Terminamos nuestra saga sobre el 80º aniversario de la Revolución Española con este artículo de Jorge Martín sobre el legado franquista en la España actual. A pesar de los ochenta años que han pasado desde el comienzo de la Guerra Civil Española y los 40 años desde el fin de la dictadura franquista que la siguió, este episodio sigue levantando ampollas en España. Lejos de ser una cuestión histórica, representa un tema de actualidad. A medida que empieza un nuevo ascenso revolucionario, la nueva generación está tratando de asumir las lecciones del pasado.
Es hora de exorcizar el fantasma de Franco
La razón principal se debe al hecho de que la guerra civil fue ganada por la clase dominante, que respaldó el levantamiento militar fascista. La posterior dictadura franquista durante aproximadamente 40 años no fue derrocada, sino que terminó mediante un pacto del régimen con los dirigentes de los partidos obreros para evitar su derrocamiento revolucionario. Esto condujo, a la estafa de la llamada Transición, a la democracia burguesa que hemos tenido durante 40 años desde 1976, la cual heredó numerosos elementos del régimen de Franco.
El 14 de abril de este año, varios ayuntamientos de importantes ciudades españolas decidieron izar la bandera tricolor de la República Española de 1931-39. Esto sólo fue posible gracias a la victoria electoral de 2015 de las listas de “unidad popular”, que consiguieron romper con el sistema bipartidista –formado por el principal grupo de derechas, Partido Popular (PP), y el socialdemócrata PSOE – que ha dominado la política española desde el final de la dictadura. Dichas listas de unidad popular, con diferentes nombres y composiciones ligeramente diferentes, fueron capaces de ponerse al frente de los ayuntamientos de ciudades clave, como Barcelona, Madrid, Zaragoza, Cádiz, y otras. Marcó un gran punto de inflexión, que señaló la profunda crisis por la que está pasando el régimen de 1978, el que se constituyó tras la traición del levantamiento revolucionario contra la dictadura franquista.
Cuando muchos de estos nuevos ayuntamientos de unidad popular decidieron izar la bandera de la República, los medios de comunicación de la derecha reaccionaron visceralmente y el PP, al mando del gobierno, no tardó en instruir órdenes judiciales en los tribunales y utilizar a la policía para deshacerse de ellas. Alguien se podría preguntar qué problema real puede haber en izar la bandera de un período de la historia española que, después de todo, se desarrolló según la legalidad democrática (de la democracia burguesa). Sí lo hay.
Unos meses antes, el ayuntamiento madrileño de “Ahora Madrid”, la lista de unidad popular que gobierna la capital, intentó quitar algunos de los monumentos, estatuas y nombres de calles del régimen franquista. Una vez más, se desató un gran escándalo. Las duras críticas se dirigieron contra la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y los concejales directamente responsables. Las críticas no sólo vinieron del PP, ¡sino también del PSOE! Todavía hay 170 nombres de calles y plazas, en Madrid, relacionadas con figuras prominentes y símbolos de la dictadura.
De nuevo, alguien podría pensar que eliminar las placas de calles y monumentos, que conmemoran el lado fascista de la guerra civil y el posterior régimen dictatorial de Franco, no tendría que ser motivo de polémica. De hecho, la pregunta que cualquiera estaría tentado de hacer sería, ¿por qué dichos símbolos siguen ahí 40 años después del final de la dictadura? Después de todo, el ayuntamiento de Madrid actuó dentro de la ley al decidir tomar aquella acción. Se trataba simplemente de poner en práctica la llamada “Ley de la Memoria Histórica”, que fue aprobada en 2007 por iniciativa del entonces gobierno del Partido Socialista de Zapatero. De lo que se deduce que le ha llevado a la democracia española más de 30 años desde el fin de la dictadura franquista, condenarla oficialmente y comenzar el trabajo de desembarazarse de su legado. Dicho trabajo se inició de forma muy tímida, en absoluto contundente, y muchas partes de la ley han seguido siendo una declaración de buenas intenciones que aún quedan por ponerse en práctica.
¿No sería una cuestión lógica para los políticos burgueses democráticos condenar un régimen dictatorial? No en España. El Partido Popular votó en contra de la ley. La razón es bastante simple de entender. El principal partido de derecha de la clase dominante española es el heredero directo del régimen franquista, como lo dijo el líder de Podemos, Pablo Iglesias, en marzo de este año durante uno de los debates en el Congreso: “Señores del PP, permítanme que les recuerde que algunos de ustedes son hijos políticos del totalitarismo en este país. (…) Su partido fue fundado por 7 ministros de Franco”. Los nombres de esos siete ministros son: Manuel Fraga, Cruz Martínez Esteruelas, Federico Silva Muñoz, Laureano López Rodó, Enrique Thomas de Carranza, Gonzalo Fernández de la Mora y Licinio de la Fuente. El partido, que fue fundado bajo el nombre de Alianza Popular, también contó con 170 ex miembros de las Cortes de Franco (el falso “parlamento”).
El primer nombre de la lista, Manuel Fraga, que durante muchos años fue el líder indiscutible del PP, pronunció un discurso en el congreso fundador de Alianza Popular, en 1977, haciendo la siguiente evaluación de la dictadura: “Alianza Popular es una fuerza política que se niega a aceptar la demolición de la gigantesca obra de los últimos cuarenta años, que no se avergüenza de un período histórico en el que el país ha dado un paso colosal”. También fue presidente de Galicia durante 15 años hasta 2005 y, luego, se convirtió en senador. Nunca escondió su admiración por el régimen de Franco y, a pesar de eso, cuando murió en 2012, un busto de él fue colocado en un lugar prominente en el edificio del Senado. Todos los grandes mandatarios de la clase política española, la alta sociedad, la Monarquía y la Iglesia asistieron a su funeral.
Este “gran demócrata” fue ministro de Franco desde 1962; en los años revolucionarios de la lucha contra la dictadura, fue directamente responsable (como ministro del Interior) de la muerte de cinco trabajadores, asesinados por la policía durante la huelga general en Vitoria, el 3 de marzo de 1976.
Fraga es sólo uno de los ejemplos más llamativos que ilustran la forma en que la vieja dictadura de Franco se transformó en la nueva democracia burguesa de 1978. Hay muchos otros. Cabe mencionar dos más, ya que ambos están vinculados a la represión sangrienta de la huelga de Vitoria en marzo de 1976, que tuvo características insurreccionales y en la que los trabajadores crearon algo parecido a los soviets, las Comisiones Representativas. Uno de los ejemplos es Adolfo Suárez, ampliamente elogiado como uno de los “padres de la Constitución” de 1978. Suárez fue primero una figura provinciana dentro de la dictadura desde principios de los años sesenta. Hacia 1970, pasó a convertirse en una figura nacional menor del régimen, ocupando el puesto de director general de Radiodifusión y Televisión y, más tarde, en 1975, de vicesecretario general del Movimiento (partido político de Franco). Durante la represión de la huelga de Vitoria estuvo a cargo de la policía, ya que Manuel Fraga se encontraba de viaje en Alemania.
Fue Primer Ministro de España desde 1976 hasta 1981, fecha en la que su partido se derrumbó. Continuó en la política hasta 1991. Cuando murió en 2014, se le brindó un funeral estatal presidido por el Rey y la Reina. Se le otorgaron todo tipo de antiguos títulos de nobleza, algunos en vida, otros póstumos, y el aeropuerto de Madrid-Barajas pasó a denominarse Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. Dice mucho que el aeropuerto de la capital del país lleve el nombre de un hombre que fue secretario general del partido fascista, que gobernó sin piedad España durante 40 años.
El otro hombre digno de mención es Rodolfo Martín Villa. Fue miembro de las Cortes de Franco desde 1964 y secretario general de los “sindicatos” fascistas desde 1969. Posteriormente, se convirtió en el gobernador de la provincia de Barcelona, en 1974, cargo que lo puso directamente a cargo de la represión en esta ciudad rebelde. Como Ministro de Relaciones Sindicales, sus manos también se mancharon de sangre en los sucesos de Vitoria. Durante el período revolucionario de la lucha contra la dictadura de Franco y los primeros años de la democracia de 1978, fue conocido por su gusto por los métodos represivos brutales, lo que le valió el apodo de “la porra de la Transición”. Como Ministro de Gobernación en el primer gobierno democrático de Adolfo Suárez, supervisó la participación de las fuerzas de seguridad en varios casos de terrorismo de Estado y guerra sucia, entre ellos el Caso Scala contra el sindicato CNT, en 1978, así como el intento de asesinato del líder independentista canario, Antonio Cubillo, en 1980. Finalmente, con la disolución del partido de Suárez, se unió al Partido Popular de Manuel Fraga y permaneció como miembro del parlamento hasta 1997.
Como recompensa por sus “servicios a la democracia”, accedió a la presidencia de la empresa eléctrica estatal, Endesa, para recalar años más tarde en otro puesto similar en la empresa privada de televisión por cable, Sogecable. Finalmente, en 2014, una jueza argentina abrió un caso contra los delitos del régimen franquista, un caso que no podía ser procesado en España como resultado de la Ley de Amnistía de 1977, pieza clave en la renovación del régimen de Franco en una democracia burguesa funcional. La jueza envió una orden de detención internacional contra Martín Villa y otros 19 dirigentes del régimen franquista solicitando su extradición. Incluso después de esto (conociendo el gobierno la implicación de Martín Villa en el caso), se le nombró consejero de la SAREB, la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, el banco malo.
No es sorprendente que el gobierno español del Partido Popular, el partido constituido por 7 ministros del régimen franquista con el objetivo principal de reciclar a los políticos franquistas en “demócratas”, se negara a cumplir con estas órdenes. Los crímenes del régimen de Franco permanecen impunes y la mayoría de los que los perpetraron se están muriendo de viejos [sin rendir cuentas].
Por supuesto, en el Partido Popular se encuentran políticos vinculados directamente con el régimen de Franco, ya sea personalmente, a través de lazos familiares o simplemente por lealtad política. Sin embargo, no hubieran podido enterrar los crímenes del régimen sin la plena colaboración de los líderes de los principales partidos obreros, el Partido Comunista y el Partido Socialista.
España, a finales de los años sesenta y setenta, sufrió un período de fermento revolucionario entre los obreros y jóvenes de proporciones épicas. Cientos de miles de personas se unieron a los partidos y organizaciones de izquierda, los trabajadores crearon organizaciones sindicales clandestinas, hubo asociaciones vecinales, sindicatos estudiantiles democráticos, organizaciones de mujeres, periódicos y boletines ilegales, movimientos por métodos educativos democráticos y progresivos, etc. En un periodo en el que la dictadura realizaba torturas sistemáticas y mataba a opositores políticos. Estar organizado representaba un riesgo para la propia vida.
El movimiento obrero respondió a la represión con huelgas generales regionales, manifestaciones, comités democráticos de trabajadores, etc. La lucha abarcaba un sinfín de demandas: mejores condiciones laborales; condiciones de vida dignas en los barrios obreros; contra el poder de la Iglesia; contra la censura de los medios de comunicación; por el aborto y los derechos de las mujeres; por los derechos democráticos de las nacionalidades oprimidas; por la libertad sindical y política.
Cuando el desafío al régimen llegó a cierto punto, una parte de la clase gobernante entendió que tenía que hacer concesiones o sería arrastrada por un levantamiento revolucionario, y con ella, todo el sistema capitalista. Tenían a Portugal y Grecia como ejemplo e hicieron todo lo posible por evitar un derrocamiento revolucionario para salvar su piel.
Para lograr sus objetivos, una transición controlada hacia la democracia burguesa, que dejara su poder intacto, necesitaba de la colaboración de los líderes obreros. Felipe González, el secretario general del Partido Socialista (PSOE), y Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista (PCE), cumplieron encantados ese papel. Los dirigentes del PCE infligieron una particular traición al asumir ese papel, ya que el PCE tenía una posición dominante en casi todos los movimientos clandestinos: en el movimiento sindical a través de CCOO, entre los intelectuales, en el movimiento de mujeres, etc.
Carrillo, un eurocomunista, empujó al partido no sólo a abandonar cualquier pretensión de lucha por el socialismo, sino también a adoptar una serie de instituciones y símbolos de la dictadura franquista. Así, el PCE fue el primero de los partidos de izquierda en adoptar la actual bandera roja-amarilla-roja, en lugar de la tricolor republicana, y aceptar la monarquía instituida por Franco, renunciar al derecho de autodeterminación de las nacionalidades históricas, aceptar la impunidad de los crímenes del régimen fascista, etc. Todo ello a cambio de una democracia burguesa limitada.
Por supuesto, bajo la enorme presión de las masas que estaban en la calle luchando por un cambio fundamental, el régimen tuvo que hacer concesiones importantes: legalización de todos los partidos políticos y sindicatos, elecciones democráticas, una amnistía para la mayoría (aunque no todos) de los prisioneros políticos, fin de la censura de los medios de comunicación.
Felipe González tuvo muchos problemas para mantener bajo control a su propio partido. En ese momento, el PSOE todavía se declaraba un partido marxista e incluía en su programa la República y el derecho de autodeterminación. Una gran parte de la Juventud Socialista defendía las ideas revolucionarias marxistas, argumentando que el camino a seguir era la revolución socialista. González y su aliado de confianza, Alfonso Guerra, contaron con mucho dinero y apoyo, de la socialdemocracia alemana y de la CIA, para desmontar la revolución española. Para ello no dudaron en llevar a cabo una purga masiva en las organizaciones socialistas, principalmente en la Juventud, pero también dentro del propio PSOE e, incluso, en el sindicato UGT.
Ése es el origen del régimen de 1978, esta limitada democracia burguesa que España tiene en estos momentos, y que se ve atravesada por una profunda crisis. La crisis iniciada en 2008 ha sumido a España en un periodo turbulento, que no sólo ha generado muchas dudas en el sistema capitalista como sistema económico capaz de garantizar condiciones de vida básicas para la mayoría, sino también ha generado una crisis de legitimidad de todas las instituciones políticas. La Monarquía, el Tribunal Supremo, el Parlamento, el sistema bipartidista, todo es visto con sospecha, como cuerpos sumidos en la corrupción, alejados de los intereses y necesidades de los trabajadores y de la gente de a pie.
En este contexto, hemos visto un cuestionamiento de la Monarquía y un estado de ánimo republicano creciente, que involucra no sólo a la generación anterior, sino sobre todo a la juventud. Hace dos años, en junio de 2014, cuando el rey Juan Carlos I abdicó, cientos de miles de personas se manifestaron por toda España en contra de la Monarquía.
También ha surgido un Movimiento para la Recuperación de la Memoria Histórica, en el que muchos jóvenes se han involucrado, intentando recuperar su propia historia, que ha permanecido oculta (en muchos casos literalmente enterrada, en fosas comunes) durante generaciones. Miles de personas se han unido a asociaciones dedicadas a desenterrar e identificar los restos de decenas de miles de españoles que murieron bajo la dictadura de Franco y quedaron enterrados en fosas comunes o en zanjas (memoriahistorica.org.es).
Las cifras exactas se desconocen, pero se calcula que entre 80.000 y 100.000 personas fueron asesinadas por los fascistas durante la guerra, en una campaña de represión sistemática, ciudad a ciudad, pueblo a pueblo, y otras 50.000 fueron ejecutadas por pelotones de fusilamiento en la inmediata posguerra. Cerca de medio millón de personas fueron detenidas en campos de concentración al finalizar la guerra en 1939. Cientos de miles de éstas fueron utilizadas en trabajos forzosos, tanto en proyectos de obras públicas como en empresas privadas y en las fincas de terratenientes.
El ejemplo más llamativo es el enorme monumento fascista del Valle de los Caídos, en El Escorial, que marca a los caídos en la “Gloriosa Cruzada” de Franco, presidida por una enorme cruz de 150 metros de altura. Este fue construido principalmente mediante el trabajo forzoso, en el que muchos murieron en el proceso. El monumento todavía se mantiene hoy, sin la más mínima modificación de su significado y simbología. Tanto Francisco Franco como el fundador del partido fascista de la Falange Española, Primo de Rivera, están enterrados aquí.
Cientos de miles de personas tuvieron que exiliarse y refugiarse durante y después de la guerra, probablemente se calcula que cerca de medio millón de personas. Muchas de ellas fueron confinadas en campamentos en el sur de Francia, cerca de 12.000 fueron enviadas más tarde a los campos de concentración nazis.
Aproximadamente, 30.000 niños fueron custodiados por el régimen de Franco, algunos de ellos de madres republicanas que fueron encarceladas y, otros, de padres que habían muerto en la guerra o habían sido ejecutados después. Muchos fueron dados en adopción a familias que apoyaban a Franco.
La represión que siguió a la victoria del fascismo en la guerra fue tan brutal porque se trataba de derribar una revolución, de borrar cualquier recuerdo de la época en que los obreros y campesinos habían asumido el control de la sociedad. Hubo una resistencia heroica en los primeros años inmediatamente después de la guerra, con grupos guerrilleros operando en varias partes del país. Fue una lucha desesperada y tristemente en vano. La clase obrera y los campesinos habían sido derrotados de forma decisiva, aplastados por la clase dominante que usó el fascismo como única forma de preservar su poder y sus privilegios. Las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, que acabó con la derrota del fascismo en Europa, pero dejó a España intacta y al régimen fascista progresivamente aceptado de facto por las potencias occidentales, extinguieron finalmente las brasas de los guerrilleros maquis restantes.
Se requirió una renovación completa de la clase obrera española para que surgiera otra oleada de lucha revolucionaria. Millones de españoles se vieron obligados a emigrar a Europa (Francia, Alemania, Bélgica, Suiza) como mano de obra barata, y millones más emigraron de las zonas rurales más pobres a las grandes ciudades industriales de Cataluña, Madrid y País Vasco. En 30 años, más de 5 millones de personas se habían trasladado a Madrid y Barcelona solamente.
Finalmente, a raíz de la enorme expansión de la posguerra y sobre los cadáveres de cientos de miles de personas, la economía española comenzó a recuperarse y se creó una nueva clase obrera. Se trataba de una clase obrera joven y fresca, muchos de ellos primera generación de migrantes del campo, sin cargar a sus espaldas el peso de la derrota. Ellos emprendieron, con gran coraje, la tarea de derrocar la dictadura franquista. Habrían tenido éxito si hubieran tenido una dirección revolucionaria.
España está en la actualidad iniciando una nueva ola revolucionaria. Muchas de las tareas a las que se enfrentaron los obreros y campesinos revolucionarios en 1931, cuando la monarquía fue derrocada y se proclamó la República, siguen sin resolver, otras ya no son relevantes.
España ya no es un país en el que la agricultura desempeña un papel decisivo, sino en el que la clase trabajadora de la industria y de los servicios representa la inmensa mayoría de la población. Sin embargo, todavía hoy en día, especialmente en Andalucía y Extremadura, quedan decenas de miles de trabajadores agrícolas sin tierra que trabajan unos meses al año en las fincas de los propietarios ausentes.
La cuestión nacional sigue sin resolverse, ya que no pudo resolverse durante la farsa de la Transición. En esa época, una de las imposiciones de la clase dominante fue la de consagrar en la Constitución la unidad forzada de España, garantizada por las Fuerzas Armadas. Así, la exigencia del derecho a la autodeterminación de las nacionalidades históricas (Catalunya, Euskadi, Galicia) es un poderoso golpe contra el régimen de 1978. No es casualidad que la clara defensa de este derecho por parte de Podemos haya permitido que este partido y sus aliados se conviertan en la primera fuerza política en Catalunya y Euskadi y una poderosa segunda fuerza en Galicia.
La cuestión de la Monarquía, estrechamente vinculada a todo el edificio del poder de la clase dominante española atrasada, está también sin resolver y ha pasado a primer plano. La cuestión de la memoria histórica, es decir, el fin de la impunidad de los crímenes del levantamiento fascista y de los 40 años de dictadura, es también una parte importante de la lucha.
Ninguna de estas cuestiones puede resolverse dentro de los límites del capitalismo. La actual ola revolucionaria española, en torno a temas como el empleo, la vivienda, la dignidad, tendrá que incorporar todo lo anterior en una sola lucha contra el régimen de 1978.
Sin embargo, las condiciones no son las mismas que en los años treinta. Ochenta años han cambiado muchas cosas. La clase de pequeños propietarios, rurales y urbanos, ha sido reducida. El porcentaje de la población que vive en zonas rurales ha bajado del 70% al 5%. La base social del fascismo casi ha desaparecido. La clase obrera, potencialmente, es más fuerte que en los años treinta. En algunos años recuperará sus propias tradiciones revolucionarias, las de los años treinta y las de los años setenta.
Para los trabajadores y jóvenes de hoy más concienciados, es imperativo estudiar la Revolución española de 1931-37 y sacar todas las lecciones necesarias. En esa época, los obreros y campesinos plantearon todas las cuestiones que estaban por resolver: la reforma agraria, los derechos democráticos, la cuestión colonial y nacional. Habiendo pasado por la experiencia del primer gobierno republicano de 1931-1933, cada vez más se dieron cuenta de que la proclamación de la propia República no resolvería ninguno de esos problemas plenamente y dieron un paso más, tomando el asunto en sus propias manos. La clase dominante respondió virando en masa hacia el fascismo, como la única manera de defender su sistema. Eso es lo que llevó directamente a la guerra civil, después de la segunda victoria de la izquierda en 1936.
La principal contradicción era ésta: tanto los obreros como los campesinos, así como la clase dominante, se habían dado cuenta de que la democracia burguesa no podía resolver sus problemas ni garantizar sus intereses. Sólo los dirigentes de las organizaciones obreras permanecieron apegados a la idea de que la lucha era entre la democracia en abstracto y el fascismo, e intentaron frenar e impedir cualquier movimiento de los trabajadores más allá de sus límites. Eso vació la lucha de cualquier significado real y condujo directamente a la derrota.
En los próximos años, los trabajadores y jóvenes españoles pasarán por una experiencia similar. Tratarán de resolver sus problemas urgentes de empleo, vivienda, educación y atención médica. Al hacerlo, se enfrentarán cada vez más a los límites del sistema capitalista en crisis. Es nuestra tarea asegurarnos que esta vez tengamos una dirección digna del nombre, que pueda llevar el movimiento a su conclusión final: la abolición de la esclavitud asalariada y la creación de un sistema genuinamente humano, en el que los recursos de la sociedad reviertan democráticamente en beneficio de la mayoría y no en la ganancia privada de unos pocos. Ese es el mejor homenaje que podemos rendir a la lucha de las generaciones que nos precedieron. En palabras del revolucionario Durruti:
“Somos nosotros quienes construimos estos palacios y ciudades, aquí en España, en América y en todas partes. Nosotros, los trabajadores, podemos construir otros en su lugar. Y mejores. No le tenemos miedo a las ruinas. Vamos a heredar la tierra. No hay la menor duda sobre eso. La burguesía podría destruir y arruinar su propio mundo antes de abandonar el escenario de la historia. Nosotros llevamos un mundo nuevo, aquí, en nuestros corazones. Ese mundo crece minuto a minuto”.
Parte I: El auge revolucionario
Parte II: La derrota y sus lecciones
