El gobierno y las patronales agrarias encontraron una salida airosa al conflicto del campo pasándole la pelota al Congreso que, finalmente, tendrá la última palabra sobre el sistema de retenciones móviles a la soja y el girasol, inicialmente aprobado por el gobierno el pasado 10 de marzo. En realidad, se trata de una maniobra para sacar el conflicto de la calle y realzar la autoridad de un Parlamento que demostró su completa inutilidad a lo largo de este conflicto, como sucede habitualmente con los los asuntos principales que conmueven al país. El gobierno y las patronales agrarias encontraron una salida airosa al conflicto del campo pasándole la pelota al Congreso que, finalmente, tendrá la última palabra sobre el sistema de retenciones móviles a la soja y el girasol, inicialmente aprobado por el gobierno el pasado 10 de marzo.
En realidad, se trata de una maniobra para sacar el conflicto de la calle y realzar la autoridad de un Parlamento que demostró su completa inutilidad a lo largo de este conflicto, como sucede habitualmente con los asuntos principales que conmueven al país.
El Parlamento nunca decide nada importante, todas las decisiones son tomadas entre bastidores, en los despachos de los funcionarios de acuerdo a los intereses de clase en juego en cada momento.
El conflicto del campo llegó a una suerte de empate. Ninguna de las dos partes pudo acumular un apoyo decisivo en la sociedad sobre la otra. Aunque las patronales agropecuarias obtuvieron un apoyo de masas de la pequeña burguesía, y de sectores obreros en las provincias del centro del país y del interior de la provincia de Buenos Aires, nunca consiguieron tallar en la clase obrera de las grandes ciudades, particularmente en las concentraciones proletarias del Gran Buenos Aires ni en los barrios obreros de la Capital Federal. En la ciudad donde más apoyos registran los grupos políticos opuestos al gobierno (Carrió, la UCR, la derecha peronista y la derecha oligárquica sacaron en Buenos Aires, en conjunto, 1,2 millones de votos en las presidenciales de octubre pasado) 1a concentración más numerosa en la Capital a favor del lock-out del campo apenas superó las 5.000 personas. Y eso pese a la campaña feroz y ensordecedora de los medios de comunicación burgueses (escritos y audiovisuales) a favor de los empresarios rurales.
El futuro de las retenciones
Aparentemente, la propuesta del gobierno de proponer al Congreso la ratificación del sistema de retenciones móviles para la soja y el girasol puede ser interpretada como una jugada astuta para darle un barniz más “democrático” a su decisión, teniendo en cuenta que el oficialismo cuenta con mayoría en el Congreso.
Pero esto no está claro. El conflicto del campo ha desnudado el armado artificial del kirchnerismo y los intereses de clase que atan a muchos de sus componentes con los terratenientes y los grandes propietarios agrícolas. Algunos gobernadores, diputados y senadores oficialistas se alinearon con los empresarios agrícolas en esta disputa o han exigido una modificación del sistema de retenciones móviles más favorable a los intereses de aquéllos. Este fue el caso de los gobernadores de Córdoba, Schiaretti, de Chubut, Das Neves, o de Catamarca, Brizuela del Moral. También fue el caso del senador santafesino Carlos Reutemann, que participa como socio en un “pool” de siembra que administra 40.000 hectáreas de soja, y del diputado cordobés Roberto Urquía, uno de los principales agroexportadores del país y representante calificado de la oligarquía agroindustrial argentina.
Muchos diputados oficialistas, particularmente de las provincias sojeras, más interesados en mantener sus bancas en las elecciones del año que viene para seguir viviendo a costa del pueblo con sus buenos sueldos y privilegios, ya mostraron su disposición a apoyar proyectos alternativos que satisfagan, al menos parcialmente, los reclamos empresariales del campo.
Por esta razón, pese a las afirmaciones de Kirchner de que no aceptarán ningún tipo de enmienda al decreto de las retenciones móviles, no está descartado que finalmente el oficialismo termine aceptando algún tipo de modificación a favor de los empresarios, si no quiere jugarse el todo por el todo y arriesgarse a perder una votación en el Congreso, que hoy por hoy no tiene asegurada, y que dejaría al gobierno de Cristina muy mal parado. En todo caso, al gobierno le interesa sacarse cuanto antes esta papa caliente de las manos, y seguir impulsando su famoso "Acuerdo del Bicentenario" para tratar de recuperar en los próximos meses su autoridad perdida (Sobre este tema, recomendamos leer nuestro artículo editorial: Del Pacto Social al "Acuerdo del Bicentenario": el mismo perro con distinto collar).
Lo que es verdad es que las patronales agropecuarias mantienen sus bases movilizadas, mientras que el gobierno no puede ni quiere apelar a la movilización activa de la de la clase trabajadora para enfrentar la arremetida patronal del campo por miedo a que los trabajadores impongan su propia agenda, más allá del actual conflicto del campo, y se desate un reclamo de incrementos salariales generalizado.
Balance del paro de la CGT
El conflicto alcanzó su punto de mayor tensión a comienzos de la semana pasada, entre el 16 y el 18 de junio. Aunque es verdad que los cacelorazos de apoyo a los reclamos de los empresarios agropecuarios alcanzaron una extensión apreciable el lunes 16 de junio, por su mejor preparación y organización, apenas contaron con la participación de varias decenas de miles de personas en todo el país, y tuvieron una composición abrumadoramente de clase media y burguesa, como todos los anteriores.
En respuesta, la CGT convocó a un paro general de media jornada para el miércoles 18 de junio contra el lock-out agropecuario, contra del desabastecimiento y en apoyo a la movilización a Plaza de Mayo convocada por el gobierno en la tarde de ese día.
Este paro de la CGT tenía un enorme potencial si se hubiera volcado a favor de los trabajadores y no para sostener al gobierno de Cristina.
Un paro que debía haber sido votado en asambleas democráticas con un pliego de reclamos que, comenzando por el rechazo al lock-out agropecuario y a los cortes de ruta reaccionarios que desabastecían de alimentos y combustibles al país, incorporara la reapertura de paritarias para exigir aumentos adicionales del 20% -lo mismo que se incrementaron los precios en 3 meses de conflicto agropecuario-, así como el rechazo a las cesantías y reducciones salariales llevadas a cabo por muchos empresarios con la excusa de la “crisis del campo”, y la formación de comité de abastos en cada barrio y pueblo para organizar la lucha de los vecinos contra la suba de precios en los comercios.
Una central dirigida por genuinos representantes de la clase obrera habría utilizado el paro para convocar asambleas públicas en los pueblos y ciudades del interior para mostrar al conjunto de la población rural los efectos negativos del lock-out agropecuario sobre las condiciones de vida de los trabajadores, y habría propuesto formar un bloque a los sectores de pequeños propietarios genuinos contra los terratenientes, contra las multinacionales proveedoras de insumos agrícolas cada vez más caros, contra los bancos que cobran intereses usurarios, contra los agroexportadores que se quedan con gran parte de la renta agraria, contra la derecha que trata de usufructuar demagógica y políticamente el conflicto, y contra la política del gobierno que no utiliza la renta extraordinaria que dejan las retenciones para los intereses sociales y populares sino para pagar la deuda externa y subsidiar con miles de millones a los grandes empresarios de la ciudad y el campo.
Esto habría permitido crear las mejores condiciones para romper el bloque reaccionario que ata a un sector de los pequeños propietarios y de los trabajadores del entorno rural con los grandes terratenientes y agroexportadores.
Una huelga general bien organizada, acompañada de movilizaciones masivas a lo largo y ancho del país con todos estos reclamos al frente, que demostrara la fuerza que descansa en la clase obrera organizada, habría producido un efecto indudable en los “piquetes” del campo y de los camioneros, haciéndoles sentir su aislamiento social y facilitando su disolución.
Lamentablemente, como era de esperar, el “paro” de la CGT quedó reducido a un mero cese de actividades en las grandes ciudades, y ni siquiera en todos los sectores, y a arrimar la mayor cantidad de gente posible al acto de Cristina en la Plaza de Mayo en Capital, que contó con una asistencia estimable de más de 100.000 personas, muchas de ellas sin adscripción partidista o gremial en las que caló el peligro de la acción desestabilizadora de la derecha y de los empresarios rurales.
El activismo clasista, que goza de algunas posiciones relevantes en determinadas empresas y sectores, tuvo en este paro una nueva oportunidad para rearticularse, utilizando las contradicciones que se dan entre la burguesía, el gobierno y la burocracia sindical para emerger como un punto de referencia para los sectores más avanzados de la clase. Debería haberse sumado al paro, sin apoyar el acto convocado a favor del gobierno, y haber convocado asambleas de trabajadores allá donde estaba presente para poner en discusión un pliego de propuestas y reclamos similar al que acá hemos detallado. Lamentablemente, nada de esto se hizo.
En general, el activismo de izquierda, muy atomizado y desorientado, se colocó a un costado justificando su pasividad, cuando no su rechazo al paro, con la excusa de que “fue convocado por la burocracia sindical y en apoyo al gobierno de Cristina”, sin ver la potencialidad que esta convocatoria tenía en sí misma para el propio fortalecimiento del activismo clasista.
Este hecho muestra una vez más la impotencia a la que conduce el sectarismo autocomplaciente y conservador que a nada obliga y a nada compromete.
Una posición similar asumió la dirección de CTA, que persiste en la táctica equivocada de ningunear a la CGT, como si ésta no existiera o su accionar no tuviera trascendencia en la clase trabajadora. Por este camino, la CTA, que si bien mantiene una posición fuerte entre los trabajadores del sector público, no avanzó un paso en 16 años en la disputa que mantiene con la CGT por la influencia en la clase trabajadora industrial y del transporte, y pasarán otros 16 años sin que la CTA registre un avance significativo en el sector clave del proletariado argentino, si persiste en mantener esta táctica errónea.
No podemos sino sentir el mayor de los desprecios para aquellos dirigentes sindicales, como los de UATRE (peones rurales), el de la carne de la provincia de Buenos Aires, los de gastronómicos, o los de Comercio que declararon abiertamente su apoyo a los reclamos de los grandes empresarios del campo.
Tampoco vamos a dejar de mencionar una vez más el desagrado que nos merece la actitud de los dirigentes de grupos como el PCR o el MST por la actitud asumida durante el conflicto del campo, y que sólo puede ser calificada como vergonzosa. No sólo apoyaron el lock-out empresarial del campo sino que en ningún momento exigieron a la Federación Agraria que rompiera su frente reaccionario con la Sociedad Rural y otras entidades oligárquicas. Aparecieron de la mano de los terratenientes y de la derecha en el acto de Rosario del 25 de mayo y en el actual acampe en la Plaza del Congreso. Pese a las pretensiones de estos grupos de defender al “chacarero” han quedado entrampados en una maniobra de la burguesía, que ha utilizado este conflicto para debilitar al gobierno de Cristina Kirchner y fortalecer una alternativa política a su derecha.
En el caso del PCR, la explicación descansa en las falsas posiciones políticas defendidas por la ideología estalinista y maoísta que profesa, y que reivindica la conciliación de clases, pero también en sus intereses de aparato, ya que algunos dirigentes de la Federación Agraria son militantes de esta organización. En el caso del MST, sus dirigentes han tomado una actitud oportunista con el fin de obtener notoriedad pública y sacar réditos electorales en este sector de la población de cara a los comicios del año que viene, aun al precio de violentar los principios socialistas y de independencia de clase más elementales.
Nuestras tareas
Termine como termine el conflicto del campo, la gran perjudicada será una vez más la clase obrera. Para los empresarios rurales, incluso los pequeños, el conflicto actual se reduce a saber cuánto va a seguir creciendo sus ganancias, pero la clase obrera está enfrentando una pérdida relativa y absoluta en su nivel de vida.
Termine como termine este conflicto, lo cierto es que la burguesía rural ya consiguió una parte de sus reclamos y es que los precios que los trabajadores pagamos por los alimentos que consumimos estén un 20% ó un 30% más caros que antes del conflicto, viendo sus ganancias incrementadas.
Los datos últimos aparecidos en la prensa confirman lo que muchos intuíamos: pese al lock-out patronal, en los primeros 5 meses del año aumentaron las exportaciones de soja y otros granos con respecto al mismo período del año pasado. El valor de las exportaciones de granos y oleaginosas superó los 10.000 millones de dólares, un 63% más que el año pasado; un 70% en el caso de la soja. Se da la circunstancia además que, pese a la introducción del sistema de retenciones móviles, muchos agroexportadores han recurrido a un ardid para zafar del aumento de las retenciones, y es que la ley les permite abonar por adelantando al Estado las retenciones aplicadas a la exportación de granos antes de que esta exportación tenga lugar, ahorrándose eventuales suba de retenciones en el momento de exportar, que es lo que ha sucedido en estos meses. Se calcula que de esta manera el Estado dejó de ingresar unos 1.300 millones de dólares.
Termine como termine este conflicto, no frenará la sojización del campo cuando el valor de la tonelada de soja ya se acerca peligrosamente a los 600 dólares.
La clase obrera debe fijar sus propios y exclusivos intereses en el primer punto de su agenda. Entre otras demandas, hay que retomar la lucha de paritarias por incrementos inmediatos del 20%, no aceptar ningún despido o pérdida de derechos con la excusa de la crisis del campo, hay que pelear por un salario mínimo de $1.500 en todos los sectores, y por la reducción de la semana laboral a 40 horas. Habría que propiciar la creación de comités de abastos para vigilar y exigir aumento $0 en los precios de los alimentos básicos en lo que resta del año.
El activismo clasista debe tomar la iniciativa de proponer una campaña pública demandando estas tareas a la CGT, y también debe emplazar a la CTA a que dé un paso al frente y se incorpore a la misma.
Hay que defender un programa socialista para el campo, con la nacionalización sin indemnización y bajo control obrero de los latifundios y los monopolios de agroquímicos, agroindustriales y agroexportadores, para que la cadena principal de producción y comercialización de alimentos esté en manos de la mayoría de la población, los trabajadores y sus familias. Y lo mismo hay que exigir en el resto de sectores fundamentales de la economía: el transporte, las telecomunicaciones, la industria, y el sistema bancario.
Hay poner en la agenda como un punto principal la creación de una herramienta política de clase, actualmente ausente.
Apelamos al activismo honesto de izquierda, a Proyecto Sur, a la CTA y al activismo sindical clasista, de la CGT y la CTA, a que den un paso al frente en la organización y desarrollo de estas tareas.
El descontento acumulado de los trabajadores es muy grande. Ni el kirchnerismo ni la oposición a su derecha suscitan ningún entusiasmo en ellos. Por lo tanto, las condiciones para el desarrollo de una herramienta política tal están completamente dadas. Sólo hay que poner manos a la obra.
LEER TAMBIÉN:
• ¿Hay una pata “progresista” en el conflicto del campo?
• Lock out de los agroexportadores: los verdaderos bandidos rurales
