En el día 19 de febrero se publicó el Decreto 60/08 del Gobierno de la Ciudad que aumenta al doble (de 3000 a 6000 pesos) el monto máximo para los contratos de locación que puede firmar un funcionario sin pedir autorización. Esto quiere decir que habrá en breve personas contratadas con sueldos de 6000 pesos. Lo que hace el gobierno del PRO, es “colocar su gente”, sólo que en mejores. condiciones que los anteriores gobiernos, ya que el nivel gerencial de la empresa no trabaja por chirolas. Por los paslos pasillos del palacio se ven hoy trajes Dior, y las sedas rozan suavemente las paredes del municipio. Esos adminículos no se pagan con mil pesos.
Carta de un trabajador de la Ciudad
Varias son las normas que simularon dar de baja la precarización del empleo dentro del Gobierno de la Ciudad. Entre ellas, el Decreto 948-05 (sancionado en el gobierno de Ibarra) y la Resolución 959-MH-07 (sancionada en el gobierno de Telerman) mostraban intenciones de derogar el régimen de contrataciones por locación de obras y de servicios, que permitió que miles de trabajadores se encontraran en el peor estado de indefensión de la historia de los trabajadores dentro del empleo público porteño. No sólo se extirpaban los derechos laborales en las reglas de juego para contratarlos, si no que además se los excluía de toda negociación sindical, puesto que el único gremio al que se le permitía la negociación era SUTECBA, que en su Estatuto no permite la afiliación de "contratados".
Este régimen, últimamente representado por el Decreto 2138/01, permitía al funcionario contratar servicios y obras hasta ciertos montos máximos. Si hablamos de clientelismo político -ese que el PRO se cansó de condenar mediáticamente- tenemos que pensar que, desde el año 2001 en adelante esa fue la norma que permitió contratar discrecionalmente a cualquier persona, sin tener en cuenta antecedentes laborales, experiencia, etc. Es decir, fue el instrumento legal de los políticos para colocar "su gente".
Dentro de esa gente, en todo gobierno, entran diferentes grupos, pero resumiendo podemos diferenciar tres: 1) los que cobran sueldos altísimos, y se irán apenas quieran modificárselos, generalmente trabajan menos horas que el resto o asesoran desde su casa, y se van con la gestión que los trajo 2) los ñoquis, que cobren lo que cobren no trabajan, y 3) los que entran a trabajar, o sea, los trabajadores. Sólo los dos últimos grupos intentan quedarse a medida que el tiempo pasa: unos para seguir cobrando sin trabajar, otros para trabajar y recibir su salario. El régimen de locación de obras y servicios permite que entren estos tres grupos muy diferentes al gobierno ya que da poder discrecional al funcionario. Desde su meteórica carrera política desde Cromañón, Macri ha instalado dos consignas que inciden solamente sobre los dos últimos grupos: primero, echar a los ñoquis, cosa que nunca hizo, ya que intentó echar con el criterio de suprimir áreas y no de evaluar capacidades y experiencias. Segundo, profesionalizar la planta desarrollando la Carrera Administrativa, cosa que tampoco hizo hasta ahora al menos. Macri no hizo lo que prometió, todo el mundo se da cuenta. Sólo que trata de hacer creer que es porque no lo dejan, trata de dar la imagen de que el intenta pero se le resiste el ganado. Para aclarar esto, observemos que parece haberse olvidado también del primer grupo, el de los funcionarios de altos sueldos y horario flexible, el de esos agentes que no llegan a ser ñoquis, pero que trabajan menos que el laburante y cobran el triple, que en la jerga se conocen como "asesores" y "técnicos". Pero no, de ellos definitivamente no se ha olvidado:
En el día 19 de febrero de 2008, se publicó el Decreto 60/08 del Gobierno de la Ciudad. El decreto deroga por fin el antiguo régimen, pero lamentablemente es para instalar uno nuevo y más profundo. Por un lado aumenta al doble (de 3000 a 6000 pesos) el monto máximo para los contratos de locación que puede firmar un funcionario sin pedir autorización (ya que puede contratar por más dinero si pide autorización a Hacienda). Esto quiere decir que habrá en breve personas contratadas con sueldos de 6000 pesos. Tengamos en cuenta que el sueldo mínimo actual de un trabajador de planta permanente es cinco veces menor. Así, consigue su doble efecto: contratar un nivel gerencial bien pago dentro del gobierno, y fomentar prejuicios desde los trabajadores de planta hacia los contratados, cuando ven que cobran sueldos de esa magnitud.
Pero hay más novedades, esta vez con respecto al Decreto 948/05, engendro que combina los derechos laborales menos costosos para los contratantes con un maquillaje de trabajo en blanco, diseñado a medida para sortear una sentencia judicial de 2005 que condenó al Gobierno de la Ciudad a pagar millones de pesos por haber contratado en negro a un trabajador que tuvo la valentía- hay que decirlo- de hacer la denuncia en la AFIP, dejando al gobierno lisa y llanamente como el evasor que es. La cosa es que "El 948" también ha quedado tullido en su artículo 3° por un golpe dado por el 60-08 recién salido de las gateras del nuevo estilo, que deroga las excepciones establecidas por aquél para contratar por locaciones. Algunas de esas excepciones habían dejado afuera del régimen de empleo público a mucha gente. Pero otras, limitaban la contratación de personas. No se podía, por ejemplo, contratar a alguien que no cumpliera jornada completa. Lo que hace el gobierno del PRO, es "colocar su gente", sólo que en mejores condiciones que los anteriores gobiernos, ya que el nivel gerencial de la empresa no trabaja por chirolas. Por los pasillos del palacio se ven hoy trajes Dior, y las sedas rozan suavemente las paredes del municipio. Esos adminículos no se pagan con mil pesos.
Estas novedades del "60" se sancionan con vigencia retroactiva al 1-1-2008.
Conclusiones:
– A partir de 2008, una persona que trabaje una hora por día para el GCBA, puede cobrar 6000 pesos al mes sin habérsele requerido experiencia ni capacidad alguna para su empleo.
– A partir de 2008, crece la desigualdad entre trabajadores de planta y trabajadores contratados.
– La precarización, que venía siendo resistida por gremios como ATE, vuelve a profundizarse y esta vez drásticamente en el Gobierno de la Ciudad.
Qué efectos puede traer sobre los trabajadores semejante retroceso hacia la mayor flexibilización laboral que comienza este año, es inimaginable y triste. Lo que se puede preveer es que nos espera una larga lucha para revertirlos. En ese sentido, no podemos contar con SUTECBA. La gente que entrará a trabajar, los trabajadores genuinos, no están incluidos para este gremio dentro de sus representados. Y por otro lado, ya su representación está en crisis total para los que sí podrían ser representados por ellos, incluso para sus afiliados. Si nos unimos con quienes sí nos representan, y con un poco de suerte, tenemos la chance de cambiar algo. Modestamente, creo que ATE es la única opción aquí y ahora, bajo estas circunstancias al menos. Como quien denuncia donde tiene que denunciar, hay que ir al gremio donde te defienden. ATE ha dado muestras de sobra de que lo hace, destinando sus recursos para la lucha y no a sus bolsillos, saliendo a la calle cuando tocan a un trabajador, fomentando la conciencia colectiva y combatiendo contra el miedo sin hacer diferencias entre trabajadores de planta y contratados. El resto es una pérdida de tiempo. No hagamos de la precariedad una excusa para generar más precariedad. Sólo los trabajadores pueden conseguir emanciparse de un régimen que los esclaviza. Para eso, es necesario canalizar las demandas hacia los lugares que las transforman en lucha, y no quedarse en la queja, esperando el próximo Decreto.
