Paraguay está siendo testigo de una auténtica explosión social. La represión policial de las movilizaciones masivas por la mala gestión gubernamental de la crisis del Covid-19 dejó un muerto y 18 heridos el viernes 5 de marzo. Ante el temor por la movilización de las masas en las calles, el presidente Mario Abdo obligó a dimitir a media docena de sus ministros y se ofreció a dialogar. Las masas han seguido en las calles exigiendo “que se vayan todos”.
El estado de este país sudamericano sin salida al mar tomó en un principio medidas duras y logró mantener la pandemia bajo control. Luego, en julio de 2020, el gobierno Colorado de Mario Abdo, presionado por los capitalistas, decidió levantar las medidas de cuarentena, lo que provocó un aumento sostenido de los contagios. Con la pandemia completamente fuera de control en el vecino Brasil, el sistema hospitalario de Paraguay se está quedando de forma rápida sin todo tipo de insumos y camas de UCI tanto para los pacientes de Covid-19 como para los de otro tipo.
En algunos casos, los familiares de los pacientes han tenido que conseguir sus propios insumos, comprados a precios exorbitantes en el sector privado. Esto incluye incluso productos básicos como sedantes para los que necesitan ser intubados. Algunas familias están gastando 300 dólares al día en suministros y medicamentos. Muchos han tenido que vender bienes y empeñar artículos para hacer frente a facturas médicas de hasta 9.000 dólares.
La corrupción y la especulación en la adjudicación de contratos de sanidad pública han agravado la crisis. A las empresas vinculadas al partido gobernante, el Colorado, se les asignaron contratos que nunca se llevaron a cabo. El gobierno no hizo nada para castigar a los culpables.
En las últimas tres semanas la crisis de Covid-19 alcanzó su punto álgido, con más de 300 pacientes que necesitaban tratamiento de cuidados intensivos. El sistema sanitario está prácticamente colapsado. El gobierno también gestionó desastrosamente la compra de vacunas y esto se agravó cuando los países capitalistas avanzados acapararon las dosis disponibles. Hasta el viernes, el país sólo había recibido 4.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik, con las que podrían vacunar 0,01 de cada 1000 personas teniendo en cuenta la población del país.
La semana pasada se produjeron movilizaciones de médicos y trabajadores sanitarios que provocaron directamente una serie de dimisiones en el sistema público de salud, entre ellas la del director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.
Al enfado por la gestión gubernamental de la pandemia hay que añadir la presión de los propietarios del sistema de transporte privado, que amenazaban con aumentar sus tarifas a pesar de la oposición masiva del público.
Protestas masivas
Esta combinación de factores condujo a una manifestación masiva el viernes en la capital, Asunción. Antes de las movilizaciones, el presidente Abdo pidió la dimisión de su ministro de Sanidad, Mazzoleni, pero eso no aplacó la ira de la población. La manifestación se había organizado de forma espontánea en las redes sociales bajo el lema
#EstoyParaElMarzoParaguayo2021. Se trata de una referencia al hecho de que varios acontecimientos políticos importantes en la historia del país, que vieron la irrupción de las masas en las calles, tuvieron lugar en marzo: la revolución de marzo de 1947, la rebelión de marzo de 1999 y la de marzo de 2017 contra el intento del entonces presidente Horacio Cartes de cambiar la Constitución para permitirle presentarse a otro mandato.
Aunque cada uno de estos acontecimientos históricos tiene características y significados políticos diferentes, la idea que los une a todos ellos es la irrupción de las masas a la calle para forzar el cambio. Esto es lo que quería el pueblo cuando salió en masa a la calle el viernes en una manifestación sin precedentes llena de frustración contra el gobierno. Muchos portaban la bandera nacional y grandes grupos de jóvenes llevaban los colores de la selección nacional.
Como respuesta, el gobierno desató a la policía antidisturbios contra la multitud pacífica, que incluía a jóvenes y ancianos, hombres, mujeres y niños, lo que provocó enfrentamientos y disturbios. La policía utilizó gases lacrimógenos y balas de goma. Los manifestantes se defendieron y durante un tiempo tuvieron el control de las calles, y la policía se vio obligada a retirarse. En un momento dado, un sector de la policía se quedó sin munición antidisturbios e izó una bandera blanca, completamente superada por los manifestantes que se defendían. Al final de la noche, una persona murió y 18 resultaron heridas.
Como era de prever, el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, se apresuró a culpar a “alquilados venezolanos” por la violencia, como han hecho anteriormente Moreno en Ecuador y Piñera en Chile ante las movilizaciones y levantamientos masivos. Lo cierto es que la violencia fue provocada por la actuación de la policía antidisturbios que cargó contra la multitud pacífica.
Al sentir que la situación se estaba saliendo de control, el sábado 6 de marzo el presidente Abdo llamó a la “tranquilidad” y ofreció la renuncia de otros tres ministros. Nada de eso detuvo las movilizaciones en las calles. Miles de personas volvieron a salir a la calle en Asunción, ahora bajo el lema “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”. Las movilizaciones del sábado volvieron a ser objeto de represión y detenciones. Nada de esto disuadió a los manifestantes, que volvieron a salir en gran número el domingo por la noche. La presión sobre el gobierno continúa.
Legisladores del opositor Partido Liberal iniciaron un proceso de juicio político, pero aún no han conseguido la cantidad necesaria de votos para que proceda. También hay divisiones y luchas de poder dentro del Partido Colorado, con la facción del ex presidente Cartes moviéndose en contra de Abdo.
El Partido Colorado ha gobernado el país durante los últimos 80 años (incluidos 35 bajo la dictadura de Stroessner), con sólo un breve paréntesis cuando el izquierdista Lugo estuvo
en el poder hasta que fue destituido mediante juicio político. Este es el principal partido de la clase dirigente y el actual presidente Abdo tiene estrechos vínculos con la dictadura de Stroessner, ya que su padre fue secretario privado del dictador. Sin embargo, el Partido Liberal es también un partido capitalista y la sustitución de uno por otro no supondría ninguna mejora sustancial de las condiciones de las masas obreras y campesinas de Paraguay.
¡Mantenerse en las calles! ¡Abajo el gobierno!
El carácter de las manifestaciones es el de una cruda explosión de la frustración contra todos los que están en el poder, y en contra de la corrupción criminal que ha llevado directamente a la muerte de cientos de personas durante la pandemia. Pero el movimiento no tiene una idea clara de lo que quiere para sustituir a los que están en el poder. La idea de un juicio político es vista por muchos como una forma rápida de deshacerse de Marito, como es apodado el presidente. Sin embargo, si fuera destituido de esta manera, sería sustituido por el vicepresidente, lo que no cambiaría nada.
Otros, como el izquierdista Frente Guasú, exigen la dimisión del presidente y del vicepresidente y nuevas elecciones. También han hecho un llamado a todas las “fuerzas democráticas y patrióticas” a la “movilización permanente” en todo el país y a desarrollar “espacios de discusión”. Está claro que la exigencia de renuncia del gobierno y nuevas elecciones (“en los plazos que dicta nuestra Constitución”) representa una ruptura clara con la situación actual y de ganar tracción dificultaría el aprovechamiento de la crisis por parte de las facciones dentro del Partido Colorado.
Sin embargo, el Frente Guasú ha llamado también a “todos los actores políticos, sociales y económicos del país a acordar un plan de recuperación económica”. ¿Quiénes son estos actores económicos y políticos? ¿Por qué se hace un llamamiento a “todos los actores”? ¿Incluye eso al Partido Colorado en el poder, responsable de la situación? En la práctica están llamando a los trabajadores y campesinos a unirse a los capitalistas en nombre de la “recuperación económica”. El problema es que la crisis económica en la que está inmerso Paraguay es el resultado del sistema capitalista. Los capitalistas querrán hacer pagar la crisis a los obreros y campesinos, como han hecho siempre.
Ahora, el punto crucial es que el pueblo debe seguir movilizándose en las calles con una clara exigencia: la destitución del gobierno. Hay que organizar asambleas de masas en todos los barrios, lugares de trabajo y entre la juventud, para dar al movimiento un carácter más organizado y coordinado. Estamos hablando aquí no sólo de un movimiento de protesta, sino de uno que el viernes adquirió características insurreccionales.
Las organizaciones socialistas deben participar de forma activa en el movimiento, como lo están haciendo, pero deben hacerlo con un programa claro e independiente sobre la base de los intereses de los trabajadores y campesinos. Por desgracia, en las elecciones de 2018, el P-MAS (Partido de Movimiento al Socialismo) participó en una amplia coalición con los liberales. En lugar de la conciliación de clases y la unidad nacional, deberían impulsar un programa de lucha de clases. Para financiar el servicio de salud, expropiar a las familias capitalistas vinculadas al partido Colorado y Liberal. “Abajo el gobierno, ANR nunca más, ninguna confianza en los Liberales, que gobiernen los obreros y campesinos”. Estas deberían ser las consignas de los socialistas en el momento actual.
El estallido social en Paraguay es una continuación de la cadena de levantamientos en América Latina que comenzó en 2019. Vimos el octubre rojo en Ecuador en 2019, el estallido en Chile en octubre-diciembre del mismo año y el paro nacional en Colombia. Estos procesos fueron pausados temporalmente por la pandemia, pero regresaron con el levantamiento en Colombia contra la violencia policial en septiembre de 2020, las manifestaciones en Perú en noviembre de 2020 que hicieron caer dos gobiernos y la quema del Congreso en Guatemala en este mismo mes. Haití está en constante movilización de masas desde hace casi dos años contra el gobierno criminal e ilegítimo de Moïse.
Todo el continente es un polvorín. En 2020 se ha enfrentado a la crisis capitalista más profunda de la historia, con una contracción del PIB del 7,7% en toda la región. Millones de personas han perdido sus empleos y más de 22 millones han caído bajo el umbral de la pobreza. El escenario está preparado para más explosiones. Lo que se necesita es una dirección revolucionaria capaz de llevar a la clase obrera al poder, a la cabeza de todos los sectores oprimidos de la sociedad.
