El sábado 8 de diciembre, el presidente venezolano Chávez anunció que tendría que someterse a otra intervención quirúrgica en Cuba. Después de agregar que “en todos los procesos hay riesgos, quién puede negarlo”, explicó que “si algo ocurriera, …, que me inhabilitara de alguna manera”, el vicepresidente Maduro sería su preferencia para que lo sustituya.
El anuncio fue una sorpresa para las masas bolivarianas. Esta fue la primera vez que Chávez habló sobre la elección de su sucesor en la dirección de la revolución, y esto indica que está preocupado con que algo puede ir mal en su tratamiento. Decenas de miles de venezolanos salieron el domingo las calles, llenando las plazas Bolívar de cada pueblo y ciudad para mostrar su apoyo al presidente.
La oligarquía venezolana y el imperialismo se lanzaron inmediatamente sobre este anuncio con un apresuramiento indecente para tratar de deshacerse de Chávez. Argumentaron que, según el artículo 234 de la Constitución, en caso de ausencia temporal del presidente, el vicepresidente Maduro debía asumir la presidencia. En realidad, ese artículo no rige en éste caso, ya Chávez ha utilizado la disposición del artículo 235 de la Constitución para solicitar la autorización de la Asamblea Nacional para ausentarse del país por más de 5 días. Ésta le fue concedida el domingo 9 de diciembre.
Detrás de estos argumentos legalistas está claro que el objetivo de la oposición es sacar a Chávez de su cargo, con la esperanza de que no pueda regresar al mismo. No olvidemos que desde que fue elegido en 1998, la oligarquía, los dueños de los bancos, de la tierra, de los medios de comunicación y de las grandes empresas, y el imperialismo, han llevado a cabo una implacable campaña para derrotar la revolución y derrocar a Chávez por todos los medios a su alcance, legales e ilegales. Esto incluyó el golpe de Estado de abril de 2002, el criminal cierre patronal y sabotaje de la industria petrolera en 2002-2003, los disturbios de la guarimba de 2004 (momento en el que 100 paramilitares colombianos fueron detenidos en un rancho cerca de la capital), el referéndum revocatorio de 2004, una huelga de inversiones constante, el sabotaje de la cadena de distribución de alimentos (incluyendo el acaparamiento, contrabando y crimen organizado), etc
Ahora, al insistir en la remoción de Chávez como presidente, lo que quieren lograr es lo que no pudieron conseguir en las elecciones del 7 de octubre. Hay una buena razón por la que están tan obsesionados con la figura de Chávez: él juega un papel clave en la revolución bolivariana. Existe una relación casi simbiótica entre el presidente y las masas bolivarianas, que son la fuerza motriz de la revolución. Chávez siempre se ha mostrado sensible a las presiones de abajo y las masas lo consideran como uno de los suyos.
Esto está en marcado contraste con muchas de las otras figuras dirigentes del movimiento bolivariano, ministros, gobernadores, alcaldes, etc. Ninguno de ellos tiene ni siquiera una fracción de la autoridad moral y política que comanda Chávez entre la clase obrera y los pobres que son la base de apoyo a la revolución. Muchos son vistos como corruptos arribistas que obtienen un lucro personal de su pretendida lealtad al movimiento bolivariano. Mientras que el pueblo revolucionario, los trabajadores, los campesinos y los pobres salieron a las calles contra el golpe de Estado en abril de 2002, muchos de los gobernadores “bolivarianos” de los estados juraron lealtad al nuevo gobierno golpista ilegítimo de Carmona, sólo para cambiar rápidamente de bando de nuevo cuando las masas derrotaron el golpe.
En estados importantes como Aragua, Lara, Monagas y otros, hemos visto gobernadores “bolivarianos” abandonar el barco (saltar la talanquera) y unirse a la oposición reaccionaria. Otros permanecen en el lado bolivariano de la barrera, pero actúan como los políticos burgueses de la IVª República, repartiendo empleos y puestos a amigos y familiares, e involucrados en todo tipo de corrupción.
La burocracia en las instituciones estatales, en muchos casos actúa como una barrera frente a la iniciativa revolucionaria de las masas. En muchas ocasiones, los trabajadores y los pobres han llegado directamente a Chávez por encima de las cabezas de ministros y gobernadores para conseguir sus reivindicaciones. Sólo para dar un ejemplo, está la heroica lucha de los trabajadores de SIDOR, contra el gobernador regional Rangel, quien envió a la Guardia Nacional a reprimirlos, y contra el entonces Ministro de Trabajo Ramón Rivero, y en la que finalmente consiguieron que Chávez decretara la expulsión de la multinacional y la renacionalización de esta planta siderúrgica clave en Guayana. Rivero también perdió su puesto como consecuencia de la victoria de los trabajadores.
Luego, los trabajadores de las industrias básicas de Guayana exigieron que se introdujera el control obrero, de nuevo con la oposición declarada de los gerentes, directores y ministros. Finalmente Chávez convocó una reunión para establecer el Plan Guayana Socialista y accedió a las demandas de los trabajadores, con la designación de una serie de “presidentes-trabajadores” en las empresas estatales clave de la industria básica en la región.
Hay muchos otros ejemplos como este que han solidificado la relación entre el presidente y las masas revolucionarias y al mismo tiempo han fortalecido una corriente profundamente arraigada de sospecha y desconfianza hacia los burócratas y reformistas de la cúpula del movimiento.
La clase dominante y el imperialismo están calculando que si bien Chávez es “impredecible” (lo que significa que es muy capaz de tomar decisiones audaces y asestar golpes contra sus intereses), cualquiera que lo reemplace será más fácil de derrotar en las elecciones y al mismo tiempo más susceptible de ser presionado por la opinión pública burguesa hacia la conciliación y las concesiones. El chavismo sin Chávez, ellos piensan, perdería su filo revolucionario, llegando a ser mucho más seguro para los intereses de la propiedad privada.
Inmediatamente después de que Chávez hiciera el anuncio, los partidarios de la oposición utilizaron la etiqueta de twitter #RIPChavez, dejando al descubierto la repugnante falta de moral por parte de los elementos más locos de esta oposición “democrática”. En el mismo sentido, los comentaristas opositores más extremos declararon el fin de la revolución (El Nuevo País publicó un titular de primera página declarando: “La revolución ha terminado”). Los representantes más inteligentes de la clase dominante, sin embargo, adoptaron una línea diferente. Intentando ocultar su júbilo ante la noticia de la recaída de Chávez, hicieron hincapié en la necesidad de la “unidad nacional” por encima de la división política, la “reconciliación y el diálogo”, etc
La organización empresarial Fedecámaras (que jugó un papel crucial en el golpe de abril 2002), emitió un comunicado en el mismo sentido. En una conferencia de prensa el lunes 10 de diciembre pidió una reunión urgente con el vicepresidente Nicolás Maduro para acordar “ajustes macroeconómicos urgentes”, que piensan que Venezuela requiere. Básicamente están pidiendo concesiones del gobierno en materia de controles de cambio (una posible devaluación), la liberalización de los precios de los productos alimenticios regulados, etc
El presidente de Fedecámaras, Jorge Botti, ni siquiera midió sus palabras: “”No esperemos a enero. Las decisiones hay que tomarlas ahora; instamos y le pedimos directamente al presidente encargado de la República, al presidente Maduro, a que acometamos, conjuntamente con sus ministros de la economía, decisiones cuanto antes””. (La patronal pide una reunión a Maduro y dice que Venezuela está virtualmente paralizada)
Observemos la arrogancia de esta gente. Fueron derrotados en las elecciones presidenciales hace poco más de dos meses, y ahora exigen gobernar el país y tomar las decisiones económicas más importantes.
La prensa financiera y los analistas de inversión han insistido en la descripción de Maduro como un hombre de diálogo “alguien con quien se puede hablar.” Stratfor lo describió como un “pragmático”, mientras que Barclays Capital, dijo a principios de este año que si Maduro dirigiera el gobierno “podríamos esperar un enfoque más moderado” de su parte. Si esto es cierto o es sólo un deseo por parte de los capitalistas está por ver. Lo que ellos quieren está claro: que Chávez salga de la escena y un nuevo gobierno que haga todo tipo de concesiones a las grandes empresas y las multinacionales, y que abandone cualquier idea de avanzar hacia una economía nacionalizada y planificada.
Hay otro campo en el que la oligarquía está tanteando el terreno: los llamados “presos y exiliados políticos”. Inmediatamente después de su derrota electoral el 7 de octubre iniciaron una campaña en torno a esta cuestión. Dicen que todos los que han sido encarcelados por “razones políticas” y los que han tenido que huir del país debido a la “persecución política” deberían ser amnistiados. En primer lugar, seamos claros acerca de esta cuestión, no estamos hablando aquí de personas que son perseguidas por sus opiniones políticas, sino de políticos que violaron la ley y están en la cárcel o (como es el caso de la mayoría de ellos) han huido del país para escapar de la justicia.
Estos son los que organizaron y llevaron a cabo el golpe de Estado de abril de 2002 (incluido el breve presidente golpista Pedro Carmona, “exiliado” en Colombia), los que organizaron el sabotaje de la industria petrolera hace ahora 10 años; Manuel Rosales, que fue acusado de corrupción y se fugó a Perú, y otros que son buscados en relación con el asesinato del Fiscal del Estado Danilo Anderson (que investigaba el golpe de abril 2002 cuando cayó víctima de un atentado con bomba), etc. Estos individuos deberían ser juzgados y obligados a pagar por sus crímenes, por los que ni siquiera han pedido disculpas o mostrado ningún remordimiento.
El hecho de que el diputado opositor Edgar Zambrano, quien está viajando por todo el mundo para obtener una lista completa de estos “exiliados” (en Miami, Madrid, Bogotá, etc), haya declarado que “el Gobierno, a través de Nicolás Maduro, ha expresado su voluntad política para resolver este problema”, es escandaloso y ha creado un gran revuelo entre los activistas bolivarianos. Ningún vocero del gobierno ha refutado esta afirmación hasta el momento.
Lo que podemos ver es una situación en la que los capitalistas están ejerciendo una enorme presión sobre los dirigentes del movimiento bolivariano hacia la conciliación y las concesiones. Por otro lado, las masas bolivarianas quieren empujar hacia adelante, hacia completar la revolución, pero se encuentran sin una dirección clara y sin ninguna estructura democrática revolucionaria a través de la cual puedan decidir sobre el curso de la revolución.
Vale la pena recordar que durante los últimos 14 años las masas han respondido por millones cada vez que han tenido la oportunidad de organizarse. En los Círculos Bolivarianos al principio, en las Unidades de Batalla Electoral durante el referéndum revocatorio de 2004, con el lanzamiento del Frente Francisco de Miranda, con la creación de la central sindical UNT, en la fundación del PSUV, en la fundación de su organización juvenil JPSUV, y en muchas otras ocasiones. Dentro de estas organizaciones, las masas se han agrupado instintivamente alrededor de los diferentes dirigentes que parecían ser los más radicales, más consistentes en el mantenimiento de sus vínculos con las bases y en librar la batalla más decidida contra la oligarquía. En cada momento, después de un breve periodo de entusiasmo, de debate democrático y de fervor revolucionario de las bases y activistas, la burocracia ha logrado cerrar y ahogar estos espacios y organizaciones.
La Juventud del PSUV tuvo su congreso fundacional en 2008, en el que los intentos de introducir una constitución antidemocrática fueron derrotados, y no ha tenido otro congreso desde entonces. El propio PSUV tuvo un congreso fundacional muy democrático y de izquierda y luego un congreso ideológico en 2010, pero su estructura ha sido reducida a poco más que una máquina electoral. Los miembros ni siquiera tuvieron voz y voto en la selección de los candidatos para las próximas elecciones regionales del 16 de diciembre.
La revolución bolivariana está claramente en una encrucijada, en la que existen distintas líneas políticas en cuanto a cuál es el camino a seguir.
La burocracia, por ejemplo, ha destruido el Plan Guayana Socialista que hemos descrito antes, eliminando a los presidentes trabajadores de las industrias básicas. Esto se hizo a través de una campaña concertada de sabotaje abierto, descrédito, calumnias y violencia física, orquestada por todos aquellos que, por sus razones particulares, están en contra del control obrero. La fracción sindical FBT (Fuerza Bolivariana de los Trabajadores) ha jugado un papel clave en esta campaña, así como el gobernador regional de Bolívar y candidato a la re-elección, Rangel Gómez. El descontento es tan grande entre los activistas obreros de la región que crece el apoyo al otro candidato bolivariano, Arciniega, postulado por el Partido Comunista de Venezuela.
Sectores de la dirigencia bolivariana abogan por una especie de economía mixta en la que los elementos “socialistas” se extenderían progresivamente y, finalmente, en algún momento en el futuro, superarían a los capitalistas. De esta manera, al parecer, se llegaría a una sociedad socialista sin molestar demasiado a la clase dominante ni demasiado pronto. En nuestra opinión, este es un camino suicida, porque significa que se está entorpeciendo el funcionamiento normal de la economía capitalista de mercado sin que sea reemplazada por un plan democrático de producción basado en la nacionalización de los medios de producción. Esta situación lleva a la escasez, al sabotaje, a la inflación y a la desorganización general de la economía, que golpean principalmente a los sectores más pobres, la base natural de apoyo a la revolución.
En su discurso del sábado por la situación de su salud, Chávez hizo un llamamiento a la unidad del movimiento. Somos los primeros en estar a favor de un movimiento revolucionario unido. Pero las diferencias existen y son reales. La única manera de lograr la unidad es si el movimiento revolucionario en su conjunto puede discutir y tomar una decisión informada. Es precisamente cuando la burocracia limita la democracia del movimiento donde se produce la división.
Una vez más, las masas el 7 de octubre dieron una victoria electoral a la revolución bolivariana, votando por el presidente Chávez. Él defendió un programa que habla de una economía socialista y de acabar con el viejo aparato estatal. No es el momento de la conciliación ni de mantener conversaciones con los capitalistas. Es la hora de poner en práctica este programa. En nuestra opinión, esto sólo puede hacerse a través de la expropiación de los medios de producción, de los bancos y de las grandes haciendas de los terratenientes, bajo el control democrático de los trabajadores.
La enfermedad del presidente Chávez pone de manifiesto claramente el hecho de que un hombre solo no puede llevar a cabo una revolución socialista. Es la hora de que la clase obrera y los pobres tomen la iniciativa en sus propias manos.
Debería convocarse un congreso nacional revolucionario con delegados elegidos en cada fábrica, lugar de trabajo, barrio obrero y comunidad campesina, de modo que pueda tomar las decisiones necesarias sobre cuál debería ser el siguiente paso.
¡Ninguna conciliación – hacia el socialismo!
