En la última década Punta del Este se ha convertido en un pujante paraíso capitalista.

Lujosos edificios, hermosas playas de arena blanca y aguas cristalinas, invierno siempre afable, un aspecto aseado y ordenado de ciudad costera de Europa -aunque al fin y al cabo enclavada en un pequeño país de capitalismo atrasado-, y por supuesto, las políticas estatales a favor de hacer de ella la sede del paraíso fiscal uruguayo, la han convertido en un imán para burgueses de todo el cono sur, y más allá.

Pero, como ocurre con todo paraíso capitalista, detrás se esconde siempre una hedionda  realidad de miseria y explotación . Basta con pensar en Dubai como ejemplo.

Encerrados y sin derecho a la libertad de movimiento

En las últimas semanas se ha hecho viral en redes sociales un vídeo en el que puede verse cómo obreros de construcción de origen peruano, que trabajan en Punta del Este, fueron encerrados dentro de las instalaciones en las que pernoctan , sin ningún tipo de  derecho a salir del lugar, aún después de concluida su jornada laboral .

El patrono, aplicando una política común del trabajo semiesclavo -que se observa cotidianamente en los Emiratos Árabes Unidos y en Qatar, precisamente en las obras de construcción, o en el sudeste asiático y en China en ámbitos industriales-, decidió cerrar todas las puertas de acceso al lugar de pernocta con candados y cadenas, privando a los compañeros, de facto, del derecho al libre tránsito y al esparcimiento.

Uno de los compañeros, harto de la situación, decidió grabar el video como evidencia para denunciar el hecho ante un delegado de la seccional departamental del SUNCA, el sindicato nacional de construcción.

En el video puede observarse claramente cómo todas las puertas de acceso están bloqueadas con candados, cadenas y catracas. Y cómo, a pocos metros del lugar, según explica el compañero, había un vehículo aparcado en el que se encontraban funcionarios de la empresa, posiblemente vigilando a los compañeros.

Según Yonathan Rodríguez, delegado del SUNCA en la obra, una vez que fueron informados de la situación, varios delegados del SUNCA en el departamento se dirigieron hacia el local, confirmaron la denuncia, y pidieron presencia policial. La policía cortó la cadena de al menos una puerta de acceso, y los delegados se dirigieron junto con los compañeros a poner la denuncia formal ante la seccional 12 de la policía en La Barra.

No obstante, en base a lo que luego explicó Michel Pistone, Secretario General del SUNCA en Maldonado, y a lo que han señalado otros medios de prensa, presumimos que los compañeros tuvieron temor de hacer una denuncia formal ante Fiscalía, dada su condición de obreros migrantes y tercerizados, y por ello esta institución no constató formalmente los hechos.

El enjaulamiento no fue un hecho aislado

En los días posteriores, el SUNCA organizó una asamblea en el lugar de la obra. Se acordó en la misma que ningún trabajador podría ser suspendido, se exigió el pago de jornales adeudados y se declaró persona non grata al titular de WASI, constructora subcontratista que emplea a los trabajadores, prohibiéndosele la entrada en la obra. Muchos trabajadores no habían cobrado aún el seguro de desempleo.

Rodríguez explicó que los propios delegados del SUNCA entraron a inspeccionar la vivienda donde residen los compañeros, y comprobaron su situación precaria. No hay acceso libre ni llaves para trabajadores, y necesita reparaciones urgentes en paredes, techos y en los servicios básicos. Según indicaron los propios compañeros, la orden de enjaularles habría provenido del propio dueño de la subcontratista.

Los compañeros también manifestaron hostigamiento permanente durante la jornada laboral: no se les permitía tomar agua o ir al baño durante las horas de actividad, y el patrón ejerció presión psicológica sobre ellos.

Según Pistone, cuando los delegados del sindicato se dirigieron a la obra para conversar con los compañeros, pudieron conocer de primera mano que aún se les debían pagos por los jornales que habían estado a la orden -es decir, se entiende que estaban trabajando de forma temporal o por jornal, según las necesidades de la empresa-. Incluso, se les adeudaba aún la liquidación del mes de diciembre. De forma tal que el enjaulamiento de los obreros por las noches, fue parte de una política general de vejación y abuso contra los compañeros en su condición de migrantes y trabajadores temporales.

Pistone explicó también que es muy posible que WASI y su dueño hubieran participado ya en una situación de violación de derechos de otros compañeros peruanos, específicamente en San Ignacio, durante la construcción del Museo de Arte. En esa ocasión, la contratista llegó incluso a secuestrar los pasaportes a los obreros y pagar jornales por debajo de lo que correspondía contractualmente.

WASI intentó tapar el escándalo

El dueño de WASI intentó limpiar su imagen, luego del escándalo, haciendo una denuncia formal ante la Fiscalía contra el SUNCA, alegando que los delegados del sindicato habrían amenazado y habrían ejercido violencia psicológica contra los compañeros obreros, para que estos últimos denunciaran a la empresa ante Fiscalía.

En realidad, de lo que se trata es de un intento de la empresa de cambiar el relato de lo ocurrido. Con esa denuncia, el patrono trató de tapar el  escándalo que tuvo lugar a partir de que se hiciera público el vídeo,  que mostraba evidencia de cómo el patrono les privaba del libre movimiento, y cuya difusión permitió dar a conocer otras violaciones de derechos fundamentales.

Es un lugar común que los capitalistas aprovechen el desconocimiento de muchos trabajadores migrantes, de las leyes y derechos laborales -de los que en teoría gozan en muchos casos- que rigen en los países donde trabajan, o que se aprovechen del miedo natural a sufrir represalias, despidos o incluso denuncias ante organismos migratorios y posible deportación, para violar sus derechos, pagarles beneficios inferiores a los contractuales, y abusar de ellos en los centros de trabajo.

No obstante, los dirigentes del sindicato en Maldonado han aclarado no haber recibido aún ningún tipo de comunicación oficial o solicitud de comparecencia, por parte de la policía o Fiscalía.

El papel de CRIBA S.A. y el grupo CIPRIANI

Los compañeros fueron contratados por una subempresa llamada WASI -o WASY-, que está a cargo de trabajos de piedra y de construcción de parte de los techos de la obra, y posiblemente domiciliada en Perú, según información disponible en internet.

Sin embargo, la entidad que contrató a WASI, CRIBA S.A., es la encargada de la totalidad de la obra: la  remodelación del viejo hotel San Rafael, para transformarlo, supuestamente, en el complejo turístico de lujo más importante de la región. El Cipriani Resort, Residences & Casino, tendrá tres torres, y entre ellas, una de 60 pisos y una altura de 320 metros, que será la más alta de todo el continente. Imposible no pensar en el Burj Khalifa al redactar esto -el rascacielos más alto del mundo, construido en Dubai por manos migrantes de toda Asia-, en el cual, por cierto, un obrero indio se quitó la vida lanzándose al vacío en 2011.

Como era de esperarse, CRIBA, el monstruo de la construcción en Argentina, y el grupo CIPRIANI -la empresa propietaria del proyecto- emitieron cada una un clásico comunicado corporativo, que toda empresa capitalista redacta para mantener su imagen y, al mismo tiempo, deslindarse de responsabilidades, sobre todo en una situación de subcontratación.

CRIBA expresó que “rechaza de manera clara y categórica cualquier práctica que vulnere derechos de los trabajadores.”

Al mismo tiempo, señaló que se pone a disposición de las autoridades para aportar cualquier información necesaria para la investigación, actualmente en curso, de los hechos. Y añaden que hay alrededor de 500 trabajadores laburando en la obra del viejo hotel San Rafael, debidamente registrados, bajo cumplimiento de la normativa laboral, etc. Pero, según lo expuesto arriba, la realidad es otra. Muchas irregularidades plagan la contratación de compañeros en la obra, sobre todo en el caso de obreros migrantes.

El propio Pistone explicó en una entrevista a La Mañana en Cadena, un programa del canal de radio Cadena del Mar, hechos de vejación y violación de derechos laborales ya han ocurrido en el pasado en otras obras con subcontratistas de CRIBA. Que hoy se hayan pisoteado los derechos de estos compañeros en una obra a cargo de CRIBA, no es entonces algo nuevo o excepcional, a pesar de que en su comunicado “reafirma su compromiso con el respeto de los derechos laborales, la transparencia en sus procesos y la promoción de condiciones de trabajo dignas y seguras, etc.”.

No podemos dejar de mencionar que CRIBA es propiedad de la familia Tarasido, y varios de sus miembros, accionistas mayoritarios de CRIBA, enfrentan investigaciones por lavado de dinero y evasión fiscal a través de otras de sus empresas, como Maderos Walk Eventos, y hasta acusaciones por propagación del Covid-19, al obligar a sus trabajadores a trabajar en condiciones de riesgo durante la pandemia, así como denuncias diversas sobre maltrato laboral. Los Tarasido son sin duda una decente familia burguesa. Tanto lo son, que fueron generosos financistas de la campaña de Macri en 2015. El gobierno de Larreta en Buenos Aires, supo agradecer correctamente, como buen caballero burgués, los favores recibidos. Desde 2016 CRIBA logró contratos con el gobierno porteño por hasta 180 millones de dólares. En particular, en 2023, logró un contrato de 1.209.911.670 pesos.

Los comunistas y los sindicatos

La lucha por los derechos de los compañeros migrantes en la obra del viejo hotel San Rafael, muestra la importancia de fortalecer a todos los sindicatos para la defensa de nuestros derechos laborales y humanos, sin importar si somos migrantes o residentes en el territorio. Más aún, debemos fortalecerlos con una perspectiva clasista y revolucionaria.

Los comunistas no nos oponemos a la lucha dentro de los sindicatos, a su fortalecimiento o a su construcción. Creemos en la construcción de sindicatos fuertes, con independencia de clase, pero asimismo, creemos que hay que dotarlos con la perspectiva histórica de las tareas del proletariado para construir una nueva sociedad, sin explotadores ni explotados.

Desarrollar la democracia obrera dentro de los sindicatos, para luchar contra las tendencias reformistas y  burocráticas en su seno; aprovechar cada reunión, cada comité y cada asamblea para la formación política y el desarrollo de las y los cuadros; emplearlos como una escuela de comunismo, como señalaba el viejo Lenin, para que las y los trabajadores aprendamos a jugar un papel clave en la administración de la producción, a partir de la lucha cotidiana por administrar nuestra vida laboral en las empresas, son tareas imprescindibles a desarrollar dentro de los sindicatos. El fin es convertirlos en herramientas, no sólo para la lucha por derechos y conquistas, sino para echar abajo el capitalismo y abrir paso al Poder Obrero.

Los vejámenes que sufrieron nuestros compañeros peruanos, no son una excepción dentro del modo capitalista de producción. Por el contrario, son inmanentes al sistema, y son consecuencia directa de su naturaleza. En todo el planeta, decenas de millones de trabajadoras y trabajadores migrantes sufren horrores indecibles, y miles pierden la vida en el laburo, por enfermedades laborales, accidentes, o por quitarse la vida al no soportar las condiciones de explotación.

Toda nuestra solidaridad, desde la ICR, con los compañeros afectados de WASI y con el proletariado migrante de Maldonado, el Uruguay y nuestra región. Construyamos una organización revolucionaria con el fin de luchar dentro y junto a los sindicatos clasistas por la defensa de nuestros derechos, barriendo a la burocracia mediante la democracia obrera y forjarlos como herramienta de combate, de cara a las batallas futuras para terminar definitivamente con los paraísos capitalistas, que sólo engendran infiernos para el proletariado. 

La lucha sindical sólo puede triunfar como lucha política en la perspectiva de un gobierno de trabajadores. Sumate a luchar por esta perspectiva.