¡Juicio popular y castigo a todos los represores!
A mediados de agosto el parlamento anuló las leyes de obediencia debida y punto final. Las leyes mencionadas habían sido aprobadas a mediados de los ’80, bajo la coacción de levantamientos militares y significaron la impunidad para más de dos mil represores que aún hoy continúan en libertad sin pagar por los crímenes cometidos durante el proceso militar de 1976-83. Sin embargo aún quedan en pie los indultos decretados por Menem, que liberó a los más altos responsables del plan represivo implementadontado por la dictadura, después de haber sido juzgados y condenados por la justicia.
Juicio popular y castigo a todos los represores
A mediados de agosto el parlamento anuló las leyes de obediencia debida y punto final. Las leyes mencionadas habían sido aprobadas a mediados de los "80, bajo la coacción de levantamientos militares y significaron la impunidad para más de dos mil represores que aún hoy continúan en libertad sin pagar por los crímenes cometidos durante el proceso militar de 1976-83. Sin embargo aún quedan en pie los indultos decretados por Menem, que liberó a los más altos responsables del plan represivo implementado por la dictadura, después de haber sido juzgados y condenados por la justicia.
La última palabra en los juicios que se están reanudando contra los represores la continúa teniendo la justicia, ya que la anulación de las leyes no obliga a los jueces a nada. Algunos tribunales han reabierto algunas causas y la Corte, que es la que determina en última instancia la constitucionalidad o no, tanto de las leyes de impunidad como de su anulación, parece querer esquivar una decisión definitiva sobre el tema.
La situación se desencadenó con el pedido de distintos jueces europeos, y en particular del español Baltasar Garzón, que obedeciendo a los reclamos y denuncias de familiares de las víctimas de la represión, iniciaron procesos de extradición contra los militares implicados. Pero el gobierno derechista de Aznar decidió frenar la extradición de más de cuarenta implicados detenidos en agosto, que de esa manera recuperaron su libertad.
De todas formas es la presión pública la que está haciendo que los tres poderes del estado se vean obligados a dar algunos pasos contra los implicados en el terrorismo de estado de manera impensada hace unos años. El proceso estuvo acompañado por multitudinarias manifestaciones, como la del 12 de agosto frente al congreso, con más de diez mil manifestantes, siguiendo el impulso que barrió a varios gobiernos, obligó a la vergonzosa retirada de Menem y a los recambios en la corte de justicia. Fue esta presión popular la que obligó al presidente a impulsar la anulación de las leyes de impunidad. A nadie se le escapa que el gobierno de Kirchner necesita implementar este tipo de medidas para intentar restaurar la autoridad perdida por el aparato del Estado burgués ante las masas trabajadoras.
La ley de anulación, presentada por Izquierda Unida, también incluía la caída de los indultos de Menem. Los legisladores de izquierda debieron haber insistido con el proyecto original y no acordar con el PJ la postergación de la anulación de los indultos. Por su parte, Zamora se abstuvo argumentando que la anulación era la excusa que necesitaba Aznar para frenar las extradiciones. Esto puede parecer muy lógico, pero el gobierno derechista hubiese encontrado cualquier otra excusa para no juzgar a los represores, por ejemplo el principio de territorialidad.
Los marxistas exigimos el castigo a los criminales que ahogaron en sangre el movimiento revolucionario de los "70. Consideramos que esa feroz represión, diseñada por la burguesía argentina, permitió implementar los salvajes planes llamados neoliberales que pudieron posibilitarle al capitalismo argentino zafar de la aguda crisis mundial del "73. Sin la eliminación política y física de toda una generación de luchadores la burguesía argentina no hubiese podido llevar adelante la fabulosa transferencia de riquezas desde los trabajadores hacia los sectores más concentrados de la economía.
Por lo tanto, no confiamos en las instituciones del estado burgués ni despertamos ilusiones en la actuación de la justicia burguesa en el tema de los represores. Consideramos que lo que garantiza que se haga justicia es la implementación de juicios populares a todos los implicados en el terrorismo de estado, como lo sostiene nuestro programa. Pero eso está indisolublemente vinculado a la lucha por la transformación socialista de la sociedad y a la sustitución de la justicia burguesa por una auténtica justicia obrera y popular. Mientras tanto, bajo el capitalismo, el avance de los juicios a los represores y la purificación de los tribunales dependerá de la continuidad de la presión popular sobre los poderes del estado. Por ese camino debemos avanzar construyendo las bases del poder popular.
