Hace tres años la criminal represión de Puente Pueyrredón dejó, además de las muertes de los compañeros Santillán y Kosteki, 33 heridos y 127 detenidos. Hoy, en el juicio iniciado, se busca presentar todo como un caso de exceso policial y no se tocaa los que organizaron y dieron las órdenes para que se llevaran adelante las acciones criminales, y luego trataron de encubrirlas.
Juicio y castigo a todos los culpables por el asesinato de Darío y Maxi
Hace tres años la criminal represión de Puente Pueyrredón dejó, además de las muertes de los compañeros Santillán y Kosteki, 33 heridos y 127 detenidos. Hoy, en el juicio iniciado, se busca presentar todo como un caso de exceso policial y no se toca a los que organizaron y dieron las órdenes para que se llevaran adelante las acciones criminales, y luego trataron de encubrirlas. El entonces presidente Duhalde había ordenado que se impidieran los cortes de accesos. Contaba con el apoyo de varios gobernadores y obedecía a las exigencias de la oligarquía, la banca privada y el empresariado cuyos principales representantes se manifestaron, a través de una gran campaña mediática en los días previos a la masacre, a favor de restablecer el orden que les permitiera continuar con el saqueo del país. Fue un intento de terminar con el proceso de reorganización y participación masiva abierto a fines de 2001. Pero la movilización popular obligó a retroceder a las fuerzas represivas y a Duhalde a anticipar su renuncia.
Para evitar que se vean involucrados niveles superiores de responsabilidad del aparato estatal y las altas esferas políticas mencionadas, el tribunal hace malabares. Se ocultan prueban, se ignoran conscientemente otras, o se manipulan.
Como bien señalan los familiares de Darío y Maxi, sabemos que el Estado burgués no castigará a sus representantes y a sus fuerzas represivas, que tan buen servicio le prestan en los momentos en que corre riesgo la dominación capitalista.
El factor determinante para agilizar la causa, y presionar para juzgar a todos los responsables sigue siendo la movilización y el grado de unidad de todas las organizaciones sociales y políticas. Si no fuera así, la maraña de leyes, las trampas de las interpretaciones, las maniobras de juristas, abogados y jueces, y la canalización de las protestas y repudios por las vías institucionales vería el camino allanado para imponerse por sobre la verdad y la justicia. Así lo demuestra el escandaloso espectáculo que nos brinda la Justicia argentina, por un lado liberando a Chabán, mirando a un costado para no involucrar a Ibarra, liberando a Maria Julia, dejando caminar entre nosotros libres de culpa a Menem, a Cavallo, De La Rua, José Luis Manzano, y una lista que aquí no entra de lo larga.
Mientras por otro lado, permanecen 15 detenidos por los hechos de la legislatura por oponerse al Código de Convivencia, encarcelan a Romina Tejerina, a Castells por asustar a McDonalds, etc. Estos hechos esclarecen el papel de la Justicia como un instrumento de la lucha de una clase (rica, parásita y minoritaria) contra otra (pobre, trabajadora y mayoritaria).
Solo la movilización y la lucha puede garantizar el castigo a los asesinos y que se investigue hasta el final a todos los responsables de la masacre, mientras se avanza en la organización de los trabajadores y los sectores populares para el cambio social.
