesa sobre la clase trabajadora.
Sabemos también que la cuestión de la extranjerización es solo una parte del problema. La soberanía nacional cuestionada y vendida a la burguesía extranjera es un problema por la acumulación de tierras y capital en manos de sectores imperialistas con intereses de apropiación y control sobre tierras y recursos nacionales, profundizando así su concentración en cada vez menos manos. Podemos notar también, que una tierra puede ser jurídicamente propiedad de un capitalista nacional y, sin embargo, la producción, el crédito, la comercialización y la apropiación del excedente pueden estar controlados por capital extranjero bajo la subordinación al imperialismo.
Pero, la cuestión de la tierra no se reduce al interés nacionalista de mantenerla en las manos de capitalistas, terratenientes y latifundistas dentro de Argentina u otro país nacionalmente delimitado. También implica la problemática de que el proletariado no tiene patria en el mismo sentido en que la tiene la burguesía. Su relación con la patria es distinta porque ambas clases ocupan posiciones diferentes dentro de las relaciones de propiedad y de producción. La relación con la patria de la burguesía es mediada por el capital y la propiedad. Su existencia económica está ligada a un territorio determinado porque allí existen sus empresas, tierras, inversiones, instituciones jurídicas, mercados y mecanismos estatales que garantizan la reproducción de su propiedad. La patria burguesa es el espacio en el que su propiedad está protegida y en el que puede ejercer sus derechos como propietaria Así, la defensa de la nación puede convertirse, bajo el capitalismo, en defensa de determinadas relaciones de propiedad.
El proletario, en cambio, se encuentra separado de los medios de producción y posee fundamentalmente su fuerza de trabajo. Puede tener una vivienda, objetos personales o determinados bienes de consumo, pero no posee en términos relevantes los medios de producción que le permitan reproducir su existencia independientemente del capital. Pudiendo ser expulsado de una empresa, inmigrar, emigrar o vender su fuerza de trabajo a un capital extranjero sin que cambie la estructura fundamental de su posición de clase. Por eso la patria aparece para el proletariado de una manera diferente. Los vínculos nacionales pueden ser comunes —lengua, territorio, cultura, memoria histórica, vínculos familiares—, pero la relación social que burguesía y proletariado mantienen con ellos es totalmente distinta. El burgués posee la patria en un sentido material que el proletario no posee: posee capital situado dentro de un determinado espacio nacional y protegido por su Estado. Pero como señala Marx, de la misma forma que la lucha del proletariado contra la burguesía es, en primer lugar, una lucha nacional para derrocar a su burguesía local y tomar el poder político cumpliendo así con la forma nacional de la contienda, el contenido y horizonte de su emancipación es inherentemente internacional, ya que una burguesía globalizada no puede ser derrotada de manera aislada o permanente en un solo país sin provocar a un cerco económico, militar y burocrático. La lucha de clases nacida en los territorios locales debe transformarse de forma inevitable en una estrategia de unidad internacional para combatir al capital global.
Una unidad internacional como nuestra organización, que se orienta conscientemente hacia la clase trabajadora, la lucha por su dirección revolucionaria y se presenta como una herramienta—el martillo y la hoz— para derrocar la hegemonía capitalista, es como el terreno que encontraban los antiguos egipcios a orillas del Nilo cuando, tras retirarse las aguas de la inundación anual del río (llamado “akhet”), descubrían un suelo fertilizado por el limo nutricio.
Por tanto, así como ellos, debemos plantar ahora, “Peret”, para cosechar nuestra tan deseada “Shemu” (cosecha). El momento de construir nuestra organización internacional se presenta ante nuestro ojos como urgente, pero también sobre un terreno propicio y fértil. Tal terreno es la suma de las contradicciones de clase que vemos delante de nuestros ojos con el desarrollo de la historia, con la crisis del capitalismo, la crisis de legitimidad de las instituciones, la creciente desigualdad y precarización, la transformación tecnológica y la amenaza de desplazamiento laboral por la IA, la intensificación de las rivalidades interimperialistas y el debilitamiento del orden internacional. Como percibimos en esta manifestación contra el proyecto de Milei con la presencia de autoconvocados que no retrocedieron ni con la lluvia ni con la represión policial que nuevamente recalco, la población empieza a mostrar señales de radicalización. Se hace necesario la formación de nuestros cuadros revolucionarios profesionales para que, continuando con la alegoría, formemos figuras capaces de unir el mundo como Narmer hizo con el bajo y alto Egipto pero a diferencia de Él, no como un Faraón, desde arriba, sino como una vanguardia arraigada en la clase trabajadora, que aprenda de las masas y se gane en la práctica la autoridad para orientar la lucha.
“Trabajadores del mundo, uníos!”
