La minga social que se inició el pasado 7 de marzo avanza ahora hacia el paro nacional del 25 de abril. ¿Cuáles son las reivindicaciones de indígenas y campesinos? ¿Cómo se pueden unir a las de trabajadores y jóvenes en general? ¿Qué medidas de lucha son necesarias para derrotar al gobierno de Duque?
El pasado 7 de marzo indígenas del suroccidente colombiano iniciaron jornadas de movilización contra el gobierno nacional. La minga social, como la denominan, fue dirigida por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Sus principales demandas son: el reconocimiento del campesino como sujeto de derecho, el cumplimiento de los acuerdos firmados con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), respeto a la consulta previa en sus territorios, fortalecimiento de las políticas de protección del medio ambiente, cumplimiento de los numerosos acuerdos firmados con el estado colombiano, la protección a líderes sociales, y la inclusión de las comunidades étnicas en el Plan Nacional de Desarrollo ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’ 2018-2022.
Aunque los pueblos indígenas del Cauca, Huila y Caldas protagonizaron las protestas, comunidades indígenas del resto del país también se manifestaron. Asimismo, comunidades afrodescendientes, campesinos, estudiantes y trabajadores, también afectados por las políticas del gobierno de Duque.
Tras casi un mes de protestas, las organizaciones dirigentes de la minga llegaron a un acuerdo con representantes del gobierno. Éste promete una inversion de $823.148.000.000 COP (pesos colombianos) para viviendas, proyectos productivos, tierras, vías, educación, protección a líderes y lideresas sociales, cultura, deporte, salud, entre otros temas. Las movilizaciones cedieron bajo la promesa de Iván Duque de reunirse con los mingueros el 9 de abril, promesa que fue rota. Estos antecedentes, los actos de represión y amenazas constantes, pero sobre todo, la centenaria tradición de las élites de incumplir los acuerdos que hacen con los pobres, hacen dudar que el Gobierno pueda garantizar la seguridad de los líderes sociales, el desarrollo de comunidades indígenas o la paz en todo Colombia.
Con la perspectiva de que el actual gobierno de derecha siga el mismo camino que sus predecesores, no podemos tenerle nada de confianza. Los pueblos indígenas y afrodescendientes, los campesinos y la clase trabajadora cuenta con sus fuerzas y nada más. Solo la actividad de las masas, quienes producen la riqueza en nuestra sociedad, es capaz de lograr cambio fundamental. El paro nacional programado para el 25 de abril es solo el primer paso hacia este cambio. Para garantizar que nuestras demandas por una vida digna, por la paz y la democracia sean cumplidas, tenemos que organizarnos en nuestras organizaciones y comunidades diariamente. La minga social que transcurrió hace casi un mes fue un intento de organización de este tipo.
La minga social por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz
En febrero 2019, los dirigentes del CRIC exigieron dialogar con el presidente Iván Duque para pedir respuestas sobre el asesinato de líderes sociales. Tras la negativa del presidente, el 28 de febrero se anunció el inicio de las movilizaciones. Éstas empezaron como reuniones y concentraciones que se volvieron marchas y bloqueos. Alrededor de 12.000 manifestantes llegaron a participar en la minga.
Como es costumbre, el gobierno colombiano respondió con represión a las manifestaciones pacíficas. Al final de la primera semana de la minga, más de 40 heridos terminaron en el hospital. La represión política es parte de la naturaleza del estado en Colombia y por eso, tiene un brazo armado especial para reprimir la protesta social: el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Los actos de violencia estatal perpetrados por el ESMAD durante esas cuatro semanas incluyeron el incendio de campamentos donde se encontraban familias manifestantes, el robo de comida, documentos, y motos de los manifestantes así como explosiones en distintos puntos de concentración.
En vez de acabar con los mingueros, la violencia sirvió para inflamar las protestas que llevaron a bloquear la vía panamericana. El bloqueo, como táctica, tiene varias ventajas. Primero, es una expresión más consciente de ira e indignación ya que para ser efectivo, requiere que los participantes tengan un plan de turnos y que se mantengan firmes. Además, el bloqueo de la vía panamericana fue un golpe directo a las ganancias de una manada de individuos. Por esta vía, pasan cerca de 2.000 toneladas de mercancía diarias. Al final de la primera semana del bloqueo, los dueños de camiones dejaron de ganar más de $1.3 billones de pesos. Esto fue un punto de presión clave a favor de la minga en el acuerdo firmado el 5 de abril.
Como lo hacen en Francia con los chalecos amarillos, los medios de comunicación se aseguraron de representar a la minga como un acto violento y a los mingueros como guerrilleros. La verdad es que estos actos de protesta fueron dirigidos por los sectores más oprimidos y explotados en Colombia. En las manifestaciones participaron indígenas, campesinos, afrodescendientes que también son estudiantes y trabajadores afectados por los ataques contra sus condiciones de vida y por la violencia sistemática que sufren cotidianamente. La solidaridad entre campesinos y trabajadores, sin importar su origen, es esencial para combatir las noticias falsas de los medios estatales y privados; al igual que para luchar de manera más efectiva contra la violencia del estado.
Entre el comienzo de la minga y la firma del acuerdo con el gobierno, ocho protestantes fueron asesinados. Irónicamente, la principal consigna de la minga es un cese contra esta violencia de naturaleza política que ha acabado con la vida de al menos 500 líderes sociales desde la firma del supuesto acuerdo de paz. Es claro que el gobierno ha permanecido sordo a las súplicas que piden frenar estos asesinatos. Aunque estamos a favor del diálogo y de movilizaciones pacíficas, es ingenuo creer que se puede dialogar con los que nos están matando y que cada día ataca nuestra salud, educación y vivienda. Es por eso que solo la lucha unida de trabajadores, campesinos, indígenas, afrodescendientes y demás sectores oprimidos, alrededor de un programa socialista, puede poner fin a tanta violencia y miseria.
Un pueblo heróico contra un presidente ridículo
La bancarrota política en la que se encuentra el régimen de Iván Duque es histórica. La actual presidencia, que se guía de acuerdo a las orientaciones del anterior presidente Álvaro Uribe Vélez, y que defiende los principios e intereses más reaccionarios de la burguesía colombiana, ha significado más problemas que alguna solución para un país azotado por la miseria, el narcotráfico y la violencia en todas sus expresiones.
En pleno siglo XXI el campo colombiano vive una compleja situación de atraso y desigualdad. Los campesinos no tienen opciones para proveerse de medios de vida más allá de las actividades relacionadas con el narcotráfico y la minería. Ni siquiera la explotación de la palma africana o la caña de azúcar pueden considerarse una opción, ya que el nivel de explotación de estas compañías sólo garantiza miseria para sus trabajadores.
El fracaso del acuerdo de paz con las FARC firmado en noviembre de 2016 es absoluto: los avances en su implementación han sido mínimos pero a la vez el plan original del uribismo de hacerlo trizas tampoco ha llegado a concretarse. La anulación de las consultas previas evidencia por enésima vez que la fidelidad de la burguesía colombiana y sus jefes políticos está con los intereses del imperialismo y no con las necesidades del pueblo. El asesinato sistemático de líderes sociales deja claro que no hay espacio para hacer oposición política alguna a la clase dominante. Por último, el Plan Nacional de Desarrollo demuestra que para la burguesía, el estado no es más que un medio para garantizar el incremento de sus ingresos y un aparato de represión para monopolizar el poder político. Ante esta situación, el desastre en que resultó su participación en el intento de intervención en Venezuela es sólo otro ridículo más de un personaje que ha demostrado con creces que como jefe político es un recreacionista insuperable.
Estos días son sólo un breve receso que permite tomar energías para las próximas jornadas de lucha. Organizaciones sindicales, sociales y políticas han anunciado un paro nacional para el próximo 25 de abril, inspirada en la movilización indígena. Si esta jornada logra incrementar la presión contra el impopular régimen de Duque, la conmemoración del 1º de Mayo, puede ser decisiva para definir el futuro político inmediato de los trabajadores.
Derrocar a Duque es posible, con un programa revolucionario
La miseria y violencia a la que nos somete el régimen de Duque ha despertado el descontento nacional a unos niveles que parecen anunciar un despertar de la lucha de clases en Colombia. El débil liderazgo de Duque; es decir, la fragilidad política de Uribe sin el respaldo de un Plan Colombia, genera divisiones en el bloque de poder y no hay promesa de ningún experto o asesor que parezca generar empleo o poner fin al hambre de tantos. La violencia desmedida de las fuerzas militares y de policía ha despojado a estas instituciones de su manto de responsabilidad y la desesperación es tal que cada día son más los pobres que prefieren enfrentar la metralla asesina del gobierno antes que soportar otro día de hambre.
Paradójicamente, las diferentes fuerzas políticas se encuentran en una situación de estancamiento. En general, todas se han replegado a programas reformistas o incluso de corte liberal. Al final, muchas buenas intenciones pero ninguna solución. Si las agendas políticas no se ponen al día con las dificultades de las mayorías, la reacción arrasará victoriosa en las próximas elecciones locales. Una situación que contrastará con el descontento popular que se vivirá en las calles y campos del país.
Invitamos a todos los estudiantes y trabajadores que hoy despiertan a la lucha que se unan a nuestra iniciativa por construir una alternativa socialista capaz de derrocar y reemplazar a Duque y a todo el sistema rancio que representa.
