Desde la llegada de Lula al gobierno ya advertimos que no se podía servir a dos amos: hay que estar con los trabajadores o con los capitalistas. No hay término medio. La llegada del PT al gobierno fue celebrada con enorme entusiasmo por millones de trabajadores brasileños y por el resto de las capas oprimidas de la sociedad. Las primeras medidas implementadas consistieron en concesiones menores a sus bases: cancelación de compra de aviones de combate, título de propiedad a los habitantes de las favelas, implementación del Plan Hambre Cero y una tímida suba del Salario mínimo del 20%, de 200 a 240 reales. Teniendo en cuenta que la inflación interanual fue del 18% esta suba es raquítica y claramente insuficiente en un país donde cerca de la mitad de los trabajadores cobran esta cantidad.
Pero las medidas más grossas han sido para favorecer políticas capitalistas que van contra los intereses de las familias trabajadoras, jubilados y pensionados.
La medida más importante ha sido un proyecto de Ley, que deberá ser aprobado en el Parlamento, con el que se pretende modificar el sistema público de pensiones. Las medidas más destacadas de esta reforma de las pensiones públicas son, entre otras: cobro a los jubilados de una contribución obligatoria del 11% de la pensión, duplicar hasta los 20 años el período que un funcionario debe aportar para recibir una pensión, y reducir las pensiones de viudedad al 70% de la pensión original. No deja de ser paradójico que este proyecto de ley sea celebrado con entusiasmo por todos los partidos burgueses, mientras que cuenta con el rechazo de los sindicatos y la base del PT. Con estas medidas, se busca ahorrar 1.700 millones de reales al año, entre otras cosas, para hacer frente al pago de la deuda externa.
Ya el 8 de abril se produjo una primera movilización de rechazo a estas medidas que contó con la participación de decenas de miles de trabajadores estatales. Los miembros de la izquierda de la bancada del PT ya mostraron su decisión de votar en el Congreso en contra de este proyecto. Como reacción Lula ha amenazado con tomar medidas disciplinarias contra los que violen la verticalidad, incluida la amenaza de expulsión del partido.
Si Lula profundiza esta política de favorecer los intereses de los capitalistas y del FMI entrará en conflicto con quienes lo votaron, millones de trabajadores y jóvenes que lo llevaron al gobierno y que esperaban un cambio real en sus condiciones de vida y trabajo. Provocará una aguda frustración entre su base que ve cómo se implementan las políticas antisociales que los anteriores gobiernos burgueses no pudieron llevar a cabo.
No cabe otra alternativa que la movilización de los trabajadores. Los sindicatos brasileños tienen que organizar una respuesta contundente a estas políticas antisociales, planteando una plataforma reivindicativa que extienda los reclamos sociales en materia de empleo, salarios dignos, aumento de los gastos sociales, por una verdadera Reforma Agraria, por la nacionalización sin indemnización de la Banca y los grandes monopolios bajo el control de los trabajadores, y contra el pago de la deuda externa. Las movilizaciones tienen que fijarse también un objetivo político: forzar el cese y la dimisión de los elementos claramente burgueses y patronales en el gobierno y la administración de Lula. También hay que implicar en esta movilización a la base del PT, incluyendo la organización de asambleas de base que aprueben resoluciones de rechazo a estas políticas. Esta será la única manera de echar para atrás estas medidas y recuperar el gobierno del PT para una política a favor de los trabajadores.
