Es vital comenzar afirmando lo siguiente: en Venezuela no estamos viviendo el fracaso del socialismo, pues nunca se instauró en el país. En Venezuela presenciamos el fracaso del reformismo y la bancarrota histórica de su política de conciliación de clases, que sumergió al país en la ruina, que subordinó los intereses de las grandes mayorías de trabajadores y jóvenes a los intereses de multinacionales, capitalistas, terratenientes y banqueros.
El modelo de economía mixta, implementado desde los inicios de la revolución bolivariana, era una receta acabada para el colapso económico a largo plazo, ya que no se puede controlar lo que no se posee, y los empresarios jamás iban a ceder un milímetro de sus privilegios sin pelear, bien sea saboteando la producción, fugando capitales, cerrando fábricas, despidiendo trabajadores. A continuación vamos a describir, brevemente, algunas de nuestras posiciones públicas, donde denunciamos el viraje hacia el liberalismo de la dirección del gobierno y nuestras propuestas.
El 20 de mayo del 2018 se desarrollaron las elecciones presidenciales, donde resultó ganador el Presidente Nicolás Maduro, con el apoyo del Gran Polo Patriótico (GPP), frente a una oposición dividida entre abstencionistas y un sector que decidió participar, postulando a Henry Falcón.
A principios de ese año, desde Lucha de Clases, advertimos que: “El giro hacia la derecha del gobierno es cada vez más marcado, y este no solo se orienta a medidas económicas procapitalistas, sino también al aumento en los niveles de represión hacia los trabajadores que se levantan por mejores condiciones laborales, y del pueblo en general, en reclamo por la vulneración a sus derechos a la alimentación, salud, transporte, entre otros”1.
Pero además planteamos “(…) nuestra propuesta de construir una candidatura alternativa a la de Nicolás Maduro, que defienda un programa marxista revolucionario, a fin de nuclear a los sectores más combativos y avanzados del movimiento popular y obrero del país, que con un marcado carácter antiimperialista, enfrente la injerencia norteamericana y tome un rumbo anticapitalista”2. Pero lamentablemente, en ese momento, las direcciones del PCV y PPT no consideraron oportuno el planteamiento.
El desarrollo posterior de los acontecimientos nos dio la razón, ya para el mes de agosto del mismo 2018, con el lanzamiento del Plan de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica (PRCPE), se confirmaba la tesis de profundización del viraje hacia la liberalización de la economía y la implementación de un ajuste, que había iniciado con algunas leyes aprobadas mediante la Asamblea Nacional Constituyente del 2017, como por ejemplo la Ley de Promoción a la Inversión Extranjera y posteriormente con la derogatoria de la Ley del Régimen de Ilícitos Cambiarios, que inició el desmontaje del control de cambio.
Así lo denunciamos en nuestro artículo “Sobre la derogación de la ley de ilícitos cambiarios: más lejos del socialismo y más cerca del libre mercado”3 del cual extraemos los siguientes seis párrafos que ilustran, de manera premonitoria, las consecuencias del desmontaje del control cambiario:
“el contrasentido expresado en sabios que hablan de que hay que construir el socialismo avanzando hacia el libre mercado, como “medida sensata” para fomentar la inversión privada y captar divisas, es el reflejo del declive intelectual de representantes de la burocracia bolivariana, la cual se halla cada vez más distanciada del legado revolucionario de Chávez. El que una medida como la eliminación del control cambiario impondrá mayores sacrificios y privaciones para la población pobre, no recibe de estos señores ni una palabra. Al parecer, sus posturas cumplieron la función de anticipar y preparar al público sobre las medidas cambiarias que la dirección bolivariana tomaría. Luego del anuncio presidencial del 25 de agosto, la ANC prestó su colaboración derogando la ley de ilícitos cambiarios, como primera medida necesaria para levantar el control de cambios a futuro”.
“Según la lógica de los defensores del desmonte del control de cambios, se espera que la medida suponga que personas naturales y jurídicas oferten sus propios dólares para romper con el rentismo petrolero y avanzar en la construcción de una nueva economía. También, en la mente de estos señores, todo esto implicaría la atracción de inversiones necesarias para recuperar el aparato productivo nacional. Cual cuento de hadas, donde en el análisis presentado quedan fuera muchas consideraciones políticas (¿se arriesgará la burguesía a invertir si el gobierno se resiste en aplicar un paquetazo integral procapitalista a toda la economía?) y sociales (la inestabilidad política en Venezuela y sus implicaciones en la disposición a la inversión), se nos intenta decir que la economía se recuperará y ésta finalmente trascenderá la dependencia de la renta petrolera sin ningún costo social, donde todos viviremos felices por siempre”.
“Dicho sofisma busca barnizar de una supuesta sensatez y racionalidad política, lo que en realidad representa intereses nefastos para la clase trabajadora y el pueblo en general: el desmontaje definitivo del control cambiario generará una mayor apreciación del tipo de cambio que impactará en una mayor alza de precios en el mercado interno. En otras palabras, el costo de la crisis será pagado por los más pobres, mientras la clase dominante gozaría de mayores beneficios. Tamaña falacia, debe encontrar la mayor oposición de todo revolucionario consecuente. No está demás enfatizar que rechazamos cualquier decisión que plantee mayores privaciones y sufrimiento al pueblo trabajador”.
“Como hemos venido señalando desde la Corriente Marxista Lucha de Clases, sólo hay dos formas de salir de la crisis económica actual: expropiando a la burguesía y los terratenientes y planificando la economía en términos socialistas, o liberando el mercado y dejando que se recomponga en los márgenes del capitalismo, lo que supondría la aplicación de un programa de recortes al gasto público, eliminación de los subsidios a los servicios, contrarreformas laborales, despidos masivos, y en suma: una mayor pauperización en las condiciones de vida para los pobres y oprimidos. El transitar actual de la dirigencia bolivariana nos dice cuál ha sido el camino emprendido”.
“Pero ¿Creerá sinceramente el gobierno que la burguesía nacional y las transnacionales van a traer inversiones en dólares sólo por la eliminación del control del cambio? ¿o esta medida es el preludio de otras más integrales y sistemáticas? Resulta paradójico que el liderazgo bolivariano se esmere en generar confianza y todo tipo de estímulos y concesiones a quienes seguramente están detrás del intento de magnicidio fallido en la avenida Bolívar; a transnacionales como Cristallex que intentaron embargar CITGO; o realizando llamados a Donald Trump, a quien simultáneamente se denuncia por las medidas de bloqueo financiero que estrangulan la economía venezolana, mientras se le pide colaboración para investigar el intento de asesinato al presidente. Esta política económica y exterior no es ni siquiera coherente, mucho menos revolucionaria. A todas luces, la táctica del gobierno prepara el terreno para un futuro gobierno burgués”.
“A todo lo anterior, la clase obrera debe responder con lucha y organización. !Los trabajadores sólo deben confiar en sus propias fuerzas! Es imperativa la necesidad de que se constituyan consejos de trabajadores en cada fábrica y centro de trabajo, para sentar las bases de un poderoso movimiento por el control obrero a nivel nacional, como órganos de un nuevo poder preparado para demoler el corrupto aparato estatal burgués y asumir las riendas de la sociedad. Para iniciar dicho proceso, hace falta un gran catalizador, que no puede ser otra cosa más que una nueva referencia orgánica revolucionaria, que aglutine toda la combatividad de los sectores más avanzados del chavismo. En principio, dichas palabras pueden sonar a abstracción. El deber de todo revolucionario consecuente es trabajar en función de materializar tal objetivo histórico”.
La única medida del PRCPE que tuvo un impacto positivo para la clase trabajadora, por muy corto tiempo, fue el aumento salarial que se aprobó, (con un supuesto anclaje al Petro que no duró prácticamente nada) que llevó el sueldo mínimo de aproximadamente 1 dólar antes de agosto a 30 dólares a partir del 20 de agosto, el resto de medidas conducían a la liberación de precios de los productos básicos, eliminación total del control cambiario, aumento de las excepciones tributarias para los empresarios, entre otros beneficios. Pero en su conjunto el plan de recuperación fue la formalización de hecho, de un ajuste burgués que describimos meticulosamente en el artículo: “El nuevo comienzo en la política del gobierno bolivariano ¿Hacia dónde nos dirigimos? Primera parte4 y Segunda Parte5. Sobre el anclaje al Petro en particular, presentado como la salvación de la clase obrera, fue cuestionado en su justa dimensión por nosotros, a pocos meses de su implementación, en el artículo: “El Ancla no aguanto ni dos meses”6
Ajuste antipopular combinado con pequeñas dádivas a los trabajadores
Después de la catástrofe del reformismo, la cúpula del gobierno, que no confía en la clase trabajadora, prosigue su degeneración hacia el liberalismo, implementando una política abiertamente a favor de empresarios (nacionales y extranjeros), terratenientes y banqueros. Allí donde había empresas del Estado se han ido privatizando, vía “alianzas estratégicas”, por supuesto, luego de años de sabotaje sistemático de un incipiente movimiento por el control obrero que fue golpeado por la burocracia, llevando estas empresas prácticamente a la quiebra, para justificar el remate de las mismas a precio de gallina flaca hoy día.
En el campo la lucha ha sido peor aún, la recuperación violenta de las tierras ocupadas por campesinos durante el gobierno de Chávez está a la orden del día, con la complicidad del Estado burgués que justifica los desalojos vía tribunales y presta inclusive la fuerza pública para los mismos, bien sea con policías locales o guardias nacionales. Las conquistas laborales tales como los contratos colectivos, los salarios dignos, el derecho a la sindicalización y la protesta, bajo el infame memorándum 2792 (octubre de 2018) del Ministerio del Trabajo, han sido pulverizadas.
Si bien es cierto que en Venezuela nunca se aplicó hasta las últimas consecuencias un programa genuinamente socialista, sino una serie de nacionalizaciones de algunas empresas estratégicas, (que se pagaron a valor de mercado en su gran mayoría) y donde se saboteó el control obrero hasta sustituirse por un control burocrático de las mismas (germen de los casos de corrupción que abundan); la clase trabajadora lograba presionar y hacer avanzar hacia la izquierda la política general del gobierno de Chávez. En cambio hoy día la clase obrera está diezmada, millones han emigrado, la mayoría de la dirigencia sindical cooptada por el partido de gobierno y los dirigentes clasistas que luchan por reivindicaciones son acosados, despedidos, perseguidos o encarcelados.
La política del gobierno de Chávez, aunque no llegó a la expropiación bajo control obrero de las palancas fundamentales de la economía, logró el empoderamiento de los sectores populares, a través de misiones educativas, salarios dignos, legislación laboral avanzada y del acceso a servicios públicos prácticamente gratuitos. Dicha política fue sustituida por una especie de “protección social” donde se “bendice” la dolarización de facto del país, se pulveriza el salario, aumenta la bonificación del mismo, aumentan los despidos injustificados, la persecución de los dirigentes sindicales, su represión e inclusive el encarcelamiento de los que denuncian o resultan incómodos para los patronos, tanto públicos como privados,
Esto evidencia una vez más que el reformismo en tiempos de crisis claudica ante los capitalistas y aplica contrarreformas. Es decir, se vuelve en su opuesto y saca a relucir su naturaleza traidora y rastrera a ideas ajenas a la clase trabajadora. El reformismo es incapaz de llegar a conclusiones revolucionarias porque no cree en la clase obrera, ni en su potencial, es cobarde y vacilante, puesto que está impregnado de la psicología de la pequeña burguesía.
Este ajuste antipopular, es barnizado con una política de “protección social” que implica la entrega, periódicamente, de «bonos» a través del carnet de la patria (de aproximadamente 2 dólares, poco más del salario mínimo), la venta de bolsas de alimentos subsidiadas a través de los CLAPs, y la compensación a los trabajadores de la administración pública, con combos de comida subsidiados o gratis.
Mientras los servicios públicos como la electricidad, gas, telefonía, internet, Metro, ya han iniciado un viaje, lento pero seguro, de la casi la gratuidad al cobro progresivo y con aumentos frecuentes, aunque no mejore la prestación de los mismos. Y la gasolina tiene un esquema mixto entre subsidio de una cantidad mensual por persona (120 lts) y una tarifa a precio internacional de 0,50 dólares por litro.
La mayoría de los precios de los productos básicos se fijan en dólares, y de la economía en general, excepto el salario, a pesar de que muchas empresas pagan en dólares, la mayoría fija un salario base en bolívares y paga bonos en dólares que no tendrán ningún tipo de incidencia salarial en prestaciones, vacaciones ni utilidades, mientras que los trabajadores del sector público cobran un salario mínimo miserable que ha ocasionado miles de renuncias y la reducción del conjunto de la administración pública, que es una de las vías para lograr la meta de “reducir el déficit fiscal” anunciada en 2018.
La dolarización de facto de la economía, a pesar de ser caracterizada como una “válvula de escape” y una bendición por el Presidente, es una pesada carga para las grandes mayorías de familias trabajadoras que devengan un ingreso en bolívares o que dependen de remesas de millones de compatriotas que tuvieron que emigrar del país para sostener a sus familiares. Esa válvula funciona con la separación de familias, el sufrimiento y la súper explotación y discriminación de nuestros connacionales que viven en precarias condiciones, sobre todo en Suramérica. Pero esa válvula no podrá funcionar por mucho tiempo.
Toda este viraje lo denunciamos en 2019 a poco más de un año del inicio del nuevo periodo constitucional, en el texto: “Dolarización: ¿Implementación en “cámara lenta” de la propuesta del candidato presidencial derrotado en 2018?7
“Luego de las declaraciones del Presidente Nicolás Maduro, transmitidas el domingo 17 de noviembre de 2019 en el programa de José Vicente Rangel, donde señaló que la dolarización parcial de la economía es por un lado una ‘válvula de escape’, y por el otro que ‘aporta al despliegue y recuperación de las fuerzas productivas’, no nos queda sino preguntarnos, ¿quién ganó las elecciones presidenciales en 2018? Cuando recordamos cómo, con toda razón despotricaban desde el PSUV sobre Henry Falcón y su demagógica y pro imperialista propuesta de dolarización, sorprende ver cómo, cuando apenas ha transcurrido poco más de un año desde la última elección presidencial, el candidato vencedor aplica, aunque de manera implícita, el plan económico del derrotado”.
“Frente a dicho problema había dos salidas, la revolucionaria y la liberal. O se expropian todas las palancas de la economía bajo control obrero y se establece el monopolio del comercio exterior; o se aplica un brutal paquete liberal monetarista; es decir, se actúa con y a favor de la clase trabajadora o con y a favor de las transnacionales, empresarios y terratenientes. El tiempo nos dio la razón, el gobierno, como alertamos, optó por estos últimos”.
El imperialismo, sus títeres y las negociaciones del gobierno
Durante la administración de Donald Trump, se agudizó la política, iniciada por el decreto Obama, de acoso, persecución y bloqueo criminal contra nuestro país, con la congelación de cuentas, confiscación de activos –como la empresa CITGO– y el reconocimiento como “Presidente Interino” de Juan Guaidó, un títere del gobierno norteamericano.
Lamentablemente, frente a cada agresión del imperialismo norteamericano, el gobierno nacional ha accedido a mesas de negociación, en Noruega, Barbados, México y no actuaba con contundencia ni contra los títeres de los yankee, menos aún con sus activos o empresas en el territorio nacional. Una reciente y aberrante continuación de esta política es la liberación de Freddy Guevara, detenido recientemente por estar involucrado en actos tipificados por el mismo gobierno como de traición a la patria y terrorismo, para sentarlo en la mesa de diálogo en México, mientras se inhabilita a Eduardo Samán para impedir su postulación como candidato a la alcaldía de Caracas por la Alternativa Popular Revolucionaria en la tarjeta del PCV.
El caso más grave es la impunidad con la que opera Guaidó, que se autoproclamó Presidente, dirigió el “Cucutazo”, un intento de golpe en el distribuidor Altamira, una incursión de mercenarios por Macuto, y también promovió el secuestro de activos del país y sanciones imperialistas, pero aún se encuentra libre. De esta manera, marcada por la impunidad, el gobierno accede y propicia negociaciones con este peón de Washington, avanzando en su puja por alcanzar un pacto de élites antiobrero y antipopular.
La nueva Asamblea Nacional: legalización del viraje
La elección de una nueva asamblea nacional era un elemento imprescindible para Maduro, ya que, además de servir para quitarle peso al gobierno imaginario de Guaidó, también servía para legalizar o ratificar muchas de las medidas económicas aprobadas por la Asamblea Nacional Constituyente, ya que muchos países y empresas, de países aliados inclusive, desconocieron la legitimidad de las mismas.
También hay una serie de reformas que gobiernos aliados a Maduro le han venido exigiendo para seguir otorgando préstamos o para invertir en el país, tales como una reforma a la Ley de hidrocarburos –que entró en agenda legislativa–, la Ley de Zonas Económicas Especiales –que ya está en discusión– la ratificación de la Ley Antibloqueo –que contó con los votos de la bancada del PSUV y la derecha, y donde invisibilizaron el voto salvado de la APR –PCV y pretendieron hacer ver la votación como unánime, entre otras leyes.
Perspectivas
Luego de tres años de profundización de una política procapitalista y de ataque a las conquistas logradas en el pasado, no debería quedar duda alguna de la naturaleza del gobierno: en materia económica abrazó el llamado “neoliberalismo” y políticamente es un gobierno bonapartista que se sostiene intentando mediar en la feroz lucha de clases que vivimos, y recurriendo de modo cada más frecuente a la espada.
Una muestra más del fracaso de la política económica procapitalista es la nueva reconversión monetaria y el lanzamiento del “Bolívar Digital”, que plantea eliminar seis ceros al signo monetario nacional, apenas tres años después de la implementación de una reconversión que eliminó cinco ceros al Bolívar, simplemente para facilitar el registro contable y la usabilidad de los nuevos billetes, ya que dicha medida no tendrá un impacto más trascendental. El ajuste capitalista no frenó la hiperinflación y mientras el alza de precios siga siendo alta, hará falta una nueva reconversión en un futuro no muy lejano.
A pesar del uso indiscriminado de una fraseología seudo revolucionaria por parte del gobierno, el pueblo trabajador, los que vivimos las consecuencias en nuestra cotidianidad de esta política liberal, estamos cada día más asqueados de la demagogia, la mentira, la corrupción y la impunidad con la que operan, tanto los golpistas como los corruptos. Pero muchos, al no ver una alternativa revolucionaria audaz y fuerte han optado por dejar de interesarse en la política en general. Además pasamos más tiempo pensando y actuando en la dinámica de sobrevivencia cotidiana (salud, alimentación, agua, gas, básicamente) por eso las cada vez más elevadas cifras de abstención electoral y baja intenciones de voto.
Nuestro llamado es a construir una alternativa revolucionaria capaz de reanimar y reagrupar a los sectores populares y obreros en lucha para tomar nuestro destino en nuestras propias manos, recuperar nuestra dignidad como parte de la única clase que crea riqueza, la clase trabajadora, y movilizar al conjunto del pueblo trabajador, que hoy golpeado por la crisis, desmoralizado, no ve ninguna salida a la catastrófica situación que vivimos.
La Alternativa Popular Revolucionaria no termina de constituirse en una opción para el pueblo trabajador, ya que, lamentablemente, en lugar de priorizar la construcción colectiva de un programa revolucionario que responda a las luchas concretas de la clase trabajadora y campesina se mantiene distraída en la dinámica electoral, que es importante, pero la acumulación de fuerzas va más allá de lo electoral. Desde Lucha de Clases seguiremos impulsando el debate programático, el desarrollo del Congreso Fundacional y la constitución de los Núcleos Populares Revolucionarios como instancia de base para las luchas y la revolución.
Nuestra invitación es a unirse a Lucha de Clases para construir juntos esta Alternativa Revolucionaria, para disputar y ganarnos a la mayoría de la clase trabajadora y sectores populares, para luchar por un programa genuinamente revolucionario contra el asedio imperialista y la caricatura reformista en el poder, que fracasó y hoy no representa nuestros intereses.
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