El texto que presentamos a continuación corresponde al Documento de Perspectivas para Venezuela 2025, aprobado en el X Congreso de la sección venezolana de la Internacional Comunista Revolucionaria (ICR), anteriormente conocida como Lucha de Clases y ahora rebautizada como Revolución Comunista. Este documento analiza las tendencias generales de la situación política, económica y social, con el interés de dilucidar los posibles escenarios que podrían desarrollarse en el corto y mediano plazo. Se hace especial énfasis en las repercusiones del fraude electoral del 28 de julio, perpetrado por la dirigencia del PSUV para preservar el poder, así como en la política de la derecha proimperialista que busca generar fisuras y levantamientos en el seno de las fuerzas armadas. Invitamos a los revolucionarios consecuentes de Venezuela y el mundo a leer, discutir y difundir esta contribución al debate de Revolución Comunista.
Nuevamente Venezuela se encuentra en medio de una profunda crisis política. Tras los acontecimientos que siguieron a las elecciones presidenciales del 28 de julio, la lucha por el poder en el país ha tomado otra dimensión. Mientras la cúpula del PSUV se aferra al poder a través del fraude electoral y la represión, la derecha proimperialista intenta fracturar al gobierno exhibiendo su ilegitimidad y autoritarismo, toda vez que llama a la intervención de las fuerzas armadas. El 10 de enero de 2025 está pautada la toma de posesión de Nicolás Maduro para un tercer mandato presidencial. Esta jornada plantea una serie de amenazas y escenarios que pueden marcar decisivamente el curso histórico venezolano de los próximos años.
La inestabilidad política resultante ya está comprometiendo la continuidad del relativo crecimiento económico y el descenso de la inflación de los últimos años. Menores expectativas de inversión y una brecha cambiaria en expansión son solo indicios de la situación que se avecina. Como de costumbre, la clase obrera y el pueblo pobre serán los principales perjudicados. Años de austeridad extrema y vulneración sistemática de sus niveles de vida, en uno de los países más desiguales del continente y el mundo, impidieron que en el período anterior el pueblo trabajador se beneficiara sustancialmente de la recuperación económica. El látigo del conflicto político en desarrollo amenaza la sostenibilidad de los pocos derechos y conquistas que aún se mantienen en pie, y que la clase obrera está obligada a defender por todos los medios.
Pese al temor y el pesimismo que hoy reinan entre amplios sectores del pueblo trabajador, la breve insurrección popular del 29 y 30 de julio fue un gran aviso para los factores dominantes de la política nacional. La represión gubernamental se ha dirigido principalmente contra los barrios y sectores populares, con el fin de impedir una nueva sublevación de masas. Sin embargo, la situación actual de reflujo puede cambiar en cualquier momento al calor de la inestabilidad política imperante. Por lo pronto, la inexistencia de una alternativa revolucionaria supone que la crisis política puede marchar en varias direcciones, pero sin ningún desenlace favorable para el pueblo trabajador.
Entretanto, la administración saliente de la Casa Blanca sigue promoviendo su estrategia de doble vía frente a Venezuela. Por un lado, clama públicamente por una solución negociada a la crisis, mientras que por otro auspicia conspiraciones en el seno del gobierno y las fuerzas armadas para producir un cambio de régimen. No obstante, la elección de Donald Trump como comandante en jefe del imperialismo estadounidense proyecta ciertos cambios en la política exterior de Washington, y por ende, en las relaciones con Venezuela.
Del otro lado del tablero, China y Rusia siguen proporcionando apoyo incondicional a Maduro en el terreno diplomático, pero sin hacer lo propio en los campos de mayor interés para este último: financiamiento y grandes inversiones.
Toda esta situación se enmarca en medio de la crisis mundial del capitalismo, la cual se expresa en inestabilidad económica, proteccionismo y guerras comerciales, aumento de los conflictos interimperialistas, terribles masacres como la que tiene lugar en Gaza, amenazas de guerra en varios puntos del globo y un descontento creciente entre la clase obrera y la juventud. Los riesgos de desplome económico mundial, en forma de crack financiero y recesión, no desaparecen. Venezuela no escapará de las convulsiones económicas y geopolíticas internacionales propias de la senilidad del sistema capitalista.
Resulta necesario analizar las tendencias generales de la situación nacional, para prever posibilidades y escenarios en el corto y mediano plazo. Los comunistas revolucionarios debemos guiar nuestra acción no en fórmulas preconcebidas, sino en las condiciones concretas. El éxito en nuestro trabajo depende en buena medida de la comprensión efectiva de esta verdad.
Crecimiento económico
Luego de la debacle recesiva del periodo 2013 – 2021, la economía venezolana ha experimentado una leve recuperación, que en términos de Producto Interno Bruto (PIB) se ha sostenido por 14 trimestres consecutivos. Hablamos de un repunte macroeconómico, que en un contexto de profundas desigualdades sociales, ha beneficiado fundamentalmente a la vieja burguesía y a la capa de nuevos ricos del PSUV. Aunque todos los organismos e instituciones especializadas estiman la continuación del crecimiento para el cierre del presente año, para algunas este ha mostrado una tendencia a la desaceleración desde 2022.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó el crecimiento del PIB venezolano en un 10% en 2022 y un 4% en 2023. Para el cierre del año en curso pronostica un alza del 3%, evidenciando una tendencia continuada a la desaceleración. Por su parte, la firma Ecoanalítica proyecta un crecimiento de un 4,2% para el 2024, cifra que coincide con la aportada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en la que se evidencia una recuperación moderada con respecto a 2023.
Las perspectivas económicas para el 2025 lucen, en las primeras de cambio, poco alentadoras. Como veremos, la crisis política nacional ya está afectando negativamente el desempeño de la economía. En este sentido, las expectativas de agravamiento de la crisis para enero de 2025, a partir de la toma de posesión de Maduro, incidirá en menor inversión y paralización de planes y acuerdos suscritos con empresas extranjeras, sin descartar nuevas sanciones imperialistas al sector clave de la economía nacional: la industria petrolera.
El gobierno y sus medios de propaganda han catalogado el crecimiento de los últimos años como un “milagro económico”, una exageración que no aguanta el más superficial de los análisis. Aunque los datos presentados exhiben evidentes mejoras con respecto al periodo recesivo, es necesario relativizar los números. Los mismos parten de niveles paupérrimos, propios de una economía que previamente colapsó hasta tocar fondo y que requiere avances altamente significativos, si se pretende aspirar a concretar una verdadera recuperación.
León Trotsky, en su artículo, La curva de desarrollo capitalista (1923), analizaba la dinámica de los ciclos económicos entre periodos de crisis y auge capitalista. En dicho texto refirió lo siguiente: “(…) Si el auge restaura con un excedente la destrucción o la austeridad del período precedente, entonces el desarrollo capitalista está en ascenso. Si la crisis, que significa destrucción, o en todo caso contracción de las fuerzas productivas, sobrepasa en intensidad el auge correspondiente, entonces obtenemos como resultado una contracción de la economía. Finalmente, si la crisis y el auge se aproximan entre sí en magnitud, obtenemos un equilibrio temporario –un estancamiento– de la economía (…)”.
En las líneas anteriormente citadas, Trotsky señala que un país supera la crisis una vez sus niveles de crecimiento económico igualan o exceden los de la etapa previa a la recesión. Si se toma en cuenta que para el año 2021 la economía venezolana se había reducido a un 25% del tamaño que tenía en 2013 –según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL)–, el crecimiento de los últimos años es totalmente insignificante y se encuentra muy lejos de igualar el estado económico precedente a la recesión. Más allá de la propaganda gubernamental, la realidad es bastante clara: Venezuela no ha salido de la crisis económica y, como veremos, las condiciones nacionales e internacionales invalidan cualquier superación de la misma dentro de los márgenes del sistema capitalista.
El crecimiento del PIB de los últimos años descansa principalmente en la leve recuperación de la producción petrolera y el contexto internacional de altos precios del crudo, que elevó la recaudación fiscal y las finanzas públicas. Según el Banco Central de Venezuela (BCV), el sector petrolero registró alzas del 54,13 y 64,83% durante los trimestres III y IV del 2021, las cuales sustentaron la salida del país de la recesión. Posteriormente, el PIB petrolero ha mantenido su influencia decisiva en la tendencia alcista de la economía, aunque con números cada vez más reducidos. Esta es la principal razón que explica la desaceleración del crecimiento del PIB.
En un segundo plano, la minería también ha aportado en el crecimiento del PIB. Se trata de otra actividad extractivista donde el país exporta un recurso de alto valor internacional, a cambio de migajas, muy poca transferencia de tecnología y conocimientos, contaminación de los cursos de agua, aumento de la criminalidad organizada y devastación de los bosques tropicales a niveles sin precedentes. Datos del BCV han mostrado importantes tasas de crecimiento de este sector en los últimos años, destacando el 20,20% del tercer trimestre de 2022, el 18,60% del cuarto trimestre de 2023 y el 22,78% del segundo trimestre de 2024.
Otro factor impulsor del repunte económico ha sido la relativa reactivación del consumo, en un mercado catastróficamente reducido por la diáspora de los últimos años. La política antiobrera del gobierno, y por consiguiente, los salarios de hambre y la destrucción general de los niveles de vida, obligaron a un gran porcentaje de la población a emigrar y otro a dedicarse a actividades de la economía informal. Conforme fue creciendo el envío de remesas desde el extranjero, y la población que se quedó en el país generó ingresos en la informalidad, el consumo de bienes y servicios aumentó en comparación con los años de la escasez crónica de productos, la hiperinflación y la notoria pérdida de peso de la población.
Sin embargo, en un ámbito más general, el consumo y la demanda de bienes y servicios siguen siendo débiles, resultado de los bajos salarios en todos los sectores económicos y los límites infranqueables de las remesas y los precarios ingresos de la buhonería. Tal situación supone un contrapeso decisivo al crecimiento económico. Datos de CEDICE apuntan a que durante el primer trimestre de 2024 el consumo final privado (cantidad total de dinero que gastan las familias para satisfacer necesidades) aumentó un pírrico 2,2%, en comparación con el mismo periodo de 2023.
El consumo familiar es un indicador clave en la economía, al punto de ser considerado uno de los motores fundamentales para el crecimiento. Expectativas de aumento sostenido en este apartado, se supone, motivarían a la industria nacional a aumentar la producción. A pesar de lo anterior, las principales patronales del país (Fedecámaras, Conindustria, Consecomercio y otras) han pactado con el gobierno los bajos niveles de salarios actuales, mientras priorizan en sus empresas el pago de montos más elevados que los del sector público, pero constituidos por bonos sin incidencia en las prestaciones sociales.
Inflación
En cuanto al comportamiento de la inflación, el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) registró la misma en un 305% en 2022 y un 193% en 2023, proyectando la continuación de la tendencia a la baja en un 42,5% en 2024. La clave de la desaceleración de la inflación radica en la brutal política de ajuste macroeconómico del gobierno que ha mantenido sumergida la demanda y el gasto público, mientras ha empleado recursos de la recuperación de los ingresos petroleros para estabilizar el tipo de cambio.
Resistiendo la presión de la clase obrera del último periodo, el gobierno ha mantenido el salario base en 126 Bs desde marzo de 2022. En primer lugar, lo hace para mantener represado el consumo familiar, y de esta manera evitar mayores presiones de demanda que eleven los precios en el mercado nacional. Por supuesto que este cálculo presupone la incapacidad de la industria nacional para crecer de manera sustancial, hecho que si se produjera compensaría la demanda y más bien se basaría en ella para seguir creciendo, tal y como usualmente ocurre en cualquier economía capitalista normal. En segundo lugar, el gobierno no aumenta salarios para seguir con su fallido intento de atraer las mega inversiones que se requieren en la economía, las cuales no terminan de llegar mientras siguen corriendo los años.
Uno de los factores decisivos que permitió a Venezuela salir de la hiperinflación (2017-2021) fue la reducción del déficit fiscal. Antes de la implementación formal del paquete de ajuste madurista a partir de agosto de 2018, el déficit fiscal alcanzaba porcentajes cercanos al 20% del PIB. Con la entrada en escena del “Programa de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad”, el gasto público, y por ende el déficit fiscal, fue reducido de manera considerable. Un reciente informe del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) reveló que el déficit fiscal de 2023 cayó al 8,9% –el menor de la década– y se proyecta un aumento hasta el 13% en 2024. Esta estimación de incremento responde a un gasto excepcional por parte del gobierno para la campaña presidencial de Nicolás Maduro. Sin embargo, el desembolso gubernamental en 2024 se mantiene dentro de un margen que no rompe con la tendencia a la fuerte restricción del gasto público desde 2018.
Por otro lado, en el esfuerzo de desaceleración de la inflación, el gobierno mantiene una severa política de encaje legal situada en un 73%. El encaje legal quiere decir el porcentaje de dinero que los bancos deben mantener depositados en reserva en las cuentas que cada uno tiene en el BCV, al cierre de sus operaciones. Tal medida tiene como fin controlar la liquidez monetaria en la economía e impedir presiones de demanda inflacionarias. El problema de dicha política es que restringe la disposición de créditos para el consumo privado y las empresas, lo que también limita las posibilidades de crecimiento económico. Aunque el gobierno ha prometido a la banca reducir el encaje legal, creemos que la elevación que ha registrado recientemente el tipo de cambio lo obliga a incumplir dicha promesa.
Durante los últimos años, el BCV ha controlado con relativo éxito las alzas del precio del Dólar mediante permanentes inyecciones de divisas al sistema financiero nacional. Esta medida, combinada con las anteriormente expuestas, en algún momento equilibró la demanda de dólares en la economía y permitió cierto retroceso de la dolarización informal. Los recursos para las intervenciones cambiarias surgen de la quema de reservas internacionales y el mayor ingreso de dólares por exportaciones petroleras, lo que da cuenta de lo tremendamente costosa e inestable que resulta esta política.
Para tener una idea, en 2023 el BCV inyectó un total de 4.789 millones de dólares al sistema financiero, una disminución del 11.31% respecto al año anterior. Las recientes presiones al alza del tipo de cambio están obligando al gobierno a aumentar los montos de las intervenciones, lo que cuestiona la sostenibilidad efectiva de esta política ante una eventual caída de los ingresos petroleros, un endurecimiento de las sanciones imperialistas o ambas. Hasta el 21 de octubre, los desembolsos en 2024 alcanzaron un total de 4.258 millones de dólares, un 23,67% por encima del monto inyectado en el mismo periodo de 2023.
Como consecuencia de la crisis postelectoral, combinada con la dinámica alcista de finales de año, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo ha aumentado un 20% entre septiembre y noviembre. Según José Guerra, economista miembro del OVF, el tipo de cambio oficial aumentó un 12% y el paralelo un 7% en noviembre. Tal situación refleja una mayor pérdida de confianza hacia el Bolívar, lo que ha disparado la demanda de dólares y con ello la caída del valor de la moneda nacional. En 10 meses de 2024, la depreciación del Bolívar, según el tipo de cambio paralelo, se aproxima a un 30%. Las perspectivas de agudización de la crisis política en 2025 no harán más que empeorar este problema, con severas repercusiones para el bolsillo de los trabajadores y la economía en general.
El parasitismo de la burguesía venezolana
La clase capitalista tradicional mantiene una huelga de inversiones, que inició a finales de la década de 1980 y se sostuvo en la siguiente, pese a la máxima liberalización promovida por Cordiplán. Aunque analistas e intelectuales burgueses insisten en que la destrucción de la industria nacional es responsabilidad de Hugo Chávez y “el socialismo”, nunca dicen nada sobre el hecho de que este proceso comenzó antes de que el fallecido presidente llegara al poder.
Es cierto que la huelga de inversiones y la fuga de capitales del sector privado se profundizó a partir del inicio de la Revolución Bolivariana, dada la política progresista de nacionalizaciones en sectores focalizados, al control obrero y la auto-organización popular (Consejos Comunales, Consejos Campesinos, Comunas, entre otras instancias). Pero esta fue la respuesta obvia de una parasitaria clase poseedora, empeñada en sostener sus privilegios, totalmente opuesta al desarrollo nacional y a la entonces mejora en las condiciones de vida para las masas. También fue el resultado obvio de una revolución frenada, descarrilada y por demás inconclusa.
Los revolucionarios venezolanos debemos explicar en todo momento que la crisis de la última década no fue obra del socialismo, el cual nunca fue edificado en nuestro país. La crisis económica nacional resultó de las fallas estructurales del capitalismo rentista criollo, de la crisis capitalista mundial y las contradicciones en el mercado petrolero, que hundieron el precio del crudo en 2014 y las finanzas venezolanas en consecuencia. Además, la anterior política reformista de controles y regulaciones a la economía impidió que el mercado funcionara con regularidad, sin tampoco sustituirlo por una economía planificada, lo que se tradujo en escasez, mercados negros, especulación e hiperinflación. La rotunda oposición de la dirección del PSUV a completar la revolución, resultó en la imposición fáctica de las leyes del mercado, que no hacen más que reflejar los intereses de las clases históricamente dominantes.
Sobre los hombros del repunte económico, la producción industrial ha crecido en los últimos años, aunque a márgenes nada significativos tomando en cuenta la depresión crónica del sector. La Encuesta de Coyuntura Industrial del segundo trimestre de 2024 –elaborada por Conindustria–, arrojó que la producción manufacturera creció un 23,1% con respecto al mismo periodo de 2023. La insuficiencia de tal crecimiento se demuestra en el hecho de que en promedio la industria operó a un 37,5% de su capacidad instalada –2,4 puntos menos que el cuarto trimestre de 2024–, cuando en países como Brasil o Colombia la cifra se aproxima a un 80%. La misma fuente indicó que el 30% de la pequeña industria utilizó solo el 20% de su capacidad instalada. Los datos anteriores exhiben cierta reactivación de actividades puntuales, en un contexto de baja operatividad e inversión.
Siguiendo la encuesta que hemos citado, para el 75% del gremio Industrial el principal problema que afecta a la producción lo constituyen los “excesivos tributos fiscales y parafiscales”, seguido de la baja demanda de bienes y servicios con un 63%. El entorno macroeconómico, con un 37%, reviste el quinto inconveniente para el sector. Lo anterior quiere decir que tanto para los industriales como para el resto de la burguesía tradicional, la draconiana política económica del gobierno –así como los sacrificios y privaciones impuestas al pueblo trabajador– ha sido insuficiente. Esto se traduce en una baja confianza, y en consecuencia, una poca o casí nula disposición a invertir.
Para el marxismo la clave del progreso económico y social radica en el desarrollo de las fuerzas productivas. Un crecimiento económico sólido y sostenible –como el que demanda nuestro país– depende en gran medida de la inversión en la formación de medios de producción o capital fijo (fábricas, maquinarias, equipos, entre otros). Un indicador importante que nos permite medir el avance, estancamiento o declive en este terreno es la Formación Bruta de Capital Fijo. Según CEDICE, para el cierre del primer trimestre del 2024 en relación al mismo periodo de 2023, este parámetro aumentó un 2,9% en una línea de decaimiento de las inversiones. Este es un número bastante pobre dadas las enormes necesidades de la economía nacional. El mismo evidencia, una vez más, que el objetivo de desarrollar el aparato productivo se torna inalcanzable de la mano de una clase capitalista a la cual ningún estímulo o concesión le basta.
Por otro lado, los distintos grupos de poder que componen el gobierno han saqueado el erario público para su propio beneficio, lo que ha llevado al surgimiento de una capa de nuevos ricos que, además de fugar parte de sus botines a paraísos fiscales, lavan capitales en el país presentándose como los nuevos “héroes” empresariales sobre los que descansa el futuro nacional. El Estado ha servido como base para la formación de una suerte de burguesía emergente, que a la luz de los hechos ha demostrado ser más corrupta y parasitaria que la propia clase dominante tradicional. Parte de estos sectores han dirigido ciertas inversiones hacia áreas comerciales y especulativas, amparados en la libre importación de bienes y la economía de bodegones. Otros, que se han hecho de empresas públicas mediante movidas corruptas, se han adaptado muy bien a la dinámica parasitaria, precaria y atrasada del capitalismo nacional. Pensar que estos maestros del pillaje impulsarán el desarrollo económico de Venezuela es el mejor chiste jamás contado.
Fuera de cualquier duda, las condiciones históricas de atraso del capitalismo venezolano reclaman una nueva revolución, encabezada por la clase obrera, que sea capaz de llegar hasta las últimas consecuencias en cuanto a la expropiación completa de toda la burguesía, la instauración de una economía planificada bajo control de los trabajadores, la activación de toda la capacidad instalada de la industria y el desarrollo efectivo de las fuerzas productivas.
Inversión extranjera
Un punto en el que coinciden todos los políticos burgueses de los países de capitalismo atrasado, ya sean reformistas, liberales, conservadores o incluso nacionalistas, es la “necesidad” de crear las condiciones adecuadas para atraer la inversión extranjera, presentada como una supuesta “alternativa” para alcanzar el desarrollo económico. Esta perspectiva no es casualidad, sino el resultado directo de la incapacidad de la burguesía de estos países para convertirse en agentes determinantes del progreso social. Como hemos visto, Venezuela hace parte de esta realidad.
Trotsky comprendía muy bien este fenómeno cuando formuló su teoría de la Revolución Permanente. Según esta, con el ascenso del imperialismo, el mercado mundial quedó dominado y repartido entre un reducido grupo de potencias capitalistas. Las burguesías de las naciones atrasadas llegaron tarde a la escena histórica y se insertaron en la economía mundial en condiciones de dependencia y subordinación. Estas burguesías actúan como lastres que obstaculizan el desarrollo económico y social, no solo por estar ligadas a los intereses del capital imperialista, sino también a los de los terratenientes. Se oponen a la consecución de conquistas democrático-nacionales, como la emancipación del dominio imperialista, la reforma agraria, la industrialización y las libertades democráticas para la población, todas fundamentales para encauzar a sus países hacia auténticas vías de desarrollo. En estas circunstancias, solo la clase obrera, al frente de todos los sectores oprimidos, tiene la capacidad de liberar a estos países de su atraso secular mediante una revolución que complete las tareas democrático-nacionales pendientes y avance simultáneamente hacia objetivos socialistas.
En Venezuela, la dirección del partido en el poder, en contraposición a las políticas de defensa nacional promovidas por Chávez, ha ofrecido numerosas ventajas para la explotación de las riquezas del país, estableciendo Zonas Económicas Especiales, desregulando la economía y creando un marco legal para tal fin. Maduro no solo ha implorado inversiones de capitales chinos, rusos y turcos, sino también de multinacionales europeas y estadounidenses. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, nuestro país sigue despertando interés, única y exclusivamente, en sus enormes riquezas naturales, concretamente en los sectores energético y minero.
Las Zonas Económicas Especiales (ZEE), ahora respaldadas por una Ley Orgánica promulgada en 2022, se erigen como la principal esperanza económica del madurismo para el futuro. Con cinco nuevas ZEE designadas –Paraguaná, Puerto Cabello-Morón, La Guaira, Isla de Margarita e Isla La Tortuga–, el gobierno promete diversificar la economía nacional que ha estado históricamente atada a la producción petrolera. Sin embargo, a pesar de los ambiciosos planes y los incentivos fiscales y arancelarios ofrecidos –como el reintegro del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) y beneficios en aranceles para insumos importados–, el impacto de esta política ha sido notablemente limitado. La falsa promesa de estas zonas como motores de desarrollo se enfrenta a un entorno económico en ruinas, donde el colapso de infraestructuras y servicios básicos ahogan cualquier interés. La inestabilidad política y la desconfianza hacia el gobierno han llevado a muchos potenciales inversionistas a mantenerse al margen, reacios a arriesgar capital en un contexto tan riesgoso. Además, como es habitual en estas zonas, la flexibilización laboral y la vulneración sistemática de los derechos de los trabajadores son la norma dominante, incluso en mayor medida que a escala nacional.
En este contexto, queda claro que las ZEE no lograrán cumplir con su objetivo de revitalizar la economía venezolana. A pesar de las labores por crear un marco atractivo para el capital, el gobierno se muestra incapaz de atraer las megainversiones necesarias para recuperar nuestra devastada economía. Así, las ZEE se presentan como un nuevo intento fallido que se suma a la larga lista de fracasos maduristas.
Por otro lado, la política minera del gobierno, centrada en el Arco Minero del Orinoco, revela una total falta de transparencia y un enfoque extractivista que prioriza la atracción de capitales de diverso tipo y a cualquier costo. Dicha política ha atraído inversiones de empresas como Gold Reserve, que había sido expropiada y expulsada del país durante el gobierno de Chávez por razones políticas y de derechos humanos. Sin embargo, Maduro ha reabierto las puertas a esta empresa, otorgándole nuevas concesiones para la explotación de minas. Además de Gold Reserve, el gobierno ha concedido facilidades para que capitales de países aliados como China, Rusia y Turquía hagan parte de la explotación de oro, coltán, bauxita, diamantes, entre otros. Pero a pesar de todo este empeño, el arribo de capitales sigue siendo limitado, lo que vuelve a poner de manifiesto la falta de confianza en el gobierno y su profunda corrupción, además de la inestabilidad política del país.
El Arco Minero se ha convertido en un escenario de creciente violencia y disputas entre grupos armados que controlan la extracción ilegal. Este caos ha generado un ambiente donde los derechos humanos son sistemáticamente violados, con la total complicidad del Estado. La explotación minera ha llevado a un desastre ambiental en numerosos territorios, con el uso indiscriminado de mercurio y otras sustancias tóxicas que contaminan ríos y suelos, afectando tanto a comunidades indígenas como a trabajadores. Las condiciones laborales son tormentosas; muchos mineros sufren extorsiones por parte de grupos criminales que imponen reglas arbitrarias y castigos severos –como mutilaciones y asesinatos– por incumplimientos. Este ambiente no solo permite la fuga de riqueza natural del país, sino que también propicia un modelo extractivista depredador y miserable. En última instancia, la política minera madurista es un reflejo fiel de la putrefacción de su régimen.
Hemos visto y leído como analistas burgueses de la derecha y el PSUV se esmeran por explicar las bondades de la inversión extranjera, al punto de emocionarse ante la posibilidad de que multinacionales imperialistas vengan a explotar el suelo y subsuelo venezolano, además de la mano de obra más barata de la región. Pero la realidad no deja espacio para el optimismo. Las condiciones actuales de crisis orgánica del capitalismo, donde los países dominados por el imperialismo ofrecen o son forzados a rematar sus recursos, reducir impuestos y regalías, desregular sus economías y destruir derechos laborales para atraer inversiones, anulan casi todas las posibilidades de que estos Estados vean los frutos de su riqueza potencial, explotada y aprovechada por otros. Eso es precisamente lo que se pretende hacer con las ZEE y las ventajas que se están ofreciendo a las multinacionales energéticas. Como dijo el comunista Orlando Araujo en su libro Venezuela Violenta: “La miseria es nuestra, la riqueza es ajena”.
La “cooperación” de Rusia y China
Desde el gobierno de Chávez, Venezuela ha reforzado sus relaciones diplomáticas con Rusia y China, o en otras palabras, se ha encadenado a un proceso de dependencia política, financiera y militar con estas potencias. Aunque en el pasado estas relaciones se materializaron en inversiones y financiamiento, la situación se convirtió en su opuesto una vez estalló la crisis del capitalismo criollo. Para Maduro, la incorporación de Venezuela a los BRICS constituye su principal objetivo internacional.
Con Rusia, Venezuela ha establecido una relación que se manifiesta principalmente en acuerdos energéticos –cada vez más intrascendentes– cooperación militar y la adquisición de armas y equipos diversos. A pesar de que Rusia sigue teniendo presencia en el negocio energético venezolano, sus inversiones en las empresas mixtas con PDVSA han sido casi inexistentes, especialmente desde 2020 cuando la compañía Rosneft vendió sus activos en nuestro país a la estatal rusa Roszarubezhneft, tratando de evitar sanciones.
Por otro lado, la relación con China refleja una tendencia similar. En 2005, China otorgó a Venezuela préstamos por un total aproximado de $67.000 millones y, en 2016 –última vez que respaldó al gobierno venezolano–, proporcionó $2.200 millones para el sector petrolero. Hasta la fecha, nuestro país sigue pagando estas deudas mediante envíos de petróleo a puertos chinos, cuyos volúmenes varían según el momento. China es el principal comprador de petróleo venezolano, con una estimación aproximada de 380.000 barriles por día hasta octubre de 2024. Aunque varias compañías energéticas del gigante asiático tienen participaciones en empresas mixtas con PDVSA, estas no han mostrado interés en invertir en la expansión de la producción en Venezuela. Por otra parte, las multinacionales chinas de otros sectores económicos tampoco han mostrado disposición para invertir en la industria nacional y tampoco en las ZEE, a pesar de las enormes facilidades que Maduro ofrece.
En un principio, Venezuela representó para el gobierno chino una puerta de entrada a la venta de sus mercancías en el Mercosur. Sin embargo, con el aislamiento internacional que sufrió el gobierno de Maduro a raíz de las sanciones imperialistas y el posterior desconocimiento internacional a su reelección en 2018, el interés chino en Venezuela descendió considerablemente. En su lugar, China ha priorizado el establecimiento de negocios directos con los países del Mercosur y la región. Actualmente, para el gobierno chino y su pragmatismo tradicional, la relación con Venezuela se centra principalmente en la recuperación de sus préstamos. En este contexto, nunca ha sido más acertado el dicho de que en las relaciones internacionales no hay amigos sino intereses.
Como vemos, a pesar del apoyo diplomático que China y Rusia han brindado a Maduro, este no se ha traducido en una cooperación económica efectiva. Sin embargo, a los gobiernos de estas potencias les conviene la permanencia de Maduro en el poder, sobre todo para mantener su influencia en la región frente a Estados Unidos.
De esta manera, la retórica antiimperialista del madurismo se desdibuja cuando el presidente busca que potencias extranjeras ejerzan control sobre los recursos naturales del país. La dependencia económica generada por los préstamos y las condiciones de este relacionamiento refleja una dinámica imperialista clásica por parte de Rusia y China.
Entreguismo energético
Actualmente, el mundo enfrenta una crisis energética que se originó con el declive histórico de la demanda y los posteriores recortes a la producción de petróleo y gas durante la pandemia. La crisis se agravó cuando estalló la guerra en Ucrania y se impusieron duras sanciones a las industrias energéticas de Rusia. De manera más reciente las tensiones en Medio Oriente, que avanzan en dirección hacia una guerra regional, han añadido mayor incertidumbre a la ecuación. Como consecuencia, los precios de la energía no han parado de aumentar y nada indica por el momento que dejarán de hacerlo. Esto pudiera proyectar mayores ingresos para el Estado, en caso de que no sean endurecidas las sanciones imperialistas ante la crisis política venezolana en desarrollo.
El aumento continuado de los precios de la energía propició un acercamiento diplomático de EEUU a Venezuela, un mes después del inicio de la guerra en Ucrania. Este, meses después, se cristalizó con la emisión de la Licencia General 41 que permitió la reactivación de las operaciones de Chevron en nuestro país. Posteriormente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EEUU, otorgó varias licencias de operaciones a compañías como la italiana Eni, la española Repsol y la india Reliance.
Desde la emisión de la Licencia General 41, Chevron ha propulsado un incremento en la producción de crudo en nuestro país. Según datos de las fuentes secundarias de la OPEP, entre diciembre de 2022 y septiembre de 2024 Venezuela ha pasado de producir 669.000 barriles por día (bpd) a 877.000, lo que representa un crecimiento del 31,09%. De ese porcentaje, Chevron aportó el 72,12% del incremento, escalando su producción de 40.000 bpd a 190.000 en el mismo periodo. Conviene señalar que el gobierno nacional literalmente entregó el control operativo a la multinacional estadounidense de las cuatro empresas mixtas que comparte con PDVSA.
Antes del estallido de la crisis postelectoral, Chevron tenía planes de aumentar su producción en Venezuela con un objetivo de alcanzar 250.000 barriles diarios para 2025. Dicha meta se lograría mediante la perforación de 30 nuevos pozos en la Faja Petrolífera del Orinoco. En 2023, el gobierno venezolano y las empresas Eni y Repsol acordaron explotar gas en el yacimiento Cardón IV, una reserva certificada que contiene 15 billones de pies cúbicos. Recordemos que en Europa existe una fuerte necesidad de obtener fuentes de energía sustitutas al petróleo y gas de Rusia, al ser este continente menos autónomo en esta materia que EEUU. Por otro lado, la refinería Reliance Industries recibió una autorización para reanudar el comercio con petróleo venezolano, antes de las elecciones presidenciales.
Asimismo, Venezuela y Trinidad y Tobago formalizaron un acuerdo para la producción de gas en el yacimiento Dragón, con la compañía Shell como operador principal. Este pacto, que otorga a Shell y a la Compañía Nacional de Gas de Trinidad y Tobago (NGC) derechos de explotación por 30 años, busca aprovechar las vastas reservas de gas del campo estimadas en 4,2 billones de pies cúbicos. También incluye la construcción de un gasoducto de 18 kilómetros que conectaría Dragón con la plataforma Hibiscus en Trinidad.
Aunque todos estos planes y acuerdos parecen bastante alentadores en los objetivos entreguistas de Maduro, conviene recordar que los mismos tuvieron como marco la relativa relajación de sanciones imperialistas antes de las elecciones presidenciales. Pero los escenarios que se abren tras el estallido de la crisis postelectoral crean incertidumbre en relación a estos negocios. Y no hay nada que paralice más las inversiones y planes de producción que el factor incertidumbre.
El caso concreto de Chevron merece toda nuestra atención. A pesar de que en octubre se renovó la licencia que le permite operar en Venezuela por 6 meses adicionales, posiblemente Chevron no comprometerá más capital hasta tanto no se defina con claridad la política del nuevo mandato de Trump hacia nuestro país. De revocarse la Licencia General 41, la producción petrolera nacional quedaría fuertemente comprometida.
Aunque la producción petrolera en Venezuela se ha elevado levemente, aún se encuentra 2 millones de barriles diarios por debajo de los niveles que tenía hace una década. El reducido nivel productivo de PDVSA en el presente es el principal factor que explica el por qué la economía venezolana no ha crecido a niveles superlativos, como históricamente lo hizo en cada contexto de crisis energética mundial. En este sentido, el economista y socio-director de Ecoanalitica, Asdrúbal Oliveros, ha señalado que la producción petrolera debe elevarse a 1,2 millones de bpd para que el país comience a sentir beneficios verdaderamente tangibles de la coyuntura actual. Y PDVSA tiene serios problemas de caja para alcanzar los 1,2 millones de bpd con esfuerzo propio.
Para que Venezuela recupere su papel de relevancia energética mundial serían necesarias inversiones astronómicas y sostenibles por varios años, que, más allá de ciertas reactivaciones recientes, hoy día nadie está dispuesto a realizar. Las mismas no solo deberían ocuparse de la producción, sino también sortear los problemas asociados a la destrucción de las infraestructuras de la última década, el colapso generalizado de los servicios públicos, los constantes robos de equipos en las áreas de explotación y también el pago de ‘vacunas’ a grupos del crimen organizado. Por ejemplo, los continuos apagones han paralizado repetidas veces operaciones en varias plantas. Y Chevron en 2023 tuvo que moderar sus metas de expansión debido a problemas en el dragado del canal de navegación del lago de Maracaibo. Así hemos visto como los planes de los distintos intereses imperialistas de occidente se toparon con la realidad de un país y una industria energética que ayudaron a destruir, como resultado de las sanciones y el bloqueo. Conviene recordar que en 2021, las multinacionales Total Energies y Equinor se desprendieron de sus acciones en las empresas conjuntas con PDVSA, dadas las sanciones, las duras condiciones y altos riesgos.
Lo explicado quiere decir que, pese a la propaganda gubernamental, Venezuela actualmente no está en capacidad de convertirse de nuevo en un actor de peso en la producción energética mundial. Los problemas estructurales, la crisis, las sanciones, un posible endurecimiento de las mismas y las difíciles condiciones a sortear, además de los choques políticos tras el telón, condicionan una situación profundamente desfavorable. Y por lo que a continuación expondremos, el factor tiempo puede traer a la palestra un cataclismo económico con terribles consecuencias para la industria energética nacional: una recesión mundial.
Actualmente, la economía mundial se encuentra en un campo minado: desde los choques geopolíticos, como la guerra en Ucrania y el polvorín en el medio oriente; los crecientes desastres climáticos, que están impactando negativamente en el desempeño económico de varias regiones del planeta; hasta los peligros que envuelven a la economía China, como la caída del consumo y las inversiones, el aumento a niveles récord de su deuda y la crisis inmobiliaria, la cual pudiera contagiar al sistema financiero mundial. Ante tantas condiciones de peligro, el más mínimo infortunio puede detonar la crisis, la cual pudiera escalar rápidamente a una recesión.
Toda recesión en el globo lleva al cierre de fábricas, despidos masivos, la reducción general del consumo, y como consecuencia, una caída de la demanda de bienes y materias primas en los países de capitalismo imperialista, lo que conduce a desplomes de precios y una severa disminución en los ingresos de las naciones pobres. Aunque no podemos predecir cuándo estallará la recesión, si podemos asegurar que la mecha es cada vez más corta.
Un descenso pronunciado de los precios internacionales del petróleo desplomaría los ingresos estatales de Venezuela y devolvería al país al pantano de la recesión económica. La inflación volvería a dispararse, ante una menor disposición de recursos para las intervenciones cambiarias. Además, dado que el país importa más del 70% de los bienes y productos básicos que consume, una gran caída de los ingresos estatales traería de vuelta el desabastecimiento, lo que terminaría de empeorar el panorama inflacionario. El peor de los mundos posibles para el pueblo trabajador se vislumbra ante el menor de los quiebres. A todas luces, el crecimiento con descenso de la inflación solo penden de un hilo bastante delgado.
Situación social
Buena parte del costo de la recuperación económica y el descenso de la inflación ha sido pagada por el pueblo trabajador con la destrucción sistemática de sus niveles de vida. A los salarios más bajos de la región y posiblemente del mundo (sueldo base equivalente a menos de 3 dólares mensuales, complementado con bonos de 130 dólares que no inciden en las prestaciones sociales), se suma el colapso generalizado de los servicios públicos, además de un clima de represión y persecución a cualquier síntoma de descontento. Cuando Maduro se felicita a sí mismo por el falso “milagro económico”, solo despierta indignación y rabia entre la aplastante mayoría de la población.
Según la última Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) de la Universidad Católica Andrés Bello, 8 de cada 10 venezolanos no cuentan con ingresos suficientes para adquirir los productos de la canasta básica y el 51,9% de los hogares enfrenta pobreza multidimensional, que abarca deficiencias en aspectos como vivienda, servicios públicos, educación y empleo. Esta misma encuesta arrojó que durante el 2023 el 38,2% de los venezolanos en promedio padeció hambre, cifra que aumenta a un 65,9% en la ciudad de Maracaibo y un 60,8% en Maturín. Asimismo, un estudio publicado en enero de 2024 por HumVenezuela, reportó que el año anterior la inseguridad alimentaria severa abarcó a un 45,2% de la población, mientras que la desnutrición en menores de 5 años afectó a 1,4 millones.
Es cierto que algunos índices muestran relativas mejoras en comparación a años anteriores. Por ejemplo, la Encovi 2023 señala una pequeña caída de la desigualdad económica, cuando el índice de Gini (medición de la distribución del ingreso en una población, donde 0 representa igualdad perfecta y 1 desigualdad máxima) descendió de 0,603 en 2022 a 0,512. Pero celebrar tan pírrica disminución, cuando Venezuela sigue siendo uno de los países más desiguales de la región y del mundo, equivale a festejar un gol cuando se pierde por 6 goles en contra. Una investigación realizada por Anova Policy Research de 2022 indicó que el 20% más rico de la población acumula el 61% de los ingresos totales del país, lo que pone de manifiesto una enorme concentración de riqueza en pocas manos.
Hasta junio de 2024, el panorama de brutal ajuste y crisis de la última década ha dado lugar a una diáspora de 7,77 millones de venezolanos –lo que representa el 27,11% de la población–, según datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). De esta cifra, 6,5 millones se encuentran en América Latina y el Caribe, lo que ha sido catalogado como la peor crisis migratoria en la historia de la región. Las restricciones a la migración venezolana no se han hecho esperar. Ya son 15 los países que exigen visado a los venezolanos para el ingreso a sus territorios, hecho que en lugar de detener la ola migratoria, favorece el arribo por medios irregulares. La hipocresía de la derecha política y mediática regional se ha hecho patente, cuando derrama lágrimas de cocodrilo por la falta de democracia en Venezuela, mientras ataca los derechos humanos de los migrantes y promueve campañas de xenofobia. Igualmente le resulta conveniente resaltar la delincuencia venezolana en sus países para desviar la mirada de sus poblaciones de los propios flagelos nacionales de la criminalidad, que además son parte de la descomposición de la sociedad burguesa.
Un porcentaje creciente de compatriotas se dirige hacia EEUU, ya sea desde Venezuela o desde otros países donde previamente habían migrado. La mayoría de los migrantes emprenden travesías enormes y peligrosas, expuestos a todo tipo de riesgos. Aquellos que optan por viajar hacia EEUU por tierra desde Sudamérica se ven obligados a cruzar la peligrosa selva del Darién. El carácter catastrófico de la crisis nacional se confirma en el hecho de que, para un porcentaje considerable de venezolanos, el aventurerismo migratorio se presenta como una mejor opción que permanecer en el país.
La clase obrera
El repunte económico desencadenó en la clase obrera el resuelto interés de recuperar parte de lo que le habían arrebatado en el último periodo. A partir de marzo de 2022, se registró una oleada de movilizaciones y protestas de trabajadores centrada en las demandas de incremento general de salarios y derogación del nefasto Instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), un instrumento antiobrero que autorizó la reducción, según distintos porcentajes, de los componentes acumulativos del salario, como las primas de antigüedad y profesionalización, entre otros.
El aumento de las luchas reivindicativas de 2022 fue encabezado por los trabajadores del sector público, los más golpeados por la política de pulverización del salario. Sin embargo, episodios como la huelga en la empresa Mondelez revelaron que también una parte de los trabajadores del sector privado estaba comenzando a movilizarse. Durante el primer semestre de 2023, se registraron numerosas protestas de trabajadores de las Empresas Básicas de Guayana, que el gobierno sofocó con represión y detenciones arbitrarias. En este mismo semestre, los docentes llevaron a cabo una huelga de brazos caídos. Esta protesta fue mermando gradualmente, tanto por la cobardía de las burocracias sindicales como por la negativa del gobierno a ceder un ápice.
Desde el inicio, estas luchas fueron contenidas por las burocracias sindicales de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Confederación General de Trabajadores (CGT), Confederación de Sindicatos Autónomos (Codesa), Alianza Sindical Independiente (ASI), y por supuesto, la oficialista Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST). Las dirigencias de estas organizaciones sembraron falsas esperanzas en las mesas de diálogo tripartito, las cuales el gobierno y los empresarios emplearon como señuelo para desorientar y debilitar las luchas obreras. Prestando un gran servicio a los intereses del capital, las cabezas de estas centrales contribuyeron con el desgaste y la desmoralización de amplios sectores de la clase obrera.
Como balance, podemos afirmar que las luchas obreras de 2022 y 2023 tuvieron el mérito de romper con 3 años de reflujo social, enfrentando la intimidación y amenazas de un gobierno cada vez más autoritario. No obstante, las mismas carecieron de la coordinación local, regional y nacional necesaria para alcanzar un mayor desarrollo, permitiendo a los trabajadores generalizar su experiencia y posicionar de mejor forma sus intereses de clase. Pero más importante fue la ausencia de direcciones sindicales valientes, consecuentes y clasistas que pudieran guiar las fuerzas de la clase obrera hacia mejores destinos.
A partir de la segunda mitad de 2023 la conflictividad laboral disminuyó, no solo como resultado de las derrotas anteriores, sino también a las expectativas generadas en torno a las elecciones presidenciales y a un cambio de gobierno. Estas ilusiones fueron alimentadas por varias dirigencias sindicales con claras filiaciones derechistas, como Coalición Sindical, que es el brazo en el movimiento obrero de las corrientes y partidos reaccionarios que integran la Plataforma Unitaria Democrática (PUD). De cara a las elecciones, abandonaron toda perspectiva de lucha reivindicativa para servir de perros falderos de María Corina Machado, Edmundo Gonzalez y Vente Venezuela. Hoy más que nunca, la recuperación de los sindicatos como instrumentos esenciales en la lucha reivindicativa de los trabajadores es una tarea impostergable.
Lucha de clases
El primer semestre de 2024 estuvo signado por el mar de ilusiones y promesas de campaña que anteceden a cualquier elección presidencial. La lucha obrera perdió terreno y las elecciones presidenciales acapararon toda la atención. Buena parte de las fuerzas sociales que en 2022 y 2023 comenzaron a emerger, se desviaron a otro punto de concentración. Y en la sociedad como en la química, cuando múltiples fuerzas se concentran en una sustancia inestable el más mínimo golpe o chispa producirá una reacción explosiva.
Que un sector muy importante del pueblo trabajador respaldara la opción derechista, primero con movilizaciones de campaña y luego con votos el 28 de julio –incluso plenando los centros de votación un día antes del evento electoral y rompiendo con años de bajísima participación–, no fue ninguna casualidad. Una década de crisis, burocratismo, corrupción sin precedentes y la aplicación despiadada del ajuste antiobrero y antipopular más severo de nuestra historia, no podía transcurrir sin consecuencias. Para la mayoría de los trabajadores de la ciudad y el campo, esos mismos que en la última década vieron sepultadas todas las conquistas alcanzadas durante los primeros años de la Revolución Bolivariana; Maduro es objeto de un profundo rechazo y desprecio. Se trata del líder de una putrefacta y degenerada facción política, totalmente opuesta a los intereses del pueblo trabajador.
Las circunstancias que rodearon el fraude electoral del madurismo reventaron la paciencia de los sectores populares. Los días 29 y 30 de julio del 2024 se produjo una breve pero importante sublevación popular, protagonizada por los barrios de Venezuela. En la Gran Caracas, habitantes de numerosos barrios inundaron las calles y autopistas, establecieron barricadas o decidieron marchar repudiando el evidente fraude electoral con el que se burló su decisión en las urnas. Hablamos de pobladores de Petare, Antímano, El Guarataro, La Dolorita, La Vega, entre otros barrios, algunos que en el pasado fueron bastiones electorales del chavismo. En el interior del país se registraron saqueos, quema de alcaldías y módulos de cuerpos represivos, manifestantes rodeando instalaciones militares y hasta el derrumbe de estatuas de Hugo Chávez en varias ciudades. La ira popular se había desbordado y en ella se mezclaron elementos de indignación, rabia, hartazgo y revanchismo.
Para los revolucionarios en Venezuela es vital reconocer la gran tragedia política que nos envuelve: hoy día las masas asocian sus privaciones y sufrimientos con los ideales del socialismo y la Revolución Bolivariana, como resultado de años en los que Maduro empleó fraseología revolucionaria para enmascarar cada ataque a los derechos y conquistas del pueblo trabajador. Pero esta asociación, que es ante todo comprensible, no es más que una gran distorsión. Es preciso destacar siempre que en Venezuela la revolución no se completó. Y este hecho trajo consigo un nuevo colapso del capitalismo rentista, aunque a niveles muy superiores a los anteriores. En nuestro país no fracasó el socialismo, sino el modelo de regulaciones keynesianas superpuestas al atrasado capitalismo nacional.
Conviene resaltar que las ofensivas insurreccionales de la derecha de 2014 y 2017 nunca pudieron extenderse más allá de las zonas de clase media-alta. Mientras las urbanizaciones y localidades de la pequeña burguesía ardían en barricadas y violencia reaccionaria, los barrios en líneas generales permanecían tranquilos. Pero con la implementación del ajuste madurista, el descontento entre los sectores populares fue creciendo. La oleada de saqueos a inicios de 2018, las protestas obreras y campesinas de mediados del mismo año y posteriormente las movilizaciones de trabajadores en 2022 y 2023, dieron avisos incipientes sobre los cambios que se estaban produciendo. Al final, el fraude electoral fue la gota que derramó el vaso, la chispa que detonó el explosivo, el elemento cuantitativo que produjo un cambio de calidad.
Bajo ningún concepto, las protestas postelectorales fueron una reedición de las guarimbas, ni expresiones de “fascismo” y ”terrorismo” como desde el PSUV se intenta vender. Lo que vimos el 29 y 30 de julio del presente año fue una sublevación de los pobres de Venezuela, ante el fraude y la burla realizada por el mismo gobierno responsable de la destrucción de sus niveles de vida.
Para frenar la sublevación, el gobierno no escatimó esfuerzos en desatar la represión y la persecución contra los barrios, dejando un saldo de 25 fallecidos y numerosos heridos, empleando a efectivos de la Guardia Nacional, cuerpos policiales y bandas parapoliciales. Por varios días, el patrullaje de policías y los mal llamados “colectivos” sembraron miedo en las zonas populares para impedir nuevas manifestaciones. Acto seguido, tuvieron lugar detenciones arbitrarias y procesos judiciales viciados –totalmente violatorios del debido proceso–, armados con toda la intención de condenar a los detenidos por cargos de instigación al odio y terrorismo. Al día de hoy, se cuentan 2400 detenciones. Además, fueron rehabilitadas las cárceles de Tocorón y Tocuyito para recluir y torturar a los acusados. Cientos de personas sospechosas de no haber votado por Maduro, fueron despedidas de empresas e instituciones públicas.
Por si fuera poco, la cúpula del PSUV aupó a sus estructuras de base a que denunciaran a sus vecinos en las zonas populares. Abundan los reportes de personas detenidas por el mero hecho de haber participado en una protesta, compartir información contraria al gobierno en una red social, para rellenar cuotas de detenciones exigidas a los policías o para ser extorsionadas con el pago de montos exorbitantes, a cambio de no ser llevadas a tribunales y ser puestas en libertad. La táctica fue, en todo momento, el miedo ejemplarizante. Así miles de personas pobres e inocentes, cierto número de menores de edad, protestantes y un buen porcentaje de capturados que ni siquiera protestaron, vienen siendo triturados por la maquinaria bonapartista del madurismo. Claramente, el fin absoluto de esta escalada represiva es disuadir nuevas sublevaciones en el futuro.
Desde entonces, un pronunciado reflujo obrero y popular ha reinado en Venezuela. Se aprecia un repunte de la migración a países vecinos, de compatriotas que agotaron su último cartucho en el país. Recordando que el 90% de la emigración la constituyen jóvenes, este factor puede restar fuerza a futuros levantamientos, como la diáspora anterior lo hizo con las luchas obreras de los últimos años. Pero los barrios pobres aglomeran tanto pueblo –se cree que más de la mitad de la población del país, donde el 90% de los habitantes reside en zonas urbanas– que sería absurdo atribuir solo a la emigración la ausencia futura de rebeliones de masas. Además, las restricciones a la migración venezolana aumentan, las oportunidades en otros países son cada vez más chicas y todo tiene un límite.
Lo cierto es que la crisis política nacional no se ha resuelto. Con cada día que nos acerca al 10 de enero de 2025, crece la tensión y la incertidumbre. El descontento del pueblo trabajador ya dio un importante salto cualitativo y no hay nada que el gobierno pueda hacer para remediarlo. La historia enseña que la represión puede contener un movimiento por un tiempo, pero cuando la paciencia de el pueblo es colmada en su totalidad no hay bala, policía o amenazas de cárcel que pueda contenerlo. Creemos que, pese a la emigración, todavía los trabajadores de la ciudad y el campo no han mostrado toda su fuerza. Y este hecho no deja dormir bien a Maduro y a la capa de nuevos ricos del PSUV, como tampoco a la burguesía tradicional.
La política del imperialismo estadounidense
Tras la asunción de Joe Biden como presidente de EEUU en 2021, la Casa Blanca desechó la fracasada estrategia trumpista de “máxima presión”, con la que intentó forzar un cambio de gobierno en Venezuela mediante desestabilización, nombramiento de un gobierno paralelo bajo su control, agresión económica y diplomática, amenazas de que la opción militar estaba “sobre la mesa”, llamamientos a un golpe de Estado y una fallida incursión mercenaria en 2020. Desde entonces, adoptó una política que, por un lado, plantea una solución negociada a la crisis venezolana, y por otro, influye mediante chantajes ofreciendo levantar las sanciones a cambio de concesiones políticas para la derecha.
A partir de este cambio de política, el imperialismo ordenó a sus lacayos venezolanos retomar las negociaciones con el gobierno venezolano. Durante los meses de agosto y octubre del 2021, y luego en noviembre de 2022, delegaciones del gobierno y la oposición realizaron 3 rondas de diálogo formal en Ciudad de México, con intermediación de Noruega. Es crucial reconocer que las verdaderas partes en esta negociación siempre fueron Miraflores y la Casa Blanca, siendo la derecha criolla un actor que participó en representación de los intereses de sus jefes en Venezuela y en todo momento dependió de los incentivos o castigos que sus amos podían ofrecer o imponer a Maduro, en relación al tema sanciones. De hecho, Washington siempre mantuvo un canal de negociación directo con el gobierno venezolano. En él se discutió con el emisario de Maduro, Jorge Rodríguez, no solo los pasos a seguir en la mesa de diálogo con la derecha, sino también temas migratorios y el intercambio de prisioneros en varias ocasiones.
Desde inicios de su mandato, Biden fue objeto de presiones por parte de petroleras de su país y Europa en pro a la emisión de licencias que les permitiera operar en Venezuela. Todo este lobby germinó con el estallido de la guerra en Ucrania y la subsiguiente agudización de la crisis energética, que se tradujo en altos precios de los combustibles y la electricidad, repercusiones inflacionarias, recortes en la producción industrial, altos riesgos de recesión en EEUU y Europa, y como resultado, descontento creciente de la clase obrera. Para los imperialistas de ambos lados del Atlántico se convirtió en prioridad conseguir sustitutos a la energía de la sancionada Rusia, por lo que pusieron su mirada en la Venezuela gobernada por el presidente que poco antes intentaron derrocar. En marzo de 2022, una delegación de la Casa Blanca se reunió con Maduro en Miraflores para negociar la política energética binacional y un nuevo intercambio de presos de ambas partes. Meses después, tras la tercera ronda de diálogo entre el gobierno y la oposición, fue emitida la licencia que permitió la reactivación de operaciones de Chevron.
Sin deponer la totalidad de sanciones, para EEUU se convirtió en una necesidad permitir cierto alivio de la economía venezolana, esperando que se redujera el flujo de migrantes de este país que ahora cruzan a diario y por miles su frontera sur. Aquí es necesario hacer notar como la política de asfixia financiera contra Venezuela, que empeoró la crisis económica nacional, se volvió en contra de los propios intereses de la Casa Blanca. El elevado flujo de migrantes de Venezuela ha agravado la crisis migratoria que hoy azota a EEUU. Sin dudas, este es un factor que pesa en la agenda de Washington con respecto a Venezuela. Maduro, consciente de esta situación, ha amenazado a EEUU con restringir los vuelos de deportación de compatriotas desde el país del norte, usando la tragedia social de millones de venezolanos –siendo sus políticas antiobreras y las medidas coercitivas y unilaterales las principales causas responsables– como moneda de cambio para mezquinos intereses.
El 17 de octubre de 2023, las partes nacionales suscribieron en Bridgetown, capital de Barbados, un acuerdo que prometía la promoción de derechos políticos y garantías electorales de cara a los comicios presidenciales de 2024. Como parte del mismo proceso, el Departamento del Tesoro estadounidense emitió varias licencias condicionales que aliviaron algunas sanciones financieras, permitiendo transacciones en diversos ámbitos y la reapertura de mercados petroleros para Venezuela. Estas medidas fueron revocadas en abril de 2024, tras la invalidación de la victoria de María Corina Machado en las primarias de la derecha y la posterior ratificación de su inhabilitación política por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). También contempló la negativa de las autoridades venezolanas a permitir la inscripción de la sustituta elegida por Machado, Corina Yoris. Dichas actuaciones significaron el incumplimiento de los acuerdos de Barbados por parte de la cúpula madurista. Claramente, las negociaciones entre la Casa Blanca y Miraflores se toparon con el límite que Maduro nunca estuvo dispuesto a cruzar: condiciones electorales efectivas que propiciaran su pérdida del poder.
Las arbitrariedades de Maduro y su gobierno no impidieron la continuidad del diálogo directo entre la Casa Blanca y Miraflores, hecho que fructificó en la aceptación de la cúpula madurista de la inscripción de Edmundo González como candidato presidencial de la derecha. En todo momento, y a pesar del evidente autoritarismo de Maduro, llamó la atención la permanencia de la oposición en el carril electoral cuando en el pasado por mucho menos esta no dudó en abrazar la táctica del boicot, en la que siempre fracasó. Por supuesto que tal actuación se debió al estricto cumplimiento de una orden de Washington.
Una vez consumado el fraude electoral, el gobierno estadounidense instó a Maduro a reconocer «los verdaderos resultados» de las elecciones e impuso sanciones personales a 16 funcionarios venezolanos involucrados en el proceso. La Casa Blanca ha advertido que la “comunidad internacional” está atenta a la situación y ha dejado entrever negociaciones para facilitar una salida pacífica para Maduro, quien ha rechazado todas las ofertas de amnistía. Por otro lado, ha mostrado apoyo a la iniciativa diplomática de intermediación impulsada por el gobierno de Brasil, que hasta hoy no ha arrojado ningún resultado.
Recientemente, Maduro llevó a cabo importantes renovaciones en las direcciones ministeriales, militares y policiales, destacando el nombramiento de Diosdado Cabello como nuevo ministro del Interior y Justicia. También se produjo la detención del exministro de Industrias y Producción Nacional y exministro de Energía y Petróleo, Pedro Tellechea, así como de varios “empresarios patriotas” o presuntos testaferros de altos funcionarios maduristas. Como explicaremos más adelante, estos movimientos suponen una suerte de depuración y un atrincheramiento del régimen. Sin embargo, su ocurrencia durante los críticos meses posteriores al fraude indica quiebres internos, desconfianzas, sospechas o descubrimientos de conspiraciones. Sería ingenuo pensar que detrás de alguna conspiración en marcha no esté involucrado el imperialismo estadounidense.
De ser cierta esta presunción, la Casa Blanca estaría intentando provocar un quiebre del régimen y un golpe de Estado, evidenciando una vez más cómo desprecia en los hechos la democracia que tanto cacarea, cuando no puede alcanzar sus fines a través de ella. A través de estas conspiraciones, el imperialismo estaría respondiendo a la gran afrenta que Maduro le ha infligido frente al resto del mundo, que observó cómo el gobierno de un pequeño y empobrecido país petrolero logró burlarse de los acuerdos y de la “política blanda” de la mayor potencia económica, científica y militar del planeta.
Es necesario aclarar que incluso la política más blanda que adopte el imperialismo estadounidense no está exenta de promover golpes de Estado y otras formas de intervencionismo. Una estrategia pragmática y moderada hacia Venezuela nunca implicará un abandono de su objetivo fundamental: producir un cambio de gobierno. Washington requiere un líder de total confianza al frente del país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Además, la Casa Blanca entiende muy bien que Maduro está sometido a la presión de sus rivales geopolíticos, como Rusia y China.
En relación con el tema de las sanciones, es importante señalar que, si bien EEUU reactivó la importación de petróleo venezolano, lo hizo más para enviar un mensaje al mercado energético mundial y como contrapeso al alza de los precios del petróleo, que por necesidades propias de suministro. Aunque el país norteamericano no depende del petróleo que produce Venezuela, tampoco puede prescindir de él tan fácilmente. Reforzar las sanciones con miras a afectar con mayor fuerza la economía venezolana sería, en efecto, señalar al mercado petrolero mundial que habrá menos producción en el futuro, generando precisamente lo que Washington no desea: algún tipo de presión al alza sobre los precios del crudo.
No obstante, debemos advertir que si las decisiones del imperialismo se basaran únicamente en el cálculo económico, sería difícil explicar buena parte de su accionar. De hecho, EEUU y Europa no dudaron en agudizar la crisis energética al sancionar a Rusia tras su invasión a Ucrania. Es cierto que los sectores vinculados a la cadena de refinerías estadounidenses en la costa del Golfo de México cuestionaron en su momento el embargo petrolero a Venezuela e históricamente han abogado por el levantamiento de las sanciones. Esto se debe a que dichas refinerías están acondicionadas para procesar el petróleo extrapesado de Venezuela. Sin embargo, la primera administración Trump emitió las sanciones financieras contra el petróleo venezolano que todos conocemos.
El factor Donald Trump
Recientemente, Donald Trump fue electo nuevamente para liderar la Casa Blanca, contando además con la mayoría del Partido Republicano en el Senado y en la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense. La derecha en general y María Corina Machado en particular celebran esta victoria. Bien es sabido que la lideresa derechista ha estado históricamente vinculada al Partido Republicano. No obstante, creemos que el retorno de Trump a la Casa Blanca no supondrá automáticamente el regreso a la política de “máxima presión”, como tanto balbucean algunos analistas de derecha.
En el orden de prioridades globales para el magnate y el imperialismo, acabar con la guerra en Ucrania e incidir con más fuerza en la crisis en Medio Oriente ocuparían casi toda la atención de su administración en temas internacionales. De cara a su gestión interna, reducir los flujos migratorios es una de sus principales prioridades; por lo tanto, un endurecimiento de las sanciones contra nuestro país podría agravar el problema migratorio venezolano.
Un hecho significativo arroja luz sobre lo que podría ser la nueva orientación de Trump frente a Venezuela. En 2019, durante su primer mandato, Trump despidió al entonces Asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, quien lo presionaba para que ejerciera la infructuosa política de línea dura contra Maduro. Parece que Trump siempre dudó de las capacidades de la derecha venezolana para derrocar a Maduro. Cuando la realidad le dio la razón, no dudó en romper con quien lo había conducido a una serie de fracasos en su política exterior, perjudicando lo que para Donald es más importante: su prestigio e imagen.
Esto puede indicar que Trump volverá con una política más pragmática hacia Venezuela, aunque con matices diferentes a los actuales. Sin embargo, también creemos que esto dependerá de los acontecimientos en Venezuela, especialmente aquellos relacionados con la toma de posesión de Maduro en 2025. Si el mandatario venezolano logra retener el poder sin sobresaltos importantes, es probable que Trump trate de no arriesgar los avances recientes del imperialismo en el negocio petrolero venezolano. Sin duda, las tensiones en las relaciones bilaterales aumentarán, pero sería un conflicto controlado. Por otro lado, si surgen fisuras serias en el régimen que anuncien su caída –aunque con cierta resistencia–, el imperialismo podría intensificar sus acciones con medidas más contundentes, como revocaciones de licencias y un endurecimiento de las sanciones financieras. En tales condiciones, estas medidas buscarían empujar el derrumbe del madurismo más que comprometer los intereses energéticos estadounidenses en Venezuela.
Consideramos que la opción militar directa no irá más allá de algunas amenazas, dado el inconveniente de emprender una nueva aventura bélica ante el profundo rechazo de la opinión pública estadounidense hacia tales acciones. No obstante, esto tampoco excluye que se aumenten las recompensas por información para una hipotética captura de Maduro y otros funcionarios venezolanos, nuevas incursiones mercenarias, entre otras agresiones. Las amenazas en torno a la conformación de una coalición militar regional para invadir Venezuela luce hoy menos factible que en 2019, ante la nueva correlación de fuerzas latinoamericana y con “gobiernos progresistas” en países fronterizos como Brasil y Colombia.
En conclusión, sostenemos que las actuales condiciones globales, marcadas por conflictos estratégicos de mayor relevancia para el imperialismo Yankee y la crisis energética, influyen significativamente en la continuidad de su política pragmática hacia Venezuela, incluso bajo la administración de Trump. Sin embargo, también consideramos que el desarrollo concreto de la crisis política nacional no excluye cierto endurecimiento adicional de las sanciones financieras, especialmente si se percibe cercana la caída de Maduro. También es muy posible que veamos la típica táctica de Trump: emplear un discurso incendiario para amenazar no con intenciones reales de honrar su devaluada palabra, sino para conseguir un espacio de negociación desde una posición fuerte. Resta esperar qué tan interesado está Trump en el conflicto político venezolano en esta ocasión.
Nuestra posición frente a las sanciones imperialistas
Con la imposición de sanciones financieras al Estado y al petróleo de Venezuela a partir de 2017, EEUU agravó a niveles extremos la precedente crisis del capitalismo rentista nacional. Estas han impedido la renegociación de las deudas del Estado y PDVSA, y la adquisición de nuevo financiamiento internacional por parte de ambas entidades. También se han materializado en el bloqueo a cuentas y recursos en diversos bancos internacionales, afectando la capacidad para financiar importaciones de alimentos, medicamentos y otros bienes esenciales.
Las medidas sancionatorias contra la industria petrolera resultaron en el bloqueo de importantes mercados para PDVSA y la prohibición de intercambios comerciales con sus proveedores. Por esta razón, para comercializar el petróleo en otros destinos, PDVSA se ve obligada a realizar descuentos de entre 30 y 40% en los precios de los barriles. En 2020, la combinación de las sanciones con la corrupción en el manejo de la industria, mala gestión y desinversión, resultó en un gran desplome de la producción petrolera a menos de 400.000 barriles diarios, es decir, a niveles de 1934.
Esta política ha resultado en la congelación de importantes recursos nacionales, como las 13 toneladas de oro que permanecen en las bóvedas del Banco de Inglaterra desde que el BCV abrió una cuenta de depósito en 2008, en lo que fue en su momento una decisión controvertida. Desde 2018, el Banco de Inglaterra ha rechazado todas las solicitudes del BCV para repatriar estas toneladas de oro, valoradas en aproximadamente 1.000 millones de dólares.
Por si fuera poco, nuestro país está a punto de ser despojado de uno de sus mayores activos estratégicos. La empresa CITGO, una filial de PDVSA en EEUU, ha estado bajo control criminal del gobierno estadounidense desde 2019 y, desde entonces, ha enfrentado un litigio en un tribunal de Delaware que falló a favor de una subasta de la empresa ya realizada. Esta venta forzosa de acciones, que ha señalado como ganador al fondo de inversiones Elliott Investment Management en un proceso aún inconcluso, tiene como objetivo “compensar” a diversas compañías y tenedores de bonos que exigen pagos por expropiaciones en Venezuela y por deudas del gobierno venezolano y PDVSA. Así, empresas demandantes como Crystallex, Siemens, ConocoPhillips y Exxon Mobil buscan vengarse de la política de nacionalizaciones impulsada por Hugo Chávez en su momento. Haber llegado a este punto requirió tanto la política de endeudamiento irresponsable de Maduro, que comprometió las acciones de la empresa, como la intervención del corrupto y falso gobierno interino, cuyas acciones fallidas de supuesta defensa sugieren que jugó un papel cómplice en este despojo.
Desde su implementación, las sanciones financieras contra el Estado venezolano dificultaron el acceso a alimentos, medicinas y servicios básicos, ya de por sí comprometidos por la crisis, el ajuste y la corrupción. De esta manera, esta política criminal contribuyó con el hundimiento del pueblo pobre a un estado de precariedad extrema, que obligó a millones a huir del país. En esencia, se trata de un miserable medio catalizador del sufrimiento humano para impulsar objetivos políticos.
Con toda nuestra fuerza debemos rechazar la implementación de cada una de las sanciones financieras contra el Estado venezolano y PDVSA, así como el chantaje imperialista en relación a estas. Acompañamos toda exigencia consecuente de levantamiento total de las sanciones, repatriación de los activos de Venezuela, así como justicia y cárcel para todos los cómplices que facilitaron el despojo de recursos vitales para nuestra nación. La política de sanciones constituye una arbitrariedad que agrede la soberanía de los países, y en mayor medida, las condiciones de vida de los trabajadores y pobres.
La derecha
La larga lista de fracasos acumulados por el interinato de Juan Guaidó en sus objetivos de producir un cambio de gobierno desmoralizó, desmovilizó y dividió las fuerzas de la derecha por todo un periodo histórico. Tal situación se agravó con los numerosos escándalos de corrupción que involucraron a los partidos a cargo de este fallido instrumento imperialista. De esta manera, los dirigentes de Voluntad Popular, Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo (el “G4”), se hundieron junto a Guaidó en cuestionamientos y descrédito. Pero de los escombros de la oposición no tardó en emerger alguien que por mucho tiempo permaneció aislada en sus posiciones más radicales. María Corina Machado, que en todo momento criticó la “política blanda” del interinato, comenzó a acaparar el apoyo de la aplastante mayoría de las bases opositoras.
El ascenso vertiginoso de Machado pronto sería percibido por el gobierno, que a través de la Contraloría General no tardó en extender su inhabilitación política hasta 2036 por presuntas irregularidades en sus declaraciones de patrimonio y apoyo a las sanciones contra Venezuela. Lo llamativo de esta medida es que no contempló el más grave crimen cometido por la líder de Vente Venezuela: entre 2019 y 2020, Machado encabezó el coro enloquecido que clamaba por una intervención militar extranjera, un accionar que para cualquier revolucionario o un patriota consecuente amerita cárcel y no una mera sanción política. Además, su inhabilitación no se produjo cuando Machado jugaba un papel divisor en la oposición, sino cuando comenzó a representar una amenaza para el gobierno. De esta manera, podemos afirmar que el cálculo politiquero de la cúpula del PSUV tiene una parte de responsabilidad en el ascenso de Machado como un polo de atracción reaccionario. Este hecho siempre debe ser resaltado.
Machado, al igual que personajes como Trump, Milei, Le Pen, entre otros, ha emergido como consecuencia de la crisis mundial del capitalismo. La misma se refleja en el colapso del centro político y el reformismo, así como en una creciente tendencia a la polarización social. El desastre de gestión madurista también ha favorecido el impulso de Machado, quien en sus discursos señala estar preparada para “enterrar el socialismo” en nuestro país. En este sentido, defiende un programa económico que, quitando eufemismos, promueve la privatización de todas las empresas estratégicas, la salud, educación y demás servicios públicos, así como la profundización del ajuste capitalista, con una mayor reducción del Estado y la máxima libertad empresarial. Su gran propósito de vida es tomar el poder para desatar la ira revanchista de la reacción –acumulada durante 25 años–, para cobrar a los trabajadores de la ciudad y el campo el haberse atrevido a impulsar una revolución durante la primera década de este siglo.
Con una aplastante victoria en las primarias de octubre de 2023, en la que obtuvo el 92% de los votos, María Corina ratificó su posición como líder indiscutible de la derecha venezolana. Aunque el TSJ suspendió todos los efectos de esta elección, el resultado de la misma obligó a los líderes del G4 a caminar sobre el carril tendido por Machado. La vulneración de los acuerdos de Barbados por parte de la cúpula del PSUV le impidió a esta presentarse como candidata de la derecha a las elecciones presidenciales. En su lugar, y luego de que el gobierno tras reunirse con el imperialismo accedió a permitir la inscripción de una candidatura, endosó su apoyo de masas al entonces desconocido Edmundo González. Durante la campaña presidencial se pudo apreciar su conquista de la calle. Se convirtió en el centro de la campaña sin ser candidata y no permitió que nadie le disputara el protagonismo, ni siquiera el propio González. Para los incautos, todo parecía presagiar una victoria aplastante del candidato de Machado, hasta que el fraude electoral disipó cualquier atisbo de transición sin resistencia por parte de la cúpula del PSUV.
Nuestra postura ante las elecciones fue explicar que la clase obrera no tenía alternativa en las mismas, ni votando por el gobierno burgués y contrarevolucionario de Maduro, ni votando por la derecha reaccionaria proimperialista de Machado.
La emisión de los cuestionados resultados de las elecciones presidenciales y luego la adjudicación de la victoria a Maduro por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), fueron respondidos por Machado y González con llamados a la protesta pacífica y “en familia”. Al producirse el levantamiento popular del 29 y 30 de julio, la derecha en pleno se desmarcó de este alegando la necesidad de una “transición pacífica y ordenada de poder”. Con dicha posición exhibieron por un lado su temor a la iniciativa popular, y por otro, las presiones de la patronal Fedecámaras, que estaba inquieta por la continuidad de sus negocios y la integridad de sus propiedades. Esta actuación cobarde por parte de Machado y compañía jugó un papel importante en la desmoralización de los protestantes y el declive de la sublevación de los barrios.
Conforme el gobierno controlaba la situación, desató una ola de detenciones que inició en los barrios y luego alcanzó a dirigentes puntuales de la derecha, como Freddy Superlano y William Dávila. A través de una página web, la oposición ha declarado la victoria de González mostrando más del 80% de las actas electorales, que habían sido resguardadas por sus testigos de mesa. Desde entonces, y luego de varias convocatorias de protesta mermadas por el miedo, el accionar derechista se limita a declaraciones esporádicas emitidas por Machado desde la clandestinidad. En ellas, alude permanentemente a las fuerzas armadas insistiendo en la ilegitimidad de Maduro y a no «avalar un régimen que va de salida”. Intentando encontrar un eco en los cuerpos castrenses, ha dicho: “¿Qué sentido tiene entregar tu carrera por sostener un Gobierno que ya no tiene futuro?”.
Estos mensajes claramente buscan incitar a algún sector de las fuerzas armadas a que lleve a cabo un golpe militar. Ante la reciente renovación del alto mando militar y policial, los mensajes de Machado no pueden ser tomados a la ligera. Como ya lo hemos dicho, debemos presumir que en el seno de los cuerpos castrenses se están gestando conspiraciones promovidas por el imperialismo Yankee. Las declaraciones de Machado no son casuales. Estas pueden estar relacionadas con posibles situaciones internas en los cuarteles de las que ella debe estar al tanto.
Por medio de un acuerdo entre los gobiernos de Venezuela y España, que evidenció la existencia de negociaciones de las cúpulas tras bastidores, se permitió la salida del país de Edmundo González con destino al reino ibérico. Este hecho terminó de desmoralizar al electorado opositor. La misma Machado apoyó y quizás también contribuyó con las gestiones de tan cobarde huida, en parte para exiliar al único elemento que le restaba algo de protagonismo, pero principalmente para encargarlo de las labores de cabildeo internacional, conquista de reconocimiento y denuncia del fraude electoral.
EEUU y numerosos gobiernos latinoamericanos han reconocido a González como ganador de las elecciones presidenciales, al igual que el Congreso de España y el Parlamento Europeo. En los próximos meses seguramente aumentarán los reconocimientos de triunfo para González, aunque estos no produzcan ningún cambio en Venezuela. Sin embargo, creemos que en las condiciones actuales el imperialismo estadounidense y Donald Trump no tienen previsto reeditar la fracasada táctica de un gobierno paralelo, que resultó tan problemática e infructuosa en el pasado.
Hasta el momento, la profundización del autoritarismo y la represión de Maduro mantienen acorralada a la derecha, limitando sus posibilidades de acción. Sin embargo, la situación sigue siendo inestable y cambios bruscos pueden generarse en cualquier momento. Creemos que si emergen fisuras significativas en el régimen durante las próximas semanas o meses, se podría despertar de nuevo la disposición de combate en los barrios y zonas populares. El factor popular es el único capaz de dotar a la derecha de la fuerza necesaria para presionar una negociación favorable con el gobierno o incluso propiciar la caída de Maduro. No obstante, el profundo temor de la derecha hacia las masas populares podría llevarla a intentar frenar nuevamente la iniciativa de los pobres, quienes, si se levantan con contundencia, podrían retroceder ante las vacilaciones de Machado o, en su defecto, hacerla a un lado para completar el trabajo ellos mismos.
Solo nos queda recalcar la profunda tragedia política que representa el hecho de que las masas trabajadoras y populares depositen sus esperanzas en los cuadros políticos de la burguesía tradicional y el imperialismo. Gran parte de la responsabilidad de este estado de cosas recae sobre los hombros de la dirección del PSUV.
Termidor y contrarrevolución
Maduro, desde su ascenso al poder tras la muerte de Hugo Chávez, ha dirigido el retroceso y la destrucción de todos los logros del periodo anterior. Este hecho ha planteado enormes retos de orden político y teórico para los revolucionarios de Venezuela y del mundo. El proceso histórico de nuestro país desde comienzos del siglo presenta rasgos comunes con otras revoluciones y contrarrevoluciones. Las sectas se niegan a reconocer este hecho desde el preciso momento en que desconocen que en Venezuela hubo una revolución.
A lo largo de la historia, los marxistas han trazado analogías con la Revolución Francesa (1789-1794), utilizando términos como «Termidor» para discernir etapas y cambios cualitativos en otros procesos revolucionarios. Sin embargo, es esencial reconocer que todas las analogías tienen límites. En Venezuela, el uso de expresiones como «reacción termidoriana» resulta controvertido, ya que la revolución no condujo a una transformación de las relaciones sociales de producción. Por ello, es necesario explicar el problema del Termidor desde su origen, para facilitar la comprensión de lo que ha ocurrido en Venezuela y dotar a las nuevas generaciones revolucionarias de valiosas lecciones.
La expresión “Termidor” tiene su origen en el calendario republicano francés adoptado durante la Gran Revolución Francesa. Se refiere al periodo posterior a la caída del líder jacobino Robespierre el 9 de termidor (27 de julio de 1794). Trotsky utilizó el término para comparar la Revolución Francesa y la Revolución Rusa, intentando explicar el comienzo de la contrarrevolución en su país. En el caso de la Revolución Francesa, el Termidor supuso la caída de los jacobinos y el ascenso de la Convención Termidoriana, mientras que en la Revolución Rusa Trotsky identificó el ascenso de Stalin y la burocracia como un proceso similar. El revolucionario ruso explicó que, al igual que el Termidor francés preservó las relaciones burguesas de producción instauradas a partir de 1789, la contrarrevolución estalinista también mantuvo las nuevas relaciones de propiedad creadas luego de Octubre, aunque desplazando al proletariado del poder en favor de la burocracia. Aquí la contrarrevolución se completó varias décadas después con la restauración del capitalismo en Rusia y las demás repúblicas soviéticas. De esta manera, el Termidor se define como el punto de ruptura en el que una revolución da paso a una contrarrevolución.
Tanto la Revolución Francesa como la Revolución de Octubre, pese a que difieren en cuanto al carácter de clase, compartieron el hecho de haber transformado las relaciones sociales de producción: la francesa abolió la propiedad feudal e instauró la propiedad burguesa, mientras que la Revolución de Octubre suprimió la propiedad burguesa y estableció la propiedad nacionalizada. Aquí es precisamente donde los límites de comparación con el caso venezolano salen a relucir. Como dijimos, la Revolución Bolivariana en esencia no alteró las relaciones de producción burguesas en nuestro país. Sin embargo este hecho por sí solo no niega, como suelen creer las sectas, que en Venezuela se produjo una revolución.
Trotsky, en el prólogo de La Historia de la Revolución Rusa, señaló:
“El rasgo característico más indiscutible de las revoluciones es la intervención directa de las masas en los acontecimientos históricos. En tiempos normales, el Estado, sea monárquico o democrático, está por encima de la nación; la historia corre a cargo de los especialistas de este oficio: los monarcas, los ministros, los burócratas, los parlamentarios, los periodistas. Pero en los momentos decisivos, cuando el orden establecido se hace insoportable para las masas, éstas rompen las barreras que las separan de la palestra política, derriban a sus representantes tradicionales y, con su intervención, crean un punto de partida para el nuevo régimen. Dejemos a los moralistas juzgar si esto está bien o mal. A nosotros nos basta con tomar los hechos tal como nos los brinda su desarrollo objetivo. La historia de las revoluciones es para nosotros, por encima de todo, la historia de la irrupción violenta de las masas en el gobierno de sus propios destinos”.
Siguiendo la definición de Trotsky, el carácter revolucionario de los primeros años del proceso venezolano responde a “la intervención directa de las masas en los grandes acontecimientos”, como la insurrección popular del 13 de abril de 2002 y cuando la clase obrera se hizo cargo de la compleja producción energética nacional durante el paro patronal de 2002 y 2003. También, a “la irrupción violenta de las masas en el gobierno de sus propios destinos”, a través de la toma de tierras, ocupación de fábricas, el movimiento por el control obrero y múltiples experiencias populares de auto-organización.
En este sentido, el Termidor venezolano ha sido un proceso extendido que comenzó con el fallecimiento de Hugo Chávez y continuó con el fin de las medidas revolucionarias, como las expropiaciones de empresas y tierras, que a la postre fueron privatizadas o devueltas a sus antiguos dueños. Esto se complementó con el aplastamiento hasta la muerte de la mayoría de experiencias de control obrero y otras manifestaciones de auto-organización. A partir de 2014, cuando el gobierno acusó la presión de la reacción mediante las guarimbas, el giro hacia la derecha de Maduro no se ha detenido hasta hoy. En resumen, la analogía del Termidor aplicada Venezuela solo es válida cuando se identifica que la revolución dio paso a una contrarrevolución, a través de un cambio importante en el equipo dirigente, el fin de las medidas revolucionarias y la implementación de políticas contrarias.
Bonapartismo
Nicolás Maduro lidera un régimen bonapartista en toda regla. El bonapartismo es un régimen político que surge cuando se produce una suerte de empate en la lucha de clases. Se trata de una situación de profunda inestabilidad política donde la clase capitalista pierde las riendas de la sociedad, pero la clase obrera no termina de tomar el poder. Ante estas condiciones emerge de la sociedad una fuerza que se pone a la cabeza de ella para arbitrar entre los antagonismos de clases, a través de la represión y la violencia estatal. El bonapartismo, por lo tanto, se sustenta en la concentración del poder en un individuo o un reducido grupo de personas, para amortiguar los choques de las clases y restablecer el “orden” y la “tranquilidad”.
En el contexto venezolano, las contradicciones sociales que explotaron en El Caracazo, en esencia, no se resolvieron. La llegada a la presidencia de Chávez una década después supuso la pérdida del poder por parte de la burguesía proimperialista, que fracasó en cada intento por recuperarlo. Acto seguido, la Revolución Bolivariana movilizó y organizó a millones de trabajadores y pobres, pero este proceso no se completó con la toma del poder por parte de estos. Como resultado, se gestó una contrarrevolución impulsada por la burocracia psuvista, que tras la muerte de Chávez no tuvo más obstáculos para pulverizar los logros anteriores, así como para frenar y disciplinar a las masas. Sobre la base de esta situación de empate entre las clases en pugna –ni la burguesía tradicional ni la clase obrera tenían el poder–, la cúpula del PSUV, con sus camarillas civiles y militares, no tardó en desarrollar sus tendencias como árbitro de la sociedad.
Las características bonapartistas de la dirección del partido de gobierno saltan a la vista: Maduro y sus secuaces han consolidado su control sobre todos los poderes del Estado, limitando las libertades civiles y cualquier manifestación de disidencia. Han empleado las instituciones para secuestrar partidos políticos, inhabilitar opositores, y más recientemente manipular los resultados electorales, intentando asegurar la permanencia de Maduro en el poder. Además, la represión estatal contra los sectores oprimidos y la derecha se ha traducido en arrestos arbitrarios, torturas y desapariciones forzadas. Asimismo, la cúpula madurista a lo largo de la historia ha dirigido acciones para dividir a la derecha, debilitando con esto su capacidad de acción.
Maduro y el poder
El casi concluido segundo mandato de Nicolás Maduro ha representado un salto cualitativo en toda una variedad de aspectos, pero en ninguno de ellos hay algo positivo a resaltar en relación a los intereses del pueblo trabajador. Fue en este periodo donde el gobierno dio el paso definitivo de la fracasada política de regulaciones a la economía, al ajuste antiobrero y antipopular abierto. Así, mediante infinidad de concesiones, constituyó un entorno de máximo beneficio para el empresariado y fortaleció su carácter entreguista frente al capital extranjero. Además, robusteció enormemente los aparatos de represión y judicialización estatal, acentuó sus tendencias autoritarias e institucionalizó la corrupción en todos los ámbitos de la vida nacional. Como resultado, destrozó y asaltó las condiciones de vida y los derechos democráticos del pueblo trabajador como ningún gobierno lo había hecho en la historia.
Venezuela es otro claro ejemplo de la bancarrota política del reformismo y de los llamados “gobiernos progresistas”. Los mismos, cuando deben administrar la crisis del capitalismo, no dudan un segundo en aplicar la más severa austeridad a los sectores más empobrecidos. De esta manera, no pueden evitar erosionar sus bases sociales de respaldo que antes los llevaron al poder. Gracias a todos los retrocesos mencionados, Maduro fue capaz de dilapidar el enorme capital político acumulado por Hugo Chávez y la Revolución Bolivariana.
Durante el segundo mandato de Maduro, el panorama internacional experimentó un giro significativo marcado por el cambio de administración en EEUU, la guerra en Ucrania y la crisis energética. Este contexto propició una recuperación del reconocimiento internacional a Maduro, con varios gobiernos occidentales mostrando interés en restablecer relaciones diplomáticas y comerciales. Sin embargo, esta mejora en las relaciones con EEUU y Europa estuvo condicionada por la realización de varias jornadas de diálogo político con la derecha nacional. Aunque las negociaciones no lograron avances sustanciales para la oposición, brindaron a los imperialistas estadounidenses y europeos una excusa para mejorar sus vínculos con Maduro. Fiel a su estrategia, el líder del PSUV aprovechó el diálogo con la derecha para ganar tiempo y generar divisiones a esta entre su «ala moderada” y el ala radical representada por María Corina Machado.
Tras el fraude electoral del 28 de julio, buena parte de los avances diplomáticos logrados en el periodo anterior están en riesgo. Esta situación plantea un dilema a los gobiernos que antes de las elecciones impulsaban el descongelamiento de relaciones con Venezuela. También afecta el relacionamiento de Maduro con los gobiernos de Brasil y Colombia, que además de ser vecinos fronterizos, actuaban como aliados en el equilibrio de fuerzas regionales. Lula y Petro promueven una iniciativa de negociación entre Maduro y la oposición, que en la actualidad luce estancada. Sin embargo, la negativa de Maduro a ceder en temas como la persecución y el arresto de líderes de la derecha, así como a mostrar las actas electorales que avalan su supuesta victoria, ha generado choques con ambos gobiernos, especialmente con el de Brasil que recientemente bloqueó el ingreso de Venezuela a los BRICS.
Para la dirección del partido gobernante, el poder es un factor innegociable que justifica el sacrificio de cualquier avance. Esta posición se fundamenta en su aprovechamiento ilícito de las riquezas y recursos estatales, así como el riesgo de enfrentar procesos judiciales internacionales si pierden el poder. Los ofrecimientos de amnistía por parte de la derecha y el imperialismo han sido rechazados por Maduro, quien hasta ahora mantiene una desconfianza total en las promesas de Washington. La cúpula del PSUV ya sabe lo que es gobernar bajo sanciones y aislamiento internacional, por lo que se siente preparada para afrontar nuevamente periodos de bajo reconocimiento político y diplomático.
En el plano interno, la brutal represión no ha disipado las amenazas para el gobierno. Aunque insiste en haber ganado las elecciones, se niega a mostrar pruebas de su supuesto triunfo. Esto, en términos de democracia burguesa, implica una ilegitimidad de origen que no se puede ocultar ni con todos los decretos del TSJ. El rechazo social que enfrenta es enorme, como pudo corroborar en las elecciones y en la sublevación popular del 29 y 30 de julio. Tal descontento, que recorre los barrios y zonas populares en general, podría estar encontrando expresión en los cuarteles militares. Todo lo anterior constituye un caldo de cultivo para conspiraciones y levantamientos futuros.
Recientemente, Maduro renovó casi todo el alto mando militar y policial, manteniendo al General Vladimir Padrino López al frente del Ministerio de Defensa. Se destaca la sustitución de 7 de los 8 Comandantes de las Regiones de Defensa Integral (REDI), así como de los respectivos Comandantes del Ejército, la Armada, Aviación Militar, Guardia Nacional y la Milicia Nacional Bolivariana. Adicionalmente, fueron sustituidos el Director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), Gustavo González López, y el jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y Casa Militar, Mayor General Iván Hernández Dala. Hasta su destitución, este último también estuvo al mando de la seguridad presidencial por 9 años. Según las lealtades de los ascendidos, todos los análisis apuntan a un aumento significativo de la influencia de Diosdado Cabello en el sector militar y policial –ahora como Ministro del Interior–, a expensas de Jorge y Delcy Rodríguez, quienes venían siendo los principales aliados de Maduro en los juegos de poder del gobierno.
La renovación de los mandos militares y policiales sugiere que Maduro se está apoyando en Cabello, su anterior adversario dentro de la cúpula del PSUV, para que este garantice la supervivencia del régimen con mano de hierro. En términos de fuerza, podemos afirmar que Cabello se ha convertido en el segundo al mando del gobierno, más allá de que Delcy Rodríguez sigue ocupando la Vicepresidencia. Tal reacomodo implica una nueva escalada en la violencia represiva del Estado, la cual se ha convertido en el eje central de la actual política gubernamental. Asistimos a un nuevo salto de cualidad en el carácter bonapartista del gobierno, impulsado principalmente por el temor a una rebelión popular más fuerte.
Esta profunda reestructuración en un contexto de crisis evidencia grandes desconfianzas hacia los elementos sustituidos, y por qué no, a sus líderes dentro de las camarillas superiores. Maduro, en recientes declaraciones, afirmó haber recibido “puñaladas por la espalda” de personas cercanas a él, aunque sin mencionar nombres. Esta confesión no es un detalle menor. A todas luces, el gobierno está atravesando una crisis interna.
Las autoridades han detenido al exministro Pedro Tellechea, acusado de dirigir una trama de corrupción en la industria petrolera y de entregar el sistema de control automatizado de PDVSA a los servicios de inteligencia estadounidenses. Por el mismo caso, también han arrestado a empresarios históricamente vinculados al gobierno, como Raúl Gorrín y los hermanos Khalil. Hasta el momento, han sido detenidas más de 30 personas. Algunos análisis sugieren que esta movida, además de responder al caso de corrupción mencionado, podría ser un intento de distraer la atención de la opinión pública para que nadie se acuerde de las actas electorales no entregadas. Otros indican que esta purga podría ser un ajuste de cuentas entre diferentes camarillas burocráticas.
Diosdado Cabello ha declarado que la Fiscalía investiga una posible implicación de Tellechea y los demás detenidos en una conspiración para un golpe de Estado. Aunque la credibilidad del gobierno es nula, como hemos mencionado, existe un caldo de cultivo para la proliferación de conspiraciones golpistas, seguramente gestionadas por el imperialismo. Sin embargo, para llevar a cabo un golpe, generalmente es necesaria la participación de las fuerzas armadas. Esto plantea una relación entre los arrestos mencionados y la renovación del alto mando militar, hechos que se han producido casi en simultáneo. Ante las hipótesis de distracción, ajuste de cuentas y conspiración golpista, creemos que puede haber una combinación de todas. Si este choque continúa, podría abrirse una fisura que comprometería las fuerzas del régimen en un momento crítico como el actual.
El ambiente de desconfianza reinante en Miraflores ha resultado en el atrincheramiento y depuración del gobierno en torno a la alianza Maduro – Cabello. La juramentación de Nicolás Maduro para un tercer mandato supondrá el establecimiento de un gobierno de facto. El bonaparte venezolano comprende muy bien los riesgos de dar un paso como este, ante el rechazo mayoritario de la población y la posibilidad de desconocimientos en el seno militar. Sin embargo, no tuvo otra alternativa disponible para preservar el poder dadas las circunstancias. Ha quedado claro que, hasta hoy, para la cúpula psuvista entregar el poder no es una opción.
El nuevo lema del madurismo, “dudar es traición”, lleva implícita una amenaza, pero también presupone dudas sobre la lealtad entre camarillas y sus respectivos cuadros. Estas son las consecuencias inevitables de hacer política con métodos gangsteriles, atrayendo a una bandada de criminales enfermos de ambición. Maduro y Cabello saben que, cuando un barco se hunde, las ratas son las primeras en abandonarlo.
Nuestra posición sobre el fraude electoral y la democracia burguesa
A lo largo de las páginas de este documento, hemos hecho mención al fraude electoral perpetrado por el madurismo. Estas menciones no implican un respaldo a la derecha ni al imperialismo, que desprecian la democracia al solicitar la «intervención» de las fuerzas armadas y que en el pasado organizaron golpes de Estado, ofensivas insurreccionales e incursiones mercenarias. En relación con la democracia burguesa y la postura de los comunistas al respecto, es necesario realizar algunas breves reflexiones.
Para los comunistas, la democracia burguesa supone, en esencia, la dictadura omnipotente del capital. Sin embargo, este régimen político oculta muy bien dicha dictadura a través de mecanismos participativos como las elecciones. El propio sistema se encarga, en la mayoría de los casos, de que las opciones disponibles para las masas –incluyendo a la izquierda “responsable”– no cuestionen de fondo el orden establecido ni la sacrosanta propiedad privada. Solo en ocasiones un elemento indeseado para los capitalistas logra colarse, como fue el caso de Chávez en su momento. Esto suele ocurrir en períodos de crisis capitalista o crisis del régimen político vigente.
Ciertamente, las clases dominantes prefieren dirigir y controlar la sociedad mediante el consenso social y la relativa flexibilidad que ofrece la democracia burguesa. Sin embargo, cuando esta falla en su propósito de proteger sus intereses y privilegios, los capitalistas no dudan en recurrir a golpes de Estado, conspiraciones, derramamientos de sangre o en apoyar regímenes autoritarios, totalitarios o fascistas. Toda Constitución burguesa incluye artículos que permiten la suspensión de garantías constitucionales y el establecimiento de estados de excepción, para que las élites repriman a placer cuando la situación lo amerita.
Para los verdaderos comunistas, la democracia burguesa no es un valor absoluto que se defiende a capa y espada, al margen de las circunstancias. Esta perspectiva ha sido olvidada u omitida por muchos partidos comunistas en el mundo, quienes se han adaptado al parlamentarismo y a la democracia burguesa en general. En su afán reformista, abogan por la defensa de la democracia formal ante la más pequeña amenaza. Pero a través de la misma democracia que tanto defienden se suele imponer la austeridad, la miseria, la explotación y el hambre a la mayoría. Sin embargo, la auténtica política comunista, busca transformar la sociedad en lugar de simplemente acomodarse a ella. En este sentido, propone la democracia obrera como una alternativa superior a la democracia burguesa, ya que esta es más auténtica, profunda y participativa.
Bajo este enfoque, tras la Revolución de Octubre, los bolcheviques tomaron la decisión de disolver la Asamblea Constituyente, considerando que la democracia obrera instaurada había superado con creces las limitaciones del parlamentarismo burgués. Es importante recordar que, antes de la revolución, los bolcheviques apoyaron la consigna de Asamblea Constituyente porque esta desempeñaba un papel progresista frente al reaccionario régimen zarista y posteriormente evidenciaba la incapacidad del gobierno provisional para garantizar una amplia participación popular. No obstante, tras Octubre, las nuevas condiciones convirtieron a este organismo en un reducto de la contrarrevolución, precisamente en un duro contexto de vida o muerte. La experiencia bolchevique demostró que, bajo una política revolucionaria audaz, los comunistas pueden emplear y defender consignas democráticas con el fin de conectar con el movimiento vivo de la clase obrera y fomentar así la lucha de clases.
En el reciente contexto nacional, tras el fraude electoral de Maduro, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) ha insistido en el respeto a la democracia, a la Constitución y a las leyes. Pero esta postura presenta un gran problema: las consignas democráticas que emanan de ella no se vinculan con luchas sociales concretas. Al limitarse a proponer una «alianza de todos los demócratas», se genera una sombra de confusión sobre quiénes realmente pueden formar parte de esa alianza. Para contrastar esto, podemos recordar cómo los bolcheviques, en su lucha contra la autocracia zarista, combinaron consignas democráticas –como el establecimiento de una República, una Asamblea Constituyente, entre otras– con exigencias sociales concretas, tales como la jornada laboral de 8 horas, el reparto de tierras, entre otras.
Ante esta realidad, los genuinos comunistas nunca debemos perder de vista que nuestra lucha es por la revolución socialista. Esta meta implica el derrocamiento del capitalismo en todo el mundo, la destrucción de su Estado y la superación de todos los regímenes políticos burgueses mediante la instauración de la democracia obrera. El socialismo tiene como objetivo abolir la explotación y la opresión de clase, así como la existencia misma de las clases y del Estado, creando así las condiciones necesarias para alcanzar la máxima libertad, jamás experimentada por la humanidad hasta hoy.
Aunque nuestra lucha se centra en la transformación revolucionaria de la sociedad, esto no significa que debamos desconocer las libertades democráticas que se han alcanzado en el capitalismo. Derechos fundamentales como el de reunión, huelga, protesta e incluso la amplia participación electoral no fueron conseguidos por la “bondad” de las clases dominantes, sino a través de la lucha, la sangre y el sacrificio de incontables mártires de la clase obrera y demás sectores oprimidos. Por lo tanto, es un deber ineludible de los comunistas defender estos derechos democráticos que permiten a la clase obrera y a todos los sectores oprimidos expresarse libremente, organizarse y movilizar sus fuerzas para luchar contra el sistema capitalista.
Lenin, en su texto Una caricatura del marxismo y el “economismo imperialista”, escribió lo siguiente: “(…) Los marxistas saben que la democracia no elimina la opresión de clase, sino que torna la lucha de clases más directa, más amplia, más abierta y pronunciada y eso es lo que necesitamos, precisamente (…) Cuanto más democrático sea el régimen de gobierno, tanto más claro será para los obreros que la raíz del mal está en el capitalismo y no en la falta de derechos… (Lenin, V. I. Obras completas. Tomo XXIV. Akal Editor. 1977. p. 76).
En este sentido, la defensa de las libertades democráticas es también un acto de resistencia frente a aquellos regímenes que buscan silenciar la voz de los trabajadores. A partir de estas reflexiones, solo nos queda expresar nuestro más profundo desprecio hacia el fraude electoral orquestado por el madurismo. Este fraude no es solo una maniobra política; es una herramienta para continuar el saqueo del erario público y la austeridad contra la clase obrera y sectores más vulnerables. La profundización de la represión a la clase obrera y a los barrios pobres ha sido una consecuencia directa de este fraude, llevado a cabo por los mismos termidorianos responsables de asesinar a la Revolución Bolivariana. Este fraude ha sido la base del fortalecimiento de las tendencias bonapartistas del gobierno, que ante todo teme el estallido de una nueva sublevación popular.
Es fundamental, entonces, que nuestra crítica al fraude no se limite a la manipulación de los procesos democráticos, sino que también debe ser entendida dentro de un marco más amplio que cuestiona la propia naturaleza de la democracia burguesa. Mientras el madurismo despliega sus tácticas para perpetuarse en el poder, es esencial recordar que este tipo de fraudes son una manifestación más de la dictadura del capital. Por ello, nuestro desprecio hacia el fraude madurista no es un acto de defensa de la democracia formal, sino una reivindicación de la necesidad de construir una alternativa genuina al capitalismo.
Posibles escenarios
La realidad nacional ha cambiado por completo desde el 28 de julio. Hemos entrado en un nuevo periodo histórico, con renovada fuerza en lo que respecta a la conflictividad política. En la actualidad, todos los actores políticos dirigen sus tácticas y expectativas hacia lo que pueda ocurrir a partir del 10 de enero de 2025. Lo que resulte de ese día tan crucial determinará el rumbo del país en los años venideros. En este sentido, se perfilan varios escenarios que podrían entrelazarse, dependiendo del desarrollo de los acontecimientos:
A pesar de la crisis interna que enfrenta el régimen y el ambiente propicio para conspiraciones y levantamientos, las posibilidades de que se mantenga en el poder después del 10 enero de 2025 siguen siendo altas. Este escenario dependerá, en gran medida, de la capacidad del régimen para mantener a raya al pueblo trabajador mediante la represión. En segundo lugar, será crucial que los choques entre las camarillas burocráticas se resuelvan, ya sea mediante un pacto que priorice la estabilidad del gobierno, o bien, que alguna de las facciones sea derrotada sin poner en riesgo la supervivencia del régimen, como sucedió con la caída de Tarek El Aissami. También dependerá de la capacidad de Maduro para mantener la lealtad del nuevo alto mando militar y reforzar la persecución interna a cualquier manifestación de rebeldía, una práctica que se ha instaurado desde hace años en las instituciones castrenses. La permanencia de la cúpula del PSUV en el poder significará, como lo ha hecho hasta ahora, la consolidación de un régimen policiaco-militar, o, parafraseando a Marx, el dominio de la espada sobre la sociedad.
Para que un escenario de golpe de Estado pueda presentarse, varios factores se deben combinar. Maduro, en esencia, encabeza un régimen bonapartista cuyo sostén decisivo ha sido el apoyo de las fuerzas armadas. El Presidente ha sabido recompensar muy bien a los altos oficiales castrenses con participaciones en los negocios petroleros, gasíferos y mineros. Creemos que, en última instancia, los oficiales de la FFMM seguirán sosteniendo a Maduro, mientras este siga siendo el principal garante de tales privilegios. Pero de presentarse un ambiente de gran convulsión social encaminado al derrocamiento del gobierno, sea el 10 de enero de 2025 o más adelante, un sector de la oficialidad militar podría negociar con el imperialismo la salida de Maduro, a cambio de mantener sus prebendas. Probablemente ya existan negociaciones en esa línea. También puede ocurrir, como tantas veces en la historia, una intervención directa de un sector particular de las fuerzas armadas para “restituir el orden” y retener el poder, desplazando a todas las camarillas del PSUV pero sin transferirlo directamente a la derecha.
Entre este manojo de posibilidades, también cabe la opción de un desplazamiento del poder de Maduro en favor de otro elemento de la cúpula del PSUV, con suficiente poder e influencia militar, policial y parapolicial para sostener el régimen. En la actualidad este papel solo lo puede desempeñar Diosdado Cabello, en aprovechamiento del enorme poder que Maduro le ha confiado para sobrevivir.
Si bien la represión ha logrado, hasta el momento, frenar la disposición de combate del pueblo trabajador, esta podría reavivarse como un incendio ante circunstancias que actúen como combustible. La sublevación popular que siguió a las elecciones demostró que el descontento de las masas ha dado un salto cualitativo, pero para que este descontento pueda traducirse en cambios profundos, sería necesario un nuevo levantamiento masivo, mucho más potente y duradero que el anterior. Esta posibilidad podría hacerse realidad si la crisis interna del gobierno se agudiza, llevando a una escisión y a un fuerte enfrentamiento entre las camarillas burocráticas.
También podría encontrar un detonante en un mayor deterioro de las condiciones de vida, con el rompimiento de la frágil cuerda que sostiene el repunte económico y la disminución de la inflación. Fenómenos como la reciente disparada del tipo de cambio oficial y paralelo, con sus repercusiones inflacionarias, podrían ser el preludio de un nuevo desplome económico. Lamentablemente, la ausencia de una alternativa revolucionaria ante una nueva y reforzada sublevación popular, puede llevar a varios desenlaces: el derrocamiento del régimen y el ascenso al poder de la derecha, un golpe militar, un baño de sangre para mantener a Maduro en el poder o incluso una recomposición del equipo dirigente del gobierno sin Maduro. En resumen, múltiples escenarios en los que la clase obrera y los sectores populares serían los principales perdedores. Empero, el factor popular puede ser el catalizador fundamental de cualquier cambio que se produzca.
Ante un escenario de gran crispación social en el que Maduro pierda el control de la situación, no se puede descartar que finalmente decida aceptar una amnistía ofrecida por el imperialismo estadounidense. Sin embargo, este escenario no necesariamente implica un cambio de régimen, ya que una rendición de Maduro no conlleva automáticamente la rendición de las demás camarillas burocráticas del PSUV. Numerosos análisis apuntan a que, entre todos los miembros de la dirección gubernamental, quien más tiene que perder ante una caída del régimen es Diosdado Cabello. No obstante, esta situación podría resolverse si la amnistía abarca a los principales líderes de las camarillas burocráticas y el escenario de pérdida del poder se vuelve inevitable. La posibilidad de una amnistía ante una caída inminente, sin embargo, se enfrenta a un obstáculo crucial: la disposición de Trump a ofrecerla. En primera instancia, parece poco probable.
Hay otro escenario que, aunque se presenta como el menos probable –y también el más funesto–, no puede ser omitido. Para que una guerra civil tenga lugar en Venezuela, la crisis política debe escalar a un conflicto en los cuarteles militares. Una insurrección de un sector militar que se encuentre con una férrea resistencia de otro bando leal al gobierno marcaría el inicio de la catástrofe. Las masas serían forzadas a entrar en el conflicto como carne de cañón para el beneficio de intereses ajenos. Otra variante del comienzo del enfrentamiento podría ser el estallido de una sublevación popular, que luego sea respaldada por un sector del ejército. El gobierno plantaría cara a la situación con facciones militares leales, policías y grupos parapoliciales. Aunque al imperialismo estadounidense no le convendría un conflicto de esta naturaleza –dadas las consecuencias humanitarias, migratorias y la desestabilización de la región–, estaría presionado a apoyar al bando insurrecto. Tampoco se puede descartar cierto apoyo por parte de China a la cúpula del PSUV, algo que Rusia no podría hacer debido a que está atendiendo su propia guerra. De este modo, potencias extranjeras alimentarían un conflicto sangriento, utilizando a Venezuela como su tablero de ajedrez geopolítico.
En este contexto de crisis, los trabajadores de la ciudad y el campo estamos siendo arrastrados a un conflicto ajeno, donde seremos sacrificados en beneficio de las élites en pugna. La realidad es contundente: independientemente del desenlace, ya hemos sido derrotados, en la medida en que nuestra falta de organización nos ha impedido defender nuestros derechos y aspiraciones. De todas maneras, que quede constancia de que la catástrofe que enfrentamos no es más que el resultado de la crisis del capitalismo y de una contrarrevolución que nos ha privado de la única salida favorable a nuestros intereses: el socialismo.
Necesitamos una alternativa revolucionaria
El panorama desolador que hemos descrito no debe ser tomado como un manifiesto al derrotismo. Al contrario, es una radiografía sincera de la dura realidad que enfrentamos y que la historia nos obliga a transformar. No podemos conformarnos con discursos motivadores vacíos; los comunistas debemos partir de los hechos tal como son para influir en la lucha de clases y en la historia concreta. Sin embargo, la contrarrevolución consumada ha hecho retroceder a todas las fuerzas revolucionarias del país a la fase de pequeños círculos de discusión. Nosotros no escapamos de esta realidad.
En el periodo anterior, diversos sectores de la izquierda venezolana impulsamos iniciativas de alianza y acumulación de fuerzas, las cuales fracasaron debido a la miopía electoralista, el oportunismo y el sectarismo de las organizaciones más influyentes, como es el caso del PCV. El naufragio de la Alternativa Popular Revolucionaria (APR) es una clara evidencia de esta situación. Estos sectores negaron al pueblo trabajador la posibilidad de construir una alternativa que defendiera de manera coherente sus intereses de clase.
Tras las elecciones presidenciales, numerosas organizaciones han conformado el Frente Democrático Popular, planteando la “defensa de la constitución” y la democracia burguesa como prioridades absolutas. Al mismo tiempo, llaman a una “amplia unidad de acción” sin establecer límites claros para dicha unidad. Esto puede interpretarse como una apertura a la posibilidad de establecer alianzas circunstanciales con la derecha proimperialista, o en otras palabras, una reedición de la fallida política de frentes populares estalinistas. Antes de las elecciones, el PCV, basado en su política de “reagrupar las fuerzas genuinamente democráticas”, respaldó la candidatura presidencial de Enrique Márquez, quien en el pasado apoyó las ofensivas insurreccionales de la derecha y el fallido gobierno interino de Juan Guaidó. En resumen, nos referimos a sectores que han adoptado una política abiertamente liberal, lo que los conduce directamente hacia un precipicio político.
Por lo anterior, es fundamental comprender el papel que los comunistas revolucionarios venezolanos nos corresponde desempeñar en este momento para ampliar nuestras fuerzas y avanzar hasta convertirnos en una referencia orgánica de los trabajadores. Primero, debemos reconocer que esta titánica lucha es de largo aliento, y por lo tanto, es crucial conservar nuestras fuerzas hasta alcanzar la meta. Ante todo, sentido de proporción. Mantener el temple y la moral en alto es vital para remontar el mar de dificultades que nos rodea. La teoría marxista y la justicia de nuestra causa nos forjarán como el acero. Nuestra tarea principal es la de explicar pacientemente que el desastre actual no es culpa del «socialismo» sino de que la Revolución Bolivariana nunca se completó y luego todos sus logros fueron revertidos. Es necesario ganar y educar a revolucionarios uno a uno sobre la base de la discusión y explicación de la necesidad de una organización comunista revolucionaria. Asimismo, es fundamental reunir a los jóvenes bajo nuestra bandera para formar una nueva generación de revolucionarios que continúe nuestra obra. Como bien dijo Lenin, quien tiene la juventud tiene el futuro. Firmes en nuestras convicciones, debemos explicar con paciencia la necesidad de un programa marxista y promover los métodos de lucha de la clase obrera en todos los espacios donde actuemos.
La única manera de dar un vuelco positivo a la catástrofe que vivimos radica en la urgente y necesaria construcción de un partido revolucionario de la clase obrera, capaz de liderar a todos los sectores oprimidos y echar raíces en todos los órganos de lucha emergentes. Como primer paso en esa dirección, no podemos desmayar en el esfuerzo por construir la Internacional Comunista Revolucionaria (ICR), el embrión del partido mundial que necesita la clase obrera de Venezuela y el mundo. Los cimientos para dicha obra están a nuestra disposición: las ideas y tradiciones que debemos defender con fiereza inexorable.
Ni el imperialismo, ni la burguesía tradicional, ni la capa de nuevos ricos del PSUV tienen alguna solución a nuestros problemas. Todos ellos son agentes contaminantes de la misma enfermedad que ocasionó nuestro deplorable estado actual: el capitalismo. Nuestro rechazo a todos estos sectores no debe flaquear ni un segundo. Sin embargo, este rechazo no debe ser pasivo; debe significar una afirmación activa de nuestra voluntad por desencadenar, mediante la lucha, la nueva revolución que necesitamos.
El programa que defendemos toma hoy más que nunca una relevancia significativa. Este será nuestra brújula en medio del caos, nuestra hoja de ruta hacia una Venezuela y un mundo libres de los grilletes de miseria, explotación y opresión que el capitalismo nos impuso. Con claridad y determinación, presentamos a continuación la propuesta programática de Revolución Comunista, sección venezolana de la ICR, que conecta las reivindicaciones inmediatas de la clase obrera y demás sectores oprimidos con las tareas de transformación revolucionaria de la sociedad:
Por la lucha obrera:
Salario igual al costo de la canasta básica y escala móvil de salarios. Los sueldos deben aumentar de manera correlativa al incremento de los precios.
Derogación del Memorando 2792, Instructivo Onapre y de toda la legislación que afecte los intereses de la clase trabajadora.
Rehabilitación de las discusiones de todos los contratos colectivos de trabajo, con participación plena de las genuinas representaciones de la clase obrera y total transparencia ante las bases sindicales.
Recuperación de los sindicatos como instrumentos de defensa de los intereses de la clase obrera.
Elección y renovación de sindicatos vencidos. ¡Basta de la paralización institucional a la organización de los trabajadores!
Creación de Consejos de Trabajadores en las fábricas e instituciones donde la masa laboral desee adoptar una forma organizativa más democrática.
Coordinación local, regional y nacional de todas las luchas obreras. ¡Por una nueva subjetividad de los trabajadores!
Salud y seguridad laboral.
Contra la judicialización y criminalización de las luchas obreras: ¡Respeto a los derechos sindicales, protesta y organización de la clase trabajadora!
Control obrero de la producción.
Por la lucha campesina:
Nacionalización sin compensación de todos los latifundios.
Desarrollo de un plan agrícola, a base de unidades de producción colectivas en toda las zonas rurales del país.
Control campesino de la producción.
Acceso y justa distribución de semillas e insumos para la producción.
¡No más desalojos arbitrarios de familias campesinas e indígenas!
Restitución de las tierras otorgadas a los campesinos, a partir de la promulgación de la Ley de Tierras.
Justicia a todas las víctimas de sicariato, intimidación, persecución y desalojo arbitrario a familias campesinas. ¡Cárcel a los responsables!
Por los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBT:
Contra los feminicidios: ¡Justicia ante los asesinatos de mujeres!
Contra la violencia machista: ¡Justicia ante los casos de maltrato y violencia de género en todas sus formas!
Impulso de programas efectivos de educación sexual y reproductiva en todo el país.
Distribución masiva de anticonceptivos para prevenir embarazos no deseados.
Aborto libre y seguro: ¡Despenalización y legalización del aborto en hospitales públicos y bajo un servicio gratuito y de calidad!
Legalización del matrimonio igualitario.
Plenos derechos a la identidad de la comunidad LGBT.
Atención médica especializada para las demandas de la comunidad LGBT.
Por condiciones de vida dignas:
Creación de un plan nacional de construcción y recuperación de infraestructuras para el servicio de agua, bajo control de las comunidades organizadas.
Rehabilitación de las plantas de distribución de gas doméstico y su justa distribución, bajo control obrero y popular.
Diseño de un plan de financiamiento para la recuperación efectiva del Sistema Eléctrico Nacional, bajo control obrero y popular.
Nacionalización de las líneas de transporte colectivo, bajo control obrero y popular.
Nacionalización de la red de producción, distribución y venta de alimentos, medicamentos y otros productos básicos, bajo control obrero y de las comunidades organizadas, para impedir la corrupción y el despilfarro.
Educación pública, gratuita y de calidad.
Salud pública, gratuita y de calidad.
Creación de un plan de financiamiento para la construcción de nuevos hospitales y mejoramiento de toda la red hospitalaria y ambulatoria del país.
Creación de un plan de financiamiento para la construcción de nuevas instituciones educativas y el mejoramiento de todas las infraestructuras que lo requieran.
Por una democracia obrera y revolucionaria:
¡Trabajadores al poder! Establecimiento de un gobierno obrero y popular, sobre la base de la más genuina democracia revolucionaria, con instancias de organización constituidas al calor de la lucha y con representantes elegidos y revocables en cualquier momento.
Liberación inmediata de todos los trabajadores, campesinos y líderes sociales presos por luchar.
Cese a la persecución, la judicialización y la criminalización de las distintas luchas obreras, campesinas y populares.
Auditoría obrera y popular a los recursos y todas las gestiones públicas municipales, estadales y nacionales. ¡Cárcel a los corruptos!
Creación de consejos de trabajadores socialistas en todas las instituciones y empresas del Estado, para ejercer el control obrero.
Creación de consejos campesinos en todas las zonas rurales del país.
Elección y legitimación de los Consejos Comunales y Comunas, bajo autonomía de las comunidades.
Asignación de competencias del poder público municipal y estadal a las Comunas como entidades territoriales de auto-gobierno.
Elección de todos los funcionarios del nuevo Estado por la base, que sean revocables en cualquier momento. ¡Abajo la burocracia!
Que ningún funcionario del Estado gane un salario superior al de un obrero cualificado. ¡Servir a la revolución es un deber no un privilegio!
Organización de unidades de la milicia popular en cada fábrica, lugar de trabajo, barrio y comunidad, bajo control de la clase obrera y el pueblo organizado.
Por un antiimperialismo consecuente:
Ante el secuestro de CITGO y activos de la nación por parte del imperialismo: ¡Confiscación de propiedades de las multinacionales imperialistas en Venezuela!
Nacionalización de todos los recursos naturales y empresas estratégicas de Venezuela.
Derogación de la Ley de Zonas Económicas Especiales, la Ley Antibloqueo y la Ley de Promoción a la Inversión Extranjera en Venezuela.
Hacer un llamado internacionalista a los pueblos y a los trabajadores del mundo para que defiendan la revolución venezolana en sus respectivas latitudes.
Por el socialismo:
Creación de una central estatal única de importaciones ¡Basta de entregar las divisas a la burguesía!
Auditoría obrera y popular sobre todas las divisas entregadas. ¡Cárcel y confiscación de bienes a los empresarios y burócratas que las hayan usado de manera impropia!
Nacionalización sin compensación de todos los monopolios industriales, bajo control obrero y popular.
Nacionalización y centralización de la banca y las aseguradoras bajo control obrero, para poner todos los recursos a disposición de un plan de producción nacional, en empresas estatales y bajo control de los trabajadores, los campesinos, los comuneros y el pueblo organizado.
Establecimiento de una economía planificada para desarrollar las fuerzas productivas del país, bajo control democrático del pueblo trabajador.
Todo el poder a la clase trabajadora y el pueblo organizado: ¡Abajo la burocracia!
En esta hora decisiva, cuando los estragos de la contrarrevolución intentan ahogar toda esperanza, debemos levantar las banderas del comunismo revolucionario con renovado optimismo y convicción. Nos encontramos en medio de una encrucijada histórica sin contar con las fuerzas suficientes para incidir en la situación. Esta realidad nos exige mayor audacia y determinación para transformarla radicalmente. Armados con la teoría marxista y las tradiciones revolucionarias bolcheviques, siempre estaremos en capacidad de edificar el factor subjetivo de la clase obrera venezolana. La mayor suma de esfuerzos, sacrificios, sentido de proporción y paciencia en esta tarea darán frutos positivos más temprano que tarde. Un futuro mejor es posible siempre que cumplamos con nuestros deberes políticos y organizativos. En tal sentido, que ninguna dificultad quite nuestras manos de la titánica obra que tenemos a cuestas. Salvar a la humanidad y al mundo de la barbarie a la que el capitalismo nos conduce es una obligación.
¡Solo debemos confiar en nuestras propias fuerzas!
¡Por un gobierno de los trabajadores!
¡Por la revolución mundial!
¡Proletarios de todos los países, uníos!
