El proyecto de Presupuesto de la Nación para el 2007 no plantea ningún cambio en la política económica del gobierno. Lo fundamental es asegurar, e incrementar, el pago de la deuda externa que se lleva $13.900 millones (un 17% del presupuesto) y subsidiar con ayudas directas y reducciones de impuestos a los empresarios en varios miles de millones, como a las empresas del transporte ($2.600 millones) o a las compañías eléctricas ($700 millones), en concepto de compensaciones por el no aumento de las taas tarifas. A esto se le suman unos $15.000 millones por exenciones y reducción de impuestos a los empresarios ($1.500 millones más que en el 2006), dinero que debería ingresar al Estado pero que permanecerá en los bolsillos de los capitalistas.
Generoso con los empresarios, tacaño con los trabajadores
El proyecto de Presupuesto de la Nación para el 2007 no plantea ningún cambio en la política económica del gobierno. Lo fundamental es asegurar, e incrementar, el pago de la deuda externa que se lleva $13.900 millones (un 17% del presupuesto) y subsidiar con ayudas directas y reducciones de impuestos a los empresarios en varios miles de millones, como a las empresas del transporte ($2.600 millones) o a las compañías eléctricas ($700 millones), en concepto de compensaciones por el no aumento de las tarifas. A esto se le suman unos $15.000 millones por exenciones y reducción de impuestos a los empresarios ($1.500 millones más que en el 2006), dinero que debería ingresar al Estado pero que permanecerá en los bolsillos de los capitalistas.
Aunque se destina un monto importante para las obras públicas de $12.500 millones, lo sangrante es que esto beneficiará a las grandes compañías constructoras, que siguen haciendo fabulosos negocios con el dinero público.
Comparado con esto, palidecen los únicos aumentos sensibles previstos para el gasto social, como los $4.100 millones destinados al 13% de aumento en las jubilaciones (que en modo alguno permite recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años), y $4.000 millones más para el presupuesto educativo, de los que una parte irá a incrementar los subsidios a la educación privada.
Como en años anteriores, no se prevén partidas para incrementar los salarios de los empleados públicos, pese a la previsión oficial de una inflación del 11%. De manera que será necesario volver a la lucha para conseguir un aumento en los salarios, única forma de romper el congelamiento salarial en el sector público, como en años anteriores.
Nuevamente, el gobierno introduce engaños contables para ocultar un aumento de la recaudación que destinará a mayores pagos de la deuda pública que los $13.900 millones anunciados. El gobierno prevé unos ingresos sobre la base de un crecimiento de la economía (el PBI) del 4%, cuando todos los economistas burgueses estiman un crecimiento mayor, de en torno al 7%. Lógicamente, el Estado ingresará por impuestos más de lo que dice (por la mayor actividad económica real que la prevista). Así, en lugar de obtener el superávit previsto (sobrante descontados los gastos estatales) de $21.045 millones, el superávit real estará más cercano a los $30.000 millones. Es decir, tendría unos $9.000 millones más para pagar la deuda y atender otros gastos no declarados (subsidios a empresarios, etc), como hizo en estos años.
Los sindicatos deberían encabezar una lucha seria contra estos presupuestos y el tope salarial que están proponiendo gobierno y empresarios, exigiendo el no pago de la deuda externa y ni un centavo en subsidios a los empresarios. Esta es la única manera seria de contar con recursos suficientes para salud, educación, jubilaciones, salarios e infraestructuras.
