La marcha del 2/10 convocada a nivel nacional por las Federaciones Gremiales de Trabajadores/as docentes y nodocentes, por la Federación Universitaria Argentina y el CIN, Consejo Interuniversitario Nacional, es decir, por trabajadores/as, estudiantes y autoridades de las universidades públicas argentinas fue, sin lugar a dudas, un evento de masiva concurrencia popular y de contundente expresión política en defensa de la educación superior pública a lo largo y ancho de todo el país.
Esta convocatoria sobrepasó en su magnitud en algunas provincias de nuestro país, como en Córdoba, a la de abril de 2024, e incorporó luchas, conflictos y reivindicaciones mayoritarias, expresadas en algunos casos a través de la representación de organizaciones gremiales y de una multitud de trabajadores/as, jubilados/as, colectivos sociales en lucha, y por supuesto, la comunidad universitaria en su conjunto. Es destacable la participación estudiantil masiva, y la importancia de los procesos de conciencia que las presentes generaciones pueden desarrollar en este contexto político. Con más de un millón de personas en las calles queda nuevamente en evidencia la predisposición a la lucha que existe en amplios sectores de nuestra clase, a pesar de que los aparatos sindicales y políticos del régimen político hacen todo los posible por contener el descontento por abajo, convocando movilizaciones por goteo sin un plan de lucha claro y consecuente.
La universidad pública ha sido, al menos desde la Reforma de 1918, una protagonista de fundamental gravitación política, y sus momentos de mayor elevación en las definiciones políticas y educativas han estado ligados a su articulación con las luchas obreras y populares. Lo que quedó en claro en la última marcha es que va en crecimiento la resistencia a la política de este gobierno, y que la causa del financiamiento universitario, y en general del derecho a la educación pública, se ha masificado y también ha logrado incluir reclamos de quienes están siendo brutalmente atacados por de este gobierno personero del gran capital.
La tarea que aparece por delante no puede reducirse simplemente a la presión sobre el tratamiento parlamentario del rechazo al veto del gobierno nacional de la ley de financiamiento. La cuestión universitaria, como el sistemático ataque a los trabajadores/as, jubilados/as, salud y educación públicas, tampoco puede encauzarse en torno a la construcción de las opciones electorales para las elecciones de 2025, o 2027, como única instancia de solución.
Los problemas de las mayorías universitarias, trabajadoras, populares, deben ser tomados en sus manos por quienes son violentados y violentadas, y la tarea actual es superar política y organizativamente los estrechos límites de los partidos del régimen o de los sindicatos burocratizados, cuyo destino final es enterrar estas luchas para consolidar estructuras políticas que en mayor o menor medida han estado al servicio del gran capital, el mismo que hoy intenta llevar su ofensiva al extremo.
La lucha universitaria en términos de construcción colectiva debe hacer una aguda lectura del estado de situación, no sólo respecto de la precariedad salarial de sus trabajadores/as, también del descenso de la posibilidad de ingreso y permanencia en los estudios, del hecho incontrastable de que el índice de pobreza entre los y las estudiantes universitarios/as subió 14,7 puntos los últimos tres meses. En septiembre de 2023 los/as universitarios/as pobres eran un 27,9 por ciento y finalizando el primer trimestre de 2024 el porcentaje creció en 20 puntos más, llegando al 48,5 por ciento.
Esa situación supone plantear medidas de acción directa por parte de toda la comunidad universitaria, así como procesos de lucha colectiva en asambleas e instancias de democracia directa que pueden definir un plan para asumir la complejidad de este escenario y plantear pautas de movilización que generen conciencia y contemplen, a un tiempo, las condiciones concretas de cursada y de trabajo.
Si bien las movilizaciones han sido masivas y categóricas en sus reclamos, la cotidianeidad universitaria precisa todavía crecer en su la organización de procesos de resistencia construidos de modo independiente, y con objetivos que superen políticamente a las soluciones parlamentarias o partidarias, o de las representaciones gremiales burocratizadas. De una parte, es preciso aportar políticamente a una comprensión precisa del momento actual, sin apelar a medidas remanidas o definiciones formularias, que puedan mirar a los actores y colectivos en sus necesidades concretas, con una mirada de clase que no sea abstracta y autoproclamatoria, sino que aporte a la creación del poder de las mayorías docentes, nodocentes y estudiantiles en lucha, y así se pueda ligar con lucidez, productividad y capacidad de articulación política a las luchas en curso.
Hoy en día los y las estudiantes son, en gran medida, trabajadores/as, que provienen en buena medida de hogares de trabajadores/as, y el sostenimiento cotidiano de la vida universitaria y de la educación superior como tal pasa por cientos de miles de docentes y nodocentes de esa misma extracción en la mayoría de los casos, con cargos bajos, en muchos casos precarios y con sueldos de hambre. Los y las graduadas universitarios/as experimentan los mismos destinos salariales y sociales de las mayorías populares en grado creciente, y por ello es indispensable dar a la cuestión universitaria un tratamiento superador, en términos de comprender la complejidad de instituciones completamente atravesadas por la conflictividad social y la lucha de clases en términos concretos.
La universidad contiene hoy, como en tantas oportunidades, un desafío y un campo fértil para la construcción de organización, ideas y fuerza revolucionaria, que debe ser definida con precisión, agudeza dialéctica, y sentido material e histórico.
Leer también: Contra la destrucción: capitalismo, educación universitaria y conciencia de clase
