La ambición presidencial del falso profeta
Corroborando las sospechas que desde hace años se tenían sobre los intentos de proyectar su imagen, el empresario y líder del consorcio religioso protestante Maranatha, Javier Bertucci, ha abierto paso a su candidatura presidencial a través de Esperanza por el Cambio, movimiento fundado a raíz de las pretensiones políticas de éste y que ha mostrado un intenso y sorprendente despliegue de maquinaria, recursos, y un manejo comunicacional en su campaña nacional, incluso a ratos más audaz que el de Falcón. A pesar de que la inscripción de su candidatura se oficializó para los días finales de febrero, podría decirse que a través del tráfico de la fe cristiana, el personaje lleva años en campaña recorriendo todas las regiones del país, entregando sopas para mostrarse como el gran benefactor que el pueblo necesita.
Bertucci es una figura pública reconocida desde hace varios años, gracias a las emisiones televisivas del programa El Evangelio Cambia, donde resalta la exaltación a su persona como predicador superpoderoso, capaz de sanar con su palabra todos los males de quienes acuden a él. El ascenso de la iglesia de Bertucci, al igual que el conjunto de agrupaciones religiosas protestantes durante los últimos años, en parte obedece al altísimo nivel de desprestigio que ha evidenciado la iglesia católica, gracias a la obra de su cúpula concentrada en la Conferencia Episcopal; así como también a la búsqueda de cobijo espiritual de un sector de la población, ante la agobiante situación económica y social, expresión de cierta deriva conservadora y retrógrada, acompañante del proceso de reflujo que ha afrontado la revolución bolivariana durante los periodos precedentes.
El candidato, que por exigencia constitucional ha tenido que separarse de su puesto como pastor evangelico para optar a la presidencia de la República, está asociado a múltiples empresas agropecuarias y de suministros médicos, ubicadas tanto en Venezuela, como en Panamá, República Dominicana y Mami. Entre el prontuario judicial que pesa sobre Bertucci, destaca su vinculación a los Panama Papers; la existencia de una causa judicial mercantil sobre una de las compañías agropecuarias que representa, ubicada en el Estado Yaracuy, que explotaba y comercializaba madera; y su breve encarcelamiento en 2010 por el delito de contrabando, al intentar trasladar 5 mil toneladas de combustible diésel hacia República Dominicana, antes de que la justicia burguesa le otorgará el beneficio procesal de casa por cárcel.
Su reaccionario discurso moralista, como es de esperarse, apela a la necesidad de “rescatar los valores perdidos en la sociedad”, y la “restitución de los valores familiares”, aseveraciones que destapan risas viniendo de alguien que cuenta con semejantes antecedentes penales. Entre los puntos programáticos de su muy abstracta oferta, destacan la recuperación del aparato productivo –sin entrar en detalles–, la eliminación del control de cambios, el impulso de la educación como pilar social fundamental, y la petición de ayuda humanitaria internacional, detrás de la cual se encubren claras pretensiones intervencionistas por parte del imperialismo estadounidense.
De manera sorprendente, la candidatura de Bertucci ha despertado cierto interés, hecho que todas las encuestas reconocen al otorgarle intenciones de voto que rondan entre los 10 hasta los 15 puntos porcentuales. El fenómeno Bertucci es resultado de las condiciones excepcionalmente críticas que atraviesa Venezuela, y el enorme desprestigio que aqueja tanto a la derecha tradicional, su remolque socialdemócrata, y las fuerzas bolivarianas. Su negativa a declinar en favor de Falcón, responde a su necesidad de no despilfarrar el capital político amasado hasta ahora, el cual espera acrecentar para futuras contiendas electorales.
Desde Lucha de Clases expresamos nuestro más profundo rechazo a todo lo que este funesto personaje representa. Claramente, tratamos con un calculador empresario con grandes cualidades de oratoria, que de forma inteligente ha construido su imagen de hombre de fe, como cobertura a sus mafiosos negocios, y para impulsar su carrera política a fin de saciar su hambre de poder y expandir su entramado empresarial.
Maduro y el Frente Amplio de la Patria
En medio de una catastrófica crisis económica y social, Nicolás Maduro afronta el reto de revalidar su mandato presidencial, contando con grandes probabilidades de victoria en un proceso electoral que no será reconocido por la Unión Europea, EEUU y los 17 gobiernos del continente que conforman el lacayo grupo de Lima. Las notorias fracturas entre la derecha venezolana, cuyo liderazgo en su mayoría se halla inhabilitado; la inexistencia de una oposición de izquierda y el manejo clientelar de ciertos beneficios sociales gubernamentales, son algunas de las condiciones que explican la ventaja con la que parte Maduro para los comicios presidenciales.
Maduro ha presentado su candidatura como abanderado del llamado Frente Amplio de la Patria, coalición que, además de aglutinar a los partidos y movimientos de izquierda del otrora Gran Polo Patriótico, cuenta con un abanico de agrupaciones adicionales donde resaltan los empresarios bolivarianos de Fedeindustria, la Cámara Bolivariana de la Construcción, entre otros, en una reedición de la táctica del frente popular, con la cual se subordina el movimiento de masas y sus intereses al ala izquierda de la burguesía. Tal variante para estas elecciones, ilustra de manera clara la profundización de las tendencias derechistas dentro de la dirección bolivariana, y el divorcio de ésta del legado revolucionario de Hugo Chávez, quien con su desarrollo político al calor del avance de la revolución, fue entendiendo de a poco –aunque en ocasiones de manera confusa– la imposibilidad de conciliar los intereses de la oligarquía con los del pueblo trabajador y pobre.
En la senda de una campaña carente del más mínimo contenido de clase –donde la palabra socialismo ha desaparecido del discurso–, la oferta presidencial de Maduro se basa en generalidades vacías como “lograremos la prosperidad y el desarrollo económico” y “derrotaremos la guerra economica”, sin precisar las maneras en que se conseguirán tales objetivos, y en el caso de la segunda frase, dejando de lado la obviedad de que en una guerra se debe derrotar al enemigo (la burguesía y el imperialismo) y no a la guerra en si. El aspecto más incongruente del discurso del candidato bolivariano, parte de la realización de promesas –como las que antes se señalaron– desde una posición de aspirante a la presidencia y no como presidente en funciones, con plenas facultades y con suficiente poder como para emprender soluciones a los terribles problemas que aquejan a la mayoría de venezolanos.
Uno de los puntos focales a seguir en estas presidenciales es el nivel de participación que pueda registrarse. Mientras la mayoría de fuerzas de la derecha agrupadas en el FAVL llaman a la abstención, en un intento de pujar por la deslegitimación de las elecciones; la dirigencia bolivariana apela a los máximos esfuerzos de sus bases y su maquinaria para lograr 10 millones de votos –los que nunca pudo alcanzar Chávez– y así concretar una “victoria perfecta”. La posibilidad de que Maduro obtenga la cantidad de votos solicitada es muy poco factible. Sin embargo, la muy probable victoria de éste estriba no solo en las condiciones referidas en el primer párrafo del presente apartado, sino también en la casi segura movilización del llamado voto duro chavista, el cual se ha situado históricamente –incluso en las derrotas– en el orden de los 5 millones de votos, expresión de la arraigada fidelidad de un amplio sector de las masas pobres hacia la revolución, que las despertó a la vida política, les brindó innumerables derechos y conquistas en las primeras etapas del proceso, y que hoy se niega a permitir el retorno de la derecha al poder, a pesar de las inconsistencias de la dirección bolivariana para la defensa de sus intereses de clase y las terribles calamidades que han tenido que afrontar en los últimos años de profunda crisis. Pero a diferencia de otros procesos eleccionarios, actualmente las cosas no se presentan de la forma acostumbrada. Desde el chavismo más apegado al liderazgo de Maduro hasta algunos sectores un poco más hacia la izquierda –aunque con diferencias de enfoques–, se habla menos de la necesidad de salir a votar para defender la gestión del gobierno, o por convicción de que finalmente avanzaremos hacia un mejor futuro. La razón que predomina entre las bases bolivarianas para salir a votar radica en la obligación de frenar: las pretensiones golpistas de la derecha abstencionista, que demanda una baja participación electoral; a Falcón y su propuesta de dolarización y ajuste; y al imperialismo estadounidense y su injerencismo. Claramente, se puede notar que las esperanzas sobre un posible vuelco hacia la izquierda por parte de la dirección bolivariana se están disipando. La combatividad de las fuerzas chavistas se agotan con el paso de los días. Los bajos niveles de movilización registrados el primero de mayo y en el cierre de campaña (17 de mayo) dan cuenta de dicha situación. Superadas las elecciones y si los pronósticos se cumplen, Maduro y la burocracia ya no tendrán más excusas para seguir escurriendo el bulto sobre las soluciones que sus bases demandan.
Desde Lucha de Clases, manifestamos toda nuestra simpatía con el instinto de clases que expresan las masas trabajadoras en esta difícil coyuntura. Respaldamos y acompañamos toda su iniciativa de luchar contra la burguesía y el imperialismo con medios revolucionarios. Sin embargo, es para nosotros vital clarificar que el accionar del gobierno en los últimos años, lejos de combatir las amenazas de la reacción, condiciona las posibilidades para que las clases dominantes se hagan del control absoluto del Estado tarde o temprano, mientras destrozan los niveles de vida del pueblo trabajador así como su capacidad de organización. El levantamiento del control de precios, la flexibilización del control de cambios, el lanzamiento del Petro como mecanismo de empeño de producción petrolera futura y agente de liberalización cambiaría, las Innumerables concesiones al empresariado parásito nacional, la creación de Zonas Económicas Especiales, el otorgamiento de ventajas de explotación minera y petrolera a transnacionales en el AMO y la FPO, la promulgación de la Ley de Promoción y Protección a la Inversión Extranjera en Venezuela, el pago puntual de la deuda externa, los ataques a la organización sindical clasista, y la asfixia burocrática de todas las instancias de participación popular y control obrero; son solo algunos de los innumerables indicios que nos muestran la tendencia retrógrada de la dirección bolivariana, la cual, responsablemente debemos advertir que será profundizada en un nuevo periodo presidencial. Tal diagnóstico nos invita a presuponer que ante el redoble de las presiones políticas y económicas que se ejercen tanto desde el norte, como en el plano interno, la respuesta gubernamental se basará en la negociación. Maduro ya ha anunciado su disposición para iniciar otro proceso de diálogo, con el cual intentará negociar estabilidad a cambio de más concesiones a la oligarquía y sus amos imperialistas, y a costa de seguir comprometiendo los intereses de las grandes mayorías pobres.
Independientemente de los resultados, a la clase trabajadora venezolana le esperan intensas luchas que requerirán temple, combatividad, pero sobretodo organización. Los trabajadores y pobres no podemos permitirnos más retrocesos. Resulta claro que nos urge la construcción de una alternativa revolucionaria, blindada con un sólido programa marxista que oriente una salida a la crisis en favor de nuestros intereses. Este llamado, que venimos haciendo desde hace meses, no solo se torna imperante en el presente, sino que cobrará mayor fuerza en la medida en que el tiempo corrobore la bancarrota de la burocracia bolivariana para superar la crisis en favor de las mayorías oprimidas. A la par de lo anterior, es imperativo conformar consejos de trabajadores socialistas, en cada fábrica y centro de trabajo, capaces de dar nacimiento e impulso a un poderoso movimiento por el control obrero, como paso decisivo hacia la edificación de un nuevo poder llamado a suplantar al podrido Estado burgués y el régimen de organización capitalista de la producción.
La salida a la crisis estructural del capitalismo venezolano en favor de las clases oprimidas, consiste en la edificación de una economía planificada sobre los siguientes cimientos: expropiación de las grandes industrias bajo control obrero; expropiación de todos los latifundios bajo control campesino, para emprender una genuina reforma agraria que permita el desarrollo de una industria agroalimentaria y genere la materia prima que el aparato productivo nacional necesita; nacionalización sin compensación de la banca y las aseguradoras, para poner sus recursos –sobre todo las incalculables ganancias– al servicio de un plan de producción, en empresas estatales y bajo control obrero; y creación de un monopolio estatal sobre el comercio exterior, que acabe con la crónica fuga de divisas a las cuentas de la burguesía, permitiéndole al Estado venezolano retener la riqueza del país para invertirla en el desarrollo de la producción agrícola e industrial. Todo lo anterior, debe venir acompañado de una auditoria –por parte del nuevo Estado obrero– de todas las instituciones y empresas públicas y privadas –como CADIVI-CENCOEX y PDVSA– implicadas en los innumerables actos de corrupción que desangraron las arcas del país, para proceder a encarcelar y confiscar los bienes de todos los responsables. También, es vital suspender los pagos de la deuda externa, la cual ha supuesto sacrificar recursos para la importación de alimentos y medicinas en los últimos años, gracias al empeño del gobierno en cancelar hasta el último centavo, priorizando las ansias de lucro de los buitres especuladores por encima de las necesidades del pueblo.
Así pues, la situación demanda una salida de dos posibles: o la crisis la pagan los burgueses, banqueros y terratenientes; o la pagan los trabajadores, campesinos y pobres en general. A pesar de que la dirección bolivariana cree estar conduciendo por una ruta intermedia, actualmente avanzamos por el segundo camino descrito, solo que a paso más lento. En realidad no existen vías alternativas. Es momento de que la clase obrera se organice y levante para acabar con su estado de atomización actual y haga valer sus intereses de clase.
