Los acontecimientos se mueven a gran velocidad en el Perú, el día 9 de noviembre fue destituido el hasta entonces presidente Martin Vizcarra; 10 días después el nuevo gobierno de Merino ha caído por la presión del movimiento de masas desatado en los últimos días. La crisis en el Estado burgués ha abierto las compuertas de la lucha de clases en las calles y la clase trabajadora y la juventud han derrotado al régimen en esta primera batalla.
La bancarrota del régimen político peruano
Como en muchos países latinoamericanos la democracia burguesa es totalmente inservible para mantener un régimen mínimamente estable. En un país tras otro el Estado es utilizado para llenarse las manos de dinero a costa del saqueo de los recursos del pueblo o haciendo “negocios” en la oscuridad con empresas privadas, otorgándoles recursos, asignándoles proyectos, modificando las leyes para permitirles inversiones que van en contra de las leyes, etc. Esto es el pan nuestro de cada día.
Particularmente en la región los escándalos con la empresa Odebrecht ha llevado a la destitución de presidente y políticos de todos los partidos. A nivel latinoamericano podemos ver los siguientes datos: “Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó unos 788 millones de dólares en comisiones ilegales por más de 100 proyectos de construcciones públicas en 11 países de América Latina, así como en Angola y Mozambique, en África.”
Según este artículo, con datos de la consultora Global Financial Integrity, América Latina pierde cada año unos 140 mil millones de dólares por corrupción, un 3% del PIB de la región. La corrupción no es solo con Odebrecht, casi en todos los países y todas las empresas están involucradas en estos actos de corrupción, además de lavado de dinero, evasión de impuestos, etc. Es decir, la burguesía nacional e internacional es incapaz de respetar las reglas formales de su régimen de democracia burguesa. La corrupción es consustancial al capitalismo.
En el caso particular de Perú, esto llegó a puntos muy por encima del promedio; los últimos 6 presidentes se han visto involucrados en actos de corrupción, unos están presos y otros seguidos por la ley: Alberto Fujimori está preso cumpliendo una condena de 25 años de prisión por corrupción, homicidio y lavado de dinero; Alejandro Toledo fue arrestado en los EEUU y extraditado al país por corrupción; Alan García se suicidó para no afrontar los cargos de soborno que habían en su contra, en 2019; Ollanta Humala está en libertad condicional por el caso de corrupción que en Brasil se llamó Lava Jato; Pedro Pablo Kuczynki fue destituido en 2018 y tienen arresto domiciliario, por lavado de dinero; el ultimo es el depuesto presidente Martin Vizcarra al cual se le acusa de soborno y corrupción.
Lo que tenemos aquí es la bancarrota del régimen político de la burguesía peruana, la cual es incapaz de mantener la democracia burguesa a salvo de la misma podredumbre del capital local e internacional.
Las acusaciones que ha lanzado el parlamento peruano, para deponer al ex presidente, por medio de la figura de la “vacancia”, suenan a frases vacías en su boca. Todo el mundo sabe que el actual parlamento está lleno de corruptos sinvergüenzas que lo que tratan de hacer con el golpe parlamentario es cubrir sus propias espaldas. En una entrevista a un integrante del Alba Movimientos, José Carlos Llenera, en Telesur, menciona que al menos el 50% de los miembros del actual congreso están siendo investigados por actos de corrupción. Estos personajes no tienen ninguna intención de frenar la corrupción con la destitución del presidente, sino tapar la corrupción propia desviando la atención a otro lado.
Esto es comprendido por la mayoría del pueblo peruano, el cual no creyó en ningún momento toda la basura que fue arrojada a sus ojos por parte de los medios de comunicación, para justificar la maniobra parlamentaria.
Merino, el cual ha caído en el día de hoy, por la movilización de las masas, representaba lo más corrupto y reaccionario de la burguesía peruana, ganadero, estaba ligado los sectores más oscuros del Opus Dei, las empresas mineras y el sector fujimorista más recalcitrante. Sus planes eran claro, esconder su propia corrupción, montar una agenda de ataques a todos los sectores de la población y asegurar las elecciones del próximo año.
El movimiento de masas tiene que pasar a la ofensiva
Las masas respondieron desde el primer momento, no tanto defendiendo a Vizcarra, ni a la “democracia” en abstracto, sino en contra del presidente Merino al que consideraban totalmente ilegítimo. El 12 de noviembre se convocó a una gran marcha nacional que contó con la presencia de decenas de miles en Lima y decenas de miles en ciudades de todo el país. El movimiento contaba con el apoyo de algunos partidos políticos y parte de la prensa, pero en realidad reflejaba una explosión de rabia espontánea desde abajo. Un grito de “ya basta” contra todo el régimen.
Hay muchas razones por las cuales se echaron a la calle. Perú es el país con más índices de mortalidad por cantidad de habitantes en la pandemia del Covid 19, los planes para “reactivar” la economía están implicando recortes salariales, despidos, violaciones a los derechos laborales, aumento de la jornada laboral, etc. En pocas palabras, echar la crisis a espalda de los trabajadores.
Junto a la crisis sanitaria y económica están las agendas de la burguesía que implican, en todos los terrenos, modificaciones para permitir que los pocos derechos sean barridos por el interés de la empresa privada. Lo que hay detrás de las movilizaciones masivas, que han costado muertos y cientos de heridos, es un profundo malestar contra el régimen actual, contra la situación económica, la incapacidad del gobierno para solucionar la crisis sanitaria, contra la corrupción, el hartazgo de los políticos burgueses, etc.
El 14 de noviembre se convocó a una nueva gran marcha nacional de nuevo con una participación masiva. En todas las movilizaciones la juventud estaba a la vanguardia y ha empezado a defenderse contra la brutal represión de la policía. La marcha del 14 de noviembre ha dejado a dos jóvenes muertos por la represión además de cientos de heridos de diferente gravedad.
Ante la creciente ofensiva de las masas, los ministros del nuevo gobierno de Merino empezaron a dimitir como ratas que abandonan el barco que se hunde. Las Fuerzas Armadas, que habían avalado la vacancia de Vizcarra y la transferencia de poder a Merino, ahora se negaron a asistir a una reunión convocada por el presidente. Claramente, la clase dominante entró en estado de pánico, ante la posibilidad bien real que las movilización de masas en las calles barriera con todo el régimen.
La renuncia de Merino, que ha durado en el poder apenas 5 días, es un intento desesperado por salvar el régimen. Desde el punto de vista institucional, la clase dominante está tratando de buscar una solución para recomponer la maltrecha legitimidad de las instituciones burguesas. “La República” exigía en su editorial un nuevo presidente del congreso que se hiciera cargo de la presidencia del país, que no hubiera votado la vacancia de Vizcarra. El miércoles 18 se prevé que el Tribunal Constitucional falle sobre la legalidad de la decisión de sacar al ex-presidente del poder.
Estas son dos posibilidades que la clase dirigente pudiera barajar para salvar al régimen: un nuevo presidente no implicado en la maniobra contra Vizcarra o incluso anular la decisión y volver a colocarle en la presidencia. Ninguna de estas opciones va a resolver realmente la profunda crisis de régimen que ha dado lugar a estas maniobras y que ha abierto las compuertas a un movimiento insurreccional por abajo.
Es fundamental comprender esto, porque se tienen que seguir con la lucha, para solucionar estos problemas de fondo y no parar la movilización con un cambio de presidente ni con promesas de elecciones parlamentarias o presidenciales del 2021.
Antes de la caída de Merino la Confederación General de los Trabajadores del Perú (CGTP) había convocado a un paro nacional de trabajadores para el 18 de noviembre “en defensa del trabajo como derecho humano, la salud y la vida. Por una democracia popular.” Esta convocatoria tiene que seguir en pie, a pesar de la renuncia de Merino. El problema no es cambiar a un político capitalista corrupto por otro, el problema es el sistema capitalista y esta huelga debe servir para organizar a los batallones de la clase obrera y la juventud para emprender el camino a la instauración de un poder de los trabajadores.
Las movilizaciones de la juventud, de los sectores medios deben mantenerse, hemos visto que la lucha sirve y podemos conseguir nuestros objetivos si nos mantenemos en las calles y organizados. Pero la espontaneidad del movimiento tiene sus propios límites.
El movimiento de lucha tiene que dar un paso adelante, organizando Comités de Lucha en los puestos de trabajo, en los barrios obreros, y que los mismos se coordinen convocando a una Asamblea Nacional de Trabajadores y el Pueblo en Lucha, con voceros elegidos en asambleas de masas de trabajadores, jóvenes, campesinos y el pueblo trabajador en general.
¿Una Asamblea Constituyente puede solucionar nuestros problemas?
Como parte de este movimiento de masas se ha levantado la consigna de una Asamblea Constituyente y terminar con la Constitución fujimorista del 93.
La central sindical CGTP por ejemplo plantea “la conformación de un Gobierno Provisional con participación popular que convoque de inmediato a una Asamblea Constituyente para una nueva Constitución Política que acuerde un nuevo contrato social para una nueva República.” También el Frente Amplio dirigido por Verónika Mendoza, cuya bancada apoyó por 6 a 2 la vacancia de Vizcarra, ahora se opone a Merino y exige también un proceso constituyente.
En realidad, esta reivindicación por parte de sectores de las masas movilizadas representa una exigencia profunda de rechazo a todo el régimen, podrido hasta la médula. Pero tenemos que preguntarnos. ¿Qué quiere decir un “gobierno provisional con participación popular”? ¿Quién va a formar tal gobierno? Y más importante ¿quién le va a dar el poder a ese gobierno? No sería descartable que el actual congreso llegue a conformar un “gobierno provisional” o “tecnocrático” con objetivos limitadas, cuya tarea sería justamente tratar de recomponer la legitimidad, tan dañada, de las instituciones burguesas e impedir que las masas tomen el poder en sus propias manos.
Para poder hablar de “gobierno con participación popular” o de “asamblea constituyente” en primer lugar hay que tumbar el gobierno existente y barrer el congreso podrido. Para ello, las masas de trabajadores, jóvenes y demás sectores del movimiento deben dotarse de su propio parlamento.
La propuesta avanzada por la CGTP tiene otra falla importante. Se habla de establecer “un nuevo contrato social”, si esto significa algo, quiere decir un nuevo “contrato” entre capitalistas y trabajadores, quizás uno que sea quizás un poco más favorable a los trabajadores, pero la consigna se queda dentro de los límites del sistema capitalista. Y el problema es justamente que la existencia del sistema capitalista, y más en esta situación de crisis profunda, es incompatible con la “defensa del trabajo como derecho humano, la salud y la vida” que la CGTP propone como programa inmediato.
Aquí vemos la debilidad del programa político que avanzan tanto la CGTP como el Frente Amplio. Ese programa se basa en la idea ilusoria de que se puede “democratizar” el capitalismo, que es posible un tipo de capitalismo “más amable” con los trabajadores. La realidad es que eso no es posible. La crisis orgánica del capitalismo, agravada por la pandemia, agudizada por la corrupción, que se expresa de manera particularmente aguda en el Perú, es justamente el orígen de la actual crisis de régimen a la que se enfrenta el país.
Es necesario levantar un programa que supere el capitalismo. Que se plantee justamente que para garantizar el derecho al empleo, la salud, la vida, la educación, es necesario expropiar a los capitalistas, a los ganaderos y hacendados, a las multinacionales, a las 40 familias de la oligarquía millonaria que controlan la economía y la política del país.
Es necesario convocar a una gran asamblea nacional de representantes del pueblo -trabajadores, sindicatos, organizaciones de mujeres, de estudiantes, amas de casa, campesinos pobres, etc para elaborar un plan de lucha, incluyendo el paro nacional para barrer con todas las instituciones podridas y corruptas del régimen burgués y que sean los propios trabajadores los que manden.
Para poner fin a la crisis sanitaria y económica hay que tomar medidas audaces. Llamar a expropiar las palancas fundamentales de la economía y que pasen bajo control de los trabajadores, nacionalización de la banca, nacionalización de las empresas mineras, etc. Solo teniendo los recursos suficientes bajo el control centralizado de la clase obrera, se podría destinar los recursos suficientes para dotar de hospitales y escuelas, dar trabajo a todas las manos necesitadas, etc.
Esta asamblea, este poder organizado del pueblo, sería realmente lo que las masas entienden por una “constituyente”, no un parlamento burgués convocado por las actuales instituciones, sino un parlamento obrero y campesino.
En esta semana heórica, las masas en Perú han demostrado su arrojo, su valentía, su disposición a la lucha y su poder, como lo hicieron hace un año las masas en Ecuador y en Chile. Dotadas de una dirección revolucionaria y un programa socialista claro, serían invencibles.
Ni Vizcarra, ni Merino, ni la cueva de ladrones del Congreso – ¡que se vayan todos!
Paro Nacional y Asamblea Nacional de Trabajadores
Gobierno de los Trabajadores
