Tras dos meses de gestión se mantienen las expectativas en las familias trabajadoras hacia el nuevo gobierno. El discurso de Kirchner, con su crítica a las denominadas políticas "neoliberales" practicadas en los últimos 25 años con su secuela de corrupción, desindustrialización, empobrecimiento masivo e impunidad, indudablemente encuentra un importante eco popular. Ahora bien: ¿Se justifican esas expectativas que ha despertado? ¿Es posible atender los reclamos populares al mismo tiempo que los compromisos asumidos con el FMI, el pago de la ‘deuda externa’ y la suba de tarifas?
Editorial El Militante nº 3
Tras dos meses de gestión se mantienen las expectativas en las familias trabajadoras hacia el nuevo gobierno. El discurso de Kirchner, con su crítica a las denominadas políticas "neoliberales" practicadas en los últimos 25 años con su secuela de corrupción, desindustrialización, empobrecimiento masivo e impunidad, indudablemente encuentra un importante eco popular. Ahora bien: ¿Se justifican esas expectativas que ha despertado? ¿Es posible atender los reclamos populares al mismo tiempo que los compromisos asumidos con el FMI, el pago de la "deuda externa" y la suba de tarifas?
Divisiones en la clase dominante
Detrás de las medidas anunciadas y tomadas por Kirchner laten profundas divisiones en el seno de la propia clase dominante, que tienen su causa en las distintas maneras de enfrentar el espíritu de rebelión que se abrió en las masas con el "Argentinazo" y en sus discrepancias sobre cómo encarar el futuro del capitalismo argentino y el reparto de las parcelas del poder económico.
Lo que pretende el sector de la burguesía representado por Kirchner, más dependiente del mercado interno y conformado por la mayor parte del sector industrial, la construcción y otros, es transferir al Estado una parte de las ganancias de los sectores financieros y exportadores (petróleo, agrícola-ganadero, etc), vía impuestos, con la que conseguir sustento financiero, mientras mantiene un peso devaluado para aumentar sus exportaciones. Del mismo modo necesitan recaudar cada centavo para reanudar el pago de la infame deuda externa y mantener los planes sociales con los que conjurar un nuevo estallido social. De ahí que intenten limitar el saqueo de los recursos estatales por la casta de punteros políticos y gremiales que se enriquecieron con el mismo.
Esto pasa necesariamente por "limpiar" y "ordenar" el aparato del Estado para adaptarlo a los intereses del sector de la burguesía que Kirchner representa. Y es lo que explica la depuración de una parte del aparato militar, policial y judicial, así como el de otros organismos estatales como el PAMI, desprendiéndose de personajes claramente odiados y despreciados por las masas.
Es natural que estas últimas medidas de Kirchner despierten simpatía en amplias capas de los trabajadores y la juventud ¿Cómo podría ser de otra manera? Sin embargo, debemos decir que esto por sí mismo es insuficiente. Si bien son también actuaciones diseñadas desde el gobierno para aumentar sus bases sociales de apoyo, se necesita hacer mucho más para resolver los gravísimos problemas sociales que la crisis capitalista ha traído a millones de familias trabajadoras.
Contentar al FMI y a los trabajadores: misión imposible
Kirchner dice que es posible atender los reclamos populares al mismo tiempo que los "compromisos" con el FMI. Sin embargo, no existe margen en la Argentina para desarrollar tal política. En primer lugar, el gobierno acepta que debe haber un superávit fiscal, es decir, que al Estado debe ingresar más dinero del que gasta. Esto implica, dada la debilidad de la actividad económica, un congelamiento de los gastos estatales. En segundo lugar, el estado argentino se comprometió a destinar a los bancos $20.000 millones como "indemnización" por la pesificación de los créditos. Con lo que esta enorme suma, que bien podría ir a la inversión estatal productiva, va a parar directamente a los bolsillos de los banqueros parásitos. El gobierno de Kirchner, también por el principio de acuerdo con el FMI, se compromete a no subir los impuestos a los capitalistas. Además se espera que Argentina destine una cantidad equivalente al 4% ó 5% anual del PBI para el pago de la deuda pública a partir del próximo año.
Cómo un estado semiquebrado, en estas condiciones, puede disponer aún de plata suficiente para aumentar los gastos estatales e invertir en la economía productiva, es un milagro que debería ser explicado. El plan de obras públicas anunciado por Kirchner parecería una buena alternativa, pero va a tener un impacto limitado. El plan para construir 200.000 viviendas puede sonar ambicioso pero queda muy por debajo de las verdaderas necesidades sociales en un país con millones de personas que viven en villas miserias, o en viviendas muy deficientes. Para la construcción de estas viviendas y otras obras de infraestructura, dicen que van a destinar $6.000 millones (el 1,8% del PBI), una suma de dinero claramente insuficiente para provocar una reactivación decisiva de la economía.
Por último, Kirchner ya dejó en claro que no va a reestatizar ni una sola de las empresas privatizadas en los últimos años. Se limitará a instaurar un sistema de "premios" y "castigos" para estas empresas según cumplan o no con los contratos firmados, sacando de nuevo a licitación (es decir, a la búsqueda de un nuevo comprador) las utilidades y empresas que no cumplan con dichos contratos. El gobierno de Kirchner tampoco cuestiona la suba de las tarifas, obligado por sus acuerdos con el FMI solamente quiere negociar con las empresas privatizadas el monto a subir.
De esta manera vemos que, independientemente de los buenos deseos y de las palabras, bajo las estructuras capitalistas no queda margen para una política a favor de los reclamos populares.
La causa real de la crisis argentina de los últimos años fue la huida masiva del capital privado al exterior, lo que provocó el hundimiento de la economía. Una auténtica recuperación económica solamente puede venir a través de la inversión masiva. Ya vemos que el Estado no lo puede hacer. Pero el capital privado tampoco, porque un capitalista sólo invierte para vender sus productos en el mercado. Pero dada la actual etapa recesiva de la economía mundial, y latinoamericana en particular, no habrá grandes inversiones.
El capitalismo argentino es muy débil, y sólo puede competir con los productos extranjeros que ingresan al país o en los mercados internacionales en base a salarios bajos y empleo precario, precisamente el único aspecto donde Kirchner y su gobierno no hicieron ni una sola promesa. A lo sumo efectivizarán en el salario la suba de 200 pesos a los trabajadores "en blanco" del sector privado (solamente el 35% del total de los asalariados), que de todos modos es una cantidad insuficiente para recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos dos años por el aumento de los precios.
Una política socialista
Si Kirchner quisiera de verdad gobernar a favor de los trabajadores, aumentar los gastos estatales e implementar un verdadero plan de obras públicas que transformara al país y acabara con la desocupación, debería empezar por romper sus compromisos con el FMI y no pagar la deuda externa. Esto permitiría ingresar al Estado miles de millones de dólares para implementar esas políticas.
Debería también reestatizar los servicios públicos y recursos privatizados que dejan miles de millones de dólares de beneficios netos (como el petróleo, el gas y la electricidad). Esto traería la ventaja extra de reducir las tarifas a su auténtico costo, sin el sobreprecio que artificialmente implementan los pulpos capitalistas para acrecentar sus beneficios. También podría reestatizar el sistema ferroviario que actualmente se traga cientos de millones de pesos anuales del presupuesto estatal para alimentar las ganancias de un puñado de parásitos que ofrecen un servicio lamentable.
Igualmente podría decretar una suba generalizada de los salarios, reducir la jornada laboral y acabar con el empleo precario. Que sean los capitalistas, con sus fabulosos beneficios, quienes paguen estas medidas. Millones de trabajadores deben ser más importantes que unos pocos ricachones. Si los capitalistas dicen que no quieren o no pueden ¿por qué no se expropian los bienes de los grandes empresarios, monopolios y banqueros para llevar todo esto adelante, bajo el control de los trabajadores? De esta manera se podrían planificar los recursos de la nación en beneficio de la mayoría de la sociedad.
Ahora bien, la única manera de hacer todo esto es rompiendo los acuerdos con el FMI e implementando una auténtica política socialista. Pero Kirchner es un político burgués que no cuestiona al sistema capitalista. Por lo tanto, sería un error confiar en la buena voluntad del gobierno de Kirchner para mejorar nuestras condiciones de vida.
De esto se desprende que los trabajadores debemos organizar ya la lucha para recuperar todo lo que hemos perdido en los últimos años.
Movilizar a los trabajadores
Debemos obligar a los dirigentes sindicales y gremiales de la CTA y la CGT para que se pongan a la cabeza de un proceso de luchas con el fin de mejorar nuestros salarios y su poder adquisitivo y por empleo digno. En concreto, debemos exigir un salario mínimo de 800 pesos para todos, que es el costo medio de la canasta familiar para una familia normal. Y, particularmente, debemos exigir un aumento inmediato y efectivo de 200 pesos en los salarios de todos los trabajadores, sin excepción. Debemos exigir que se acabe con el empleo precario y que se pase a planta permanente a los contratados a los 15 días del ingreso. Hay que vincular las luchas de los trabajadores ocupados con los desocupados para que se reabran las fuentes de trabajo y se reparta el empleo. Y si no, que el gobierno instaure un subsidio de desempleo de 500 pesos para todos los desocupados hasta que encuentren trabajo. Debemos oponernos contundentemente a los acuerdos con el FMI y exigir que la plata destinada a pagar la "deuda" se utilice para atender las necesidades sociales.
El gobierno de Kirchner va a estar sometido a una doble presión: la de los trabajadores, para conseguir sus demandas más básicas; y la de los diferentes sectores capitalistas para que implemente la política más afín a sus intereses. Tarde o temprano surgirán fisuras y divisiones en el gobierno, entre un sector que considere que hay que hacer más concesiones a las masas para prevenir un estallido social y otro que plantee que ya es suficiente, temeroso de que los trabajadores aumenten la escala de sus reclamos. La propia bancada del peronismo es una mezcla heterogénea de intereses diferentes y acomodados. Saltará en pedazos inevitablemente, como se está poniendo de manifiesto en las crecientes diferencias y tensiones entre Kirchner y Duhalde.
Mañana, cuando las expectativas creadas no se concreten en la práctica por las razones que expusimos anteriormente, las masas de la clase obrera pasarán a la acción directa (huelgas, marchas y ocupaciones de los lugares de trabajo) para hacer realidad sus reclamos. En su experiencia concreta comprenderán las limitaciones de los políticos burgueses como Kirchner para conciliar lo inconciliable: los intereses de los capitalistas y los de los trabajadores. Sacarán como conclusión la necesidad de disponer de sindicatos combativos, desembarazándose de los dirigentes gremiales burocratizados y acomodaticios, y de una herramienta política propia, un partido propio de los trabajadores para conseguir sus objetivos.
La izquierda tiene la oportunidad de acelerar este proceso con la condición de que abandone sus prácticas sectarias, uniendo su accionar en una política de frente único para dar la pelea en todos los terrenos: sindical, piquetero, estudiantil y electoral. Las recientes elecciones en el SUTEBA, donde casi todas las agrupaciones de la izquierda acordaron una candidatura de frente único contra la actual dirección provincial, lo que les permitió aumentar considerablemente sus posiciones e influencia en el sindicato, nos muestra cuál deber ser el camino a seguir y profundizar.
