Las elecciones municipales del 8 de diciembre en Venezuela dieron una nueva victoria a la revolución bolivariana, en la que el Partido Socialista Unido (PSUV) y sus aliados en el Gran Polo Patriótico (GPP) recibieron 5,1 millones de votos (el 49,24 % del total) frente a 4,4 millones de votos de la oposición (42,72 %). Si se incluyen los votos de los candidatos bolivarianos que se presentaron por fuera del GPP, el total de votos para la revolución suma más del 54%.
La oposición había presentado estas elecciones como un plebiscito sobre la presidencia de Maduro. Su objetivo era ganar en votos y conseguir elegir a 100 alcaldes. Desde ese punto de vista resultado es claro: no sólo perdieron la votación, sino que la ventaja de la revolución bolivariana sobre la oposición aumentó significativamente: de apenas 1,49 puntos porcentuales en la elección presidencial del 14 de abril a 6,52 ahora. En cuanto al número de alcaldes, con la mayoría de los resultados anunciados, el PSUV y sus aliados consiguieron 234 frente a los 67 de la oposición.
El municipio Libertador de Caracas, en la capital, fue ganado por el candidato del PSUV, Jorge Rodríguez, con 474.227 votos (54,55 %), ganando incluso en 4 parroquias que habían votado por Capriles en abril.
En la Alcaldía Metropolitana de Caracas hubo una victoria muy estrecha para la oposición, encabezada por Antonio Ledezma, que sacó el 50,81% de los votos, un margen más reducido que su anterior victoria del 52,4% en 2008.
El PSUV y sus aliados ganaron en 14 de las 24 capitales de los Estados del país, y en 30 de las 40 ciudades más pobladas del país. Sin embargo, la oposición ganó en las capitales de Estados importantes, como Valencia (Carabobo) y Barquisimeto (Lara), donde previamente había alcaldes bolivarianos, y también Barinas, Maracaibo (Zúlia), Mérida y San Cristóbal (Táchira).
El PSUV consiguió sólidas victorias en las capitales de los Estados de Apure, Aragua, Vargas, Anzoátegui, Cojedes, Delta Amacuro, Portuguesa, Trujillo e incluso en la capital del Estado de Miranda, que es gobernado por el líder opositor Capriles. Es significativo que el PSUV derrotó a la oposición en Heres, la capital del industrial Estado de Bolívar. La derrota del PSUV en Valencia, Carabobo, se puede explicar por el hecho de que el partido había expulsado al anterior alcalde acusado de corrupción. Sin embargo, el PSUV ganó en el Estado de Carabobo en su conjunto con una diferencia de 59.000 votos, cuando la oposición había conseguido una ventaja de 108.000 votos en las elecciones presidenciales de abril..
Al celebrar los resultados de las elecciones, el presidente Maduro se comprometió a intensificar la ofensiva contra la “guerra económica”, la campaña de acaparamiento, especulación y sabotaje de la economía organizada por la “burguesía parasitaria”. Y también a tomar duras medidas contra la corrupción.
Este fue el tema que había dominado toda la campaña electoral. La inflación y la escasez de productos básicos es uno de los principales factores que minan la base social de apoyo a la revolución bolivariana. Ambos fenómenos están causados por una combinación de factores. Por un lado, hay definitivamente una campaña deliberada de sabotaje de la economía por motivos políticos por parte de la clase dominante. Esta es la misma estrategia empleada contra el gobierno de Allende en Chile, cuando el presidente de EE.UU, Nixon, ordenó a Kissinger “hacer chillar a la economía”.
Por otro lado, está la rebelión de las fuerzas productivas contra las regulaciones introducidas por la revolución bolivariana desde el año 2003 para defender el acceso de las masas trabajadoras a los productos alimenticios básicos (a través de los controles de precios) y evitar la fuga de capitales (a través de los controles de cambio). Los últimos 10 años han demostrado que la economía capitalista no se puede regular. Los capitalistas han encontrado muchas maneras, legales e ilegales, de sortear estos controles.
Otro factor es el aumento del nivel de vida de la población -, como resultado de los programas de gobierno – que ha aumentado la demanda interna, pero que no ha sido acompañado por el aumento de la producción de mercancías. Esto necesariamente conduce a la inflación y un aumento de la presión para importar bienes de consumo. El tipo de cambio fijo también actúa como un desincentivo para la producción nacional.
Los últimos 10 años, desde la derrota del paro petrolero de 2002/03, han visto al gobierno utilizar grandes cantidades de dinero de la renta petrolera para invertir en programas sociales y en el desarrollo de infraestructuras. Se han construido líneas de tren, carreteras, puentes, sistemas de metro, transporte público, etc. En el pasado, los ingresos del petróleo crearon una oligarquía parasitaria que estaba muy feliz de vivir de los subsidios del Estado y de la corrupción. La renta petrolera estaba siendo apropiada por la clase dominante. Ahora, el mismo dinero está siendo utilizado para obras públicas y programas sociales. No sólo la clase dominante está extremadamente descontenta con este estado de cosas, sino que al mismo tiempo, como hemos mencionado antes, en la medida en que esta inversión no se corresponde con el aumento de la producción, eso inevitablemente conduce a la inflación.
Por último, la huelga de capital de los últimos 10 años se debe también al hecho de que la revolución bolivariana ha dado confianza a los trabajadores, les ha llevado a ocupar las fábricas, exigir el control obrero, y en muchos casos sus reclamos han obligado al gobierno a respaldarlos. Esto no es un “entorno favorable para la inversión”. ¿Cómo van a invertir los capitalistas si no están seguros de si mañana los trabajadores exigirán salarios más altos y mejores condiciones laborales, y en el curso de la lucha establecerán un consejo socialista de trabajadores y luego ocuparán la empresa? ¡Y los empresarios no pueden ni siquiera confíar en que el gobierno y el Estado estén completamente de su lado en un conflicto de este tipo!
Esta guerra económica no es nueva. Se remonta a 2001, cuando Hugo Chávez introdujo una serie de Leyes Habilitantes, que demostraron a la clase dominante que él no podía ser comprado ni domesticado y que hablaba en serio acerca de la aplicación de su programa de progreso social. Fue en ese momento que la clase dominante venezolana, y sus amos en Washington, comenzaron una campaña para derrocar a Chávez y destruir la revolución bolivariana. La campaña continúa y ha adoptado diferentes formas a lo largo de los años: golpe militar abierto, mentiras y distorsiones de los medios, intentos de asesinato, intimidación diplomática, agresión imperialista, sabotaje de la economía, por nombrar algunos.
Después de cada victoria de la revolución contra estos intentos, por la movilización de las masas en las calles, hubo una oferta de conciliación tras otra, se tendió una y otra vez la mano a la oposición. En todas las ocasiones la oligarquía retrocedió temporalmente, pero no para aceptar su derrota, sino para reagrupar sus fuerzas y esperar otra oportunidad adecuada para volver a la ofensiva.
Después de la ajustada victoria en las elecciones presidenciales el 14 de abril de 2013, Maduro hizo un llamamiento a los empresarios para que se mantuvieran alejados de la política y de la desestabilización y se concentraran en la producción. Ofreció la creación de zonas económicas especiales inspiradas en las de China, y liberalizar los controles de divisas. Incluso se habló de suspender algunos de los artículos de la Ley del Trabajo. Algunos tertulianos y periodistas bolivarianos radicales destacados fueron sacados de sus puestos de las cadenas estatales de radio y TV.
Nada de eso funcionó, por supuesto. Por un lado, la clase capitalista está en contradicción fundamental con la revolución bolivariana. Con el fin de operar normalmente y obtener beneficios necesitan destruirla, y así poder recuperar el control del aparato del Estado y sacar a las masas de la arena política.
Ya en septiembre, el gobierno estaba contra las cuerdas y todos los sondeos de opinión mostraban una pérdida constante de apoyo. Lo que cambió la situación fueron las duras medidas contra los capitalistas tomadas desde el inicio del mes de noviembre. Los planes para liberalizar el comercio de divisas fueron desechados. Las autoridades incautaron almacenes llenos de mercancías (comenzando con la cadena de productos electrónicos y de electrodomésticos Daka) y obligaron a las empresas a vender a “precios justos”. Uno de los mecanismos de especulación por parte de los capitalistas es a través de la importación de mercancías con dólares obtenidos de CADIVI, un organismo estatal, al tipo de cambio regulado de 6,3 y luego venderlos a precios calculados con la tasa del mercado negro de 40 a 1. De esta manera se pueden obtener márgenes comerciales de más del 1000%. Decenas de empresarios y capitalistas fueron arrestados en el proceso.
Las medidas del gobierno, introducidas con gran publicidad, tuvieron un impacto doble. Por un lado consiguieron que productos antes eran escasos o eran demasiado caros estuvieran disponibles al público. Por otro lado se reavivó el espíritu revolucionario de las bases bolivarianas. Vieron un gobierno que identificaba claramente al enemigo (Maduro se refirió a las tres principales organizaciones patronales: Fedecámaras, Consecomercio y Venamcham, como responsables de la guerra económica) y luego tomaba medidas duras contra ellos.
Esto era lo que el pueblo revolucionario quería ver. Esta ofensiva contra la guerra económica no sólo se limitó a la participación de funcionarios policiales y estatales, sino que hubo un esfuerzo concertado, en particular por parte del INDEPABIS, por involucrar a los trabajadores y el pueblo revolucionario. INDEPABIS es el organismo encargado de la defensa de los derechos de los consumidores y de luchar contra la especulación, y está dirigido por Eduardo Samán, una de las figuras más populares del ala izquierda de la dirección bolivariana.
Claramente, fue esta ofensiva la que permitió que el movimiento bolivariano no sólo ganara estas elecciones, sino que incluso aumentara su ventaja sobre la oposición.
La conclusión a sacar es obvia. El capitalismo no puede ser regulado. La oligarquía no detendrá su conspiración contra la revolución. Con el fin de evitar una mayor dislocación y sabotaje de la economía, los medios de producción, los bancos y las grandes haciendas de los terratenientes deben ser expropiados y puestos bajo el control de los trabajadores, para que puedan ser incorporados a un plan democrático de la economía. Esto significaría una enfrentamiento frontal con la burguesía y el imperialismo, que sólo se puede ganar mediante la más amplia movilización de las masas revolucionarias, con la clase obrera a su cabeza. Para que esto sea posible debe haber una purga a fondo del ala derecha y de los elementos corruptos e infiltrados dentro movimiento bolivariano, y que todo el movimiento sea puesto bajo el control de la base revolucionaria y le rinda cuentas a ella. Este es el único camino a seguir. Cualquier intento de conciliar con la clase dominante sólo conducirá a más sabotajes y ofensivas contrarrevolucionarias. Esta es la disyuntiva que está planteada después de esta victoria electoral.
