El Gobierno de Milei busca aprobar, negociando el apoyo de sectores del PRO, la UCR y del peronismo provincial, una ley hecha a medida de los grandes terratenientes, fondos de inversión, mineras, agroexportadoras y capitales extranjeros.
Buscan facilitar la compra, concentración y explotación del territorio y sus recursos. Presentan la ley como una defensa de la propiedad privada, y podemos acordar en algo básico: aumentará el poder de los grandes propietarios y empresas que compran tierras, mientras reducirá los derechos de las comunidades sobre los territorios que habitan y el control de la sociedad sobre los recursos naturales.
Ante el rechazo social y la falta de votos, el oficialismo propone mantener un supuesto límite del 25 por ciento a la propiedad extranjera. Sin embargo, ese porcentaje se calcularía por provincia y se eliminarían controles locales. Así podrían extranjerizarse regiones enteras, zonas cordilleranas, fronterizas y cuencas estratégicas sin superar el límite provincial. También se flexibilizarían las restricciones sobre tierras con ríos, lagos y glaciares.
El límite del 25 por ciento es una trampa. Cambian la forma para mantener la entrega de la tierra y los recursos.
Así se aceleran los desalojos, se reducen los controles ambientales y se permite destinar a otros negocios las tierras que fueron incendiadas. Los beneficiarios son quienes quieren comprar barato, expulsar comunidades, concentrar propiedades y saquear recursos naturales.
Pero el problema no comenzó con Milei ni se reduce a la nacionalidad de los propietarios. Ser dueño de la tierra significa controlar quién puede usarla y qué se hace con sus recursos. Ese control permite a terratenientes y grandes empresas enriquecerse cobrando por su uso, explotando directamente la producción y los recursos naturales o especulando con su valor. Mientras una minoría concentra miles de hectáreas, ríos, bosques y minerales, trabajadores rurales, comunidades y pequeños productores son desplazados o privados del acceso a la tierra.
Por eso no alcanza con discutir si el límite debe ser del 15 o del 25 por ciento, ni con reemplazar capitalistas extranjeros por capitalistas argentinos.
Hay que rechazar íntegramente esta ley, prohibir la venta de tierras con recursos estratégicos, abrir los registros de propiedad y los contratos al control de trabajadores y comunidades, frenar los desalojos y expropiar las tierras ociosas para enfrentar la emergencia habitacional.
También debemos expropiar sin indemnización los grandes latifundios, las agroexportadoras y las empresas extractivas, nacionalizar la tierra, la banca y el comercio exterior bajo control democrático de los trabajadores, y organizar un plan de producción, vivienda y protección ambiental.
Estas medidas chocan con la propiedad y las ganancias de terratenientes, bancos y multinacionales. No confiamos en un Congreso lleno de políticos vendidos. Ninguna negociación entre bloques va a defender la tierra y los recursos.
Para imponer este programa necesitamos la fuerza organizada de la clase trabajadora y luchar por un gobierno de trabajadores que rompa con el poder de los grandes capitalistas y reorganice la economía sobre bases comunistas.
Desde la Organización Comunista Militante nos sumamos a la movilización y a la defensa de la tierra en las calles. Esta ley se frena con la organización, la movilización y la lucha de los trabajadores y todos los sectores afectados.
¡Abajo la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada!
¡Por un gobierno de trabajadores!
